AAxdPn19

El artículo 6 de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, establece que los bienes y derechos integrados en el Patrimonio Nacional deberán ser inscritos en el Registro de la Propiedad como de titularidad: Real (De la Casa del Rey). Comunitaria. Estatal. Deslindada.

El protectorado del Copatronato del Colegio de Doncellas Nobles, en Toledo, corresponde según la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional a: Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Ministerio de adscripción de Patrimonio Nacional. Su majestad el Rey. Archidiócesis de Toledo.

En virtud de lo recogido en el artículo 8 de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, corresponde al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional: La Jefatura del personal, tanto funcionarios como contratados en régimen laboral. Elaborar y aprobar con carácter anual el proyecto definitivo de presupuesto del Patrimonio Nacional. La propuesta al Gobierno de la subasta de bienes al uso y servicio de la Corona. Hacer donaciones y conceder herencias y legados a título lucrativo de cualquier clase de bienes.

Según el artículo 4 de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, ¿cuál de los siguientes es un bien de Patrimonio Nacional?. El Palacio de la Almudena con sus jardines, sito en Palma de Mallorca. El Palacio de la Almudaina junto con el patio de Benavent, sito en Palma de Mallorca. El Palacio de la Almudena y la casita de Andratx, sito en Palma de Mallorca. El Palacio de la Almudaina con sus jardines, sito en Palma de Mallorca.

¿Cuál de las siguientes circunstancias causó una gran demora en la construcción de la Galería de las Colecciones Reales (antes Museo de las Colecciones Reales)?. Problemas medioambientales. Falta de materias primas. Hallazgo de restos arqueológicos. Incendio.

Elegir de las siguientes, la opción que señala la subordinación jerárquica normativa ordenada de superior a inferior: Reglamento – Ley – Constitución. Constitución – Ley orgánica – Ley. Constitución – Ley – Orden Ministerial. Ley orgánica – Ley – Orden Ministerial.

Los actos administrativos se clasifican por su clase según: La obligación de la Administración de resolver y notificar. La posición que adopten en un procedimiento. Los inicie la Administración o el interesado. La finalidad del acto.

Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de: Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Un mes a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

En relación a la iniciación del procedimiento establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para resolver, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos adecuados, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos. Los procedimientos se inician de oficio. Contra el acuerdo de acumulación procederá el recurso de alzada.

En relación a la ordenación del procedimiento establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Los expedientes tendrán preferentemente formato electrónico. El procedimiento se impulsará de oficio o a solicitud del interesado en todos sus trámites. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, suspenderán inmediatamente la tramitación del mismo.

En relación a la instrucción del procedimiento establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Los actos de instrucción necesarios para la determinación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio o a solicitud del interesado y a través de cualquier medio. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. El instructor del procedimiento podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados mediante resolución motivada. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos y vinculantes.

En relación al recurso de reposición establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: No es potestativo. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto no fuera expreso. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes.

NO es un tipo de procedimiento de adjudicación recogido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: Diálogo competitivo. Procedimiento restringido. Procedimiento limitado. Procedimiento abierto.

En relación a los contratos sujetos a regulación armonizada de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: Solo pueden celebrarlos las Administraciones Públicas. Solo pueden celebrarlos Poderes adjudicadores si superan cierta cuantía. Los contratos subvencionados no estarán sujetos a dicha regulación. Los límites de cuantía vienen dados por el Precio Base de Licitación.

Según el artículo 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, NO es una causa de resolución del contrato: La declaración de concurso. El deseo expreso de la Administración. El incumplimiento de la obligación principal del contrato. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

Según el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en las ofertas de empleo público se reservará un cupo: No inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública. No inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, de modo que progresivamente se alcance el tres por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública. No inferior al tres por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública. No inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, de modo que progresivamente se alcance el siete por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública.

Según el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en las ofertas de empleo público se reservará un cupo de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, de las cuales: Al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad visual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. Al menos, el tres por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad motora y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. Al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. Al menos, el tres por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad mental y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

Según el artículo 7 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado: las necesidades de recursos humanos que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal existentes serán objeto de: Reasignación de efectivos. Redistribución de efectivos. Oferta de empleo público. Contratación de personal laboral.

