A D

POSTRE. TORRIJAS. COCIDO.

319- 12.- Conforme al artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estas podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en ella artículo 47,2: a. De oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere. b. De oficio o a solicitud del interesado, previo dictamen favorable o no del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. c. De oficio o a solicitud del interesado, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere. d. De oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de la Provincia u órgano consultivo equivalente del Estado.

320- 22.- Respecto a la revisión de disposiciones y actos nulos, cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazO. a. de 1 mes desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. b. de 3 meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. c. de 6 meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.

332-38 ¿Cuándo procede la declaración de lesividad de los actos administrativos?. a) Nunca se declaran lesivos. b) Cuando se trate de actos de gravamen. c) Cuando se trate de actos favorables para el interesado que sean anulables. d) Cuando sean actos favorables para el interesado nulos de pleno derecho.

322- 7.- La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurrido: a) 6 meses desde que se dictó el acto administrativo. b) 1 año desde que se dictó el acto administrativo. c) 2 años desde que se dictó el acto administrativo. d) 4 años desde que se dictó el acto administrativo.

324- 23.- La declaración de lesividad: a. exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. b. Se adoptará por el Presidente de la Corporación Local. c. Requerirá en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano equivalente de las Comunidades Autónomas.

330- 21.- La declaración de lesividad de un acto anulable no podrá adoptarse una vez transcurridos: a) Cinco años desde que se dictó el acto administrativo. b) Tres años desde que se dictó el acto administrativo. c) Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. d) Dos años desde que se dictó el acto administrativo.

325-1. ¿Cuándo procede la declaración de lesividad de los actos administrativos?. a) Cuando se trate de actos favorables para el interesado que sean anulables. b) Nunca se declaran lesivos. c) Cuando se trata de acto de gravamen. d) Cuando sean actos favorables para el interesado nulos de pleno derecho.

323-27.- La declaración de lesividad de un acto administrativo anulable no podrá adoptarse una vez transcurridos: a. cuatro años desde que se dictó el acto. b. tres años desde que se dictó el acto. c. dos años desde que se dictó el acto. d. 1 año desde que se dictó el acto.

329- 47. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la declaración de lesividad de los actos administrativos: a) La declaración debe adoptarse antes de que transcurran cinco años desde que se dictó el acto. b) Transcurridos seis meses desde su iniciación sin haber recaído resolución, se produce la caducidad del procedimiento. c) La declaración procede contra actos anulables gravemente lesivos para los derechos e intereses de los ciudadanos. d) La declaración exige previo dictamen favorable del Consejo de Estado.

327-26. La declaración de lesividad prevista en el artículo 107 de la Ley de Procedimiento: a) No podrá adoptarse una vez trascurridos cinco años desde que se dictó el acto administrativo. b) Podrá ser adoptada por la Administración ante actos favorables para los interesados que son nulos conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la citada Ley. c) Será adoptada por el órgano competente en la materia, si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas. d) Será adoptada por el Alcalde, si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local.

321-6.- En la Administración Local, la declaración de lesividad de un acto se efectúa a través del/ de la: a. Presidente de la Corporación Local. b. Junta de Gobierno Local. c. El Pleno. d. Cualquiera de los anteriores.

326-54 Conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo Común, la declaración de lesividad de un acto adoptado por una entidad integrante de la Administración Local, se adoptará: a) Por el Pleno de la Corporación o, en su defecto, por el órgano colegiado superior de la entidad. b) Por la Federación Española de Municipios y Provincias. c) Por el Alcalde-Presidente. d) Por el Concejal que haya adoptado el acto de que se trate.

333- 49.- Conforme al artículo 108 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP, la suspensión de los actos administrativos incursos en un procedimiento de revisión de oficio: a. Está prevista únicamente para los actos nulos de pleno derecho. b. Está prevista para todos los casos de nulidad o anulabilidad siempre que sea adoptada por el órgano competente para su declaración. c. Está prevista únicamente para cuando la ejecución del acto pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

305-27-. Las Administraciones Públicas podrán revocar sus actos de gravamen o desfavorables: a) en cualquier momento. b) mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. c) mientras no haya transcurrido el plazo de caducidad. d) en los primeros diez días del acto.

306- 102.- De conformidad con el artículo 109 de la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas podrán revocar sus actos de gravamen o desfavorables: a. Incluso cuando haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que ello no constituya dispensa o exención no permitidas por la ley, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. b. Siempre, incluso cuando haya transcurrido el plazo de prescripción y eso suponga una dispensa o exención de las no permitidas por la ley, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. c. Si ha transcurrido el plazo de prescripción y es solicitada únicamente a instancias del interesado y es debido a un error material o de hecho existente en sus actos. d. Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

310- 2. Durante la tramitación del expediente de contratación, el funcionario responsable advierte un error material en una resolución que forma parte del expediente. Según la Ley 39/2015, ¿qué puede hacer la Administración?. a) Revocar el acto, siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción. b) Rectificar el error, siempre que no hayan transcurrido cuatro años desde que se dictó. c) Rectificar el error, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados. d) Revocar el acto, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados.

311- 21.- Las Administraciones Públicas podrán rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos: a. Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, de oficio. b. En cualquier momento, de oficio. c. En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados.

312- 8.- El Ayuntamiento de León ha cometido un error aritmético en un acto administrativo. Señale la respuesta correcta conforme a la Ley 39/2015: a. El plazo máximo para rectificar es de 3 meses desde que se dictó el acto. b. Para realizar la rectificación es necesario recabar el consentimiento del interesado afectado por el acto. c. La rectificación puede ser a instancia de los interesados o del propio Ayuntamiento. d. Para realizar la rectificación es necesario recabar el dictamen favorable del Consejo de Estado.

