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¿Cuál de los siguientes sujetos no estará obligado a intervenir a través de medios electrónicos con la Administración de Justicia?. El abogado de un interesado que esté obligado a ello. Los notarios y registradores. Las entidades sin personalidad jurídica. Las personas físicas.

Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, la organización de la nueva Oficina Judicial se determinará: Por el Consejo General del Poder Judicial con el informe de las Juntas de Jueces. Por la Administración Pública competente. Por un organismo nombrado por la Comunidad Autónoma. Por el Consejo General del Poder Judicial exclusivamente.

Se entiende por unidad procesal de apoyo directo: La unidad de la Oficina judicial que presta su apoyo a todos o a alguno de los órganos judiciales de su ámbito territorial, con independencia del orden jurisdiccional al que pertenezcan y la extensión de su jurisdicción. La unidad de la Oficina judicial que asume labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales. La unidad de la Oficina Judicial con funciones de registro y reparto, actos de comunicación, auxilio judicial, ejecución de resoluciones judiciales, jurisdicción voluntaria, mediación y ordenación del procedimiento. La unidad de la Oficina judicial que directamente asiste a jueces y magistrados en el ejercicio de las funciones que les son propias.

Según el artículo 435 de la LOPJ, la estructura básica de la Oficina judicial estará basada en los principios de: Jerarquía, división de funciones y coordinación. Eficacia, descentralización y desconcentración. División de funciones y desconcentración. Eficacia, descentralización, desconcentración y cooperación.

Asume labores centralizadas de gestión y apoyo, sin estar integrada en un órgano judicial, en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales: La unidad procesal de apoyo directo. La propia Oficina Judicial. El personal adscrito a cada Juzgado o Tribunal directamente. El servicio común procesal.

De conformidad al artículo 438.4 LOPJ, en razón de la actividad concreta que realicen, podrán estructurarse en secciones: Las unidades administrativas. La oficina judicial. Los servicios comunes procesales. Las unidades procesales de apoyo directo.

¿Qué órgano deberá elaborar y actualizar los códigos de conducta destinados a contribuir a la correcta aplicación de la normativa de protección de datos personales en la Oficina judicial y fiscal, adecuando los principios de la normativa general a los propios de la regulación procesal y organización de la Oficina judicial y fiscal?. El Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder judicial, y, en su caso, de la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Fiscal, previo informe del Ministerio de Justicia, y, en su caso, de las Cortes Generales. El Consejo General del Poder judicial, previo informe del Ministerio de Justicia, y, en su caso, de la Fiscalía General del Estado. Las Cortes Generales, previo informe del Ministerio de Justicia, y, en su caso, del Ministerio Fiscal.

De acuerdo con el Real Decreto-Ley 6/2023, ¿con qué nombre se conoce la dirección electrónica disponible para los ciudadanos y ciudadanas a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a cada una de las administraciones competentes en materia de Justicia?. El Registro Electrónico de Apoderamientos Judiciales. El Punto de Acceso General de la Administración de Justicia. La Carpeta Justicia. La sede judicial electrónica.

¿Qué tipo de unidades se distinguen dentro de la Oficina Judicial?. Servicios comunes procesales y Unidades procesales de apoyo directo. Unidades Administrativas y Unidades procesales de apoyo directo. Unidades procesales de apoyo directo y Unidades comunes. Unidades de Gestión y Unidades procesales de apoyo directo.

En la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Oficina Judicial se regula: En el Libro IV. En el Libro VI. En el Libro V. En el Libro VII.

¿Quién está al frente de cada servicio común procesal constituido en el seno de la Oficina judicial?. Un Letrado de la Administración de Justicia. Un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. Un funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Un juez.

Señale la afirmación correcta: El diseño de la Oficina judicial será rígido. Su dimensión y organización se determinarán, por el Ministerio de Justicia. El diseño de la Oficina judicial será flexible. Su dimensión y organización se determinarán, por la Administración pública competente. El diseño de la Oficina judicial será flexible. Su dimensión y organización se determinarán, por el Consejo General del Poder Judicial. El diseño de la Oficina judicial será rígido. Su dimensión y organización se determinarán, por la Administración General del Estado.

