Acto administrativo

De acuerdo con la definición del acto administrativo proporcionada por Zanobini y a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes NO se considera un acto administrativo?. La emisión de un certificado por parte de un secretario en el que da fe de una relación jurídica. La publicación de un reglamento por parte de un ministerio. La resolución de un expediente sancionador emitido por la Administración Pública. La firma de un contrato laboral por parte de una entidad administrativa sujeta a derecho laboral.

Según el artículo 34 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos emitidos por un órgano incompetente en razón de la materia son: Actos anulables, ya que carecen de un requisito formal indispensable. Actos nulos de pleno derecho, por carecer de competencia. Actos válidos si no han sido impugnados en tiempo y forma. Actos válidos siempre que se ratifique por el órgano competente posteriormente.

De acuerdo con la Ley 39/2015, ¿qué caracteriza a un acto administrativo "presunto"?. Es un acto que se manifiesta de manera indirecta, deduciéndose como efecto de otro acto administrativo. Es un acto que requiere confirmación judicial para su validez. Es un acto emitido de manera expresa por la Administración, que puede ser recurrido ante un órgano superior. Es un acto administrativo que se produce por la inactividad de la Administración, y la ley deduce consecuencias de dicho silencio.

¿cuál de los siguientes actos administrativos se considera que "agota la vía administrativa"?. Un acto impugnado en sede judicial sin haberse presentado previamente recurso administrativo. Una resolución que se emite tras la tramitación de un recurso de alzada. Una resolución que permite un recurso de reposición ante la propia Administración. Un acto administrativo que puede ser revisado por un órgano colegiado superior.

En relación con los elementos del acto administrativo ¿cuál es la causa del acto administrativo?. El órgano competente que lo emite. La finalidad de interés público que persigue. La razón o motivo que justifica su emisión. La formalidad del proceso que culmina en su emisión.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, un acto administrativo emitido prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido será: Anulable si causa indefensión a los interesados. Nulo de pleno derecho, por incumplir un requisito esencial. Válido si no es impugnado en el plazo establecido. Revisable si afecta a derechos fundamentales.

Según lo establecido en el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿en cuál de los siguientes casos se permite otorgar eficacia retroactiva a un acto administrativo?. Cuando se dicten en sustitución de actos anulados, siempre que no afecte a derechos o intereses legítimos de terceros. Cuando el acto administrativo limite derechos subjetivos o intereses legítimos. Cuando se trate de actos sancionadores y se estime conveniente. Siempre que el acto sea dictado por el órgano competente y no exista oposición por parte de los interesados.

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué tipo de actos administrativos deben ser motivados con una sucinta referencia a los hechos y fundamentos de derecho?. Todos los actos administrativos dictados por una Administración Pública. Los actos que resuelvan procedimientos sancionadores, excepto cuando se resuelvan favorablemente para el interesado. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos, así como los que rechacen pruebas propuestas por los interesados. Los actos que impongan multas coercitivas o que aprueben la ejecución subsidiaria de un acto administrativo.

Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál es el plazo máximo para notificar a los interesados una resolución administrativa, desde la fecha en que el acto haya sido dictado?. Tres días hábiles. Cinco días hábiles. Diez días hábiles. Diez días naturales.

Conforme al artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿en cuál de los siguientes casos podrá suspenderse la ejecución de un acto administrativo durante la tramitación de un recurso administrativo?. Cuando la ejecución del acto pudiera causar un daño económico significativo al interesado o cuando la impugnación se fundamente en causas de anulidad de pleno derecho. Cuando el órgano administrativo considere que existe riesgo de lesión a derechos fundamentales o cuando la impugnación se fundamente en causas de anulidad de pleno derecho. Cuando la ejecución del acto pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación, o cuando la impugnación se fundamente en causas de nulidad de pleno derecho. Siempre que el interesado lo solicite alegando cualquier causa razonable.