Según el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los procedimientos de selección del personal laboral serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito y capacidad. En el caso del personal laboral temporal se regirá igualmente por el principio de: Publicidad. Efectividad. Necesidad. Celeridad.

NO es un principio de actuación de los enunciados en el artículo 52 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Austeridad. Promoción del entorno medioambiental. Honestidad. Dedicación al servicio público.

Según el artículo 32 del IV convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado, el personal de nuevo ingreso por turno libre estará sometido a un período de prueba, cuya duración será de: Cuatro meses para los grupos profesionales M3 y M2 y dos meses para los demás trabajadores o trabajadoras. Veinte días laborables para el personal sin titulación. Tres meses para todos los grupos profesionales. Tres meses para los grupos profesionales M3 y M2 y de un mes para los demás trabajadores o trabajadoras, excepto para el personal sin titulación, para el que será de quince días laborables.

Según el artículo 94 del IV convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado, el personal laboral fijo tendrá derecho a la suspensión de su contrato de trabajo en el supuesto: Prestación de servicios de carácter temporal en organismos internacionales o en programas de cooperación internacional. Nombramiento como alto cargo por el Gobierno de la Nación. Nombramiento como alto cargo por los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas. Nombramiento como alto cargo por el Gobierno de la Nación o por los órganos de gobierno de las Corporaciones Locales.

Según la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas: El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley solo podrá desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público. En el ámbito laboral, será compatible la pensión de jubilación parcial con un puesto de trabajo a tiempo parcial. En todo caso, podrá el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley compatibilizar sus actividades con el desempeño de un cargo electivo como miembro de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Para el ejercicio de una segunda actividad será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que supondrá modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos.

Según artículo 22 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Las retribuciones básicas son: Las que retribuyen al funcionario únicamente según la adscripción de su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo. Las que retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario. Las que retribuyen al funcionario según la adscripción de su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, y por su antigüedad en el mismo. La participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las Administraciones Públicas como contraprestación de cualquier servicio.

Según artículo 22 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las pagas extraordinarias serán: Tres al año, una de ellas semestral. Las dos primeras por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas; la tercera no tiene una retribución fija y no es periódica en su devengo. Dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de las retribuciones complementarias dividido entre 14. Cuatro al año, dos veces por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y otras dos a la que se suma la totalidad de las retribuciones complementarias. Dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, exceptuando de esta última el grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos y los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.

Según artículo 36 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, será específicamente objeto de negociación en el ámbito de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas: El incremento global de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que corresponda incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año. El incremento específico de las retribuciones del personal, diferenciado por Departamento Ministerial, que corresponda incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año. El incremento pormenorizado, por Escala o Grupo de adscripción, de las retribuciones del personal al servicio de las Administración General del Estado que corresponda incluir en el Plan General de Retribuciones de cada Departamento Ministerial. El incremento global de las retribuciones del personal al servicio de las Administración General del Estado que corresponda incluir en el Plan General de Retribuciones de cada Departamento Ministerial.

NO es uno de los grupos de principios del presupuesto clásico: Principios sociales. Principios políticos. Principios económicos. Principios contables.

Es una fase del presupuesto por programas: Programación. Asignación. Decisión. Financiación.

¿Cuál es la fase del Presupuesto por programas en que los programas seleccionados se cuantifican en términos físicos y monetarios, plasmándose el tramo anual de la programación a largo plazo?. Estimación. Presupuestación. Finalidad. Establecimiento.

Según el artículo 1 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, la información administrativa es: Un cauce adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de su derechos y obligaciones y a la utilización de los bienes y servicios públicos. El conjunto indexado de expedientes formado a partir de las consultas ciudadanas y que sirve de base de datos para la resolución de las solicitudes de información de los ciudadanos. En todo caso, es toda aquella información que un funcionario provee como servidor público. Es el conjunto de expedientes tramitados por las Unidades de Atención al Ciudadano.