¿Qué comprenderá la unidad de la Oficina judicial?. Las unidades procesales de apoyo directo y servicios comunes procesales. Las unidades procesales de apoyo directo. Los puestos de trabajo de la misma, vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos. Los puestos de trabajo de la misma, vinculados funcionalmente por razón del territorio.

Señale la respuesta incorrecta en relación con la oficina judicial: Para crear servicios comunes procesales que asuman otras funciones distintas a las de registro y reparto, actos de comunicación, auxilio judicial, ejecución de resoluciones judiciales, jurisdicción voluntaria, mediación y ordenación del procedimiento, será preciso el informe no vinculante del Consejo General del Poder Judicial. En ningún caso el ámbito de la Oficina judicial podrá modificar el número y composición de los órganos judiciales que constituyen la planta judicial ni la circunscripción territorial de los mismos establecida por la ley. El elemento organizativo básico de la estructura de la Oficina judicial será la unidad. Al frente de cada servicio común procesal habrá un Letrado de la Administración de Justicia.

El artículo 438 de la LOPJ señala que, los Servicios Comunes Procesales prestarán su apoyo a todos o a alguno de los órganos judiciales de su ámbito territorial: Con independencia del orden jurisdiccional al que pertenezcan y la extensión de su jurisdicción. Del mismo orden jurisdiccional, si la extensión de su jurisdicción lo permite. Con independencia del orden jurisdiccional al que pertenezcan, si la extensión de su jurisdicción lo permite. Del mismo orden jurisdiccional, con independencia de la extensión de su jurisdicción.

En relación con los principios generales sobre el uso del correo electrónico o e-mail previstos en el Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia, señale la respuesta incorrecta: La utilización que se haga del correo electrónico respetará, en todo caso, la normativa al respecto desarrollada por la Administración Pública competente. La Administración suministra a cada usuario una dirección individual de correo electrónico, y deberá usarse con fines profesionales. Queda prohibida la utilización del correo electrónico para "actividades personales restringidas", en las que pueda haber alguna expectativa de privacidad o secreto en las comunicaciones. Se prohíbe expresamente la interceptación y/o uso autorizado del correo electrónico o e-mail de otros usuarios.

Con el objeto de cuantificar y analizar el proceso de implantación y uso de las tecnologías de la información y de la comunicación el Consejo General del Poder Judicial elaborará: Cada dos años el Informe de Recursos Tecnológicos de la Información en la Administración de Justicia. Cada año el Informe de Recursos Tecnológicos de la Información en la Administración de Justicia. No elaborará este informe ya que será elaborado por el Ministerio de Justicia cada dos años. Ninguna de las respuestas es correcta.

Señale la incorrecta. Las pautas incluidas en el Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia serán de aplicación: A todos los usuarios, sin perjuicio de las normas reguladoras de su respectivo Estatuto jurídico. A la utilización de los equipos informáticos fijos (desktops). En todo caso, a los equipos informáticos portátiles (laptops) a los que el usuario pudiera eventualmente tener acceso. A las comunicaciones realizadas a través de la red interna o Intranet, o de la red externa o Internet que en su caso se hubiera puesto a disposición de los usuarios.

Según el art. 236 septies LOPJ, se denegará el acceso a los datos objeto de tratamiento con fines jurisdiccionales cuando las diligencias procesales en que se haya recabado la información sean o hayan sido declaradas secretas o reservadas: En todo caso. Cuando el Juez lo acuerdo así expresamente mediante providencia. Cuando el Letrado de la Administración de Justicia lo acuerde así expresamente mediante decreto. Cuando el Juez lo acuerdo así expresamente mediante sentencia.

De acuerdo con el Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia, ¿de quién es propiedad el correo electrónico que la Administración suministra a cada usuario?. De la empresa correspondiente. Del usuario. De la Administración. Del Servicio técnico.

La realización de actuaciones judiciales mediante el sistema de videoconferencia se regula en el art. 137 bis LEC. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?. El tribunal velará por el cumplimiento del principio de publicidad, acordando las medidas que sean necesarias para que las actuaciones procesales que sean públicas y se celebren por este medio sean accesibles a los ciudadanos. Las partes, peritos y testigos que deban intervenir en cualquier actuación por videoconferencia lo harán desde la oficina judicial correspondiente al partido judicial de su domicilio o lugar de trabajo. En el caso de disponer de medios adecuados, dicha intervención también se podrá llevar a cabo desde el juzgado de paz de su domicilio o de su lugar de trabajo. El uso de medios de videoconferencia deberá solicitarse con la antelación suficiente y, en todo caso, siete días antes del señalado para la actuación correspondiente. Las actuaciones judiciales mediante videoconferencia, deberán de realizarse garantizando la accesibilidad universal.

