Test guim2

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Guim2

COMENTARIOS	ESTADÍSTICAS	RÉCORDS

REALIZAR TEST

Título del Test:
Guim2

Descripción:
Test parte 2

Autor:

Guim 2

OTROS TESTS DEL AUTOR

Fecha de Creación:
07/05/2024

Categoría: Oposiciones

Número Preguntas: 112

COMPARTE EL TEST

COMENTAR

No hay ningún comentario sobre este test.

Temario:

Los proyectos de reforma constitucional que propongan la revisión del Título III: Requerirán su aprobación por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. Será sometida a referéndum para su ratificación. Requerirán su aprobación por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. Será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se creará una Comisión paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, y de mayoría de dos tercios del Congreso. Deberán ser aprobados por una mayoría de dos quintos de cada una de las Cámaras.
La potestad reglamentaria, según la Constitución, es ejercida por: El Gobierno y la Administración. El Gobierno. El Consejo de Gobierno y el Congreso de los diputados. Las Cortes Generales.
La Constitución Española establece, respecto a la federación de Comunidades Autónomas que: Los Estatutos de las Comunidades Autónomas deberán prever los supuestos, requisitos y términos en que éstas puedan constituirse en Federación. Las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, previa constitución de la federación y su comunicación a las Cortes Generales. La constitución de federaciones de Comunidades Autónomas necesitará la autorización de las Cortes Generales. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.
Los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas: No podrán celebrarse si no están previstos en sus propios Estatutos. Podrán autorizarse por las Cortes Generales. Podrán autorizarse por el Gobierno. Todas las respuestas anteriores son ciertas.
De conformidad con la Constitución Española, el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas podrá ejercerse: Por el Consejo de Estado. Por el Senado. Por el Tribunal de Cuentas. Por el Delegado del Gobierno.
El fondo de compensación interterritorial será distribuido entre las Comunidades Autónomas y provincias por: Por el Gobierno. Por el Senado. Por el Tribunal de Cuentas. Por las Cortes Generales.
Según la Constitución Española, la provincia es: Una entidad local con personalidad jurídica plena, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Una entidad local con personalidad jurídica plena, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades de la Comunidad Autónoma. Una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades de la Comunidad Autónoma.
Según la Constitución Española, en un municipio: Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales. Los Alcaldes serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal. Los Concejales serán elegidos por el Alcalde. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos Ninguna de las anteriores es correcta.
¿A quién le corresponde la función de promover el interés general de la Unión Europea y formar las iniciativas adecuadas para este fin? Consejo Europeo. Defensor del Pueblo Europeo. Comisión Europea. Parlamento Europeo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se compone de un juez por Estado miembro, designado por un periodo de: Seis años renovables. Tres años sin posibilidad de renovación. Diez años. Cinco años renovables.
Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales, es infracción grave en materia de prevención de riesgos laborales: Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales. La falta de limpieza del centro de trabajo de la que no se derive riesgo para la integridad física o salud de los trabajadores. No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente, conforme a las disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificación de leves. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con inexactitud los datos que debe declarar o cumplimentar, siempre que no se trate de industria calificada por la normativa vigente como peligrosa, insalubre o nociva por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen.
Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales, es infracción grave en materia de prevención de riesgos laborales: Cada empresa aplicará su Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Será obligatorio designar un coordinador. Las empresas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales estableciendo los medios de coordinación necesarios No es posible que trabajadores de más de dos empresas desarrollen actividades a la vez en un mismo centro de trabajo.
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público: Deberá siempre acompañarse de un informe de impacto de género, independientita de los casos de urgencia. Deberá acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Es suficiente con la aprobación de las bases de las convocatorias por el órgano competente. No se exige informe de impacto de género.
Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres: Es el órgano directivo para el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Es el órgano colegiado de consulta y asesoramiento, con el fin esencial de servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y la lucha contra la discriminación por razón de sexo. Es el órgano que establece el conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Es el órgano colegiado responsable de la coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los departamentos ministeriales con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y promover su efectividad.
De conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ¿Qué plazo abarcan los marcos presupuestarios a medio plazo? Un plazo mínimo de cinco años. Un plazo máximo de tres años. Un plazo mínimo de tres años. Un plazo máximo de cinco años.
De conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se entiende por sostenibilidad financiera: La contabilidad de las administraciones públicas, que deberá contener información que permita verificar su situación financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia. La planificación plurianual y de programación y presupuestación, atendiendo a la situación económica, a los objetivos de política económica y al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial. Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda públicas.
De conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, quién compone el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas: El ministro de economía y hacienda y los presidentes de cada Comunidad Autónoma. El ministro de administraciones públicas y el consejero de hacienda de cada comunidad autónoma. El ministro de economía y hacienda, el ministro de administraciones públicas y el consejero de hacienda de cada comunidad autónomas. El ministro de economía y hacienda, el ministro de administraciones públicas y el presidente de cada comunidad autónoma.
De conformidad con la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, el Fondo de Compensación se distribuirá: Por las Cortes Generales, entre las Comunidades Autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía. Por el Gobierno, entre las Comunidades Autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía. Por las Cortes Generales, entre las regiones ultraperiféricas y las ciudades con estatuto de autonomía. Por las Cortes Generales, entre las regiones ultraperiféricas y las ciudades con estatuto de autonomía.
En materia de transparencia de las Administraciones Públicas, las resoluciones de acceso a la información pública y buen gobierno deberán notificarse, con carácter general: En el plazo máximo de tres meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. En el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. En el plazo máximo de seis meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. En el plazo máximo de 15 días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
Según el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, quien determina los fines y medios del tratamiento es: El Encargado. El Responsable. El Encargado y el Responsable. El Delegado de protección de datos.
En materia de protección de datos personales, el delegado de protección de datos: No podrá formar parte de la plantilla del responsable o del encargado del tratamiento. Podrá formar parte de la plantilla del responsable del tratamiento, pero no de la plantilla del encargado del tratamiento. Solo podrá desempeñar sus funciones en el marco de un contrato de servicios. Podrá formar parte de la plantilla del responsable o del encargado del tratamiento o desempeñar sus funciones en el marco de un contrato de servicios.
¿Qué es la sede electrónica? El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una administración pública, organismo público o entidad de derecho público que permite el acceso a través de internet a la información publicada. La dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde exclusivamente a una administración pública. La dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad puede corresponder a una administración pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de derecho público en el ejercicio de sus competencias. El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda exclusivamente a una Administración Pública, que permite el acceso a través de internet a la información publicada.
Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido: 7 días naturales. 10 días naturales. 7 días hábiles. 10 días hábiles.
Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que regula el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son: Siempre hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos. Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos, salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo. Hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos, salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo. Siempre naturales, salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo.
Las Administraciones Públicas: Están obligadas a dictar resolución expresa en todos los casos. Se exceptúa de la obligación de resolver en los casos de prescripción. Se exceptúa de la obligación de resolver en los casos de renuncia al derecho. Se exceptúa de la obligación de resolver en los casos de la terminación del procedimiento por pacto o convenio.
