Acceso a la Abogacía general 2024 - Primera convocatoria

Carla, profesional de la Abogacía, participa en un procedimiento de contratación sujeto a la legislación de contratos del sector público. A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el pliego ¿puede Carla incluir en su historial profesional referencias a los clientes para los que ha prestado servicios?. a) En ningún caso. b) Sí, siempre que los clientes no lo hayan prohibido expresamente y que se respete el deber de confidencialidad y la normativa sobre protección de datos personales, sin infringir el derecho a la intimidad de las personas físicas. c) Sí, aun cuando los clientes lo hayan prohibido expresamente, al tratarse de servicios prestados por ella misma. d) Única y exclusivamente cuando los clientes lo hubieran autorizado expresamente al tiempo de ser prestados los servicios.

Carmen, profesional de la Abogacía, tiene intención de interponer, en nombre de su cliente, una acción de responsabilidad civil derivada del ejercicio profesional contra su compañera Ana. ¿Tiene alguna obligación de comunicación con el Colegio?. a) No, pues únicamente habría estado obligada a comunicar al Colegio su intención de interponer la acción si la interpusiera en nombre propio. b) No, pues únicamente está obligada a comunicar a Ana su intención de interponer la acción, sin que exista obligación de comunicación al Colegio. c) Sí, está obligada a comunicar al Colegio la intención de interponer la acción. d) No, pues únicamente habría estado obligada a comunicar al Colegio su intención de interponer una acción penal.

Carlos presta sus servicios como profesional de la Abogacía a una empresa de servicios de arquitectura. ¿Está obligado a entregar factura al cliente de los servicios prestados?. a) Sí, deberá entregar factura al cliente que tendrá que cumplir con todos los requisitos legales y deberá expresar detalladamente los diferentes conceptos de los honorarios y la relación de gastos. b) No, pues solo existiría obligación de entregar factura en el caso de servicios prestados por una sociedad profesional. c) No, pues solo existiría obligación de entregar factura en el caso de servicios prestados a una persona física. d) No, pues los profesionales de la Abogacía nunca tienen la obligación de entregar factura al cliente.

Raúl, tras obtener el título profesional de abogado, quiere incorporarse al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid como colegiado no ejerciente. Señale la respuesta correcta: a) Para incorporarse como colegiado no ejerciente deberá carecer de antecedentes penales por delitos que lleven aparejada la imposición de penas graves. b) Para incorporarse como colegiado no ejerciente deberá superar un examen psicotécnico específico para no ejercientes en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. c) Para incorporarse como colegiado no ejerciente deberá formalizar el alta en el Régimen de Seguridad Social que corresponda. d) Para incorporarse como colegiado no ejerciente no es preciso cumplir ningún requisito adicional a la posesión del título profesional que le habilite para el ejercicio de la profesión de la Abogacía.

Señale la consecuencia penal a que se enfrenta Blanca, profesional de la abogacía cuando, en un proceso judicial, en el ejercicio de sus funciones y con el fin de favorecer a su cliente, presenta a sabiendas un testigo falso: a) Ninguna, pues la presentación a sabiendas de un testigo falso por un abogado en el ejercicio de sus funciones no está tipificada como delito en el Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria a que pudiera dar lugar. b) Podrá ser condenada por un delito de obstrucción a la justicia. c) Podrá ser castigada con la misma pena prevista para el testigo que faltare a la verdad en su testimonio, en su mitad superior. d) Podrá ser castigada con la misma pena prevista para el testigo que faltare a la verdad en su testimonio, en su mitad inferior.

Adrián pretende el ejercicio de una acción penal por una negligencia médica causante de una penosa secuela. A tal efecto visita a Marta, profesional de la abogacía, quien, estudiado el asunto, aprecia la casi segura inexistencia de responsabilidad penal y propone la reclamación por vía civil. Adrián insiste en la presentación de la querella. ¿Qué debe hacer Marta?. a) Atender el deseo de su cliente pese a su convicción del fracaso de la acción penal, pero advirtiéndole por escrito de las nulas posibilidades de éxito, con lo que salvaría su responsabilidad. b) Atender el deseo de su cliente, porque prevalece el derecho de defensa y el letrado debe tratar a su cliente con base en el principio de confianza, esencial en el ejercicio de la abogacía. c) El ejercicio de la abogacía no es un contrato de mandato, por lo que, ante simples decisiones técnicas como la planteada, el letrado puede imponer su criterio, acudiendo a la reclamación por vía civil que rechaza Adrián, incluso contra el criterio del cliente. d) Puede negarse a presentar la querella, porque el letrado no está obligado a aceptar el encargo y puede rechazar las instrucciones que, en contra de los propios criterios profesionales, pretenda imponer el cliente.