¿Cuál es el elemento organizativo básico de la estructura de la Oficina judicial?. La unidad. El servicio. El área. El departamento.

El Reglamento UE 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos establece, con carácter general, que queda prohibido el tratamiento de datos personales: Que revelen el origen étnico o racial. Que revelen las opiniones políticas. Que revelen la afiliación sindical. Todas las respuestas son correctas.

De acuerdo con el Real Decreto-Ley 6/2023, ¿qué no forma parte del contenido mínimo de toda sede judicial electrónica?. Relación de sistemas de identificación y firma electrónica que, conforme a lo previsto en este real decreto-ley, sean admitidos o utilizados en la sede. Un enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos correspondientes. Normas de creación del registro o registros electrónicos accesibles desde la sede. Identificación del órgano, oficina judicial u oficina fiscal que origine la información que se deba incluir en la sede judicial electrónica.

La Oficina judicial podrá prestar su apoyo a órganos de ámbito: Nacional o de comunidad autónoma. Nacional, de comunidad autónoma, provincial, de partido judicial o de municipio. Nacional, de comunidad autónoma, provincial o de partido judicial. Nacional, de comunidad autónoma o provincial.

Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿cuántas unidades procesales de apoyo directo existirán con carácter general?: Una por Jurisdicción. Todas aquellas que la carga de trabajo de los órganos judiciales justifique su creación. Tantas como Juzgados, o en su caso, salas o secciones de Tribunales estén creados y en funcionamiento. Una por partido judicial.

Según el Real Decreto-Ley 6/2023, las inscripciones de los apoderamientos en el Registro Electrónico de Apoderamientos Judiciales: Podrán ser revocadas o prorrogadas por el poderdante en cualquier momento anterior a la finalización del plazo máximo de 5 años de validez de la inscripción. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al apoderamiento tendrán una validez determinada máxima de 3 años a contar desde la fecha de inscripción o, en su caso, de la última prórroga. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al apoderamiento tendrán una validez determinada máxima de 2 años a contar desde la fecha de inscripción o, en su caso, de la última prórroga. Podrán ser revocadas o prorrogadas por el poderdante en cualquier momento.

Los órganos y oficinas judiciales y fiscales podrán realizar actos de comunicación en las direcciones de correo electrónico que los ciudadanos elijan, siempre que en el momento del acceso al contenido de la comunicación se genere automáticamente y de forma independiente a la voluntad del ciudadano un acuse de recibo acreditativo: Del día de la remisión del acto de comunicación. De la hora de la recepción integra de su contenido. Del día y hora de la recepción integra de los documentos adjuntos al acto de comunicación. Todas son correctas.

De acuerdo con el artículo 39 del Real Decreto-Ley 6/2023, ¿qué será necesario para que el documento judicial electrónico tenga la consideración de documento público?. Que lleve asociado un sello o firma electrónica, en el que quede constancia del órgano emisor, fecha y hora de su presentación o creación. Que contenga información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico. Que contenga metadatos que posibiliten la interoperabilidad. Que incorpore la firma electrónica del letrado o letrada de la Administración de Justicia, siempre que se produzca en el ámbito de las competencias que tuviesen asumidas conforme a las leyes procesales.

Según el Reglamento (UE) 910/2014, se define como "todo contenido almacenado en formato electrónico, en particular, texto o registro sonoro, visual o audiovisual": El sello electrónico. La firma electrónica. El certificado cualificado. El documento electrónico.