El instructor de un procedimiento administrativo podrá decidir la apertura de un periodo extraordinario de prueba: Cuando no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados, por un plazo no superior a quince días. Cuando lo considere necesario, por un plazo no superior a quince días. Cuando lo considere necesario, a petición de los interesados, por un plazo no superior a diez días Cuando lo considere necesario, a petición de los interesados, por un plazo no superior a quince días.
¿En qué principio se basa la posibilidad de acordar en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo? Principio de celeridad. Principio de simplificación administrativa. Principio de eficiencia. Principio de proporcionalidad.
Contra las disposiciones administrativas de carácter general podrá interponerse por los interesados: Recurso de alzada. Recurso potestativo de reposición. No cabe recurso en vía administrativa. Recurso extraordinario de revisión.
Podrá interponerse recurso de alzada: Ante el órgano que instruyó el acto que se impugna o ante el órgano que lo dictó. Únicamente ante el órgano que dictó el acto que se impugna. Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el orden jurisdiccional contencioso- administrativo.
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos de suministros tendrán un plazo máximo de duración, incluyendo las posibles prórrogas, de: 3 años. 5 años. 4 años. 2 años.
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, en los procesos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones será: No superior a treinta y cinco días, para los contratos de obras, suministros y servicios, y treinta días para las concesiones de obras y servicios, contados desde la fecha de envío de la licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. No inferior a treinta días, para los contratos de obras, suministros y servicios, y veinte días para las concesiones de obras y servicios, contados desde la fecha de envío de la licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. No inferior a treinta y cinco días, para los contratos de obras, suministros y servicios, y treinta días para las concesiones de obras y servicios, contados desde la fecha de envio No superior a treinta días, para los contratos de obras, suministros y servicios, y veinte días para las concesiones de obras y servicios, contados desde la fecha de envío de la licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
¿Cuál es el procedimiento de adjudicación en el que sólo pueden presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación? Procedimiento restringido. Procedimiento negociado. Diálogo competitivo. Procedimiento selectivo.
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los pliegos de cláusulas administrativas particulares se aprobarán: Previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella. Con posterioridad a la aprobación del gasto. Siempre antes de la aprobación del gasto. Se podrán aprobar antes o después de la aprobación del gasto.
¿Cuál es el porcentaje máximo de modificación que puede prever el pliego de cláusulas administrativas de un contrato de la Administración Pública durante su plazo de vigencia?: 10 % del precio inicial. No puede prever variación alguna. 50% del precio inicial. 20% del precio inicial.
En el contrato de concesión de obras previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el riesgo y ventura de la ejecución de las obras corresponderá a: Al concesionario, salvo la parte que pudiera ejecutar la Administración. En su totalidad a la administración concedente. Compartido a partes iguales entre la administración y el concesionario. A la empresa ejecutora material de las obras.
Según la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el derecho a reclamar una indemnización patrimonial, salvo en los casos de carácter físico o psíquico a las personas: No prescribe. Prescribe a los seis meses de producido el hecho o acto que motive la indemnización. Prescribe a los tres meses de producido el hecho o acto que motive la indemnización. Prescribe al año de producido el hecho o acto que motive la indemnización.
En el ámbito autonómico y local, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por: Las asambleas parlamentarias mediante consenso. Los órganos de gobierno si se trata de casos de cuantía elevada. Una comisión especializada creada para la ocasión. Los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades que integran la Administración Local.
Dentro de los derechos individuales de los empleados públicos en relación con la condición de funcionario de carrera, el Estatuto Básico del Empleado Público dispone que se tiene derecho a la: Intangibilidad. Inamovilidad. Intimidad. Inmediatividad.
Según la Ley de 3 de abril de 1987 de la Función Pública Canaria, en relación al artículo 95.3 del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál de las siguientes faltas se considera grave? Falta de asistencia injustificada de un día. No guardar sigilo de los asuntos conocidos por el cargo Abandono del servicio. Incumplir las normas sobre incompatibilidades.