Señale cuál de las siguientes conductas, cometida por un profesional de la Abogacía, constituye una infracción muy grave: a) No comunicar al Colegio el cambio de domicilio profesional. b) El abandono de la defensa que le haya sido confiada cuando se cause indefensión al cliente. c) La embriaguez cuando afecte al ejercicio de la profesión. d) Comprometer en sus comunicaciones con el profesional de la abogacía de la parte contraria al propio cliente con comentarios que puedan causarle desprestigio.

Señale cuál de las siguientes circunstancias dará lugar a la pérdida de la condición de colegiado: a) La comisión por el colegiado de cualquier infracción, de manera automática y con independencia de la sanción impuesta. b) La falta de pago de dos mensualidades de la cuota obligatoria. c) La sanción de expulsión del Colegio acordada por resolución firme en expediente disciplinario. d) La imposición de una sanción de multa pecuniaria.

Señale qué derecho, en relación con el ejercicio de la abogacía, reconoce la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978: a) Todas las personas tienen derecho a la defensa y a la asistencia de letrado. b) El profesional de la abogacía tiene derecho al reintegro de los gastos ocasionados. c) Únicamente los españoles tienen derecho a la defensa y a la asistencia de letrado. d) Los extranjeros tendrán, en todo caso, derecho a la asistencia gratuita de letrado.

Los Tribunales Superiores de Justicia tienen jurisdicción: a) En el ámbito territorial de su respectiva Comunidad Autónoma. b) En el ámbito territorial de su respectiva provincia. c) En el ámbito territorial de su respectivo partido. d) En toda España.

Los Juzgados Centrales de lo contencioso-administrativo tienen su sede: a) En la ciudad de Sevilla. b) Existirá una sede en todas y cada una de las Comunidades Autónomas. c) En el lugar que se establezca por el Gobierno en cada legislatura, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial. d) En la villa de Madrid.

Señale la respuesta correcta en relación con la competencia de los Tribunales españoles. a) Los Tribunales españoles podrán declinar su competencia cuando el supuesto litigioso presente vinculación con España, siempre que los Tribunales de los distintos Estados conectados con el supuesto hayan declinado su competencia. b) En defecto de sumisión expresa o tácita y aunque el demandado no tuviera su domicilio en España, los Tribunales españoles serán competentes en materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho dañoso se haya producido en territorio español. c) Los Tribunales españoles serán siempre competentes en materia de sucesiones cuando el causahabiente tenga su residencia en España, con independencia del lugar de la última residencia habitual del causante y el lugar donde se encuentren los bienes. d) Serán siempre competentes los Tribunales españoles, aunque su competencia no resulte de otras disposiciones, cuando comparezca ante ellos el demandado en aquellos supuestos en que la comparecencia tenga por objeto impugnar la competencia.

Se impugna un Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Huelva por el que se aprueban los criterios generales que deben regir los procesos selectivos extraordinarios de consolidación de empleo en el referido Ayuntamiento. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo ante el que se interpone el recurso, entiende que la competencia corresponde a la jurisdicción social, por establecer el Decreto una convocatoria de empleo de personal laboral. El Juzgado de lo Social nº 1 de Huelva considera competente a la jurisdicción contencioso-administrativa, al impugnarse una disposición general de rango inferior a la ley. Planteado el conflicto de competencia negativo entre ambos Juzgados ¿a quién corresponde su resolución?. a) A una Sala especial del Tribunal Supremo, presidida por el Presidente y compuesta por dos Magistrados, uno por cada orden jurisdiccional en conflicto, que serán designados anualmente por la Sala de Gobierno. b) A la Sala Primera del Tribunal Supremo, al ser la que no se encuentra afectada por los órdenes jurisdiccionales en conflicto. c) Al órgano inmediato superior común, esto es, la Audiencia Provincial de Huelva. d) Al órgano inmediato superior común, esto es, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Un cliente se dirige a un profesional de la abogacía manifestando su interés en contratar sus servicios para una ejecución derivada de un laudo arbitral dictado a su favor. No obstante, desconoce si para la ejecución derivada de un laudo arbitral se requerirá la intervención de abogado. Señale la respuesta correcta: a) En ningún caso, al derivar la ejecución de un mecanismo extrajudicial de conflictos. b) En todo caso, con independencia de la cantidad por la que se despache ejecución. c) Únicamente en aquellos supuestos en los que la cantidad por la que se despache ejecución sea superior a 500.000 euros, no requiriéndose la intervención cuando la cantidad sea inferior. d) Siempre que la cantidad por la que se despache ejecución sea superior a 2.000 euros.

Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico: a) Se consideran plenamente válidos y no podrán ser atacados, pues lo relevante no es el fin, sino el amparo del acto en el texto de una norma. b) Se consideran ejecutados en fraude de ley, si bien nunca podrá aplicarse la norma que se hubiere tratado de eludir. c) Se consideran ejecutados en abuso de derecho. d) Se consideran ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.

Jorge pretende ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad intelectual y formula, como diligencia preliminar, solicitud de diligencias de obtención de datos sobre el origen y redes de distribución de las obras que, entiende, infringen su derecho de propiedad intelectual. Consulta con un profesional de la abogacía para que le resuelva la cuestión de quién deberá hacerse cargo de los gastos que se ocasionen a las personas que hubieren de intervenir en las diligencias. Señale la respuesta correcta: a) Serán a cargo de las personas que deban intervenir en las diligencias. b) Serán a cargo de Jorge, como solicitante de las diligencias preliminares, debiendo ofrecer caución al pedir las diligencias. c) Serán a cargo del órgano judicial que acuerde la práctica de las diligencias preliminares. d) Procede advertir a Jorge de la imposibilidad, tras la reforma operada en la normativa procesal en el año 2024, de solicitar diligencias preliminares.

La resolución de una cuestión incidental de especial pronunciamiento planteada en el proceso se realizará: a) Con la debida separación, en la sentencia definitiva. b) Mediante providencia. c) Mediante auto. d) Mediante diligencia de ordenación.

Laura, profesional de la abogacía, se le notifica una sentencia que estima la demanda interpuesta en nombre y representación de su cliente. No obstante, el fallo es confuso, por lo que se plantea solicitar aclaración de la sentencia, ¿es posible?. a) No, los tribunales no podrán aclarar los conceptos oscuros de las sentencias, consecuencia de la invariabilidad de las mismas. b) No, pues únicamente procede solicitar aclaración en relación con los autos. c) Sí, sin límite temporal para presentar la solicitud de aclaración. d) Sí, en el plazo de los dos días hábiles siguientes.

¿Qué recurso cabrá interponer frente al auto que acuerde la suspensión de un asunto civil por prejudicialidad penal?. a) No cabrá recurso alguno. b) Recurso de apelación. c) Recurso de reposición. d) Recurso directo de revisión.

A los efectos de comprobar la insuficiencia de recursos para litigar de quien pudiera ser beneficiario de asistencia jurídica gratuita, se considerará: a) Únicamente las rentas del posible beneficiario. b) Únicamente los bienes patrimoniales del solicitante. c) Las rentas y otros bienes patrimoniales del solicitante, sin que proceda considerar ninguna otra circunstancia adicional. d) Las rentas y otros bienes patrimoniales o circunstancias del solicitante y además los signos externos que manifiesten su real capacidad económica.

Martín, quien ha obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, ha sido condenado en costas en la resolución que pone fin al proceso. Consulta con el profesional de la abogacía que le asistió si queda obligado a pagarlas. Señale la respuesta correcta: a) Sí, debe proceder al pago inmediato pues el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita no comprende, en ningún caso, la obligación de pagar las costas. b) No, en ningún caso, al gozar de tal beneficio al tiempo del dictado de la resolución, con independencia de cual sea su situación futura. c) Sí, pero únicamente las causadas en su defensa. d) Quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna.

Jordi, profesional de la abogacía, es sancionado por una infracción grave relacionada con una actuación desarrollada en la prestación de los servicios en el Turno de Oficio. ¿Tendrá tal sanción alguna incidencia en la continuidad de Jordi en la prestación de los servicios del Turno de Oficio?. a) No, pues el expediente disciplinario resulta ajeno a la prestación de tales servicios. b) Sí, pues la sanción impuesta lleva aparejada, en todo caso, la exclusión del profesional de la abogacía de dichos servicios por un plazo mínimo de seis meses e inferior a un año. c) No, pues la sanción únicamente llevaría aparejada la exclusión si hubiese sido impuesta por una infracción muy grave. d) Sí, pues la sanción impuesta lleva aparejada, en todo caso, la exclusión del profesional de la abogacía de dichos servicios de manera definitiva.

