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Título del Test:
Guim

Descripción:
Test parte 1

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Fecha de Creación:
23/04/2024

Categoría: Oposiciones

Número Preguntas: 238

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1.- La estructura de la Constitución española es la siguiente a) Un preámbulo, 159 artículos repartidos en un Título Preliminar y otros 10 Títulos más, 5 Disposiciones Adicionales, 8 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y 1 Disposición Final. b) Un preámbulo, 168 artículos, repartidos en un Título Preliminar y otros 10 Títulos más, 4 Disposiciones Adicionales, 8 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y 1 Disposición Final. c) Un preámbulo, 169 artículos repartidos en un Título Preliminar y otros 10 Títulos más, 5 Disposiciones Adicionales, 8 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y 1 Disposición Final. d) Un preámbulo, 169 artículos repartidos en un Título Preliminar y otros 10 Títulos más, 4 Disposiciones Adicionales, 9 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y 1 Disposición Final.
2.- Pueden instar la reforma de la Constitución: a) Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. b) Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas. c) Presidente de Gobierno de la Nación. d) Ninguna de las anteriores.
3.- ¿En qué supuestos no procede iniciar la reforma constitucional?: a) En periodo de elecciones generales. b) Durante la regencia o tutela del Rey. c) En periodo de guerra, estados de alarma, excepción y sitio. d) En ninguno de los anteriores supuestos.
4.- La responsabilidad política del Presidente de la Comunidad Autónoma se dirime ante: a) El Parlamento Autonómico. b) Consejo de Gobierno. c) Congreso de los Diputados. d) Sala de lo penal del Tribunal Supremo.
5.- ¿Qué título de la Constitución trata de la organización territorial del Estado?: a) El Título IX. b) El Título VIII. c) El Título IV. d) El Título X.
6.- Las Comunidades Autónomas: a) Gozan de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los es - pañoles. b) No gozan de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. c) Gozan de autonomía financiera para el desarrollo de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles, sin embargo no gozan de esa autonomía para la ejecución de sus competencias. d) Gozan de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias sin que se a aplicable el principio de coordinación con la Hacienda estatal.
7.- Según el artículo 122 de de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi - men Local, el órgano conforme con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación con el principio de responsabilidad, el Estado de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal es: a) El Pleno, formado por el Alcalde y los Concejales. b) El Pleno, formado por el Alcalde, los Concejales, y un vecino elegido por sufragio por cada barrio. c) El Alcalde. d) El Pleno, formado exclusivamente por los Concejales.
8.- Según el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea de Lisboa, son instituciones de la Unión, entre otras: a) El Parlamento Europeo y el Tribunal de La Haya. b) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Banco Central Europeo. c) El Parlamento Europeo y la OTAN. d) Ninguna de las anteriores.
9.- Según el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea a) Cualquier Estado europeo puede solicitar el ingreso como miembro en la Unión. b) Cualquier Estado del mundo puede solicitar el ingreso como miembro en la Unión, siempre que tenga afinidad por los objetivos y principios de la Unión Europea. c) Cualquier Estado europeo que respete los valores mencionados en el artículo 2 y se comprometa a promoverlos podrá solicitar el ingreso como miembro en la Unión. d) Ninguna de las anteriores es correcta.
10.- El artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea expone que: a) Los actos legislativos de la Unión Europea no pueden efectuar delegaciones. b) Un acto legislativo podrá delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo. c) Un acto legislativo podrá delegar en el Consejo los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo. d) Ninguna de las anteriores es cierta.
11.- El artículo 37 del Reglamento nº 1303/2013, del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, expone que la ayuda de los instrumentos financieros se basará: a) En una evaluación ex ante que demuestre la existencia de deficiencias de mercado o situaciones de inversión subóptimas. b) En las líneas que elija cada Estado que estime oportuno incentivar con cada fondo de manera independiente, siempre que entienda que hay deficiencias de mercado. c) En no ser oportuno utilizar los fondos para subvenciones. d) Dicho precepto no hace referencia alguna a la ayuda de instrumentos financieros.
12. El Comité Europeo de las Regiones (CDR), cuya sede está en Bruselas, es un: a) Organismo consultivo de la UE compuesto por representantes elegidos a escala local y regional, procedentes de todos los Estados miembros de la UE. b) Organismo ejecutivo de la UE compuesto por representantes elegidos a escala local y regional, procedentes de todos los Estados miembros de la UE, que redacta y ejecuta los programas operativos. c) Organismo de la UE compuesto por presentantes elegidos a escala local y regional, que se integra en el Parlamento Europeo, con voz y voto. d) Ninguna de las anteriores es correcta.
13.- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, destaca una serie de principios generales entre los que no se encuentra: a) Principio de transparencia. b) Principio de cooperación. c) Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. d) Principio de Lealtad institucional.
14.- Europa 2020, tiene entre sus objetivos principales que la Unión Europea, en dicho año, debe invertir en I + D un porcentaje del: a) 2% del PIB de la Unión Europea. b) 3% del PIB de la Unión Europea. c) 4% del PIB de la Unión Europea. d) 5% del PIB de la Unión Europea.
15.- Son infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales: a) No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud de las trabajadoras durante los períodos de embarazo y lactancia. b) No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud de los menores. c) No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los trabajos que se realicen sin observar la normativa sobre prevención de riesgos laborales y que, a juicio de la Inspección, impliquen la existencia de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, o reanudar los trabajos sin haber subsanado previamente las causas que motivaron la paralización. d) Incumplir la obligación de efectuar la planificación de la actividad preventiva que derive como necesaria de la evaluación de riesgos, o no realizar el seguimiento de la misma, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.
16.- Vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales corresponde a: a) A empresas especializadas contratadas como servicios de prevención ajenos. b) Al empresario. c) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. d) Los servicios de prevención de los Ayuntamientos del lugar en el que radique el centro de trabajo de la empresa.
17.- Conforme a lo que se establece en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, las cuantías del Fondo de Compensación Interterritorial se destinarán a gastos de inversión en los territorios comparativamente menos desarrollados y se repartirán conforme a una serie de criterios, entre los que no se encuentra: a) La inversa de la renta por habitante. b) La inversa de la recaudación del IRPF de cada territorio, en relación con el total recaudado en todas las CCAA beneficiarias c) El hecho insular, en relación con la lejanía del territorio peninsular. d) La superficie territorial.
18.- El objetivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea es: a) Asegurar un crecimiento ordenado de la Unión Europea. b) Procurar un crecimiento uniforme de los Estados miembros. c) Garantizar unas finanzas públicas saneadas. d) Ninguna es correcta.
19.- Conforme al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el valor de referencia para la deuda pública, respecto del PIB, no podrá superar el: a) El 30% del PIB. b) El 60% del PIB. c) El 40% del PIB. d) El 10% del PIB.
20.- Conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las solicitudes de acceso a la información que estén en proceso de elaboración: a) Serán resueltas concediendo el acceso. b) Serán resueltas denegando el acceso. c) Serán inadmitidas a trámite mediante resolución motivada d) Se archivarán sin más trámites.
21.- Conforme a la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública de Canarias, las resoluciones de acceso a la información de los órganos de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias podrán ser impugnadas: a) Preceptivamente, previamente a la vía contencioso administrativa, ante el mismo órgano que dictó la resolución. b) Preceptivamente, previamente a la vía contencioso administrativa, ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. c) Potestativamente, previamente a la vía contencioso administrativa, ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública d) Únicamente en la vía contencioso administrativa.
22.- El régimen de protección de datos previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal podrá ser de aplicación: a) A los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas b) A los ficheros regulados por la legislación de régimen electoral. c) A los ficheros sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. d) A los ficheros establecidos para la investigación del terrorismo y de formas graves de delincuencia organizada.
23.- El plazo máximo en que debe dictarse la resolución expresa de tutela de los derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación, previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, será de: a) Diez días. b) Un mes. c) Tres meses. d) Seis meses.