Cuando por el exceso del volumen de los archivos adjuntos, por el formato de éstos o por la insuficiencia de capacidad del sistema LexNET, el sistema no permita su inclusión, impidiendo el envío en forma conjunta de los anexos con el escrito principal: Se remitirá únicamente el escrito principal a través del sistema electrónico. El resto de documentación, junto con el formulario normalizado previsto legalmente o, en su defecto, el índice con el número, clase y descripción de los documentos y el acuse de recibo del envío, se presentará en soporte digital o en cualquier otro tipo de medio electrónico que sea accesible para los órganos y oficinas judiciales y fiscales, en todo caso, el mismo día de la fecha de realización del envío principal, en el órgano u oficina judicial o fiscal correspondiente. Se remitirá únicamente el escrito principal a través del sistema electrónico. El resto de documentación, junto con el formulario normalizado previsto legalmente o, en su defecto, el índice con el número, clase y descripción de los documentos y el acuse de recibo del envío, se presentará en soporte digital o en cualquier otro tipo de medio electrónico que sea accesible para los órganos y oficinas judiciales y fiscales, ese día o el día hábil inmediatamente posterior a la fecha de realización del envío principal, en el órgano u oficina judicial o fiscal correspondiente. Se remitirán ambos en soporte en papel o en soporte digital o en cualquier otro tipo de medio electrónico que sea accesible para los órganos y oficinas judiciales y fiscales. El escrito principal y el resto de documentación, junto con el índice con el número, clase y descripción de los documentos, se presentarán en soporte digital o en cualquier otro tipo de medio electrónico que sea accesible para los órganos y oficinas judiciales y fiscales.

La firma digital o electrónica se regula actualmente en: La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. La Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica. El Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior. La Ley 2/2006, de 20 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

De acuerdo con el Real Decreto-Ley 6/2023, ¿en qué plazo de realizará el traslado de copias entre profesionales por vía telemática?. Simultáneamente a la presentación telemática de escritos y documentos originales ante el tribunal, oficina judicial u oficina fiscal correspondiente. En el día siguiente a la presentación telemática de escritos y documentos originales ante el tribunal, oficina judicial u oficina fiscal correspondiente. Dentro de los 2 días siguientes a la presentación telemática de escritos y documentos originales ante el tribunal, oficina judicial u oficina fiscal correspondiente. Dentro de los 3 días siguientes a la presentación telemática de escritos y documentos originales ante el tribunal, oficina judicial u oficina fiscal correspondiente.

Según el Real Decreto-Ley 6/2023, el número de identificación general asignado a cada expediente judicial electrónico será: Único y susceptible de modificación en los términos del RDL 6/2023. Variable a lo largo del proceso. Exclusivo. Único e inalterable.

Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento: Cuando sea mayor de 12 años. Cuando sea mayor de 13 años. Cuando sea mayor de 16 años. Cuando sea mayor de 14 años.

El incumplimiento del deber del uso de las tecnologías en el juicio ordinario previsto en el artículo 273 LEC o de las especificaciones técnicas que se establezcan, ¿qué consecuencia conlleva?. Los escritos y documentos se tendrán por no presentados a todos los efectos. Que el Letrado de la Administración de Justicia conceda un plazo máximo de cinco días para su subsanación. Si no se subsana en este plazo, los escritos y documentos se tendrán por no presentados a todos los efectos. Que el Juez conceda un plazo máximo de diez días para su subsanación. Que el Letrado de la Administración de Justicia conceda un plazo máximo de tres días para su subsanación. Si no se subsana en este plazo, los escritos y documentos se tendrán por no presentados a todos los efectos.

La Comisión de Informática Judicial está compuesta por: El Vocal Delegado para la Oficina Judicial y la Informática, que la presidirá, y por tres magistrados, designados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. El Vocal Delegado para la Oficina Judicial y la Informática, que la presidirá, y por cuatro magistrados, uno por cada orden jurisdiccional, designados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. El Vocal Delegado para la Oficina Judicial y la Informática, y por cuatro magistrados, uno por cada orden jurisdiccional, designados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Entre ellos elegirán por mayoría absoluta al Presidente de la Comisión. El Vocal Delegado para la Oficina Judicial y la Informática, que la presidirá, y por cinco magistrados, uno por cada orden jurisdiccional, designados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

Según el Reglamento (UE) 910/2014, los "datos en formato electrónico anejos a otros datos en formato electrónico, o asociados de manera lógica con ellos, para garantizar el origen y la integridad de estos últimos" es la definición de: Un sello electrónico. Una firma electrónica. Un servicio de confianza. Un documento electrónico.

