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DERECHO PÚBLICO DE LA ECONOMÍA – TIPO TEST TEMAS 3,4 Y 5
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DERECHO PÚBLICO DE LA ECONOMÍA – TIPO TEST TEMAS 3,4 Y 5 Descripción: DERECHO PÚBLICO DE LA ECONOMÍA – TIPO TEST TEMAS 3,4 Y 5 Autor: XXXX OTROS TESTS DEL AUTOR Fecha de Creación: 09/05/2024 Categoría: Otros Número Preguntas: 20 |
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Aunque es indiscutible que los tribunales pueden revisar toda decisión administrativa, no pueden suplantar los criterios de la Administración en algunos casos, lo que significa, que no podrán determinar el contenido discrecional de los actos anulados, tal y como se recoge en la ley 29/98: Falso Verdadero. De acuerdo con la ley 39/2015, los actos que re dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Falso Verdadero. Un claro ejemplo de potestad discrecional es, por ejemplo, la potestad sancionadora, auto ejercicio debe regularse en términos muy detallados para evitar excesos: Falso Verdadero. El principio de legalidad debe traducirse por tanto en la necesaria previsibilidad de las intervenciones administrativas en la Economía: Falso Verdadero. La ejecutividad en el ámbito administrativo significa que los actos de las AMAP serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la ley 29/1998, de jurisdicción de lo Contencioso- Administrativo: Falso Verdadero. El elaborado privilegio de autotutela de la Administración, que implica la protección de su esfera de intereses sin necesidad de acudir a les jueces, ubicando de propios, medios para ejecutor sus decisiones: Falso Verdadero. En la planificación económica conlleva discrecionalidad administrativa por representar un componente de oportunidad política de determinadas decisiones: Falso Verdadero. La atribución de poderes discrecionales y el enunciado de cláusulas generales de apoderamiento favorecen la previsibilidad de sus intervenciones económicas en el ejercicio de las potestades: Falso Verdadero. Las potestades administrativas sitúan a los ciudadanos en una relación de supuestos perjudiciales que les obliga a acatar los efectos jurídicos de su ejercicio, ya sean éstos beneficiosos: Falso Verdadero. En relación con el Estado Social, y en aplicación de la terna de la vinculación, positiva, sería posible que a la Administración se le concediere un mayor margen de decisión, ya que la misma debe asumir un gran elenco de funciones prestacionales: Falso Verdadero. Teniendo en cuenta que hay dos interpretaciones del principio de legalidad, hemos de indicar que, si la ley supone un límite externo ante la intervención administrativa, nos encontramos ante la vertiente doctrinal que la conceptúa como vinculación positiva. Falso Verdadero. Las potestades regladas son aquellas en las que la actividad de la Administración se encuentra precisa taxativamente establecida en la ley, por lo que, y en consecuencia, en las actos reglados, como su contenido está implicado en la ley, por regla general, tendrá escasa importancia el proceso de formación de la voluntad administrativa: Falso Verdadero. Uno de los problemas que surgen, en relación con la vigencia del principio de legalidad en el ámbito de la Administración económica, es el que a la Administración se le tenga que atribuir en ocasiones poderes discrecionales: Falso Verdadero. En ocasiones, la atribución de potestades se realiza en términos genéricos o discrecionales, como, por ejemplo, la valoración de las ofertas presentadas relacionadas con los criterios subjetivos en la adjudicación de un contrato público: Verdadero Falso. La potestad inspectora el aquella mediante la cual la Administración puede castigar las conductas infractoras del ordenamiento mediante sanciones administrativas: Falso Verdadero. Si, por ejemplo, en relación con un contrato, la Administración tiene que adjudicar un contrato en relación con la oferta más ventajosa, es porque en realidad la Administración aplica la potestad discrecional en dicha actuación: Falso Verdadero. El contenido del art 108.1 CE se ha interpretado como una (…) forma de actuar quede vinculada a lo que la ley permita y en el sentido que la misma indique, por tanto, a la vinculación negativa que interdicta al principio de legalidad: Falso Verdadero. El más importante de los controles sobre la Administración y el Gobierno, en un Estado de Derecho, es el ejercicio por la propia Administración en base al principio de autotutela: Falso Verdadero. Cuando nos referimos con contratación pública la de esta más ventajosa, a que nos referimos conceptualmente hablando: Discrecionalidad administrativa. Concepto jurídico indeterminado. Teniendo en cuenta que hay dos interpretaciones del principio de legalidad, hemos de indicar que, si solamente podemos (…), en relación con la Ley, cuando cita le permita y en sentido indicado por la misma, nos encontramos ante la vertiente doctrinal que la conceptúa como vinculación negativa: Falso Verdadero. |
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