Según el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes supuestos determina la anulabilidad de un acto administrativo?. Cuando se dicte por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Cuando incurra en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder. Cuando se dicte con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido. Cuando tenga un contenido imposible.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué debe hacer la Administración cuando declare la nulidad de un acto administrativo que contiene elementos constitutivos de otro distinto?. Anular el acto en su totalidad y dictar uno nuevo desde el inicio del procedimiento. Conservar los elementos del acto nulo que puedan tener efectos sobre el nuevo acto. Declarar la nulidad total sin posibilidad de conversión del acto. Reanudar el procedimiento administrativo desde el punto en que se cometió la infracción.

El órgano que dicte el acto debe tener competencia: Territorial. Funcional. Jerárquica. Todas son correctas.

¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir el contenido del acto administrativo?. Que sea posible, lícito, determinable y adecuado al fin que persigue. Los que establezca la ley. No existen unos requisitos concretos. Ninguna de las respuestas es correcta.

¿Qué regla general persigue el acto administrativo?. El interés particular. El interés de la propia Administración. El interés público. Ninguna de las respuestas es correcta.

Según el artículo 39.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPA), ¿cuándo producen efectos los actos administrativos?. Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Desde el momento en que son notificados al interesado. Desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Desde que el interesado toma conocimiento del acto administrativo, ya sea por notificación o publicación.

¿En qué situación se suspende la eficacia de un acto administrativo de acuerdo con el artículo 117 de la Ley 39/2015?. Cuando se interpone un recurso contencioso-administrativo, independientemente de la decisión del órgano competente. Automáticamente, si la ejecución del acto puede causar perjuicios de difícil o imposible reparación. Si el órgano que debe resolver el recurso interpuesto así lo decide o si se fundamenta en causas de nulidad de pleno derecho. Solo si el interesado solicita expresamente la suspensión en un recurso de alzada.

Conforme al artículo 47 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, ¿cuál de las siguientes opciones constituye un supuesto de nulidad de pleno derecho?. Un acto administrativo que carece de motivación, pero cumple con todos los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin. Un acto administrativo dictado por un órgano incompetente en razón de la materia o del territorio. Un acto administrativo con un defecto de forma que cause indefensión a los interesados. Un acto administrativo que incumple un plazo establecido por la normativa.

Según el artículo 48 de la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes defectos puede llevar a la anulabilidad de un acto administrativo?. La omisión de la motivación en un acto que debe ser motivado según la ley. La emisión de un acto administrativo sin que se haya solicitado el dictamen de un órgano consultivo, cuando no era preceptivo. La falta de notificación de un acto administrativo en un plazo superior a 15 días desde su dictado. La motivación insuficiente de un acto discrecional, que no limite derechos subjetivos ni intereses legítimos.

¿En qué casos, según el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, puede otorgarse eficacia retroactiva a un acto administrativo?. Siempre que el acto administrativo favorezca al interesado. Cuando se dicten en sustitución de actos anulados o produzcan efectos favorables al interesado, sin que se lesionen derechos de terceros. En cualquier caso, si se considera que la retroactividad beneficia a la Administración. Cuando se trate de actos de ejecución forzosa que deban aplicarse de forma inmediata.

Según el artículo 50 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, ¿qué significa la conversión de un acto administrativo nulo o anulable?. Transformar un acto administrativo inválido en un acto judicial válido. Convertir un acto nulo en un acto anulable para facilitar su convalidación posterior. Permitir que el acto nulo o anulable produzca los efectos de otro distinto cuyos elementos constitutivos contenga. Validar el acto administrativo nulo para que pueda seguir produciendo efectos hasta su eventual anulación.

¿En qué artículo de la Ley 39/2015 se prevén los actos administrativos que tienen que ser motivados?. Artículo 42. Artículo 35. Artículo 52. Artículo 50.

¿Cuándo se presumen válidos y producen efectos los actos administrativos de acuerdo con el art. 39 de la Ley 39/2015?. Al día siguiente en que se dictan. A los 10 días de su publicación en el BOE. Desde la fecha que se dictan, salvo que en ellos se disponga otra cosa. A los 20 días de su aprobación.