24.- Los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las Administraciones públicas para el desempeño de sus atribuciones: a) En ningún caso podrán ser comunicados a otras Administraciones públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas. b) Podrán ser comunicados a otras Administraciones públicas si así lo determina la Administración que haya recogido o elaborado los datos de carácter personal. c) Podrán ser comunicados a otras Administraciones públicas cuando la comunicación tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos. d) Podrán ser comunicados sin restricción alguna a otras Administraciones públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas.
25.- En general, las personas físicas en sus relaciones con las Administraciones públicas: a) Están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos. b) Están obligadas a relacionarse a través de medios no electrónicos. c) Podrán elegir si se relacionan a través de medios electrónicos o no. d) Están obligadas a comunicarse a través del Punto General Electrónico de la Administración.
26.- El derecho a la propuesta de iniciativa reglamentaria: a) Es una potestad exclusiva del Gobierno. b) Es un derecho de los ciudadanos cuando afecten a sus derechos e intereses legítimos, recogido en la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana de Canarias. c) Es un derecho expresamente recogido en la Constitución Española. d) Es un derecho de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas regulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
27.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi - nistraciones Públicas, incorpora como novedad: a) La obligatoriedad de notificar las resoluciones y actos deberá ser cursada en el plazo de diez días a partir de la fecha en que haya sido dictado. b) La publicación de los actos cuando el acto tenga como destinatario una pluralidad indeterminada de personas. c) Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos. d) Toda notificación deberá contener el texto íntegro de la resolución.
28.- En los Procedimientos Administrativos: a) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes. b) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos y no vinculantes. c) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y vinculantes. d) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos y vinculantes.
29.- El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada será de: a) Un mes. b) Dos meses. c) Treinta días hábiles. d) Tres meses.
30.- Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa: a) Tienen que ser recurridos necesariamente en reposición. b) Sólo pueden ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. c) Podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. d) Podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante cualquier orden jurisdiccional .
31.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, están excluidos del ámbito de dicha Ley: a) Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3 de la Ley. b) Los contratos que celebren las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local, o los organismos dependientes de las mismas. c) Los contratos subvencionados por cualquiera de las entidades anteriores. d) Los convenios incluidos en el ámbito del artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que se concluyan en el sector de la defensa y la seguridad.
32.- Conforme establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son contratos de obras: a) La encomienda a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, de la gestión de un servicio. b) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto. c) La adquisición de un bien mueble. d) El desarrollo de una actividad de investigación con una Institución Universitaria.
33.- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los órganos de contratación ajustaran su actuación a los principios de: a) Economía procesal. b) Prohibición de la analogía . c) Transparencia y proporcionalidad. d) De dolo o culpa.
34.- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, podrán contratar con el sector público: a) Las personas naturales, españolas o extranjeras, exigiéndose como únicos requisitos que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en alguna prohibición para contratar. b) Las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, con el único requisito de tener plena capacidad de obrar. c) Las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición para contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera. d) Únicamente las personas naturales, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica y financiera.
35.- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la tramitación urgente del expediente procederá cuando: a) En el único supuesto en que su adjudicación sea preciso acelerar por razones de urgencia. b) La Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos c) Su celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de urgencia. d) La tramitación urgente del expediente no se regula en la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
36.- En el procedimiento de responsabilidad patrimonial: a) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, solamente si la lesión es consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos. b) La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. c) Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. d) Serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos.
37.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican exclusivamente en: a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal eventual. b) Funcionarios de carrera y personal laboral fijo. c) Funcionarios de carrera, personal laboral fijo y personal eventual. d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
38.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo: a) Mínimo de un año inmediatamente anterior. b) Mínimo de dos años inmediatamente anteriores c) Mínimo de cinco años inmediatamente anteriores. d) No se fija plazo alguno.
39.- Según el Estatuto de Autonomía de Canarias, la capitalidad de Canarias se fija en: a) En Santa Cruz de Tenerife. b) En las Palmas de Gran Canaria. c) Compartidamente en las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. d) En Santa Cruz de La Palma.
40.- El ejercicio de la potestad reglamentaria de los titulares de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias se ejercerá en forma de: a) Decreto b) Orden interdepartamental. c) Orden departamental. d) Resolución administrativa.
41.- La estructura central y territorial de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias será establecida por: a) Orden del Consejero del ámbito competencial de la Consejería. b) Orden del Consejero del Gobierno de Canarias competente en materia de administraciones públicas c) Decreto del Gobierno de Canarias. d) Ley del Parlamento de Canarias.
42.- Las instrucciones dictadas por las Direcciones Generales de la Administración Autonómica de Canarias en el ámbito de sus competencias serán: a) De aplicación general para todos los ciudadanos. b) De aplicación general para todos los órganos del Departamento. c) Obligatorias en todos sus elementos para las unidades administrativas destinatarias dependientes de la misma. d) Obligatorias en cuanto a los resultados que deban conseguirse para las unidades administrativas destinatarias dependientes de la misma.
43.- En los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias, el desempeño de la función de la inspección del personal corresponde a: a) A los Consejeros. b) A las Viceconsejerías. c) A las Secretarías Generales Técnicas. d) A las Direcciones Generales.
44.- Corresponde a los Jefes de Servicio de la Administración Autonómica de Canarias: a) Resolver todos los procedimientos administrativos del órgano del que dependan. b) Notificar las resoluciones administrativas. c) Suscribir los contratos administrativos menores. d) Incoar y resolver los procedimientos sancionadores por infracciones calificadas como leves.
45.- Según la Ley 8/2015, de Cabildos Insulares, estos son: a) Instituciones de la Administración del Estado. b) Instituciones de la Comunidad Autónoma c) Instituciones de Unión Europea. d) Ninguna respuesta es cierta.
46.- Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá: a) Acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo. b) Siempre acompañarse de un informe de impacto de género, independientemente de los casos de urgencia. c) Es suficiente con la aprobación de las bases de las convocatorias por el órgano competente. d) No se exige informe de impacto de género.
47.- ¿A qué principios atenderá la atribución de competencias propias a los Cabildos Insulares por las leyes autonómicas?: a) Al principio de garantía de la autonomía insular sobre la autonómica. b) Al principio de eficiencia, eficacia y duplicidad de competencias. c) A los principios de garantía de la autonomía insular, eficacia, eficiencia, máxima proximidad al ciudadano, no duplicidad de competencias e insuficiencia financiera. d) A los principios de garantía de la autonomía insular, eficacia, eficiencia, máxima proximidad al ciudadano, no duplicidad de competencias, suficiencia financiera y estabilidad presupuestaria.
48.- En la alteración de términos municipales prevista en la Ley de Municipios de Canarias, el Gobierno de Canarias adoptará medidas para la fusión voluntaria de municipios atendiendo a criterios de: a) Calidad de servicios y economía de medios. b) Renta per cápita de los municipios a fusionar. c) Superficie de los municipios a fusionar. d) Ninguna es correcta.
49.- En la Constitución española de 1978 es derecho fundamental: a) El derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales. b) El derecho a la protección de la salud. c) El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. d) El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona.
50.- El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: a) Los puertos de refugio. b) Bases de régimen minero y energético. c) Montes y aprovechamientos forestales. d) Sanidad e higiene.
La estructura de la Constitución española es: 169 artículos, 3 Disposiciones Adicionales, 9 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y 1 Disposición Final. 169 artículos, 4 Disposiciones Adicionales, 9 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria, 1 Disposición Final y un Preámbulo. c) 179 artículos, 4 Disposiciones Adicionales, 6 Disposiciones Transitorias y 1 Disposición Final. d) Ninguna es correcta.
¿A quién no le corresponde la iniciativa de reforma constitucional? a) Al Gobierno. b) Al Congreso. c) A la iniciativa popular. d) Al Senado.
En el procedimiento de reforma de la Constitución española regulado en el artículo 167 de la Constitución, aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación: a) Cuando así lo solicite una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras dentro de los 15 días siguientes a su aprobación. b) Cuando así lo solicite la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras en los 15 días siguientes a su aprobación. c) Cuando así lo soliciten las dos terceras partes de los miembros de cualquiera de las Cámaras. d) Cuando así lo soliciten las tres quintas partes de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
El control ordinario de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas no se ejercerá por el siguiente órgano: a) Tribunal Constitucional. b) Tribunal Supremo. c) Tribunal de Cuentas. d) Jurisdicción Contencioso-administrativa.