Dentro de los términos de la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Canarias es: La norma institucional supletoria de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Estado lo reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento. La norma competencial supletoria de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Estado lo reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. La norma institucional básica de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Estado lo reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. La norma competencial básica de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Estado lo reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.
La iniciativa de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias corresponderá a: Al Parlamento, al Gobierno de Canarias o al Presidente del Gobierno. Al Parlamento, al Presidente del Gobierno o a las Cortes Generales. Al Parlamento, al Gobierno de Canarias o a las Cortes Generales. Al Gobierno de Canarias, al Presidente del Gobierno, a las Cortes Generales.
De conformidad con el Estatuto de Autonomía de Canarias, la organización de la Administración Pública Canaria responderá a los principios de: Eficacia, economía, máxima proximidad a los ciudadanos y atención al hecho insular. Eficacia, economía, máxima proximidad a los ciudadanos y atención al hecho municipal. Eficiencia, economía, máxima proximidad a los ciudadanos y atención al hecho insular. Eficiencia, economía, máxima proximidad a los ciudadanos y atención al hecho municipal.
Los reglamentos orgánicos de los Departamentos determinarán: Únicamente las estructuras centrales y territoriales de los mismos. Únicamente las estructuras centrales de los mismos. Únicamente las estructuras centrales de los mismos. Las estructuras centrales y territoriales de los mismos, asignando a cada órgano las atribuciones específicas que les correspondan dentro del área de funciones de la Consejería.
Se entenderá por sede de las Consejerías: La ciudad en la que se fije la oficina principal de despacho del Consejero. La ciudad en la que resida el Consejero. La ciudad que fije el Consejero. La ciudad que fije el Parlamento de Canarias.
El número y denominación de las Consejerías del Gobierno se establecerá: En el Estatuto de autonomía de Canarias. Por Ley. Por Decreto del Gobierno. Por Decreto del Presidente. .
Las direcciones generales son órganos a los que corresponde: Un sector material de las funciones del Departamento El sector material que asigne específicamente el Consejero. La coordinación administrativa general de los Departamentos. La coordinación administrativa general que asigne específicamente el Consejero.
De conformidad con la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, son órganos de gobierno necesarios de los cabildos insulares: El pleno, el presidente, el o los vicepresidentes y el consejo de gobierno insular. El pleno, el presidente y el consejo de gobierno insular. El pleno, el presidente y el o los vicepresidentes. El presidente, el o los vicepresidentes y el consejo de gobierno insular.
Las competencias que se asuman por los cabildos insulares mediante delegación se someten: Al régimen jurídico regulador del ejercicio de las competencias autonómicas, con las singularidades previstas en la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, y en la legislación autonómica, así como las que se prevean en los decretos de delegación. Únicamente al régimen jurídico que se prevean en los decretos de delegación. Al régimen jurídico regulador del ejercicio de las competencias autonómicas y las singularidades previstas en los decretos de delegación. Al régimen jurídico regulador del ejercicio de las competencias autonómicas, y las singularidades previstas en la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares.
A los efectos de la Ley de Municipios de Canarias, constituye parte del sector público municipal de Canarias: Los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales constituidas para la prestación de servicios públicos y actividades de competencia municipal por el Cabildo Insular. Los consorcios en que se integren entidades municipales canarias, cuando estén adscritos a alguna de ellas. Las sociedades mercantiles constituidas por entidades municipales con capital exclusivamente público. Las Asociaciones de municipios.
De conformidad con la Ley de Municipios de Canarias, son competencias propias de los municipios de Canarias: Aquellas cuya titularidad le atribuyen las leyes del Estado y las de la Comunidad Autónoma de Canarias Únicamente aquellas cuya titularidad le atribuyen las leyes del Estado. Únicamente aquellas cuya titularidad le atribuyen las leyes de la Comunidad Autónoma de Canarias. Aquellas cuya titularidad le atribuyan el Estado, la Comunidad Autónoma, los Cabildos insulares u otras Administraciones Públicas.
Los Estatutos de Autonomía podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. No es posible según nuestra Constitución. Es posible dicho supuesto previa autorización de las Cortes Generales. Si es posible según el artículo 145 de la Constitución Española. Si es posible entre comunidades autónomas que hayan accedido por la vía del artículo 143 de la Constitución Española.