Según el artículo 3 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, ¿cuál de las siguientes opciones representa información particular?: Información administrativa relativa a la identificación de organismos y unidades administrativas. La referida a los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que los ciudadanos se propongan realizar. La referente a la tramitación de procedimientos, a los servicios públicos y prestaciones, así como a cualesquiera otros datos que aquellos tengan necesidad de conocer en sus relaciones con las Administraciones públicas, en su conjunto, o con alguno de sus ámbitos de actuación. La concerniente al estado o contenido de los procedimientos en tramitación, y a la identificación de las autoridades y personal al servicio de las Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma bajo cuya responsabilidad se tramiten aquellos procedimientos.

Según lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso, el órgano coordinador del Sistema Español de Archivos será el Ministerio de: Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Interior. Hacienda y Función Pública. Cultura y Deporte.

Según el artículo 10 del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso, el Archivo Central cumplirá la función de: Describir las fracciones de serie conforme a las normas internacionales y nacionales de descripción archivística. Eliminar los documentos de apoyo informativo antes de la transferencia al Archivo Histórico. Aplicar programas de reproducción de documentos en soportes alternativos para garantizar la conservación de los documentos originales y fomentar su difusión. Organizar los documentos producidos por sus respectivas unidades.

En conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso, ¿Cuál de los siguientes es una clasificación de los Archivos del Sistema de Archivos de la Administración General del Estado, atendiendo al ciclo vital de los documentos?. Archivo inicial. Archivo intermedio. Archivo final. Archivo público.

Según el artículo 12 del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso, ¿quién ejerce las funciones de archivo histórico de la Administración General del Estado?. El Archivo Histórico de España. El Archivo Histórico Estatal. El Archivo Histórico Nacional. El Archivo Histórico de la Nación Española.

El número de teléfono del Servicio de Información de la Administración General del Estado es el: 010. 016. 060. 082.

Las Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano proporcionan información y servicios: Solo a nivel local. Solo a nivel local y autonómico. Solo a nivel autonómico y estatal. A nivel local, autonómico y estatal.

En virtud de lo expuesto en el artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los interesados, no obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración, que así lo soliciten, especialmente en lo referente a SEÑALAR LA FALSA: La identificación electrónica. La firma electrónica. Presentación de solicitudes a través del registro electrónico general. Obtención de copias simples.

Según lo recogido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se cumple que: El medio elegido por la persona física para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. El medio elegido por la persona física para comunicarse con las Administraciones Públicas deberá ser establecido al inicio del procedimiento. Durante el procedimiento, serán las Administraciones Públicas las que elijan el medio para comunicarse con las personas físicas. El medio de comunicación de las Administraciones Públicas con las personas físicas será el electrónico.

¿Cuál de las siguientes opciones es FALSA en relación al Punto de Acceso General electrónico de la Administración?. Las personas con capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas tienen derecho a comunicarse con ellas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso. Se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente. Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar la información sobre el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, excepto el sentido del silencio administrativo que corresponda, en el Punto de Acceso General electrónico.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas es: Una Orden Ministerial. Un Real Decreto Legislativo. Una Ley Ordinaria. Una Ley Orgánica.

Según el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ponen fin a la vía administrativa: Las resoluciones de los órganos administrativos que tengan superior jerárquico. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que no tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. Las resoluciones administrativas de Patrimonio Nacional, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive. Las resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.

Según artículo 27 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con: La legislación profesional. El contrato de trabajo. El IV convenio en lo referente a indemnizaciones por razón del servicio y el resto por el convenio especial suscrito con el Ministerio de adscripción en el caso de los Organismos dependientes. Exclusivamente lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Según el artículo 15 de Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado: La ubicación, dentro de cada órgano u organismo, de la unidad responsable de la gestión de las quejas se señalizará de forma visible y será la más accesible para su localización y utilización por los usuarios. Los usuarios deberán formular sus quejas o sugerencias por medios telemáticos. Las quejas y sugerencias presentadas por correo electrónico o a través de Internet no precisarán estar suscritas con la firma electrónica del interesado. En todo caso, los usuarios recibirán constancia de la presentación de la queja o sugerencia por correo postal.

¿Qué decidió instalar Isabel II en 1848 en los locales que ocupaba el Archivo General de la Real Casa, con la consiguiente desorganización, pérdida de documentación, así como daños en las estanterías de caoba?. Una biblioteca. Una sala de cámara. Un teatro. Un refectorio.