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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Ley 39
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Título del Test:
Ley 39

Descripción:
Ley 39 (arts. 53 a 83)

Autor:
Manuel
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Fecha de Creación:
20/04/2024

Categoría: Oposiciones

Número Preguntas: 36
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Temario:
1. De acuerdo con el artículo 57 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra el acuerdo de acumulación de procedimientos: Cabe recurso de alzada. No cabe recurso alguno. Cabe recurso potestativo de reposición. Cabe recurso extraordinario de revisión. .
2. NO forman parte del expediente administrativo, conforme al artículo 70 de la Ley 39/2015: Los informes solicitados antes de la resolución definitiva. Las alegaciones del interesado. Los informes preceptivos. La información de carácter auxiliar.
3. Según el artículo 72 de la Ley 39/2015, el principio, en virtud del cual, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo, se denomina: Principio de celeridad administrativa. Principio de unidad administrativa. Principio de eficiencia administrativa. Principio de simplificación administrativa.
4. Según el artículo 76.1 de la Ley 39/2015, los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento administrativo, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, siempre que lo hagan: Con posterioridad al trámite de audiencia, pero antes de que se realice la propuesta de resolución. Solo con la solicitud o, en su caso, con la subsanación y mejora de la solicitud. Con anterioridad a la propuesta de resolución. Con anterioridad al trámite de audiencia.
5. ¿Cuáles son las formas de iniciación de los procedimientos administrativos, según establece la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas? De oficio, a instancia de parte o mediante denuncia. De oficio, en todo caso. Siempre será necesario una instancia por escrito del ciudadano ante el órgano correspondiente. De oficio o a solicitud del interesado.
6. En procedimientos de responsabilidad patrimonial iniciados por un interesado, según el artículo 67 de la Ley 39/2015, el plazo de prescripción del derecho a reclamar es de: Dos años. Es un derecho que no prescribe. Seis meses naturales. Un año.
7. Según el artículo 62 de la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta en relación con el inicio de un procedimiento administrativo por denuncia: Las denuncias expresarán la identidad de la persona y su presentación confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. No cabe en el ordenamiento administrativo español. Las denuncias serán anónimas pero su presentación no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. Las denuncias expresarán la identidad de la persona pero su presentación no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.
8. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o para el ejercicio de un derecho, se denomina: Declaración responsable. Comunicación. Denuncia Solicitud de iniciación del procedimiento. .
9. De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 39/2015, en un procedimiento administrativo cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que este tiene: Carácter vinculante. Carácter preceptivo. Carácter preceptivo y vinculante. Carácter potestativo y no vinculante. .
10. De conformidad con la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta respecto a los procedimientos de responsabilidad patrimonial: En el caso de reclamaciones por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial. En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial se podrá solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento, haya ocasionado la presunta lesión indemnizable. En caso de emitirse, el dictamen del Consejo de Estado se emitirá en el plazo de dos meses y se pronunciará únicamente sobre la existencia o no de relación de causalidad. Cuando la indemnización reclamada sea de cuantía superior a 30.000 euros será preceptivo dictamen del Consejo de Estado. .
11. La Ley 39/2015 indica en su artículo 63 que el inicio del procedimiento sancionador se caracteriza por lo siguiente: Se iniciará de oficio o a instancia de parte por acuerdo del órgano competente. Se podrá imponer una sanción económica con carácter previo al inicio del procedimiento. Si el inculpado al inicio del procedimiento presenta un pliego de cargos, la posible multa se le reduce a la mitad. Se encomiendan a distintos órganos la fase instructora y la fase sancionadora.
12. Respecto a la acumulación de procedimientos, el artículo 57 de la Ley 39/2015 establece que: La acumulación tiene lugar en procedimientos en que un órgano tramita y su superior jerárquico es el encargado de resolver. El acuerdo de acumulación puede ser objeto de recurso de reposición ante el órgano que decretó la acumulación. Si un interesado está inmerso en una pluralidad de procedimientos ante distintos órganos, es posible acumularlos para que los resuelva un único órgano. La acumulación puede decretarse por el órgano administrativo tanto de oficio como a instancia de parte.
13. Según el artículo 56 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, NO es una medida provisional que puede acordarse en el procedimiento administrativo: La consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen. El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble. La que pueda causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados. La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas. .
14. Según el artículo 71 de la Ley 39/2015, el impulso del procedimiento tendrá lugar respetando: Los principios de transparencia y publicidad. Los principios de eficacia e irretroactividad. Los principios de jerarquía y celeridad. Los principios de simplicidad y urgencia. .
15. En relación con la iniciación de un procedimiento administrativo, la Ley 39/2015 establece que: En el inicio de un procedimiento por denuncia, cuando esta invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas, la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada. Podrá formular el interesado recurso administrativo contra la decisión de acumulación a otros procedimientos con los que guarde identidad sustancial o intima conexión. En los procedimientos de naturaleza sancionadora la petición razonada de otros órganos vincula al órgano competente para la iniciación del correspondiente procedimiento. Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán de oficio o a solicitud de parte interesada. .
16. De acuerdo con la Ley 39/2015, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial iniciados por un interesado, en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo para ejercer el derecho a reclamar empezará a computarse: Desde el momento en el que se produjo el hecho causante. Transcurrido un mes desde el hecho causante. El derecho a reclamar no prescribe. Desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
17. De acuerdo con la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta sobre el expediente administrativo: Si el instructor lo estima oportuno, el expediente contendrá copia electrónica certificada de la resolución adoptada. Cuando haya que remitir el expediente a otro órgano se incluirá un índice autentificado de los documentos que contiene. En el expediente debe constar el borrador de la resolución adoptada y un breve resumen de la misma. Un mismo documento administrativo solo puede formar parte de un expediente electrónico. .
18. La Ley 39/2015, regula el trámite de audiencia en el procedimiento administrativo y establece que: Será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, cuando estos formen parte del procedimiento. Antes del vencimiento del plazo, el órgano competente puede tener por realizado el trámite si considera que los interesados no podrán efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones. Los interesados, en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 30, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. No se podrá prescindir del trámite de audiencia aun cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. .
