Test ley de transparencia, acceso a la información pública

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Ley de Transparencia, acceso a la información pública

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Título del Test:
Ley de Transparencia, acceso a la información pública

Descripción:
Dcho de acceso a la información pública. Bueno Gobierno. El Consejo

Autor:

Nuvola

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Fecha de Creación:
10/04/2024

Categoría: Oposiciones

Número Preguntas: 40

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Temario:

La cualidad que permite y facilita el acceso de los ciudadanos a la información pública en poder de la Administración dentro de los límites establecidos por la legislación vigente, se conoce como: a) Accesibilidad b) Transparencia c) Objetividad d) Buen gobierno.
En el Capítulo I del Título I: "Transparencia de la actividad pública" de la Ley 19/2013, concretamente en el art. 3, se señala que serán objeto de aplicación de las disposiciones las entidades privadas: a) En cuyo capital social la participación, directa o indirecta, sea superior al 50% b) Que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 € o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 € c) Con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas d) Que tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.
En virtud del artículo 5.3 de la Ley 19/2013, cuando la información pública contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad solo se llevará a cabo: a) Previa disociación de los mismos b) Previo consentimiento de los afectados c) De forma personalizada d) De forma codificada.
En relación a la información institucional, organizativa y de planificación, el artículo 6 de la Ley 19/2013 dispone que: a) Todos los empleados públicos deberán publicar información relativa a las funciones que desarrollan b) Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución c) El grado de cumplimiento y resultados de los planes y programas anuales y plurianuales de las Administraciones Públicas en los que se fijen objetivos concretos deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en que se determine por la Administración General del Estado d) En el ámbito de la Administración General del Estado corresponde a las secretarías generales la evaluación del cumplimiento de estos planes y programas.
Según el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, relativo a la información de relevancia jurídica: a) Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán los proyectos de Reglamento cuya iniciativa les corresponda b) Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, no publicarán los proyectos de Reglamento cuya iniciativa les corresponda c) Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, no podrán publicar los Anteproyectos de Ley hasta su aprobación d) Las Administraciones Públicas no podrán publicar los proyectos de Decretos Legislativos cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos.
Conforme al artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, NO es necesario que los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de su Titulo I deban hacer pública, la siguiente información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria: a) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas b) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, con especial referencia a los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles c) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación del citado Título I. Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo d) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos así como las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos de la Administración General del Estado o asimilados según la normativa autonómica o local.
En virtud del artículo 11 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Portal de la Transparencia proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información, en base al principio de: a) Interoperabilidad b) Accesibilidad c) Reutilización d) Disponibilidad.
La iniciativa normativa de las Administraciones Públicas debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar la gestión de los recursos públicos, en aplicación del principio de: a) Accesibilidad b) Eficacia c) Simplicidad d) Seguridad jurídica.
El cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, podrá realizarse utilizando los medios electrónicos puestos a su disposición por la Administración Pública de la que provenga la mayor parte de las ayudas o subvenciones públicas percibidas cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a: a) 50.000 € b) 100.000 € c) 200.000 € d) 250.000 €.
La transparencia de la actividad pública, respecto a la casa de su Majestad el Rey: a) No se aplica b) Se aplica en todas sus actividades c) Se aplica en sus actividades sujetas al Derecho Administrativo d) Se aplica solo en sus actividades de índole política.
Para que se aplique la Ley 19/2013 a sociedades mercantiles, la participación en las mismas de entidades de Derecho Público debe ser superior al: a) 10% b) 20% c) 50% d) No se aplica en caso alguno dicha ley a este tipo de sociedades.
Qué define el artículo 13 de la Ley 19/2013 como, los contenido o documentos cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del Título I y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones: a) La información pública b) La publicidad activa c) La información de relevancia jurídica d) La información general.
A menos que el afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, cuando: a) La información contuviera datos personales que revelen la ideología afiliación sindical, religión o creencias. b) La información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual. c) La información contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor. d) La información incluyese datos genéticos o biométricos.
Si la información pública solicitada incluyese datos personales que hagan referencia a la salud: a) Solo se concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada. b) Solo podrá autorizarse el acceso al propio afectado o a su representante. c) Solo se podrá autorizar el acceso en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado. d) Solo se podrá autorizar el acceso en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si el acceso estuviera amparado por una norma con rango de ley.
Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes de acceso a la información: a) Relativas a los intereses económicos y turísticos. b) Relativas a la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. c) Relativas a la información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. d) Relativas a infraestructuras críticas.
No es una causa de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública: a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general. b) Que se dirijan a un órgano en cuyo poder no obre la información. c) Que sean manifiestamente repetitivas. d) Que se refieran a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.
Cuando la solicitud de información pública no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de: a) 10 días. b) 15 días. c) 20 días. d) 30 días.