En los procesos declarativos, conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, las costas de la primera instancia se impondrán: a) A la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. b) En los procesos declarativos no es posible imponer las costas a ninguna de las partes. c) A la parte que haya visto rechazadas sus pretensiones, sin que el Tribunal pueda excepcionar esta regla por apreciar y razonar que el caso presenta serias dudas de hecho o de derecho. d) En todo caso, al tratarse de un proceso declarativo, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

En un proceso seguido ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ¿pueden ser impuestas las costas al Ministerio Fiscal?. a) En ningún caso. b) Sí, en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo es en el único en el que se permite la imposición de costas al Ministerio Fiscal. c) Sí, pero solo en el caso de que la sentencia resulte contraria a la posición del Ministerio Fiscal en el proceso. d) Sí, pero únicamente deberá abonar una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso.

La tasación de costas: a) No podrá ser impugnada. b) Podrá ser impugnada por excesivas o indebidas. c) Únicamente podrá ser impugnada por incluir gastos indebidos. d) Únicamente podrá ser impugnada por incluir un importe de honorarios excesivo.

Juana y Fernando son abogados y han creado un despacho colectivo. Juana va a emitir su primera minuta a un cliente, que ha atendido ella sin ayuda de Fernando. ¿Debe dejar constancia en la minuta de que es integrante de un despacho colectivo?. a) No es necesario, pues basta con que figure su nombre completo. b) Sí. En la minuta deberá dejar constancia de su condición de profesional de la abogacía agrupada en un despacho colectivo. Los honorarios corresponderán al colectivo sin perjuicio del régimen interno de distribución que hayan convenido. c) En ningún caso puede hacer constar en la minuta que es integrante de un despacho colectivo, al ser personal la intervención de Juana. d) Juana podrá decidir si hace o no mención al despacho colectivo en su minuta, no siendo obligatoria al haber intervenido sin su compañero en el asunto.

La cuantía de los honorarios de un profesional de la abogacía: a) Viene detallada específicamente por norma con rango de ley que determina el importe de la contraprestación a que el profesional de la abogacía tiene derecho por cada uno de los servicios prestados. b) Será impuesta por el profesional de la abogacía sin necesidad de respetar norma alguna. c) Será libremente convenida entre el cliente y el profesional de la abogacía con respeto a las normas deontológicas y sobre defensa de la competencia y competencia desleal. d) Será libremente determinada por el cliente.

Señale la condición necesaria para que los profesionales de la abogacía puedan asociarse en régimen de colaboración multiprofesional con otros profesionales liberales no incompatibles: a) Que la agrupación tenga por objeto la prestación de servicios conjuntos, entre los que deberá incluirse necesariamente servicios jurídicos que se complementen con los de otras profesiones. b) Que la agrupación tenga como objeto exclusivo el ejercicio profesional de la abogacía y que esté integrada solo por profesionales de la abogacía, sin limitación de número. c) Que la agrupación tenga por objeto la prestación de servicios conjuntos, aun cuando no incluyan servicios jurídicos. d) No es posible que los profesionales de la abogacía se asocien en régimen de colaboración multiprofesional con otros profesionales liberales no incompatibles.

En caso de conflicto entre las normas deontológicas aprobadas por el Consejo General de la Abogacía y las contenidas en los Estatutos colegiales, prevalecerán: a) Las normas deontológicas aprobadas por el Consejo General de la Abogacía Española. b) Las normas deontológicas contenidas en los Estatutos colegiales. c) Prevalecerán, conforme al principio prior in tempore, las normas que hayan sido primeramente aprobadas. d) Las normas deontológicas que determine el Tribunal Supremo para cada caso concreto, al que habrá que acudir en cada supuesto de conflicto entre las normas deontológicas aprobadas por el Consejo General de la Abogacía Española y las normas deontológicas contenidas en los Estatutos colegiales.

Lola, profesional de la abogacía, ha emitido, a petición de su cliente, un informe que contiene valoraciones profesionales sobre el resultado de un asunto. ¿Puede Lola dar a conocer a un tercero el contenido de dicho informe?. a) Sí, sin necesidad de comunicarlo a su cliente, al tratarse de un informe emitido por Lola en el ejercicio de su actividad profesional y sobre el que ostenta todos los derechos. b) Sí, pero únicamente cuando el cliente lo autorice de manera expresa. c) Sí, pero únicamente cuando el cliente no lo haya prohibido expresamente al formular la petición. d) No, en ningún caso, ni aunque el cliente de manera expresa lo autorice.