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, tal y como establece su artículo 2, tiene por objeto: Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Promover la seguridad de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Promover la prevención de los riesgos ergonómicos y sociales. Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta.
Son principios de actuación de la Administración Pública, según el artículo 103.1 de la Constitución Española: Legalidad, independencia, eficacia y coordinación. Desconcentración, autonomía, imparcialidad y eficacia. Desconcentración, descentralización, subjetividad y jerarquía. Desconcentración, descentralización, eficacia, jerarquía y coordinación.
El Derecho Europeo... tiene primacía sobre los Derechos nacionales. no es de aplicación si es contrario a una norma nacional. deroga o anula con efectos inmediatos la norma nacional que sea contraria. ninguna de las anteriores.
Entre las medidas específicas recogidas en el artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo están: La evaluación del riesgo de acoso. La elaboración y difusión de códigos discriminatorios. La realización de campañas informativas o acciones de formación. Ninguna de las anteriores es cierta.
Según el artículo 103 de la Constitución Española, la ley regulará: El estatuto de los funcionarios públicos y el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de igualdad, esfuerzo, mérito y capacidad. Las peculiaridades del ejercicio del derecho a sindicación de los funcionarios públi- cos. El sistema de compatibilidades y prohibiciones de los funcionarios públicos. Las garantías para la eficacia en el ejercicio de las funciones de los funcionarios públicos.
Según la Constitución Española ¿cómo se organiza territorialmente el Estado? No existe organización territorial del Estado b) En Comunidades Autónomas, Provincias, Comarcas y Municipios En Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas En Ayuntamientos, en Diputaciones, en Cabildos y en el Estado.
Los contratos que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrenda- miento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles, son: Contratos de servicios. Contratos de suministros. Contratos de obras. Contratos de gestión de servicios públicos.
El Tratado de la Unión Europea fue firmado en Maastricht: El 2 de octubre de 1997. El 26 de febrero de 2001. El 8 de abril de 1965. El 7 de febrero de 1992.
¿En qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se recogen los derechos del interesado en el procedimiento administrativo?: En el artículo 13. En el artículo 24. En el artículo 53. En el artículo 2.
La contratación administrativa en el sector público viene regulada en la actualidad por: La Ley 9/2016 de 8 de noviembre. La Ley 9/2017 de 8 de noviembre. La Ley 9/2015 de 31 de Octubre. La Ley 30/2007 de 31 de Octubre.
De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, es un derecho de los trabajadores: La vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. La participación en la empresa en las cuestiones relacionadas con la conciliación de la vida laboral y familiar. Recibir la información necesaria para el desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional. Ninguna de las anteriores.
El recurso extraordinario de revisión solo cabe contra ... los actos que ponen fin a la vía administrativa. los actos de trámite si estos deciden sobre el fondo del asunto. las resoluciones de los recursos de alzada. los actos firmes en vía administrativa.
Según establece la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, el órgano competente para resolver las solicitudes de acceso a la información pública de los Ayuntamientos es: el Pleno del Ayuntamiento. la Junta de Gobierno Local. la persona que ostente la Alcaldía. la Concejalía competente en materia de transparencia.
De acuerdo con el artículo 50 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público de Contratos del Sector Público, el procedimiento de recurso especial en materia de contratación se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de ... Diez días hábiles. Quince días hábiles. Veinte días hábiles. Treinta días hábiles.
En los procedimientos de responsabilidad patrimonial iniciados por un interesado, de acuerdo a lo contenido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo de prescripción del derecho a reclamar es de: Seis meses. Un año. Dos años. No prescribe.
Qué disposición vigente en la actualidad es la que adapta la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos: Real Decreto 67/2010, de 29 de enero. Decreto 168/2009, de 29 de diciembre. Decreto 73/2002, de 3 de junio. Ninguna es correcta.
De conformidad con el artículo 50 de la Ley 8/2015, de 1 de abril de Cabildos Insulares, son órganos de gobierno necesarios de los Cabildos Insulares: El pleno, el presidente, el o los vicepresidentes y el consejo de gobierno insular. El pleno, el presidente y el consejo de gobierno insular. El pleno, el presidente y el o los vicepresidentes. El presidente, el o los vicepresidentes y el consejo de gobierno insular.
La determinación del número, denominación y competencias de las Consejerías del Gobierno de Canarias es competencia: del Parlamento de Canarias. de la persona que ostente la Presidencia del Gobierno. de la persona que ostente la Presidencia del Parlamento. del Consejo de Gobierno.