Según el Real Decreto-Ley 6/2023, tendrán la consideración de copias auténticas de documentos judiciales electrónicos originales: Los documentos electrónicos generados por la oficina judicial, de acuerdo con la normativa técnica del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, sobre documentos judiciales en soporte papel que consten en los archivos judiciales, siempre que se emitan bajo la firma del letrado o letrada de la Administración de Justicia. Las que se obtengan mediante actuaciones automatizadas siempre que estén provistas de sello electrónico y que el documento electrónico original se encuentre en el expediente judicial electrónico. Las emitidas, cualquiera que sea su soporte o cambio de formato que se produzca, bajo la firma de notario autorizado. Las que se obtengan mediante actuaciones automatizadas siempre que estén provistas de sello electrónico y que la información de firma electrónica, y en su caso de sello electrónico cualificado, así como de su contenido, permitan comprobar la coincidencia con dicho documento.

De acuerdo con el artículo 40 del Real Decreto-Ley 6/2023, no tendrán la consideración de documento original: Los documentos judiciales electrónicos correspondientes a los escritos y documentos iniciadores o de trámite presentados por las partes e interesados, una vez hayan sido incorporados al expediente judicial electrónico. Todos los documentos judiciales electrónicos emanados de los sistemas de gestión procesal y provistos de firma electrónica. Las resoluciones judiciales o administrativas que hubiesen sido firmadas electrónicamente por la autoridad competente para su emisión, a través de cualquiera de los sistemas legalmente establecidos, excluyendo los basados en Código Seguro de Verificación. Las copias digitalizadas de otros documentos incorporados al expediente judicial electrónico cuando así se declare expresamente.

Según el Real Decreto-Ley 6/2023, los servicios que requieran la autenticación de la Administración de Justicia o de los ciudadanos, ciudadanas y profesionales por medios electrónicos: Se realizarán preferentemente a través de sedes judiciales electrónicas y deberán ser accesibles desde el Punto de Acceso General de la Administración de Justicia en las condiciones establecidas por el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica. Se realizarán en todo caso a través de sedes judiciales electrónicas y podrán ser accesibles desde la Carpeta Justicia en las condiciones establecidas por el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica. Se realizarán preferentemente a través de sedes judiciales electrónicas y deberán ser accesibles desde el Punto de Acceso General de la Administración de Justicia en las condiciones establecidas por el Consejo Consultivo para la Transformación Digital de la Administración de Justicia. Se realizarán preferentemente a través de sedes judiciales electrónicas y podrán ser accesibles desde la Carpeta Justicia en las condiciones establecidas por el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica.

Según el Real Decreto-Ley 6/2023, la Carpeta Justicia es un servicio personalizado, que facilitará el acceso a los servicios, procedimientos e informaciones accesibles de la Administración de Justicia que afecten a un ciudadano o ciudadana: a. Cuando sea parte en un procedimiento o actuación judicial. b. Cuando sea parte y justifique un interés legítimo y directo en un procedimiento o actuación judicial. c. Cuando justifique un interés legítimo y directo en un procedimiento o actuación judicial. d. Las respuestas A y C son correctas.

Según el Real Decreto-Ley 6/2023 con respecto a la tramitación del procedimiento utilizando medios electrónicos, ¿qué deberán garantizar las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la gestión por medios electrónicos de los procedimientos?. a. La simplificación de los procedimientos. b. La publicidad de los procedimientos. c. El control de los tiempos y plazos. d. Las respuestas A y B son correctas.

La LOPJ en su artículo 236 ter señala que para que se proceda al tratamiento de los datos personales en el ejercicio de la actividad jurisdiccional y sin perjuicio de lo dispuesto en las normas procesales para la validez de la prueba: Se necesitará siempre el consentimiento del interesado si los datos han sido facilitados por las partes. No será necesario el consentimiento del interesado, únicamente si los datos han sido recabados a solicitud de los órganos competentes. Se necesitará siempre el consentimiento del interesado. No será necesario el consentimiento del interesado.

¿Cuál es la duración del mandato de la persona titular de la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos?. La duración del mandato de la persona titular de la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos será de tres años, no renovable. La duración del mandato de la persona titular de la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos será de cinco años, no renovable. La duración del mandato de la persona titular de la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos será de cinco años, renovables. La duración del mandato de la persona titular de la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos será de tres años, renovables.