31 – Un cliente de Andrea, profesional de la abogacía, le propone que, en un proceso judicial en el que interviene como demandante, solicite la declaración testifical del profesional de la abogacía de la parte contraria. ¿Debe acceder a su petición y solicitar la declaración testifical?. a) Sí, pero solo en el supuesto de que considere que la proposición de la prueba puede favorecer a su cliente. b) No, pues está obligada como profesional de la abogacía a abstenerse de tal actuación. c) Sí, pues debe seguir las indicaciones de su cliente en cualquier caso. d) Puede o no solicitarlo según estime conveniente atendiendo a las circunstancias concretas del asunto.

Señale cuál de las siguientes obligaciones corresponde a todo colegiado: a) Aprobar o proponer a la Junta General el establecimiento de criterios orientativos de honorarios profesionales a efectos de tasación de costas y jura de cuentas y emitir informes periciales al respecto cuando proceda. b) Establecer la necesaria coordinación con los Consejos Autonómicos de Colegios de la Abogacía. c) Convocar elecciones para proveer los cargos de Decano. d) Denunciar ante el Colegio todo acto de intrusismo o ejercicio ilegal que llegue a su conocimiento.

Señale cuál de las siguientes sanciones podrá imponerse a un profesional de la abogacía por la comisión de una infracción disciplinaria: a) Multa pecuniaria. b) Privación de libertad. c) Demérito. d) Traslado forzoso.

La anotación de una sanción de apercibimiento en el expediente personal del colegiado se cancelará: a) Cuando hayan transcurrido seis meses a contar desde el día siguiente al cumplimiento de la sanción, sin que el colegiado hubiera incurrido en nueva responsabilidad disciplinaria. b) Cuando el colegiado se jubile, hasta entonces no podrá ser cancelada la anotación de la sanción en el expediente personal. c) Cuando hayan transcurrido cinco años sin que hubiera incurrido en nueva responsabilidad disciplinaria, al ser el apercibimiento la sanción más grave. d) La sanción de apercibimiento no se anotará en el expediente personal del colegiado, por lo que no está sujeta a plazo para su cancelación.

La competencia para conocer del recurso de amparo corresponde: a) Al Tribunal Supremo. b) Al Tribunal Constitucional. c) A la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. d) Al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

¿Qué consecuencia se atribuye a todo acto que por la intención de su autor sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero?. a) Se considerará ejecutado en fraude de ley. b) Se considerará ejecutado conforme a las exigencias de la buena fe. c) Dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso. d) Se considerará necesariamente como error de derecho.

¿Qué efectos tendrá la decisión de un tribunal civil, a los solos efectos prejudiciales, de conocer de un asunto que esté atribuido a los tribunales del orden contencioso-administrativo?. a) Producirá plenos efectos fuera del proceso en que se produzca. b) No surtirá efecto fuera del proceso en que se produzca. c) Un tribunal civil no podrá conocer a efectos prejudiciales de un asunto que esté atribuido a los tribunales del orden contencioso-administrativo. d) Un tribunal civil únicamente podrá conocer a efectos prejudiciales de un asunto que esté atribuido a los tribunales del orden penal.

Cuando un tribunal estime que para poder emitir su fallo, en cualquier fase del procedimiento, resulta necesaria una decisión sobre la interpretación del derecho de la Unión, ¿qué deberá hacer?. a) Planteará cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. b) Planteará cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. c) No podrá hacer otra cosa que decidir el propio Tribunal sobre la interpretación del derecho de la Unión. d) Dará traslado de las actuaciones al Tribunal Supremo, para que resuelva sobre la cuestión.

¿Qué consecuencia procesal producirá la existencia de una cuestión incidental que suponga, por su naturaleza, un obstáculo a la continuación del juicio por sus trámites ordinarios?. a) Deberá continuar el procedimiento, obviando el planteamiento de la cuestión incidental. b) Se rechazarán de plano. c) Se suspenderá el curso de las actuaciones hasta que sean resueltas. d) Se resolverá de forma automática mediante decreto.