Los Cabildos Insulares, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Canarias y con la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, son: instituciones y órganos de gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias. instituciones y órganos de gobierno, administración y representación de la Administración del Estado en Canarias. instituciones de la Comunidad Autónoma y órganos de gobierno, administración y representación de las islas del archipiélago canario. ninguna de las anteriores.
De acuerdo con la Constitución Española, el Estado podrá delegar en las Comunidades Autónomas: Todas las facultades y competencias que corresponden al Estado. Facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de delegación. Facultades de titularidad estatal que no incidan en la totalidad del territorio del Estado. Facultades en las materias expresamente señaladas en el Estatuto de Autonomía respectivo.
Frente a una resolución de un órgano competente de la Administración autonómica que inadmite una solicitud de acceso a información pública, puede interponerse: No cabe interponer reclamación ni recurso alguno, por tratarse de un acto de trámite. Únicamente recurso contencioso administrativo. Solo reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cabe interponer directamente recurso contencioso administrativo o bien, potestativamente, reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Según el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, noes una clase de empleado público: Funcionario de carrera. Funcionario eventual. Personal laboral. Funcionario interino.
El derecho de las personas a la protección de sus datos de carácter personal: Es un derecho fundamental expresamente recogido en la Constitución española de 1978. No está recogido explícitamente en la Constitución de 1978, sino que el Tribunal Constitucional lo considera como un derecho fundamental, vinculándolo con el artículo 18.4 de dicha Constitución. Es un derecho fundamental creado y regulado por una ley orgánica. Todas las respuestas son incorrectas.
De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 39/2015, todos los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas tienen derecho a: A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos. A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate.
Según la Ley 8/2015, de 1 de abril de Cabildos Insulares, el presidente del cabildo insular y los consejeros insulares son: Órganos directivos. Órganos complementarios. Órganos superiores. Todas son incorrectas.
Son instituciones y organismos de la Unión Europea: Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Comisión Europea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Comité Europeo de inversiones. Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Comisión Europea, Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y Defensor del Pueblo Europeo. Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Comisión Europea, Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y Comité Europeo de las Regiones. Todos los anteriores son incorrectas.
Sin perjuicio de los demás reconocidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es un derecho de los interesados en el procedimiento: A ser notificado de la identidad del instructor y del titular del órgano competente para resolver, una vez iniciado el procedimiento de oficio o a instancia de los propios interesados. A no presentar datos y documentos exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate. A obtener copia de los documentos contenidos en el procedimiento. A aportar documentos una vez emitida la propuesta de resolución por el órgano instructor.
Se define como “dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano, o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias”, según el artículo 38.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público: Sede electrónica. Administración electrónica. Pagina web de una Administración Pública. Estándar abierto.
Los Alcaldes: serán elegidos por los concejales mediante sufragio universal, igual, libre, directo y en acto público. podrán ser elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y en acto público. serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo en acto público. ninguno de los anteriores es cierto.
La Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito de sus competencias, en lo que respecta al ámbito laboral: No tiene competencias legislativas pero si reglamentarias. No tiene competencias ni legislativas ni reglamentarias. Tiene competencias legislativas pero no reglamentarias. Tiene competencias legislativas y reglamentarias.
El presidente de una Comunidad Autónoma es nombrado por: El Rey. Las Cortes Generales. La Asamblea Legislativa de entre sus miembros. El Consejo de Gobierno.
Las direcciones IP de los usuarios en Internet: deben ser consideradas como datos personales solo por los operadores de telecomunicaciones. deben ser considerada como datos personales a pesar de que la IP identifica un dispositivo y no a una persona concreta. no son consideradas como datos personales ya que no permiten asociar con facilidad una IP a una persona concreta. no son consideradas como datos personales ya que de su análisis se deduce el tráfico general y esta consideración no es considerada datos personales.