El Presidente de una Comunidad Autónoma es nombrado: a) Por el Rey. b) Por el Presidente del Gobierno. c) Por su Asamblea Legislativa. d) Ninguna es correcta.
Las competencias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución: a) Se consideran exclusivas del Estado. b) Pueden ser asumidas por las Comunidades Autónomas en función de sus Estatutos. c) Se consideran competencias compartidas. d) Son correctas a) y b).
Según el artículo 149.3 de la Constitución española el derecho estatal: a) Será, en todo caso, preferente al Derecho de las Comunidades Autónomas. b) Será, en todo caso, supletorio del Derecho de las Comunidades Autónomas. c) Será exclusivo. d) Será el aplicable, en todo caso, en las Comunidades Autónomas cuando sus Estatutos hayan asumido competencias.
Según el artículo 137 de la Constitución Española, la autonomía de las Entidades que determinan la organización territorial del Estado tiene como fin: a) La colaboración con la Administración Central. b) La gestión de sus respectivos intereses. c) Descentralizar el Estado. d) Desconcentrar el poder de los Poderes Públicos.
Cuál de las siguientes no es una competencia propia del Municipio: a) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. b) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. c) Protección de la salubridad pública. d) Administración de justicia.
¿En qué año se adhirió España a la Comunidad Europea? a) 1986 b) 1996 c) 1984 d) 1994.
Los Reglamentos comunitarios tienen eficacia: a) El Reglamento es una norma jurídica de Derecho comunitario con alcance general y eficacia directa. b) El Reglamento es una norma jurídica de Derecho comunitario con alcance general y eficacia Indirecta. c) Carecen de eficacia d) Ninguna de las respuestas es correcta.
La eficacia indirecta de algunas normas comunitarias, significa: a) Que solo establecen obligaciones para los Estados b) Que crean derechos individuales. c) Que se incorporan a los Derechos de los Estados a través de normas internas que los desarrollan. d) Ninguna de las respuestas es correcta.
El Fondo Social Europeo fue establecido en virtud de: a) Tratado de Roma b) Del acta única europea c) Del Tratado de Maastrich d) Del Tratado de Amsterdam.
La vigilancia de la salud tiene para el trabajador: a) Siempre carácter voluntario. b) Siempre carácter obligatorio. c) Siempre carácter voluntario, salvo que los representantes de los trabajadores dispongan lo contrario. d) Siempre carácter voluntario, salvo que su obligatoriedad esté dispuesta en una disposición legal.
Los Delegados de Prevención serán designados por: a) La Dirección de la Empresa. b) El Comité de Seguridad y Salud. c) Los Representantes del Personal. d) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La función de la vigilancia, control y exigencia de responsabilidad sobre la normativa sobre prevención de riesgos corresponde a: a) El Instituto Canario de Seguridad Laboral. b) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. c) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. d) Los Juzgados de lo Social.
De acuerdo con el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el sector público se considera integrado por las siguientes unidades: a) Únicamente la Administración central, que comprende el Estado y los organismos de la administración central. b) La Administración central, que comprende el Estado y los entes de la administración central, y las Administraciones de las Comunidades Autónomas. c) La Administración central, que comprende el Estado y los organismos de la administración central, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales, y las Administraciones de Seguridad Social. d) Ninguna de las anteriores es correcta.
Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, tanto para el conjunto de Administraciones Públicas como para cada uno de sus subsectores, conforme a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se fijarán: a) En el primer semestre de cada año. b) En el primer trimestre de cada año. c) En el último semestre de cada año. d) En el último trimestre de cada año.
El Fondo de Compensación lnterterritorial que prevé el artículo 158.2 de la Constitución española, destinado a gastos de inversión, distribuirá sus recursos: a) Entre los municipios más desfavorecidos. b) Entre las Comunidades Autónomas y las provincias, en su caso. c) Entre las provincias y municipios de menor renta por habitante, en su caso. d) Entre las regiones económicamente menos desarrolladas.
Conforme a lo que se establece en el artículo 16.3 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, el Fondo de Compensación se dotará anualmente y sus cuantías se destinarán: a) A gastos de inversión en los territorios comparativamente menos desarrollados. b) A gastos corrientes en los territorios comparativamente menos desarrollados. c) A gastos de inversión en los territorios comparativamente más desarrollados. d) Ninguna de las anteriores es correcta.
El derecho de acceso a la información pública regulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, corresponde: a) A cualquier persona que tenga un interés legítimo. b) A los ciudadanos españoles. c) Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública. d) A los interesados en un procedimiento.
22.- El derecho de acceso a la información pública regulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: a) La seguridad nacional. b) Las relaciones interiores. c) La seguridad privada. d) Ninguna es correcta.
23.- Indique la respuesta correcta. La Agencia Española de Protección de Datos: a) Es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal. b) No tiene personalidad jurídica. c) Depende del resto de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. d) Ninguna es correcta.
De acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, los datos serán: a) Exactos, y si fuere necesario, actualizados. b) Aproximados, y en ningún caso, actualizados. c) Exactos, y en ningún caso, actualizados. d) Aproximados, y si fuere necesario, actualizados.
La persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento, se denomina: a) Encargado del tratamiento. b) Responsable del tratamiento. c) El interesado. d) El afectado.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuál es la afirmación correcta: a) Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios no electrónicos, aun cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. b) Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. c) Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado no resulte obligado a recibirlas por esta vía. d) Ninguna respuesta es correcta.
27.- De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuál no es un derecho de las personas en sus relaciones con la Administración Pública: a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. b) A ser tratados con respeto e indiferencia por las autoridades y empleados públicos. c) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. d) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.
¿Dónde se recoge el derecho de las personas físicas a relacionarse electrónicamente con la Administración?: a) Artículo 14 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. b) Artículo 14 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. c) Artículo 14 Constitución española. d) Artículo 14 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Indicar la afirmación correcta en relación al servicio de notificaciones electrónicas: a) Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo. b) Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán únicamente a través de la dirección electrónica habilitada. c) Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia a través de la dirección electrónica habilitada o firma reconocida electrónicamente. d) Ninguna es correcta.
Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de: a) 5 días. b) 10 días. c) 15 días. d) 20 días.
Durante la instrucción del procedimiento el periodo de prueba tendrá una duración de: a) No inferior a cinco días ni superior a treinta días. b) No inferior a diez días ni superior a veinte días. c) No inferior a diez días ni superior a treinta días. d) Ninguna de las anteriores es correcta.
De acuerdo con el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los informes se emitirán: a) En el plazo de diez días, y serán, salvo disposición expresa en contrario, facultativos y no vinculantes. b) En el plazo de de quince días, y serán, salvo disposición expresa en contrario, preceptivos y no vinculantes. c) En el plazo de de diez días, y serán, salvo disposición expresa en contrario, facultativos y vinculantes. d) En el plazo de de quince días, y serán, salvo disposición expresa en contrario, no facultativos y vinculantes.
Contra la resolución de un recurso de alzada: a) No cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. b) Cabe interponer tanto el recurso extraordinario de revisión como recurso de reposición. c) Cabe interponer nuevamente recurso de alzada, así como el extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. d) Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.
¿Cuál es la afirmación es correcta? a) Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa tienen que ser recurridos necesariamente en reposición. b) Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa sólo pueden ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. c) Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. d) Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante cualquier orden jurisdiccional.
¿Cuál de los siguientes tipos contractuales está excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público? a) Los contratos de Servicios. b) Los contratos de Concesión de Servicios. c) Los Contratos de Servicios de Arbitraje y Conciliación. d) Los Contratos de Obras.
Sin perjuicio de lo establecido para los contratos centralizados, en los contratos de obras tienen la consideración de contratos menores aquellos de valor estimado: a) Inferior a 40.000 euros. b) Superior a 40.000 euros. c) Igual o superior a 50.000 euros. d) En 50.000 euros.
Cuando el órgano de contratación adjudique un contrato administrativo a un licitador justificadamente elegido tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos, se habrá seguido un procedimiento de, a) Diálogo competitivo. b) Negociado. c) Restringido. d) Simplificado.