¿Cuándo tiene eficacia retroactiva un acto administrativo?. Cuando se dicte en sustitución de otro acto anulado. Siempre. Cuando así lo exija el contenido del acto. No está previsto.

¿Cuándo queda demorada la eficacia del acto?. Nunca. Cuando exista un acuerdo entre la Administración y los administrados. Cuando lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. En los supuestos que determine la Administración.

Mientras se decide acerca de la validez del acto, la suspensión de la eficacia tiene carácter: Definitivo. General. Final. Provisional.

Los medios de ejecución forzosa son: No están previstos en la ley. Apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multas coercitivas y la compulsión sobre personas. Los que en ese momento establezca la Administración. Ninguna es correcta.

Las notificaciones deberán ser cursadas en un plazo de: 5 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 20 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

Son nulos de pleno derecho los actos que (art. 47 de la Ley 39/2015): Tengan un contenido imposible. Lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Se establezcan expresamente en una disposición de rango legal. Todas las respuestas anteriores son correctas.

¿Cuándo son objeto de publicación los actos administrativos?. Cuando lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o lo aconsejen por razones de interés público. Nunca son publicados. Siempre tienen que ser publicados. Ninguna es correcta.

¿Cuáles son los actos administrativos firmes?. Los que no pueden ser impugnados en vía administrativa. Los que son susceptibles de recurso en vía administrativa y en la vía contencioso-administrativa. Los que, salvo recurso de revisión, no pueden ser impugnados en vía administrativa, ni en vía contencioso-administrativa. Los que no pueden ser impugnados en vía contencioso-administrativa.

La forma del acto administrativo, generalmente, es: Oral. Escrita. Pública. Una combinación de todas ellas.

El defecto de forma del acto siempre determina la anulabilidad: No, solo cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. Sí, siempre. No, ya que el defecto de forma da lugar a la nulidad de pleno derecho. Solo cuando lo disponga la ley.

(Art. 80 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre) En relación con el Servicio Exterior de la Administración General del Estado, ¿qué normativa regula su organización, funciones, integración y personal?. Exclusivamente por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, y supletoriamente por la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre. Por la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos, exclusivamente.

(Art. 2.2.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) Según el artículo 2.2.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿qué entidades forman parte del sector público institucional, y cómo se rigen las universidades públicas?. El sector público institucional incluye organismos públicos y entidades de Derecho Público, entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, y las universidades públicas se rigen únicamente por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre. El sector público institucional se integra por organismos públicos, entidades de Derecho Privado y corporaciones de Derecho Público, y las universidades públicas se rigen exclusivamente por la Ley 39/2015, de 1 de octubre. El sector público institucional se compone de organismos públicos y entidades de Derecho Público vinculados a la Administración, entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas y las universidades públicas se rigen por su normativa específica y supletoriamente por la Ley 39/2015, de 1 de octubre. El sector público institucional incluye organismos públicos y universidades privadas, entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, y las universidades públicas se rigen exclusivamente por sus estatutos internos.

(Art. 2.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) ¿Es aplicable la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca?. No, porque la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca es una entidad privada y no forma parte del sector público. Sí, porque la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca es un organismo autónomo del Consell de Mallorca, que es parte del sector público institucional. No, porque la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca está regulada exclusivamente por la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales. Sí, pero únicamente en los casos que involucran la administración central del Estado.

(Art. 2.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) Según el artículo 2.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre las Administraciones Públicas es incorrecta?. Las Administraciones Públicas incluyen la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Las entidades de Derecho Privado vinculadas a las Administraciones Públicas forman parte del sector público, pero no tienen la consideración de Administraciones Públicas. Las universidades públicas, aunque forman parte del sector público institucional, no se consideran Administraciones Públicas. Todas las entidades que forman parte del sector público institucional tienen la consideración de Administraciones Públicas.

Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, ¿en cuál de los siguientes casos es obligatorio que un acto administrativo esté debidamente motivado?. Cuando se trate de actos que conceden una licencia urbanística. Cuando se trata de actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Cuando se trate de la concesión de subvenciones en concurrencia competitiva. Cuando se resuelvan procedimientos administrativos ordinarios sin efectos desfavorables para el interesado.

De acuerdo con el artículo 36 de la Ley 39/2015, ¿cómo deben emitirse los actos administrativos en términos generales?. Deben emitirse por escrito, pero solo se exige su firma cuando se trata de actos de gran relevancia. Pueden emitirse verbalmente, siempre que se haga constar posteriormente en el expediente. Deben emitirse por escrito y a través de medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija otra forma más adecuada. Pueden emitirse por cualquier medio siempre que se garantice su notificación adecuada a los interesados.

¿Qué establece el artículo 39.2 de la Ley 39/2015 respecto a la eficacia de un acto administrativo?. La eficacia de un acto administrativo comienza una vez que el acto ha sido notificado, sin excepciones. La eficacia de un acto administrativo queda demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. Los actos administrativos son inmediatamente eficaces tras su firma por la autoridad competente, independientemente de la notificación. La eficacia de un acto administrativo se produce exclusivamente cuando el acto es publicado en el Boletín Oficial correspondiente.

En relación con el artículo 38 de la Ley 39/2015, ¿qué significa que un acto administrativo es "ejecutivo"?. Que el acto administrativo debe ser ejecutado inmediatamente por la Administración Pública, sin posibilidad de recurso por parte del administrado. Que el acto produce efectos jurídicos desde la fecha en que se dicta, pero su ejecución puede ser suspendida en ciertos casos. Que el acto debe ser ejecutado inmediatamente y solo puede suspenderse por una autoridad judicial. Que el acto administrativo puede ser modificado o revocado en cualquier momento por la propia Administración.

Según el artículo 34.2 de la Ley 39/2015, ¿cómo debe ser el contenido de un acto administrativo?. Debe ser flexible para permitir ajustes según las circunstancias del caso. Debe ajustarse a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y ser adecuado a los fines del acto. Debe ser determinado únicamente por el criterio subjetivo del órgano que lo emite. Debe ser lo suficientemente amplio para cubrir múltiples situaciones no previstas inicialmente.

¿Cuál de los siguientes es un requisito esencial para la validez de un acto administrativo según la Ley 39/2015?. Que el acto sea emitido en presencia del interesado. Que el acto sea emitido en el plazo establecido por el ordenamiento jurídico. Que el acto sea emitido por el órgano competente, conforme al artículo 34.1 de la Ley 39/2015. Que el acto sea emitido sin necesidad de motivación en todos los casos.

Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la validez y eficacia de los actos administrativos?. Los actos administrativos se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se notifican a los interesados. Los actos administrativos se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. La eficacia de los actos administrativos siempre queda demorada hasta que se complete su notificación y publicación, sin excepción. La eficacia de los actos administrativos nunca puede ser retroactiva, incluso cuando se sustituyan actos anulados.

De acuerdo con el artículo 47 de la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes supuestos se considera un caso de nulidad de pleno derecho?. Un acto administrativo dictado por un órgano incompetente por razón de jerarquía. Un acto administrativo que infrinja un procedimiento legalmente establecido pero sin causar indefensión. Un acto administrativo que lesione derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Un acto administrativo dictado por un órgano competente que omite la notificación.

Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, ¿en cuál de los siguientes casos las notificaciones NO se realizarán por medios electrónicos?. Cuando el interesado solicite expresamente la notificación en papel, aunque no esté obligado a recibir notificaciones electrónicas. Cuando la notificación se acompañe de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico. Cuando se trate de un procedimiento iniciado de oficio por la Administración. Cuando la notificación debe realizarse en un procedimiento sancionador.

¿Qué principio refleja el artículo 49 de la Ley 39/2015 cuando establece que la nulidad o anulabilidad de un acto no implica automáticamente la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero?. Principio de autotutela declarativa. Principio de conservación del acto administrativo. Principio de eficacia retroactiva. Principio de presunción de validez.