Los trabajadores y sus representantes si consideran que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo, podrán recurrir a: el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. todas son incorrectas.
En el marco de las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, establece que la legislación reguladora de los distintos sectores de actuación pública atribuirá a los cabildos insulares competencias en materia de: Sanidad y gestión hospitalaria. Asistencia social y servicios sociales. Vivienda. Coordinación de las policías municipales.
Son principios de la Ley 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera: principio de estabilidad presupuestaria, principio de sostenibilidad financiera, principio deplurianulidad, y principio de datos abiertos. principio de lealtad institucional, principio de responsabilidad, principio de plurianulidad y principio de estabilidad presupuestaria. principio de estabilidad presupuestaria, principio de sostenibilidad financiera, principio de responsabilidad, y principio de datos abiertos. la citada ley no establece en su contenido principio alguno.
Según el Título VIII Organización Territorial del Estado de la Constitución Española: Podría alterarse el mapa autonómico de una comunidad autónoma aunque estatutariamente no se estableciese en la norma institucional básica de dicha comunidad autónoma. Las Comunidades Autónomas pueden federarse para constituir una nueva Comunidad Autónoma. Se constituye una nueva Comunidad Autónoma cuando así se apruebe por las Diputaciones interesadas u órganos insulares correspondientes. Podría alterarse el mapa autonómico si estatutariamente se estableciese en la norma institucional básica de determinada comunidad autónoma.
En el Fondo de Compensación Interterritorial, según se recoge en la Ley 22/2001, de 27 de diciembre reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial, cuál de los siguientes se establece como criterio de distribución de mayor peso: saldo migratorio. paro. superficie. dispersión de la población en el territorio.
En el ámbito de la transparencia de las Administraciones Públicas, se entiende como Publici- dad Activa: el derecho de cualquier persona a solicitar y obtener información pública. el derecho de cualquier persona a solicitar y obtener información pública que considere de su interés. el derecho de cualquier persona a solicitar y obtener información pública que considere de su interés, con los únicos límites que señale la ley. ninguno de los anteriores es correcto.
El responsable del contrato puede ser: Exclusivamente una persona física vinculada a entidad contratante. Una persona física o jurídica que debe estar vinculada a la entidad contratante. Exclusivamente una persona física vinculada a la entidad contratante o ajena a él. Una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.
¿Qué número de Consejerías se establece en el Decreto 119/2019 del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías? 9 10 11 12.
La práctica de pruebas dentro del procedimiento administrativo se encuadra en la : Iniciación. Ordenación. Instrucción. Terminación.
¿Cuándo podrán modificarse los contratos administrativos durante su vigencia? En ningún caso. Siempre que su valor estimado no supere los 40.000 euros. Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y condiciones regulados en la Ley. Todas son incorrectas.
El procedimiento de responsabilidad patrimonial podrá solicitarse por los interesados: ** corregir opción En cualquier momento incluso si ha prescrito el derecho a reclamar. En cualquier momento posterior a un año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En cualquier momento siempre y cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. Todas son incorrectas.
¿Qué titulación se exige para acceder a cuerpos y escalas de Grupo B de clasificación profesional del personal funcionario de carrera según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público? Estar en posesión del título universitario de Grado. No es necesario título alguno. Estar en posesión del título de Bachiller o Técnico. Estar en posesión del título de Técnico Superior.
Según el Estatuto de Autonomía de Canarias, el número de diputados del Parlamento de Canarias: No será inferior a cincuenta ni superior a setenta y cinco. No será inferior a cuarenta ni superior a sesenta y cinco. Se establece en cincuenta. Será superior a setenta y cinco.
Establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que los actos administrativos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, se producirán: Verbalmente. Por escrito a través de medios electrónicos o no electrónicos. Por escrito a través de medios electrónicos. Por escrito a través de medios no electrónicos.
¿Quienes gozan de la condición política de canarios según el Estatuto de Autonomía de Canarias? Las personas con nacionalidad española que, de acuerdo con las leyes del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Canarias. Las personas, con nacionalidad española o extranjera, residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma de Canarias y acrediten esta condición en el consulado de España correspondiente. Los descendientes de canarios, estén inscritos o no como españoles, si así lo solicitan, se considerarán integrados en la comunidad política autonómica, Las personas, con nacionalidad española o extranjera que, de acuerdo con las leyes del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Canarias.
