Test 2 fallos

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Título del Test:
Test 2 fallos

Descripción:
simulacro

Autor:
Mele
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Fecha de Creación:
06/05/2024

Categoría: Oposiciones

Número Preguntas: 28

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Temario:

Según el artículo 148 las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias (señale la incorrecta): Ferias interiores. Asistencia social. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. La artesanía.
Según el artículo 149 de la Constitución Española el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: Sanidad exterior .Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos. La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía. La gestión en materia de protección del medio ambiente. Todas son competencia del Estado.
No es función de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias: La función de seguimiento, análisis e inspección sobre los servicios, organismos y centros de la Administración Penitenciaria, especialmente en lo que se refiere al personal, procedimientos, instalaciones y dotaciones, así como la resolución de las informaciones reservadas y la tramitación de los expedientes disciplinarios incoados a los funcionarios y personal laboral destinados en todas sus unidades. La planificación y ordenación normativa de las Instituciones Penitenciarias. La organización y gestión de las instituciones penitenciarias en lo relativo al régimen penitenciario de los centros penitenciarios. Todas son funciones de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.
¿Cuál es la estructura de la Carta de los Derechos Fundamentales? Un preámbulo introductorio y 54 artículos distribuidos en 7 títulos. Un preámbulo introductorio y 54 artículos distribuidos en 7 capítulos Un preámbulo introductorio y 56 artículos distribuidos en 7 títulos. Un preámbulo introductorio y 56 artículos distribuidos en 7 capítulos.
La Comisión Europea se compone: El Presidente; tres vicepresidentes ejecutivos; un vicepresidente y alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad; siete vicepresidentes y quince comisarios. El Presidente; cinco vicepresidentes ejecutivos; un vicepresidente y alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad; cinco vicepresidentes y quince comisarios. El Presidente; tres vicepresidentes ejecutivos; un vicepresidente y alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad; cuatro vicepresidentes y dieciocho comisarios. El Presidente; dos vicepresidentes ejecutivos; un vicepresidente y alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad; cinco vicepresidentes y dieciocho comisarios. .
En la actualidad la provisión de puestos de trabajo se rige por: Ley 30/1984 y el Real Decreto 364/1995. Ley 30/1985 y el Real Decreto 365/1994. Ley 30/1984 y el Real Decreto 365/1994 Ley 30/1985 y el Real Decreto 364/1995.
¿Cuál de las siguientes NO es una forma de provisión de puestos de trabajo? Distribución de efectivos Reasignación de efectivos. Comisión de servicios. Movilidad por cambio de adscripción del puesto de trabajo.
Según el artículo 21 del TREBEP la Ley de Presupuestos desterminará: Las cuantías de las retribuciones básicas y las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios. Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios. El incremento de cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios. El artículo 21 del TREBEP no se refiere a dicha cuestión.
Según el artículo 25.2 de la Ley 40/2015 el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde: a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango de Ley. a los órganos judiciales que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. a los órganos judiciales que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango de Ley.
La Ley de Clases Pasivas del Estado fue aprobada por: Real Decreto Legislativo 678/1987, de 30 de abril. Real Decreto Legislativo 679/1987, de 30 de abril. Real Decreto Legislativo 678/1987, de 30 de marzo. Real Decreto Legislativo 679/1987, de 30 de marzo. .
Según la OCDE (OCDE, 2008) no es un tipo de las razones que existen para la creación de una función directiva profesional: Creación de una cultura común. Evitar la endogamia funcionarial. Introducción de cierto grado de flexibilidad en la selección y en las condiciones de trabajo de los directivos públicos. Clarificar la frontera entre política y administración.
Entre las funciones de la Secretaría de Estado de Función Pública no se encuentra: El régimen retributivo de la función pública, en coordinación con la Secretaría de Estado de presupuestos y Gastos. La coordinación de la política de personal entre la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, y las entidades locales. Las funciones de la Administración General del Estado en materia de función pública local. El fomento de los programas de atención al ciudadano y la gestión del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado y de las Entidades Locales.
No corresponde al Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas: La política de reducción de cargas administrativas y la simplificación y mejora de los procedimientos administrativos y de la calidad de los servicios públicos, en el ámbito de la Administración General del Estado. El fomento de la cultura de evaluación de las políticas públicas. El apoyo instrumental necesario para realizar los análisis que requieran los procesos de modernización o planificación que se impulsen desde la Secretaría de Estado de Función Pública. El fomento de la formación de los empleados y empleadas públicas en esta materia, en coordinación con el organismo autónomo Instituto Nacional de Administración Pública.
Según el artículo 12 de la Ley 39/2015: las Administraciones Públicas garantizarán que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen. las Administraciones Públicas deberán garantizar que los ciudadanos pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen. las Administraciones Públicas garantizarán que los ciudadanos pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen. las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen. .
Según el artículo 3 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado integran el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado los siguientes programas (escoge la incorrecta): Programa de reconocimiento. Programa de evaluación de la calidad de las organizaciones. Programa de análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los usuarios de los servicios. Programa de evaluación de la mejora de la calidad de los servicios generales.