Un cliente plantea a un profesional de la abogacía su intención de impugnar la resolución que le deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Consulta si es posible su impugnación y si, para ello, será necesaria la intervención de abogado. Señale la respuesta correcta: a) No podrá impugnarla, pues las resoluciones de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita nunca son impugnables. b) No podrá impugnarla, pues únicamente podrá impugnarse la resolución que revoque el derecho a la asistencia jurídica gratuita. c) Sí podrá impugnarla y para la impugnación es preceptiva la intervención de abogado. d) Sí podrá impugnarla y para la impugnación no es preceptiva la intervención de abogado.

Señale la consecuencia del hecho de que, en un colegiado, concurra un impedimento que no permita el cumplimiento de la misión de defensa y asesoramiento que al profesional de la abogacía se le encomienda, determinando su incapacidad para el ejercicio de la abogacía: a) Será expulsado del Colegio. b) Supondrá el pase automático del colegiado a la condición de no ejerciente. c) Supondrá su necesaria jubilación. d) No producirá consecuencias a efectos de la colegiación.

Señale, en relación con los conflictos de competencia, cuál de las siguientes manifestaciones es correcta: a) El orden jurisdiccional civil es siempre preferente. Ningún Juez o Tribunal podrá plantear conflicto de competencia a los órganos de dicho orden jurisdiccional. b) Los conflictos de competencia positivos solo podrán ser planteados por el Ministerio Fiscal. c) El orden jurisdiccional penal es siempre preferente. Ningún Juez o Tribunal podrá plantear conflicto de competencia a los órganos de dicho orden jurisdiccional. d) Los conflictos de competencia solo pueden ser negativos. No existen los conflictos de competencia positivos.

Las cuestiones de competencia entre Juzgados y Tribunales de un mismo orden jurisdiccional, se resolverán: a) Por el Tribunal Constitucional. b) Por el órgano inmediato inferior común. c) Por el órgano inmediato superior común. d) Por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Cuando surja un conflicto de intereses entre dos clientes, el profesional de la abogacía: a) Deberá elegir para qué cliente actuar. b) Podrá continuar actuando para ambos, sin perjuicio de la necesidad de tomar las precauciones precisas. c) Deberá dejar de actuar para ambos, salvo autorización expresa por escrito de los dos para intervenir en defensa de uno de ellos. d) Deberá dejar de actuar para ambos, salvo petición expresa por escrito de uno de los clientes solicitando continuar en su defensa.

Un cliente solicita la prestación de servicios a un profesional de la abogacía en relación con un asunto concreto. No obstante, terminada la entrevista, el profesional de la abogacía advierte que posee conocimiento por razón de otros asuntos de un antiguo cliente que pudieran favorecer a este nuevo cliente en perjuicio del antiguo. ¿Qué debe hacer?. a) Abstenerse de actuar para el nuevo cliente. b) Poner en conocimiento del nuevo cliente la existencia de estos conocimientos, a efectos de influir en su decisión de elección de asistencia letrada. c) Puede continuar la asistencia letrada al nuevo cliente, pues la información solo sería relevante si pudiera afectar a un cliente actual, no a un antiguo cliente. d) Debe poner en conocimiento del Colegio de Abogados la información de que disponga y continuar con la asistencia letrada al nuevo cliente.

Iñigo se colegió como ejerciente en mayo de 2023. En junio de 2024 decide publicitar sus servicios como profesional de la abogacía, para así captar clientes, utilizando en los anuncios a publicar el eslogan “garantizo al 100% una resolución judicial favorable a los intereses de mi cliente”. ¿Puede realizar tal publicidad?. a) Sí, siempre que cumpla con la promesa de obtener tal resultado. b) Sí, con independencia del resultado que obtenga, pues está facultado para publicitar como mejor le convenga los servicios que presta. c) No, pues será necesario que lleve colegiado cinco años para realizar publicidad de sus servicios. d) No, pues la publicidad no podrá suponer la promesa de obtener resultados que no dependan exclusivamente de la actividad del profesional de la Abogacía.

La potestad disciplinaria sobre los profesionales de la abogacía se ejercerá: a) Por el Juez de Instrucción del lugar donde se haya cometido la infracción. b) Por los Colegios de la Abogacía en cuyo ámbito territorial se haya cometido la infracción, con arreglo a las previsiones de sus propios Estatutos. c) Por todos los Colegios de la Abogacía, actuando de manera conjunta en cada expediente disciplinario. d) Por el Consejo General de la Abogacía Española, aun cuando el infractor no sea miembro de tal Consejo ni de las Juntas de Gobierno de los Colegios y de los Consejos Autonómicos.