19. Según la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta en cuanto a los medios y periodos de prueba en el procedimiento: Todo documento formalizado por funcionarios en el que se recoja los hechos constatados por aquellos hará prueba de estos salvo que se acredite lo contrario. El instructor del procedimiento podrá rechazar cualquiera de las pruebas propuestas por los interesados mediante resolución motivada. Cuando la valoración de las pruebas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución. Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que este tiene carácter facultativo. .
20. En relación con la emisión de informes, la Ley 39/2015 señala que: El procedimiento queda paralizado hasta que no se recaben todos los informes que deban emitirse. Si un informe se emite fuera de plazo, podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos y no vinculantes. Los informes serán emitidos en papel, salvo que una norma exija que sea a través de medios electrónicos. .
21. De acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 39/2015, los procedimientos de naturaleza sancionadora: Se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, salvo acuerdo motivado del órgano competente para resolver. Se iniciarán de oficio o a instancia de parte y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. Se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. Se iniciarán siempre a instancia de parte y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, salvo acuerdo motivado del órgano competente para resolver. .
22. Según el artículo 81 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de: 1 mes. 6 meses 3 meses 2 meses.
23. De acuerdo con el artículo 65 de la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas pueden iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial: Siempre que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado. En cualquier momento. Una vez que haya prescrito la acción de reclamación de responsabilidad que corresponde al interesado. El procedimiento de responsabilidad patrimonial no puede iniciarse de oficio. .
24. Señale la respuesta correcta sobre las medidas provisionales del procedimiento administrativo común: No pueden adoptarse si causan un perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados. Se adoptarán antes del inicio del procedimiento por el órgano administrativo competente para resolver. Pueden consistir en la suspensión definitiva de la actividad. Si se adoptan antes del inicio del procedimiento deben confirmarse en el acuerdo de inicio del mismo, en un plazo de 5 días. .
25. De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 39/2015, en el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia: Será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de 2 meses. Será preceptivo el informe del Defensor del Pueblo que será evacuado en el plazo máximo de 2 meses. Será preceptivo el informe del Defensor del Pueblo que será evacuado en el plazo máximo de 3 meses. Será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de 3 meses. .
26. El artículo 65 de la Ley 39/2015 establece que el acuerdo de iniciación del procedimiento de responsabilidad patrimonial se notificará a los presuntamente lesionados, concediéndoles para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes, un plazo de: 5 días 15 días 10 días 20 días.
27. En relación con el inicio del procedimiento administrativo mediante denuncia, indique la respuesta correcta de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre: La denuncia supone la obligación de iniciar un procedimiento administrativo. La denuncia deberá ser anónima. El denunciante tendrá la condición de interesado en el procedimiento. Cuando la denuncia invoque un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Publicas la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada.
28. El artículo 72 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que se acordaran en un solo acto todos los tramites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultaneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo de acuerdo con el principio de: Homogeneidad administrativa. Agregación ordenada. Celeridad. Simplificación administrativa.
29. Según el artículo 81 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptiva el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de: 6 meses 1 mes 2 meses 3 meses.
30. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado, según el artículo 81 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros y el dictamen se emitirá en el plazo de dos meses. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 30.000 euros y el dictamen se emitirá en el plazo de un mes. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 30.000 euros y el dictamen se emitirá en el plazo de dos meses. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros y el dictamen se emitirá en el plazo de un mes. .
31. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que en la norma correspondiente se fije plazo distinto, los trámites que deban cumplimentarse por los interesados deberán realizarse en el plazo de: Quince días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. Quince días a partir del día de notificación del correspondiente acto. Diez días a partir del día de la notificación del correspondiente acto. Diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.
32. ¿Cuál de los siguientes NO es un derecho del interesado en el procedimiento administrativo? No presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa aplicable establezca lo contrario. Actuar asistido de asesor cuando lo considere conveniente para la defensa de sus intereses. Acceder y obtener los documentos contenidos en los procedimientos. Obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. .
33. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si un informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas y transcurriera el plazo sin que aquel se hubiera emitido: Podrán proseguirse las actuaciones y el informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la resolución. Deberán proseguir las actuaciones, salvo que se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso podrá suspenderse el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento. Podrán proseguirse las actuaciones, salvo que se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento. Deberán proseguir las actuaciones, y el informe emitido fuera de plazo deberá tenerse en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. .
34. Según la Ley 39/2015, el derecho a reclamar, en los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, prescribirá al año de haberse: Notificado la sentencia definitiva. Admitido a trámite la demanda. Notificado la sentencia declarativa. Interpuesto la demanda. .
35. De acuerdo con la Ley 39/2015, los informes emitidos en el procedimiento administrativo, salvo disposición expresa en contrario, serán: Facultativos y no vinculantes. Preceptivos y vinculantes. Facultativos y vinculantes. Preceptivos y no vinculantes. .
36. ¿Cuáles de los siguientes son derechos específicos del interesado en el procedimiento administrativo, según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas? Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación del procedimiento e identificar a las autoridades y personal responsables del mismo. Acceder a la información pública, archivos y registros, y tener la protección de datos de carácter personal. Acceder a la información pública, archivos y registros, y no presentar datos y documentos que ya se hallen en poder de las Administraciones Públicas. Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación del procedimiento, y ser tratado con respeto y deferencia por las autoridades y personal responsables del mismo.
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