De acuerdo con el artículo 50 de la Ley 39/2015, ¿qué sucede con un acto administrativo nulo o anulable que contiene los elementos constitutivos de otro acto distinto?. El acto se considera automáticamente inexistente y no produce efectos jurídicos. El acto es ineficaz y debe ser revocado sin más trámite. El acto producirá los efectos del acto distinto cuyos elementos contiene. El acto debe ser anulado y reenviado para su correcta tramitación.

¿Cuál es la característica principal de la "anulabilidad" según lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 39/2015?. Los actos anulables tienen efectos ex tunc, es decir, con retroactividad desde la fecha en que se dictó el acto. La anulabilidad de un acto administrativo implica que el defecto no puede ser subsanado por la Administración. Los actos anulables pueden ser subsanados y tienen efectos ex nunc, es decir, desde la fecha de su corrección. La declaración de anulabilidad es imprescriptible y puede solicitarse en cualquier momento.

Según el artículo 42 de la Ley 39/2015, ¿qué sucede si una notificación se intenta entregar en el domicilio del interesado y no se encuentra presente, pero un vecino mayor de edad acepta hacerse cargo de la misma?. La notificación se considera válida si el vecino deja constancia de su identidad y relación con el interesado. La notificación no es válida, y se debe reintentar la entrega en un plazo de tres días. La notificación se considera válida si el vecino es mayor de 18 años y firma el acuse de recibo. La notificación no es válida, y debe entregarse únicamente a un mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio.

(Artículo 40 LPACAP) De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la notificación de un acto administrativo debe incluir: El texto íntegro del acto administrativo, la indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, los recursos procedentes, la firma del órgano competente y el plazo para la ejecución del acto. El texto íntegro del acto administrativo, la indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, los recursos procedentes, el órgano ante el que deben presentarse, el plazo para interponerlos y la firma del órgano competente. El texto íntegro del acto administrativo, la indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, los recursos procedentes, la firma del interesado y el plazo para la presentación de alegaciones. El texto íntegro del acto administrativo, la indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, los recursos procedentes, el plazo para interponerlos y el órgano ante el que se notificó el acto.

(Artículo 42 LPACAP) De acuerdo con el artículo 42 de la Ley 39/2015, cuando la notificación se practique en papel y no se halle presente el interesado en el domicilio, se procederá: A dejar constancia de la tentativa fallida y realizar un segundo intento en un plazo máximo de 10 días hábiles. A realizar una nueva tentativa en la misma franja horaria en los tres días hábiles siguientes. A realizar un nuevo intento en una hora diferente dentro de los tres días siguientes, debiendo ser, si el primer intento fue antes de las 15:00 horas, el segundo después de esa hora y viceversa. A remitir la notificación a la sede electrónica del interesado si el segundo intento resulta fallido.

(Artículo 39 LPACAP) En virtud del artículo 39 de la Ley 39/2015, ¿cuándo puede un acto administrativo tener eficacia retroactiva?. Cuando así lo determine la Administración competente en su resolución motivada y no existan terceros interesados. Siempre que beneficie al interesado, independientemente de los derechos de terceros. Cuando se dicte en sustitución de actos anulados o produzca efectos favorables al interesado, existiendo ya los supuestos de hecho en la fecha retrotraída, y no se lesionen derechos de terceros. Cuando la Administración considere que la eficacia retroactiva es necesaria para corregir errores cometidos en la emisión del acto original.

(Artículo 44 LPACAP) Según el artículo 44 de la Ley 39/2015, si se desconoce el lugar de la notificación o el interesado es desconocido, ¿qué procedimiento debe seguir la Administración para notificar un acto?. Publicar un anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado. Publicar un anuncio en el Boletín Oficial del Estado, y adicionalmente, de manera opcional, en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia correspondiente. Publicar un anuncio en un periódico de difusión nacional. Enviar la notificación a la dirección electrónica habilitada única del interesado.