En cuanto a su preparación y adjudicación, los contratos administrativos se regirán por: a) Únicamente por la Ley de Contratos del Sector Público. b) Únicamente por la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo. c) La Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las demás normas de derecho administrativo y en su defecto normas de derecho privado. d) Ninguna es correcta.
La Administración podrá iniciar la ejecución de una obra sin tramitar previamente el oportuno expediente de contratación: a) Cuando el presupuesto de ejecución no supere los 40.000 euros. b) Cuando se tramite por el procedimiento de emergencia. c) Cuando se tramite por el procedimiento de urgencia. d) En ningún caso se puede iniciar la ejecución de una obra sin la previa tramitación del oportuno expediente.
¿Cuándo podrán modificarse los contratos administrativos durante su vigencia? a) En ningún caso. b) Siempre que su valor estimado no supere los 40.000 euros. c) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y condiciones regulados en la Ley. d) Ninguna de las respuestas es correcta.
El procedimiento de responsabilidad patrimonial podrá solicitarse por los interesados: a) En cualquier momento. b) En el plazo de seis meses desde que se produjo la lesión. c) En cualquier momento, siempre que no haya prescrito su derecho a reclamar. d) En el plazo de dieciocho meses.
Los funcionarios de carrera que sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas serán declarados en situación de: a) Servicios Especiales. b) Servicio Activo. c) Servicio en otras Administraciones Públicas. d) Excedencia.
De conformidad con el Estatuto de Autonomía de Canarias, los poderes de la Comunidad Autónoma de Canarias se ejercen a través: a) Del Parlamento. b) Del Gobierno y los Cabildos Insulares. c) Del Gobierno, los Cabildos Insulares y los Ayuntamiento de los municipios de gran población. d) Del Parlamento, de la Presidencia y del Gobierno.
¿Quién ostenta la más alta representación de Canarias y la ordinaria del Estado en la Comunidad Autónoma? a) El Parlamento de Canarias. b) El Presidente del Gobierno de Canarias. c) El Presidente del Gobierno de España. d) Ninguno de los mencionados en las respuestas anteriores.
Bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno de Canarias y dentro de los límites del Estatuto de Autonomía, la Administración de la Comunidad Autónoma se organiza en: a) Comisiones Interdepartamentales. b) Consejerías. c) Delegaciones del Gobierno en las islas. d) Direcciones Territoriales.
Respecto a la sede de los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a) La sede del Presidente del Gobierno de Canarias alternará entre ambas capitales por períodos legislativos. b) El Vicepresidente residirá en la misma sede que el Presidente c) Las sedes de las Consejerías se distribuirán entre las Islas que componen la Comunidad Autónoma. d) Las sedes de las consejerías alternarán entre ambas capitales por períodos legislativos.
La violencia de género a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004 comprende: a) Únicamente actos de violencia física. b) Únicamente actos de violencia psicológica. c) Actos de violencia física y psicológica. d) Ninguna es correcta.
Indicar cuál afirmación es la correcta en relación con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: a) La Ley establece únicamente principios de actuación de los Poderes Públicos. b) La Ley se estructura en derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir toda forma de discriminación por razón de sexo. c) La Ley establece principios de actuación de los Poderes Públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público y privado, toda forma de discriminación por razón de sexo. d) Ninguna de las anteriores es correcta.
De acuerdo con la Ley 8/2015, de Cabildos Insulares, son órganos de gobierno necesarios de los Cabildos Insulares: a) El Pleno, el Presidente, el o los Vicepresidentes y el consejo de gobierno insular. b) Únicamente el Pleno, el Presidente y el o los Vicepresidentes. c) Únicamente el Pleno y el Presidente. d) Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.
Conforme al artículo 26 de la Ley 7/2015, 1 de abril, de Municipios de Canarias, con la finalidad de desarrollar adecuadamente sus funciones, los Concejales electos se constituirán en: a) Junta de portavoces. b) Junta de gobierno municipal. c) Asamblea de parlamentario. d) Grupos políticos municipales.
Los Estatutos de Autonomía podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. a) No es posible según nuestra Constitución. b) Es posible dicho supuesto previa autorización de las Cortes Generales. c) Si es posible según el artículo 145 de la Constitución Española. d) Si es posible entre comunidades autónomas que hayan accedido por la vía del artículo 143 de la Constitución Española.
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, tal y como establece su artículo 2, tiene por objeto: a) Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medias y el desarrollo de actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. b) Promover la seguridad de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. c) Promover la prevención de los riesgos ergonómicos y sociales. d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta.
Son principios de actuación de la Administración Pública, según el artículo 103.1 de la Constitución Española: a) Legalidad, independencia, eficacia y coordinación. b) Desconcentración, autonomía, imparcialidad y eficacia. c) Desconcentración, descentralización, subjetividad y jerarquía. d) Desconcentración, descentralización, eficacia, jerarquía y coordinación.
El Derecho Europeo... a) tiene primacía sobre los Derechos nacionales. b) no es de aplicación si es contrario a una norma nacional. c) deroga o anula con efectos inmediatos la norma nacional que sea contraria. d) ninguna de las anteriores.
Entre las medidas específicas recogidas en el artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo están: a) La evaluación del riesgo de acoso. b) La elaboración y difusión de códigos discriminatorios. c) La realización de campañas informativas o acciones de formación. d) Ninguna de las anteriores es cierta.
Según el artículo 103 de la Constitución Española, la ley regulará: a) El estatuto de los funcionarios públicos y el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de igualdad, esfuerzo, mérito y capacidad. b) Las peculiaridades del ejercicio del derecho a sindicación de los funcionarios públicos. c) El sistema de compatibilidades y prohibiciones de los funcionarios públicos. d) Las garantías para la eficacia en el ejercicio de las funciones de los funcionarios públicos.
Según la Constitución Española ¿cómo se organiza territorialmente el Estado? a) No existe organización territorial del Estado b) En Comunidades Autónomas, Provincias, Comarcas y Municipios c) En Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas d) En Ayuntamientos, en Diputaciones, en Cabildos y en el Estado.
Los contratos que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles, son: a) Contratos de servicios. b) Contratos de suministros. c) Contratos de obras. d) Contratos de gestión de servicios públicos.
El Tratado de la Unión Europea fue firmado en Maastricht: El 2 de octubre de 1997. El 26 de febrero de 2001. El 8 de abril de 1965. d) El 7 de febrero de 1992.
¿En qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se recogen los derechos del interesado en el procedimiento administrativo?: a) En el artículo 13. b) En el artículo 24. c) En el artículo 53. d) En el artículo 2.
La contratación administrativa en el sector público viene regulada en la actualidad por: a) La Ley 9/2016 de 8 de noviembre. b) La Ley 9/2017 de 8 de noviembre. c) La Ley 9/2015 de 31 de Octubre. d) La Ley 30/2007 de 31 de Octubre.
De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, es un derecho de los trabajadores: a) La vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. b) La participación en la empresa en las cuestiones relacionadas con la conciliación de la vida laboral y familiar. c) Recibir la información necesaria para el desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional. d) Ninguna de las anteriores.
El recurso extraordinario de revisión solo cabe contra ... a) los actos que ponen fin a la vía administrativa. b) los actos de trámite si estos deciden sobre el fondo del asunto. c) las resoluciones de los recursos de alzada. d) los actos firmes en vía administrativa.
Según establece la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, el órgano competente para resolver las solicitudes de acceso a la información pública de los Ayuntamientos es: a) el Pleno del Ayuntamiento. b) la Junta de Gobierno Local. c) la persona que ostente la Alcaldía. d) la Concejalía competente en materia de transparencia.
De acuerdo con el artículo 50 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público de Contratos del Sector Público, el procedimiento de recurso especial en materia de contratación se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de ... a) Diez días hábiles. b) Quince días hábiles. c) Veinte días hábiles. d) Treinta días hábiles.
En los procedimientos de responsabilidad patrimonial iniciados por un interesado, de acuerdo a lo contenido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo de prescripción del derecho a reclamar es de: a) Seis meses. b) Un año. c) Dos años. d) No prescribe.