Según el artículo 12 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado relativo al seguimiento de las cartas de servicios: Los órganos y organismos remitirán a la unidad a la que se refiere el artículo 3.3, en el primer semestre de cada año, un informe sobre el grado de cumplimiento de los compromisos en el año anterior, en el que explicitarán las desviaciones y las medidas correctoras adoptadas, así como las medidas de subsanación aplicadas, en su caso. Los órganos y organismos remitirán a la unidad a la que se refiere el artículo 3.3, en el primer trimestre de cada año, un informe sobre el grado de cumplimiento de los compromisos en el año anterior, en el que explicitarán las desviaciones y las medidas correctoras adoptadas, así como las medidas de subsanación aplicadas, en su caso. Los órganos y organismos remitirán a la unidad a la que se refiere el artículo 3.3, en el primer mes de cada año, un informe sobre el grado de cumplimiento de los compromisos en el año anterior, en el que explicitarán las desviaciones y las medidas correctoras adoptadas, así como las medidas de subsanación aplicadas, en su caso. Los órganos y organismos remitirán a la unidad a la que se refiere el artículo 3.3, durante los primeros dos meses de cada año, un informe sobre el grado de cumplimiento de los compromisos en el año anterior, en el que explicitarán las desviaciones y las medidas correctoras adoptadas, así como las medidas de subsanación aplicadas, en su caso. .
Según el artículo 2 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público dicha ley no se aplica a: La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. Los organismos y entidades del sector público institucional creados para satisfacer necesidades de interés general, que no tengan carácter industrial o mercantil. Todas las sociedades mercantiles pertenecientes al sector público institucional. Todas son correctas.
Según el artículo 3 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público dicha ley no será aplicable a los siguientes documentos que obren en las Administraciones y organismos del sector público previstos en el artículo 2 (señale la incorrecta): Los documentos sobre los que existan prohibiciones o limitaciones en el derecho de acceso en virtud de lo previsto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y las demás normas que regulan el derecho de acceso o la publicidad registral con carácter específico. Los documentos para cuyo acceso se requiera ser titular de un derecho o interés legítimo. Los documentos conservados por las entidades que gestionen los servicios no esenciales de radiodifusión sonora y televisiva y sus filiales. Los documentos que obran en las Administraciones y organismos del sector público para finalidades ajenas a las funciones de servicio público que tengan atribuidas definidas con arreglo a la normativa vigente.
Según el artículo 9 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en: Una norma de Derecho de la Unión. En la referida ley orgánica. En otras normas de rango legal. Todas son correctas.
Según el artículo 133 de la Constitución Española: La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley orgánica. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante disposición con rango de legal o reglamentario. Ninguna es correcta.
Según el artículo 142 de la Ley General Presupuestaria el control de la gestión económico-financiera efectuado por la Intervención General de la Administración del Estado no tiene como objetivo: Verificar el cumplimiento de la normativa que resulte de aplicación a la gestión objeto del control. Verificar el adecuado registro y contabilización de las operaciones realizadas, y su fiel y regular reflejo en las cuentas y estados que, conforme a las disposiciones aplicables, deba formar cada órgano o entidad Evaluar que la actividad y los procedimientos objeto de control se realiza de acuerdo con los principios de prudencia financiera y, en especial, los previstos en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Verificar el cumplimiento de los objetivos asignados a los centros gestores del gasto en los Presupuestos Generales del Estado.
Según el artículo 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: Son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la presente Ley en la forma y términos previstos en la misma, los contratos onerosos y gratuitos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3. Son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la presente Ley en la forma y términos previstos en la misma, los contratos onerosos y gratuitos, de naturaleza administrativa, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3. Son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la presente Ley en la forma y términos previstos en la misma, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3. Son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la presente Ley en la forma y términos previstos en la misma, los contratos onerosos, de naturaleza administrativa, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3.
Según el artículo 4 de la Ley 39/2015 se consideran interesados en el procedimiento administrativo (señale la incorrecta): Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Los que, habiendo iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Todas son correctas. .
El Real Decreto de 3 de junio de 1901 supone un hito en la evolución de la legislación penitenciaria, pues: Instaura definitivamente el sistema progresivo dividiendo la pena en cuatro fases Destaca la clasificación de las prisiones en centrales, provinciales y de partido Se trata de un reglamento con disciplina casi militar, con sanciones severas Es considerado el primer Reglamento penitenciario en España .
Recoge el artículo 20 del Reglamento penitenciario en su apartado 3 que: La estancia de preventivos o penados en el departamento de ingresos será, como máximo, de cinco días y sólo podrá prolongarse por motivos de orden sanitario o para preservar su seguridad. La estancia de penados en el departamento de ingresos será, como máximo, de cinco días y sólo podrá prolongarse por motivos de orden sanitario o para preservar su seguridad. La estancia de preventivos en el departamento de ingresos será, como máximo, de cinco días y sólo podrá prolongarse por motivos de orden sanitario o para preservar su seguridad. La estancia de penados en el departamento de ingresos será, como máximo, de tres días y sólo podrá prolongarse por motivos de orden sanitario o para preservar su seguridad.
Como regla general, la duración de las salidas programadas: no será superior a 8 horas no será superior a 12 horas no será superior a dos días no será superior a siete días.
El artículo 164 del RP se encarga de regular el funcionamiento de los Centros de Inserción Social, disponiendo que serán principios rectores de su actividad: Atenuación de las medidas de control, sin perjuicio del establecimiento de programas de seguimiento y evaluación de las actividades realizadas por los internos dentro y fuera del Establecimiento. Prevención para tratar de evitar la desestructuración familiar y social. Coordinación, con cuantos organismos e instituciones públicas y privadas actúen en la atención y reinserción de los internos, prestando especial atención a la utilización de los recursos sociales externos, particularmente en materia de sanidad, educación, acción formativa y trabajo. Autorresponsabilidad, mediante el estímulo de la participación de los internos en la organización de las actividades.
En relación a la suspensión de la ejecución de las penas prevista en el artículo 80 del Código penal, señala el artículo 81 del mismo texto legal que el plazo de suspensión será: de uno a cinco años para las penas privativas de libertad no superiores a dos años de tres a seis meses para las penas leves en el caso de que la suspensión hubiera sido acordada de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo anterior, el plazo de suspensión será de tres a cinco años. todas son correctas.

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