En relación a la solicitud de acceso a la información pública, es cierto que: a) Los solicitantes de información podrán dirigirse a las Administraciones Públicas en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que radique la Administración en cuestión. b) El solicitante está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. c) El solicitante podrá exponer los motivos por los que solicita la información, en cuyo caso deberán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. d) La ausencia de motivación será por si sola causa de rechazo de la solicitud.
Conforme al artículo 18.1 de la Ley 19/2013, las solicitudes referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas: a) Están obligadas a indicar el motivo de la solicitud. b) Se admitirán previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información. c) Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada. d) Se entenderán dotadas de un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.
Según el artículo 19.3 de la Ley 19/2013, si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo, para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas, de: a) Siete días. b) Diez días. c) Quince días. d) Veinte días.
La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a información pública deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo haya solicitado en el plazo máximo, desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, de: a) 10 días. b) 15 días. c) 20 días. d) 1 mes.
El acceso a la información pública se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a: a) 5 días. b) 7 días. c) 10 días. d) 15 días.
La motivación de una solicitud de acceso a la información, según la Ley 19/2013: a) Es requisito ineludible para que se facilite la información. b) Será causa de rechazo de la solicitud. c) Las dos respuestas anteriores son ciertas. d) Se deja a la decisión del solicitante.
El acceso a la información pública requiere: a) Solicitud previa. b) Acreditación de la condición de interesado. c) Motivación expresa. d) La utilización de medios telemáticos.
Cuando la información pública solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ___________suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Señala la palabra que falta: a) Catalogación. b) Acreditación. c) Ponderación. d) Identificación.
Transcurrido el plazo máximo para resolver una solicitud de acceso a información pública sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá: a) Que la solicitud ha sido desestimada. b) Que la solicitud se inadmitía a trámite. c) Que el plazo para resolver queda prorrogado. d) Que se suspende el plazo para dictar resolución.
En relación a la formalización del acceso a información pública, es cierto que: a) El acceso a la información ha de realizarse por vía electrónica. b) Si ha existido oposición de tercero, el acceso solo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido dicho acceso, haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información. c) Si la información ya ha sido publicada, la resolución se ha de limitar a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella. d) En todo caso, la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original dará lugar a la exigencia de exacciones en los términos previsto en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable.
¿Qué organismo público se crea por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno con la finalidad de promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno? a) El Instituto Nacional de Ética y Gobernanza. b) La Comisión Ministerial de Lucha contra la Corrupción. c) La Inspección de Servicios Administrativos. d) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo procedimientos de acceso a la información pública: a) Tendrá la consideración de infracción grave. b) Tendrá la consideración de infracción muy grave. c) Tendrá la consideración de infracción leve. d) No tendrá la consideración de infracción.
El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en el capítulo II del título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, tendrá la consideración, a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora, de infracción: a) Grave. b) Leve. c) Muy grave. d) No constituye infracción administrativa.
Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, con carácter: a) Preceptivo. b) Potestativo. c) Colectivo. d) Extraordinario.
Según el artículo 24 de la Ley 19/2013, frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, en el plazo, a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, de: a) Quince días. b) Veinte días. c) Un mes. d) Tres meses.
El artículo 26 de la Ley 19/2013 desglosa los principios de buen gobierno a los que someterán su actuación los miembros del Gobierno y los altos cargos. Entre los principios generales que señala figura: a) No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad. b) Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias. c) Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección. d) No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones.
Con carácter previo a la elaboración de un proyecto o anteproyecto de ley o de un reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma. La consulta pública podrá omitirse cuando la propuesta normativa: a) Tenga un impacto significativo en la actividad económica. b) Imponga obligaciones relevantes a los destinatarios. c) Trate de normas presupuestarias u organizativas de la Administración Pública. d) Regule aspectos parciales de una materia.
Según el artículo 28 de la Ley 19/2013, se considera una infracción muy grave: a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de sus funciones. b) La omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos, cuando esta resulte preceptiva o del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos suspensivos de la intervención, regulado en la normativa presupuestaria. c) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. d) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
Según el artículo 30 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, los sancionados por la comisión de una infracción muy grave serán destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un período: a) Entre cinco y diez años. b) Entre dos y cinco años. c) Entre tres y quince años. d) No inferior a 10 años.
¿Qué tipo de organismo público, en virtud de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno? a) Autoridad administrativa independiente de ámbito estatal. b) Sociedad mercantil estatal. c) Entidad pública empresarial de ámbito estatal. d) Organismo autónomo.
Según el artículo 38 de la Ley 19/2013, en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene encomendada la función de: a) Informar. b) Asesorar. c) Promover. d) Colaborar.
Según el artículo 36 de la Ley 19/2013, ¿Cuántos miembros tiene la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno? a) Ocho. b) Doce. c) Quince. d) Veinte.
El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será nombrado mediante Real Decreto por un período no renovable de: a) Tres años. b) Cuatro años. c) Cinco años. d) Siete años.

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