Qué disposición vigente en la actualidad es la que adapta la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos: a) Real Decreto 67/2010, de 29 de enero. b) Decreto 168/2009, de 29 de diciembre. c) Decreto 73/2002, de 3 de junio. d) Ninguna es correcta.
De conformidad con el artículo 50 de la Ley 8/2015, de 1 de abril de Cabildos Insulares, son órganos de gobierno necesarios de los Cabildos Insulares: a) El pleno, el presidente, el o los vicepresidentes y el consejo de gobierno insular. b) El pleno, el presidente y el consejo de gobierno insular. c) El pleno, el presidente y el o los vicepresidentes. d) El presidente, el o los vicepresidentes y el consejo de gobierno insular.
La determinación del número, denominación y competencias de las Consejerías del Gobierno de Canarias es competencia: a) del Parlamento de Canarias. b) de la persona que ostente la Presidencia del Gobierno. c) de la persona que ostente la Presidencia del Parlamento. d) del Consejo de Gobierno.
Los Cabildos Insulares, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Canarias y con la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, son: a) instituciones y órganos de gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias. b) instituciones y órganos de gobierno, administración y representación de la Administración del Estado en Canarias. c) instituciones de la Comunidad Autónoma y órganos de gobierno, administración y representación de las islas del archipiélago canario. d) ninguna de las anteriores.
De acuerdo con la Constitución Española, el Estado podrá delegar en las Comunidades Autónomas: a) Todas las facultades y competencias que corresponden al Estado. b) Facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de delegación. c) Facultades de titularidad estatal que no incidan en la totalidad del territorio del Estado. d) Facultades en las materias expresamente señaladas en el Estatuto de Autonomía respectivo.
Frente a una resolución de un órgano competente de la Administración autonómica que inadmite una solicitud de acceso a información pública, puede interponerse: No cabe interponer reclamación ni recurso alguno, por tratarse de un acto de trámite. Únicamente recurso contencioso administrativo. Solo reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cabe interponer directamente recurso contencioso administrativo o bien, potestativamente, reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Según el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, no es una clase de empleado público: a) Funcionario de carrera. b) Funcionario eventual. c) Personal laboral. d) Funcionario interino.
El derecho de las personas a la protección de sus datos de carácter personal: a) Es un derecho fundamental expresamente recogido en la Constitución española de 1978. b) No está recogido explícitamente en la Constitución de 1978, sino que el Tribunal Constitucional lo considera como un derecho fundamental, vinculándolo con el artículo 18.4 de dicha Constitución. c) Es un derecho fundamental creado y regulado por una ley orgánica. d) Todas las respuestas son incorrectas.
De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 39/2015, todos los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas tienen derecho a: a) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. b) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos. c) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate.
Según la Ley 8/2015, de 1 de abril de Cabildos Insulares, el presidente del cabildo insular y los consejeros insulares son: a) Órganos directivos. b) Órganos complementarios. c) Órganos superiores. d) Todas son incorrectas.
Son instituciones y organismos de la Unión Europea: a) Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Comisión Europea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Comité Europeo de inversiones. b) Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Comisión Europea, Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y Defensor del Pueblo Europeo. c) Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Comisión Europea, Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y Comité Europeo de las Regiones. d) Todos los anteriores son incorrectas.
Sin perjuicio de los demás reconocidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es un derecho de los interesados en el procedimiento: a) A ser notificado de la identidad del instructor y del titular del órgano competente para resolver, una vez iniciado el procedimiento de oficio o a instancia de los propios interesados. b) A no presentar datos y documentos exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate. c) A obtener copia de los documentos contenidos en el procedimiento. d) A aportar documentos una vez emitida la propuesta de resolución por el órgano instructor.
Se define como “dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano, o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias”, según el artículo 38.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público: a) Sede electrónica. b) Administración electrónica. c) Pagina web de una Administración Pública. d) Estándar abierto.
Los Alcaldes: a) serán elegidos por los concejales mediante sufragio universal, igual, libre, directo y en acto público. b) podrán ser elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y en acto público. c) serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo en acto público. d) ninguno de los anteriores es cierto.
La Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito de sus competencias, en lo que respecta al ámbito laboral: a) No tiene competencias legislativas pero si reglamentarias. b) No tiene competencias ni legislativas ni reglamentarias. c) Tiene competencias legislativas pero no reglamentarias. d) Tiene competencias legislativas y reglamentarias.
El presidente de una Comunidad Autónoma es nombrado por: a) El Rey. b) Las Cortes Generales. c) La Asamblea Legislativa de entre sus miembros. d) El Consejo de Gobierno.
Las direcciones IP de los usuarios en Internet: a) deben ser consideradas como datos personales solo por los operadores de telecomunicaciones. b) deben ser considerada como datos personales a pesar de que la IP identifica un dispositivo y no a una persona concreta. c) no son consideradas como datos personales ya que no permiten asociar con facilidad una IP a una persona concreta. d) no son consideradas como datos personales ya que de su análisis se deduce el tráfico general y esta consideración no es considerada datos personales.
Los trabajadores y sus representantes si consideran que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo, podrán recurrir a: a) el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. b) la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. c) la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. d) todas son incorrectas.
En el marco de las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, establece que la legislación reguladora de los distintos sectores de actuación pública atribuirá a los cabildos insulares competencias en materia de: a) Sanidad y gestión hospitalaria. b) Asistencia social y servicios sociales. c) Vivienda. d) Coordinación de las policías municipales.
Son principios de la Ley 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera: a) principio de estabilidad presupuestaria, principio de sostenibilidad financiera, principio de plurianulidad, y principio de datos abiertos. b) principio de lealtad institucional, principio de responsabilidad, principio de plurianulidad y principio de estabilidad presupuestaria. c) principio de estabilidad presupuestaria, principio de sostenibilidad financiera, principio de responsabilidad, y principio de datos abiertos. d) la citada ley no establece en su contenido principio alguno.
Según el Título VIII Organización Territorial del Estado de la Constitución Española: a) Podría alterarse el mapa autonómico de una comunidad autónoma aunque estatutariamente no se estableciese en la norma institucional básica de dicha comunidad autónoma. b) Las Comunidades Autónomas pueden federarse para constituir una nueva Comunidad Autónoma. c) Se constituye una nueva Comunidad Autónoma cuando así se apruebe por las Diputaciones interesadas u órganos insulares correspondientes. d) Podría alterarse el mapa autonómico si estatutariamente se estableciese en la norma institucional básica de determinada comunidad autónoma.
En el Fondo de Compensación Interterritorial, según se recoge en la Ley 22/2001, de 27 de diciembre reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial, cuál de los siguientes se establece como criterio de distribución de mayor peso: a) saldo migratorio. b) paro. c) superficie. d) dispersión de la población en el territorio.
En el ámbito de la transparencia de las Administraciones Públicas, se entiende como Publicidad Activa: a) el derecho de cualquier persona a solicitar y obtener información pública. b) el derecho de cualquier persona a solicitar y obtener información pública que considere de su interés. c) el derecho de cualquier persona a solicitar y obtener información pública que considere de su interés, con los únicos límites que señale la ley. d) ninguno de los anteriores es correcto.
El responsable del contrato puede ser: a) Exclusivamente una persona física vinculada a entidad contratante. b) Una persona física o jurídica que debe estar vinculada a la entidad contratante. c) Exclusivamente una persona física vinculada a la entidad contratante o ajena a él. d) Una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.
¿Qué número de Consejerías se establece en el Decreto 119/2019 del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías? a) 9 b) 10 c) 11 d) 12.
La práctica de pruebas dentro del procedimiento administrativo se encuadra en la : a) Iniciación. b) Ordenación. c) Instrucción. d) Terminación.
¿Cuándo podrán modificarse los contratos administrativos durante su vigencia? a) En ningún caso. b) Siempre que su valor estimado no supere los 40.000 euros. c) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y condiciones regulados en la Ley. d) Todas son incorrectas.
El procedimiento de responsabilidad patrimonial podrá solicitarse por los interesados: a) En cualquier momento incluso si ha prescrito el derecho a reclamar. b) En cualquier momento posterior a un año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. c) En cualquier momento siempre y cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. d) Todas son incorrectas.