313-67.- Según la Ley del Procedimiento Administrativo, las Administraciones Públicas podrán rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos: a. Siempre que no supongan un perjuicio para los interesados. b. En cualquier momento, siempre que no haya recaído resolución definitiva. c. En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados. d. Siempre que no hayan transcurrido tres meses desde que se dictó el acto.

316-- 24.- Conforme al artículo 110 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las facultades de revisión: a. Podrán ser ejercidas por prescripción de acciones. b. Podrán ser ejercidas por el tiempo transcurrido. c. No podrán ser ejercidas cuando su ejercicio resulte contrario a la equidad. d. Todas las anteriores son incorrectas.

317- 31.- ¿En qué supuestos la Administración no puede ejercer sus facultades de revisión?. a) No existen límites de la revisión. b) Cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. c) Cuando por prescripción de acciones o por el tiempo transcurrido, su ejercicio resulte contrario al principio de igualdad. d) Ninguna es correcta.

344- 3.- Contra un acto de trámite que determina la imposibilidad de continuar el procedimiento: a. Podrá el interesado oponerse en la resolución que ponga fin al procedimiento. b. Podrá interponerse por los interesados el recurso de alzada. c. Podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición. d. Las respuestas b) y c) son correctas.

345- 8.- En relación con los actos de trámite, señale la respuesta correcta conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo: a. Si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento o producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos son recurribles por los interesados mediante recurso de alzada y potestativo de reposición. b. No son recurribles por los interesados, si bien la oposición a los actos de trámite podrá alegarse por aquéllos para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. c. Si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento o producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, son recurribles por los interesados mediante recurso extraordinario de revisión ante el superior jerárquico del órgano administrativo que los dictó. d. Si se hubiesen dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible, y se hayadeclarado así en virtud de sentencia judicial firme, son recurribles por los interesados mediante recurso extraordinario de revisión ante el superior jerárquico del órgano administrativo que los dictó.

347-- 19.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra las disposiciones administrativas de carácter general: a. Cabe interponer recurso de alzada, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley. b. No cabrá recurso en vía administrativa. c. Cabe interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que las dictó. d. Cabe interponer recurso extraordinario de revisión.

355- 27.- De conformidad con el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ponen fin a la vía administrativa: a) Las resoluciones de los recursos de alzada. b) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario. c) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimientos. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

354-23.- Siguiendo lo previsto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPAPAC, indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación a la resolución administrativa de un procedimiento de responsabilidad patrimonial: a. Agota la vía administrativa. b. Agota la vía administrativa siempre que su cuantía sea superior a 50.000 euros. c. No agota la vía administrativa.

356-LR C1 Ayto El Rosario 2017 - 13.-) Ponen fin a la vía administrativa: a. Las resoluciones de los órganos administrativos cuando no carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. b. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos siempre que no tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. c. Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.

358-33.- El error en la calificación del recurso por parte del recurrente: a. No será obstáculo nunca para su tramitación. b. No será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. c. No será obstáculo nunca para su tramitación, siempre que el recurrente no se manifieste en contra. d. Ninguna es correcta.

362-1.- Según el artículo 116 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son causas de inadmisión de los recursos: a. Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. b. Carecer de legitimación el recurrente. c. Tratarse de un acto no susceptible de recurso. d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

361- 18.- Señale cuál de las siguientes no es una causa de inadmisión de un recurso administrativo: a. Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. b. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente, siempre que se deduzca su verdadero carácter. c. Carecer el recurso manifiestamente de fundamento. d. Carecer de legitimación el recurrente.

363- 25.- Causas de inadmisión de los recursos: a. Carecer de legitimación el recurrente. b. Interponerse ante órgano manifiestamente incompetente. c. error manifiesto en la calificación de los hechos.

336- 35.- La interposición de un recurso administrativo: a. Suspenderá la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario. b. No agotará la vía administrativa. c. No suspenderá la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario. d. Las respuestas a) y b) son correctas.

335-141.- La interposición de cualquier recurso: a) suspenderá la ejecución del acto impugnado en todo caso. b) excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. c) excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, suspenderá la ejecución del acto impugnado. d) no suspenderá la ejecución del acto impugnado en ningún caso.

339-23.- Si se interpone recurso y se solicita suspensión de la eficacia del acto, el plazo que tiene la Administración para pronunciarse sobre esta suspensión es de: a. 30 días naturales. b. 30 días hábiles. c. Un mes.

340- 68.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento, la ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si: a) Transcurrido tres meses desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución expresa al respecto. b) Transcurridos treinta días desde la fecha de la solicitud de suspensión, el órgano competente para decidir sobre la misma no ha dictado resolución expresa al respecto. c) Transcurridos dos meses desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución expresa al respecto. d) Transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución expresa al respecto.

342-9. La suspensión de la ejecución de los actos administrativos: a) Se produce por la interposición de cualquier recurso administrativo. b) No es posible en vía administrativa. c) Es automática cuando transcurren 30 días desde la interposición de un recurso administrativo. d) Podrá prolongarse después de agotada la vía administrativa.

343- 42.- Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser: a) notificada a cada uno de ellos. b) notificada a quien figure como representante de todos ellos. c) publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó. d) publicada en el tablón de anuncios del ayuntamiento que realizó el acto.