Conforme al artículo 40 de la Ley 39/2015, ¿cuándo comenzará a computarse el plazo para interponer un recurso si la notificación no incluye todos los requisitos establecidos, pero el interesado realiza actuaciones que demuestran conocimiento del acto?. Desde el momento en que la Administración subsane la notificación. Desde el día siguiente a aquel en que el interesado haya realizado actuaciones que demuestren el conocimiento del contenido y alcance de la resolución. Desde la fecha en que el acto fue dictado por la Administración, independientemente de la subsanación. Desde que el interesado reciba una nueva notificación completa.

¿Cuál de los siguientes principios NO está incluido como obligatorio en la actuación de las Administraciones Públicas según el artículo 103 de la Constitución Española y lo dispuesto en la Ley 39/2015?. Legalidad. Jerarquía. Eficiencia. Imparcialidad.

Según el artículo 149.1.18 de la Constitución Española y la Ley 39/2015, el Estado tiene la competencia para regular el procedimiento administrativo común. Esta competencia estatal permite: Regular el procedimiento administrativo común y los específicos de cada Comunidad Autónoma. Regular el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas. Establecer el procedimiento administrativo común exclusivamente en la Administración General del Estado. Establecer normas comunes y específicas para todas las Administraciones Públicas, incluyendo a los organismos autónomos.

De acuerdo con el artículo 70 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes elementos NO forma parte del expediente administrativo?. Documentos que sirvan de antecedente y fundamento a la resolución administrativa. Notas internas entre órganos administrativos que se utilizan para preparar la decisión. Informes preceptivos y facultativos solicitados antes de la resolución administrativa. Copia electrónica certificada de la resolución adoptada.

(Ley 39/2015, Título IV, Capítulo V) En relación con la finalización del procedimiento administrativo según la Ley 39/2015, ¿cuál de las siguientes formas NO constituye una manera válida de finalización?. Resolución expresa del órgano competente. Desistimiento por parte del interesado. Silencio administrativo por inactividad del órgano competente. Declaración de caducidad del procedimiento.

Según el artículo 93 de la Ley 39/2015, ¿cuál es el procedimiento aplicable cuando la Administración decide desistir en un procedimiento iniciado de oficio?. La Administración puede desistir sin necesidad de motivación y debe notificarlo a los interesados. La Administración puede desistir motivadamente en los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes. La Administración solo puede desistir si los interesados consienten expresamente. El desistimiento no está permitido en los procedimientos iniciados de oficio.

(Artículo 66 de la Ley 39/2015) En un procedimiento administrativo iniciado a solicitud del interesado, según el artículo 66 de la Ley 39/2015, ¿qué ocurre si la solicitud no reúne los requisitos establecidos?. Se rechaza automáticamente por falta de cumplimiento de los requisitos. Se concede al interesado un plazo de cinco días para subsanar las faltas. Se concede al interesado un plazo de diez días para subsanar las faltas o acompañar los documentos preceptivos. La solicitud se acepta, pero se insta al interesado a corregirla en el momento de la resolución.

(Artículo 82 de la Ley 39/2015) De acuerdo con el artículo 82 de la Ley 39/2015, ¿cuándo puede prescindirse del trámite de audiencia en un procedimiento administrativo?. Cuando no figuran en el procedimiento hechos ni alegaciones distintas de las aducidas por el interesado. Cuando el procedimiento afecta únicamente a derechos patrimoniales. Cuando el procedimiento se inicia de oficio y no existe una petición de parte. Cuando la resolución es favorable al interesado.

Según el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿en qué momento puede un órgano competente decidir cambiar la tramitación simplificada a la tramitación ordinaria?. Solo al inicio del procedimiento. En cualquier momento anterior a la resolución del procedimiento. Después de la notificación de la tramitación simplificada al interesado, pero antes de emitir la resolución. Solo cuando el interesado se oponga expresamente a la tramitación simplificada.