¿Qué titulación se exige para acceder a cuerpos y escalas de Grupo B de clasificación profesional del personal funcionario de carrera según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público? a) Estar en posesión del título universitario de Grado. b) No es necesario título alguno. c) Se establece en cincuenta. d) Será superior a setenta y cinco.
Según el Estatuto de Autonomía de Canarias, el número de diputados del Parlamento de Canarias: No será inferior a cincuenta ni superior a setenta y cinco. No será inferior a cuarenta ni superior a sesenta y cinco. Se establece en cincuenta. Será superior a setenta y cinco.
Establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que los actos administrativos, a menos que su natu- raleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, se producirán: a) Verbalmente. b) Por escrito a través de medios electrónicos o no electrónicos. c) Por escrito a través de medios electrónicos. d) Por escrito a través de medios no electrónicos.
¿Quienes gozan de la condición política de canarios según el Estatuto de Autonomía de Canarias? a) Las personas con nacionalidad española que, de acuerdo con las leyes del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Canarias. b) Las personas, con nacionalidad española o extranjera, residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma de Canarias y acrediten esta condición en el consulado de España correspondiente. c) Los descendientes de canarios, estén inscritos o no como españoles, si así lo solicitan, se considerarán integrados en la comunidad política autonómica, d) Las personas, con nacionalidad española o extranjera que, de acuerdo con las leyes del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Canarias.
¿Cuál de los siguientes tipos contractuales está excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público? a) Los contratos de Servicios. b) Los contratos de concesión de servicios. c) Los contratos de Servicios de Arbitraje y conciliación. d) Los contratos de obras.
¿En qué sección del Capítulo de Derechos y libertades de la Constitución Española se enmarca el derecho a la propiedad privada y a la herencia? a) De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. b) De los derechos y deberes de los ciudadanos. c) De los principios rectores de la política social y económica. d) De las garantías de las libertades y derechos fundamentales.
El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa por parte de la Administración: a) Será el que fije la norma reguladora del correspondiente procedimiento. b) No podrá exceder de tres meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea. c) En los procedimientos iniciados de oficio, se notificará la resolución cuando la Administración lo determine.
¿Cuál es el plazo máximo para que el órgano competente para resolver pueda expedir un certificado de silencio administrativo una vez solicitado por el interesado? a) 20 días b) 15 días c) 30 días.
En un procedimiento administrativo, los interesados tienen derecho: a) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. b) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento, incluso con posterioridad del trámite de audiencia. c) A actuar asistidos de asesor cuando lo considere conveniente la Administración.
El Gobierno del Estado a) Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Ley y su reglamento orgánico. b) Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. c) Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, a) Mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. b) Mediante ley, facultades correspondientes a materia de titularidad local que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. c) mediante ley de transferencia, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación.
El particular tiene derecho a ser indemnizado por la Administración Pública: a) Por todo daño que se le produzca en los términos establecidos en el Código Civil. b) De toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. c) Siempre que el daño alegado sea grave, efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
El plazo de prescripción de las infracciones administrativas: a) Comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. b) Será de tres años para las muy graves, dos años para las graves y un año para las leves. c) Comenzará a contarse desde el momento en el que la administración haya tenido conocimiento de su comisión.
11.- El Portal de la Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente, que deberán adecuarse a los siguientes principios: a) Operatividad y accesibilidad. b) Reutilización, interoperabilidad y accesibilidad. c) Información veraz, acceso libre y utilización segura.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los empleados públicos deberán actuar de acuerdo, entre otros, con los siguientes principios: a) Objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. b) Tipicidad, legalidad, irretroactividad, concurrencia, prescripción y respeto al ciudadano. c) Transparencia, legalidad, protección de datos y no discriminación.
Según el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿qué conceptos deberá expresarse en una resolución de concesión de subvención? a) Solicitante e importe. b) Solicitante o relación de solicitantes a los que se le concede la subvención, cuantía y especificación de su evaluación. c) Concepto de la subvención, interesado e importe.
Según el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿qué se considera subvención nominada? a) La que figura en el estado de gastos del presupuesto con beneficiario e importe. b) Aquella cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario figuran en el estado de gastos de los presupuestos. c) Las impuestas por una norma de rango legal.
La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratado, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otro en situación comparable, se considera: a) Discriminación directa por razón de sexo. b) Discriminación indirecta por razón de sexo c) Acoso por razón de sexo.
Una funcionaria de la Comunidad Autónoma de Canarias con una antigüedad de un año, ¿puede solicitar excedencia por razón de violencia de género? a) No, porque no tiene la antigüedad exigida. b) Tiene derecho sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos. c) Tiene que llevar un periodo de 5 años en activo.
En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en: a) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. b) La legislación autonómica correspondiente. c) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común o, en su defecto, en la legislación autonómica correspondiente.
Con carácter general, la actuación de una Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante: a) Certificado electrónico del titular del órgano o empleado público. b) Sello electrónico del titular del órgano o empleado público. c) Firma electrónica del titular del órgano o empleado público.
Según el artículo 141. 1 de la Constitución Española, la provincia es: a) Una entidad local con personalidad jurídica plena, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. b) Una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las tres cuartas partes del Congreso de los Diputados y del Senado. c) Una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
De conformidad con el Estatuto de Autonomía de Canarias, a) La Presidencia designa y separa libremente a la persona titular de la Vicepresidencia y a los restantes miembros del Gobierno, dirige y coordina su actuación y, como titular de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, ostenta la más alta representación de Canarias y la ordinaria del Estado. b) La Presidencia designa y separa al titular de la Vicepresidencia y a los restantes miembros del Gobierno, coordina su actuación y, como titular de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, ostenta la más alta representación de Canarias y la ordinaria del Estado en la Comunidad Autónoma. c) La Presidencia designa y separa libremente a la persona titular de la Vicepresidencia y a los restantes miembros del Gobierno, dirige y coordina su actuación y, como titular de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, ostenta la más alta representación de Canarias y la ordinaria del Estado en la Comunidad Autónoma.
23.- El recurso de alzada: a) Deberá interponerse ante el órgano que dicto el acto que se impugna. b) Tendrá que interponerse en el plazo de 10 días si el acto fuera expreso. c.) Podrá interponerse ante el órgano que dicto el acto que impugna o ante el competente para resolverlo.
El recurso contencioso administrativo: a) Sólo es admisible ante los actos definitivos que ponen fin a la vía administrativa; b) Se regula en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; c) Es admisible contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
¿Cuál de las siguientes situaciones administrativas no está establecida en el Estatuto Básico del Empleado Público? a) Servicio activo b) Excedencia c) Expectativa de destino.
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en un expediente de tramitación de urgencia el plazo para la emisión de los informes es de 5 días. No obstante, cuando la complejidad del expediente impida su cumplimiento, dicho plazo se puede prorrogar hasta: a) No cabe la posibilidad de prorrogar el plazo. b) 15 días. c) 10 días.
¿Cuál de estas afirmaciones sobre los funcionarios interinos no es correcta? a) Los funcionarios interinos son aquellos que son nombrados por necesidad o urgencia, para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera. b) Es posible nombrar funcionarios interinos por exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses dentro de un periodo de doce meses. c) Los funcionarios interinos no tienen derecho a trienios.
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: a) No es de aplicación a las relaciones entre las administraciones públicas y el personal a su servicio. b) No será de aplicación, en ningún caso, a las funciones públicas de Policía, seguridad y resguardo aduanero. c) Tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.
Entre las funciones del Diputado del Común se encuentra: a) La defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos reconocidos en la Constitución, frente a la vulneración producida por acciones u omisiones de las administraciones públicas canarias. b) Dictaminar sobre la adecuación de las iniciativas legislativas a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Canarias. c) La fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma y demás entes públicos de Canarias.
Corresponde a la Audiencia de Cuentas de Canarias: a) El fomento y análisis de la transparencia pública y del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. b) La interposición de recursos de inconstitucionalidad en materias de su competencia. c) Fiscalizar los contratos suscritos por la Administración de la comunidad autónoma y demás entes del sector público.