¿Cuál de los siguientes tipos contractuales está excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público? Los contratos de Servicios. Los contratos de concesión de servicios. Los contratos de Servicios de Arbitraje y conciliación. Los contratos de obras.
¿En qué sección del Capítulo de Derechos y libertades de la Constitución Española se enmarca el derecho a la propiedad privada y a la herencia? De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. De los derechos y deberes de los ciudadanos. De los principios rectores de la política social y económica. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales.
La reforma de la Constitución Española: Siempre deberá ser sometida a referéndum su ratificación. Puede no ser sometida a referéndum si se aprueba por 3/5 de cada una de las cámaras y si no se solicita dentro de los siguientes quince días de su aprobación, por una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. Puede no ser sometida a referéndum si se aprueba por mayoría absoluta de cada una de las cámaras y si no se solicita dentro de los siguientes quince días de su aprobación, por una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. Puede no ser sometida a referéndum si se aprueba por 2/3 de cada una de las cámaras y si no se solicita dentro de los siguientes quince días de su aprobación, por una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras.
Según el Título VIII Organización Territorial del Estado de la Constitución Española: Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado a excepción del País Vasco y Comunidad Foral de Navarra por sus fueros históricos. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado a excepción de las regiones periféricas que se regularán por lo establecido en sus Estatutos de Autonomía. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado excepción de las Autonomías que dispongan de características históricas, culturas y económicas comunes, con arreglo a los previsto en sus respectivos Estatutos. Ninguna de las anteriores es correcta.
El presidente de una Comunidad Autónoma es nombrado por: El Rey... Las Cortes Generales. La Asamblea Legislativa de entre sus miembros. El Consejo de Gobierno.
¿En qué supuestos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público, no obliga al órgano de contratación a tramitar el expediente de contratación? En la tramitación de urgencia. En la tramitación de emergencia. En la tramitación plurianual. En la tramitación excepcional.
Entre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos gestionados conjuntamente por la Co- misión Europea y los países de la UE se encuentran: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), Fondo de Cohesión (FC). Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), Fondo de Cohesión (FC). Fondo de Cohesión (FC), Fondo de Tecnología Digital (FTIC), Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Fondo de Tecnología Digital (FTIC), Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, el Procedimiento de déficit excesivo establece como déficit público máximo de referencia: El 1% del PIB. El 2% del PIB. El 3% del PIB. Ninguno de los anteriores es cierto.
De acuerdo con el artículo 13 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre sobre financiación de las Comunidades Autónomas, la participación de cada Comunidad Autónoma en los ingresos del Estado se articula a través de: El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. El Fondo de Compensación. El Fondo de Suficiencia Global. El Fondo de Compensación y el Fondo Complementario.
En la reforma de los Estatutos intervienen las Cortes Generales: Siempre. Nunca. Sólo cuando se trate de Comunidades Autónomas que accedieron por la vía común. En las Comunidades Autónomas de vía especial exclusivamente.
La Cualificación del Delegado de Protección de Datos: Es requisito disponer de titulación universitaria. Es requisito disponer de titulación universitaria en derecho. Es requisito disponer de titulación universitaria con conocimientos en derecho y la práctica en materia de protección de datos. Ninguna de las anteriores es cierta.
Los Estados fundadores de la Unión Europea fueron: Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Francia, Austria, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Francia, Alemania, Irlanda, Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
¿En qué sección del Capítulo de Derechos y libertades de la Constitución Española se enmarca el derecho a la propiedad privada y a la herencia? De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. De los derechos y deberes de los ciudadanos.... De los principios rectores de la política social y económica. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales.
Según la Constitución Española, los recursos de las Comunidades Autónomas no están constituidos por: Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado. Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Bienes situados fuera de su territorio.

Denunciar Test

▲