Gabriela, profesional de la abogacía, cambia de domicilio profesional. Se olvida de comunicar tal cambio al Colegio, ¿tiene relevancia tal falta de comunicación?. No, pues únicamente es preciso comunicar al Colegio el cambio de domicilio personal. No, pues no existe ninguna obligación de comunicación al Colegio de las circunstancias relativas al domicilio. Sí, la no comunicación del cambio de domicilio profesional al Colegio constituye una infracción leve. Sí, la no comunicación del cambio de domicilio profesional al Colegio constituye una infracción muy grave.

¿A qué orden jurisdiccional corresponde conocer, además de las materias que le son propias, de todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional?. a) Orden jurisdiccional civil. b) Orden jurisdiccional contencioso-administrativo. c) Orden jurisdiccional social. d) Orden jurisdiccional penal.

Señale cuál de los siguientes principios y valores se constituye como principio rector y valor superior del ejercicio de la Abogacía: a) Integridad. b) Pluralismo político. c) Justicia. d) Igualdad.

PREGUNTA RESERVA: La colegiación como ejerciente habilita para ejercer: a) Únicamente el ámbito territorial del Colegio. b) En todo el mundo. c) En todo el territorio del Estado. d) Únicamente en el ámbito de la Comunidad Autónoma del lugar donde tenga su sede el Colegio.

PREGUNTA RESERVA: La rehabilitación del profesional de la abogacía expulsado exigirá: a) El transcurso de un plazo de cinco años desde que la sanción de expulsión hubiese sido ejecutada y la acreditación de haber superado las actividades formativas que en materia de deontología profesional establezca cada Colegio con carácter general, así como no haber incurrido en causa de indignidad o desprecio de los valores y obligaciones profesionales y deontológicas. b) Únicamente el transcurso de un plazo de cinco años, transcurrido el cual se producirá automáticamente la rehabilitación. c) No es posible la rehabilitación del profesional de la abogacía expulsado. d) No es posible la expulsión de un profesional de la abogacía.

PREGUNTA RESERVA: El deber de secreto profesional del profesional de la abogacía: a) Se extingue automáticamente al cesar la prestación de los servicios al cliente. b) Permanece incluso después de haber cesado en la prestación de los servicios al cliente, sin que se encuentre limitado en el tiempo. c) Permanece incluso después de haber cesado en la prestación de los servicios al cliente, por un periodo de un año desde el cese de los servicios. d) Se extingue cuando transcurran dos años desde el cese de la prestación de los servicios al cliente.

PREGUNTA RESERVA: Un cliente que ha sido demandado plantea al profesional de la abogacía que le asiste la posibilidad de allanarse a la demanda antes de evacuar el trámite de contestación. Le consulta si, en tal caso, se le impondrán las costas. Señale la respuesta correcta: a) No procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado. b) Se impondrán las costas en todo caso al demandado, al haber sido ya iniciado el proceso. c) No se impondrán las costas al haberse producido el allanamiento antes de contestar a la demanda, sin que el tribunal pueda imponerlas en ningún caso. d) Las costas se impondrán a la parte demandante necesariamente, al haberse producido el allanamiento por el demandado.

PREGUNTA RESERVA: Usted ha presentado solicitud de aclaración frente a una sentencia. ¿Qué ocurre con el plazo del recurso contra la sentencia frente a la que solicitó la aclaración?. a) Se interrumpe desde que se solicite su aclaración, comenzando a computarse desde el día siguiente a la notificación del auto o decreto que reconociera o negase la omisión del pronunciamiento y acordase o denegara remediarla. b) No se interrumpe y sigue corriendo pese a la solicitud de aclaración. c) Se interrumpe desde que se solicite su aclaración, comenzando a computarse desde que transcurran cinco días desde que se formula la solicitud. d) No es posible solicitar la aclaración de una sentencia frente a la que cabe recurso, la discrepancia deberá hacerse valer por medio del recurso que proceda.

PREGUNTA RESERVA: Señale qué precepto constitucional consagra el derecho a la tutela judicial efectiva: a) Ninguno. El derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho de configuración legal que no aparece recogido en la Constitución Española. b) El artículo 14 de la Constitución Española. c) El artículo 24 de la Constitución Española. d) El artículo 155 de la Constitución Española.