Es función del Consejo Consultivo de Canarias dictaminar la adecuación a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Canarias de: a) Las iniciativas legislativas, únicamente. b) Las iniciativas legislativas, los decretos-leyes sometidos a convalidación del Parlamento, los proyectos de decretos legislativos y la interposición de recursos de inconstitucionalidad por parte del Parlamento o del Gobierno, así como los planteamientos de conflictos de competencia. c) Los decretos-leyes sometidos a convalidación del Parlamento y los proyectos de decretos legislativos, pero no de las iniciativas legislativas ni la interposición de recursos de inconstitucionalidad.
El anteproyecto del estado de ingresos de la Comunidad Autónoma se elaborará por: a) Cada una de las Consejerías, que deberán remitirlo a la Consejería de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos, antes del primero de agosto. b) Cada una de las Consejerías, que deberán remitirlo a la Consejería de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos, antes del primero de junio. c) La Dirección General de Planificación y Presupuesto.
¿En qué supuesto la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no obliga al órgano de contratación a tramitar un expediente de contratación? a) En la tramitación de urgencia. b) En la tramitación de emergencia. c) En la tramitación plurianual.
En la estructura de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, la estructura funcional y de programas, estructura económica, estructura orgánica y estructura territorial se aplica a: a) Los estados de gastos. b) Los estados de ingresos. c) Los estados de ingresos y gastos.
Entre las instituciones de la Unión Europea, corresponde al Consejo: a) Ejercer conjuntamente con el Parlamento Europeo la función legislativa y la función presupuestaria. b) Velar por que se apliquen los Tratados y las medidas adoptadas por las instituciones en virtud de éstos. c) Dar a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definir sus orientaciones y prioridades políticas generales.
Según el artículo 38.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias, se denomina: a) Portal de Internet. b) Sede electrónica. c) Portal de transparencia.
Cuando dos o más Administraciones Públicas, de manera voluntaria y en ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción común, están actuando con arreglo al principio de: a)Coordinación. b)Colaboración. c) Cooperación.
40.- En general, las personas físicas en sus relaciones con las Administraciones públicas: a) Están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos. b) Están obligadas a relacionarse a través de medios no electrónicos. c) Podrán elegir si se relacionan a través de medios electrónicos o no.
El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas: a) No puede ser modificado por aquella en ningún momento. b) Únicamente puede ser modificado por aquella dentro de los 10 días siguientes al inicio del procedimiento. c) Puede ser modificado por aquella en cualquier momento.
La notificación al interesado, ¿en qué plazo debe cursarse por parte de la Administración? a) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. b) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de quince días naturales a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. c) Toda notificación deberá ser cursada cuando la administración lo considere conveniente y nunca podrá superar el plazo de treinta días.
¿Qué actos administrativos de los que se relacionan tendrían la condición de anulables? a) Los actos de las Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento Jurídico, incluso la desviación de poder. b) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. c) Los dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia o el territorio.
A tenor de lo dispuesto en la Constitución Española de 1978, los actos del Rey: a) Serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso. b) Serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Parlamento. c) Serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente de Las Cortes.
Al ejercer el derecho de rectificación de datos de carácter personal, el afectado deberá indicar en su solicitud: a) A qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse, acompañando, si fuera necesario, la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento. b) A qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse, acompañando los nuevos datos que deberán ser incluidos en el fichero correspondiente. c) Nombre, apellidos, documento nacional de identidad y estado civil actual.
El personal eventual al servicio de las Administraciones Públicas es aquel que: a) Ha sido contratado en virtud de un contrato eventual de los regulados en el artículo 15 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. b) En virtud de nombramiento y con carácter no permanente, realiza funciones de alta dirección y gestión con cargo al presupuesto general del estado. c) En virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial.
Según la Constitución: a) La circunscripción electoral es el Partido Judicial. b) El Senado es la Cámara de representación territorial. d) El Congreso es la Cámara de representación territorial.
El titular de la soberanía nacional, según la Constitución, es: a) El Rey. b) Las Cortes Generales. c) El pueblo español. d) Los Poderes públicos.
Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Constitución: a) Vincula a todos los poderes públicos y solo podrán ser desarrollados por Ley. b) Podrán tutelarse por los Tribunales ordinarios a través de un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. c) Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen. d) Serán susceptible de protección a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
¿Qué tiempo ha de transcurrir para que las Comunidades Autónomas puedan ampliar sus competencias, mediante la Reforma de sus Estatutos?: a) Un año. b) Dos años. c) Tres años. d) Cinco años.
Según la Constitución Española, en un municipio: a) Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales. b) Los Alcaldes serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal. Los Concejales serán elegidos por el Alcalde. c) Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. d) Ninguna de las anteriores es correcta.
En el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la inadmisión de la solicitud de acceso a la información: a) No será motivada. b) Será motivada. c) Podrá ser motivada. d) Ninguna es correcta.
¿Quién ejerce el control económico y presupuestario de las Comunidades Autónomas?: a) El Congreso y el Senado. b) El Senado. c) El Fondo de Compensación Interterritorial. d) El Tribunal de Cuentas.
Al entrar en vigor el Acta Única Europea, ¿cuántos Estados eran miembros de la Unión Europea?: 6 9 12 15.
Señala el Tratado por el que se modifica sustancialmente el Tratado de la Unión Europea: a) El Tratado de la Unión Europea. b) El Tratado de Maastricht. c) El Tratado de Paris. d) El Tratado de Lisboa.
¿Qué acto legislativo de la Unión Europea tiene alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y es directamente aplicable en cada Estado miembro?: a) La directiva. b) La decisión c) El reglamento. d) La recomendación.
A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente que la notificación contenga, cuando menos: a) Si la resolución o acto notificado es o no definitivo en vía administrativa. b) Los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlo. c) Los recursos administrativos que procedan. d) El texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.
De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en sus relaciones con los ciudadanos, la Administración, entre otros, actúa de conformidad con el principio de: a) Oficialidad. b) Justicia. c) Operatividad. d) Transparencia y participación.
La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento de datos personales se denomina: a) Encargado del tratamiento. b) Responsable del tratamiento. c) El interesado. d) El afectado.
¿Cuándo exigirá la Administración de oficio, de sus autoridades y demás personal a su servicio, la responsabilidad patrimonial en que hubieran podido incurrir?: a) Siempre. b) Cuando hubieran incurrido en ella por dolo, culpa o negligencia. c) Cuando hubieran incurrido en ella por dolo, culpa o negligencia graves. d) Cuando hubieran incurrido en ella por dolo.
El error en la calificación del recurso administrativo por parte del recurrente: a) Impedirá su tramitación. b) Provocará su subsanación a requerimiento de la Administración. c) No será obstáculo para su tramitación si se deduce su verdadero carácter. d) Necesitará su correcta calificación por el recurrente.
Las Comunidades Autónomas: Gozan de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. No gozan de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. Gozan de autonomía financiera para el desarrollo de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles, sin embargo no gozan de esa autonomía para la ejecución de sus competencias. Gozan de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias sin que sea aplicable el principio de coordinación con la Hacienda estatal.
Los Estatutos de Autonomía tienen rango de: Constitución autonómica. Ley Ordinaria. Ley Orgánica. Ley constitucional.
Los Estatutos de Autonomía Son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma. Forman parte del ordenamiento jurídico general. Se aprueban por ley ordinaria. Todas las respuestas anteriores son falsas.
El Estado se organiza territorialmente, según el artículo 137, de la CE en: Comunidades Autónomas y municipios. Provincias y municipios. Municipios, provincias y Comunidades Autónomas. Comunidades Autónomas y Regiones.
¿Qué Fondo contribuirá a la financiación de ayudas orientadas a reforzar la cohesión económica, social y territorial corrigiendo los principales desequilibrios regionales de la Unión a través del desarrollo sostenible y el ajuste estructural de las economías regionales, así como de la reconversión de las regiones industriales en declive y de las regiones con un retraso de desarrollo? El FEDER. El Fondo Social. El Fondo de Cohesión. Todos ellos.
Se entiende por riesgo laboral grave e inminente: Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. Aquel que resulte cierto racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro mediato pero no pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. Aquel que resulte improbable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato o pueda su- poner un daño grave la salud de los trabajadores.
Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente: Las características del centro de trabajo y las condiciones personales del trabajador. La severidad del daño y la probabilidad de que se produzca. La existencia de procesos, actividades, operaciones, equipos o productos «potencialmente peligrosos» y con las medidas preventivas adoptadas. El tipo de riesgo y el número de posibles afectados.
El principio de estabilidad presupuestaria se tendrá en cuenta en: a) La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. b) No será necesariamente coherente con la normativa europea. c) Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de déficit estructural. d) Se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de desequilibrio financiero.
El Fondo de Compensación lnterterritorial que prevé el artículo 158.2 de la Constitución española, destinado a gastos de inversión, distribuirá sus recursos: a) Entre los municipios más desfavorecidos. b) Entre las Comunidades Autónomas y las provincias, en su caso. c) Entre las provincias y municipios de menor renta por habitante, en su caso. d) Entre las regiones económicamente menos desarrolladas.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración: Están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración. Pueden elegir el medio a través del cual se relacionarán con la Administración. Deben estar inscritos en una lista de confianza con carácter previo. Ninguna es correcta.
De conformidad con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso potestativo de reposición es de: Un mes, y contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. Dos meses, y contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. Un mes, y contra la resolución de un recurso de reposición podrá interponerse de nuevo dicho recurso. Dos meses, y contra la resolución de un recurso de reposición podrá interponerse de nuevo dicho recurso.
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la caducidad del procedimiento se producirá: a) Transcurridos dos meses. b) Transcurridos tres meses. c) Transcurridos cuatro meses. d) Transcurridos seis meses.
Están obligados a relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos: a) Las personas físicas. b) Quienes representen a una persona física o jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional que requiera colegiación obligatoria, para los trámites relacionados con la misma. d) Ninguna es correcta.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición son derechos: a) Personalísimos y dependientes. b) Son personalísimos y serán ejercidos por el afectado. c) Transmisibles y dependientes. d) Transmisibles e independientes.
El recurso de alzada: a) Deberá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna. b) Tendrá que interponerse en el plazo de 10 días, si el acto fuera expreso. c) Podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. d) Únicamene cabe contra actos que pongan fin a la vía administrativa.
En la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Se elimina la división entre administrado e interesado y pasa a regular de forma única y general los derechos de los ciudadanos. b) Con respecto a los administrados, la ley sólo se ocupa de regular el procedimiento electrónico contemplado en el art. 14 de la Ley. c) Existe una clara división entre los derechos de las personas y los derechos del interesado que aparecen regulados en distintos artículos. d) La ley sólo enumera los derechos del interesado como parte de un procedimiento administrativo.
La creación de sedes electrónicas en la Comunidad Autónoma de Canarias se realizará mediante: a) Una instrucción de la Dirección General de telecomunicaciones de la Comunidad Autónoma publicada en el Boletín Oficial de Canarias. b) Una orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. c) Mediante un Decreto de la Presidencia del Gobierno. d) Mediante una orden del titular de la consejería correspondiente o resolución del órgano compe- tente del organismo público, publicada en el Boletín Oficial de Canarias.
¿Cuál de los siguientes tipos contractuales está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público?: a) Los contratos de Servicios. b) Los contratos de Concesión de Servicios. c) Los Contratos de Servicios de Arbitraje y Conciliación. d) Los Contratos de Obras.
Sin perjuicio de lo establecido para los contratos centralizados, en los contratos de obras tienen la consideración de contratos menores aquellos de valor estimado: a) Inferior a 40.000 euros. b) Superior a 40.000 euros. c) Igual o superior a 50.000 euros. d) De 50.000 euros.
Con carácter general, los contratos administrativos se regirán en cuanto a su preparación y adju- dicación por: a) Únicamente por la Ley de Contratos del Sector Público. b) Únicamente por la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo. c) La Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las demás normas de derecho administrativo y en su defecto normas de derecho privado. d) Ninguna es correcta.
La Administración podrá iniciar la ejecución de una obra sin tramitar previamente el oportuno expediente de contratación: a) Cuando el presupuesto de ejecución no supere los 40.000 euros. b) Cuando se tramite por el procedimiento de emergencia. c) Cuando se tramite por el procedimiento de urgencia. d) En ningún caso se puede iniciar la ejecución de una obra sin la previa tramitación del oportuno expediente.
¿Cuándo podrán modificarse los contratos administrativos durante su vigencia?: a) En ningún caso. b) Siempre que su valor estimado no supere los 40.000 euros. c) Con carácter general, cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y condiciones regulados en la Ley. d) Ninguna de las respuestas es correcta.
El procedimiento de responsabilidad patrimonial podrá solicitarse por los interesados: a) En cualquier momento. b) En el plazo de seis meses desde que se produjo la lesión. c) En cualquier momento, siempre que no haya prescrito su derecho a reclamar. d) En el plazo de dieciocho meses.
El plazo para ejercitar la acción de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas es: a) Seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. b) Un año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. c) 18 meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. d) Dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular: a) Devengarán retribuciones y les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. b) No devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. c) Devengarán retribuciones, pero no les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. d) No devengarán retribuciones, pero les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.
De acuerdo con el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias ¿quién tiene la condición política de canarios a los efectos del Estatuto de Autonomía ? a) Todos los ciudadanos que residan en Canarias. b) Los ciudadanos españoles y extranjeros que tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Canarias c) Las personas con nacionalidad española que, de acuerdo con las leyes del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Canarias. d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
Respecto a la sede de los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias: a) La sede del Presidente del Gobierno de Canarias alternará entre las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife por períodos legislativos. b) La sede de la Vicepresidencia se ubicará en la misma sede que la Presidencia. c) El Parlamento de Canarias tiene su sede en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. d) El Tribunal Superior de Justicia de Canarias tendrá su sede en la ciudad de Santa Cruz de Teneri- fe.
43.- Bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno de Canarias y dentro de los límites del Estatuto de Autonomía, la Administración de la Comunidad Autónoma se organiza en: a) Comisiones Interdepartamentales. b) Consejerías. c) Delegaciones del Gobierno en las islas. d) Direcciones Territoriales.
Las Secretarías Generales Técnicas son: a) Órganos a los que corresponde un sector material de las funciones del Departamento. b) Órganos horizontales de coordinación administrativa general de los Departamentos. c) Unidades administrativas de apoyo a los órganos departamentales y de preparación, ejecución y documentación de sus decisiones. d) Ninguna de las respuestas es correcta.
Para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, las Administraciones Públicas negociarán con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores: a) Un protocolo de actuación que garantizará la publicidad de las denuncias con el fin de dar el mayor conocimiento posible sobre las mismas. b) Un protocolo de actuación con, entre otras cosas, la instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas y su derecho a la intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres. c) Un conjunto de medidas disciplinarias que servirán de base para la tramitación de los correspondientes expedientes sancionadores ante situaciones de acoso sexual y por razón de sexo. d) Ninguna de las anteriores es correcta.
La violencia de género a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004 comprende: a) Todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las ame- nazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. b) Únicamente actos de violencia física. c) Únicamente las agresiones a la libertad sexual. d) Ninguna es correcta.
Se considera discriminación indirecta por razón de sexo: a) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. b) La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro. c) Cualquier conducta que reconozca ventajas a personas de un determinado sexo para conseguir un trato igualitario con respecto a personas del otro. d) Ninguna es correcta.
La violencia de género a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004 no incluye como violencia de género: a) Las amenazas. b) La privación legal de libertad. c) Las agresiones a la libertad sexual. d) Las coacciones.
En relación con las competencias de los municipios de Canarias, la Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias: a) Contiene algunas determinaciones relativas a las competencias de los municipios, pero no contiene ningún listado de materias. b) No contiene ninguna determinación relativa a las competencias de los municipios canarios. c) Contiene un listado de materias respecto de las cuales los municipios asumirán como propias las competencias que les asignen las Leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias. d) Establece que los municipios solo pueden ejercer las competencias que les deleguen los Cabildos Insulares en su condición de institución de la Comunidad Autónoma de Canarias.

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