Conforme al artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si un interesado solicita la tramitación simplificada y el órgano competente considera que no concurren las circunstancias necesarias, ¿qué sucede?. El órgano debe iniciar una tramitación ordinaria y notificarlo al interesado en un plazo máximo de 10 días. La solicitud se desestima automáticamente pasados cinco días sin respuesta y no cabe recurso. La solicitud se acepta si no se responde en un plazo de cinco días, y se inicia la tramitación simplificada. El órgano competente debe notificar la desestimación dentro de los cinco días con posibilidad de recurso.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo 96, ¿cuál es el plazo máximo para resolver un procedimiento que se tramita de manera simplificada?. 15 días a contar desde la notificación de la tramitación simplificada. 30 días a contar desde el inicio del procedimiento. 30 días a contar desde el día siguiente a la notificación al interesado del acuerdo de tramitación simplificada. 45 días desde el acuerdo de la tramitación simplificada.

Según el artículo 25 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿en qué casos se aplicarán los principios de la potestad sancionadora a las Administraciones Públicas?. Solo cuando una ley de rango superior lo establezca específicamente. Siempre, sin excepción, en cualquier procedimiento administrativo sancionador. Cuando la Administración ejerza su potestad disciplinaria respecto de su personal. Solo en los procedimientos sancionadores en materia tributaria y de extranjería.

En relación con el principio de irretroactividad contemplado en el artículo 26 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿qué situación generaría la aplicación retroactiva de una disposición sancionadora?. Cuando la nueva disposición es más beneficiosa para el infractor, tanto en tipificación como en sanción. Cuando la infracción aún no ha sido resuelta en vía administrativa. Cuando la infracción ha sido cometida bajo una disposición ya derogada. En ningún caso se permite la aplicación retroactiva de disposiciones sancionadoras.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes es un caso en el que el silencio administrativo tiene efectos desestimatorios?. Procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, conforme al artículo 29 de la Constitución. Procedimientos relativos a la obtención de licencias para actividades empresariales. Procedimientos iniciados por la Administración de oficio en los que se reclamen indemnizaciones por responsabilidad patrimonial. Procedimientos relativos a la concesión de subvenciones a particulares.

En relación con la presunción de validez y eficacia de los actos administrativos, según el artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuándo se considera que un acto administrativo empieza a producir efectos?. Desde la fecha en que se dicte, sin excepción alguna. Desde la fecha en que se dicte, salvo que en el propio acto se disponga otra cosa. Desde el momento en que el interesado sea notificado del acto administrativo. Desde que el acto haya sido aprobado por una autoridad superior o publicado en un boletín oficial.

De acuerdo con el artículo 39.2 de la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes casos NO es una causa de demora en la eficacia de un acto administrativo?. Cuando el contenido del acto exija que la eficacia quede demorada hasta el cumplimiento de determinadas condiciones. Cuando la eficacia esté supeditada a la notificación formal al interesado. Cuando el acto administrativo se dicta en sustitución de un acto anulado, siempre que no lesione derechos de terceros. Cuando la eficacia esté supeditada a la aprobación superior de una autoridad competente.

Según el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, ¿en qué circunstancias puede otorgarse eficacia retroactiva a un acto administrativo?. Cuando los supuestos de hecho necesarios no existan en la fecha a la que se retrotrae la eficacia del acto. Cuando la eficacia retroactiva beneficie al interesado y los hechos necesarios existían en la fecha a la que se retrotrae, siempre que no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Cuando el acto administrativo sea publicado en un boletín oficial antes de la fecha en que surta efectos. Cuando el acto administrativo haya sido notificado al interesado después de su emisión, con independencia de las condiciones del caso.

¿Cuál es la obligación de los órganos administrativos respecto a las normas y actos dictados por otros órganos de la Administración, según el artículo 39.4 de la Ley 39/2015?. Solo deben observarse las normas y actos dictados por órganos de la misma jerarquía administrativa. Las normas y actos deben observarse únicamente si pertenecen a la misma administración pública. Las normas y actos deben ser observados por todos los órganos administrativos, independientemente de la jerarquía o administración a la que pertenezcan. Solo deben observarse las normas y actos dictados por órganos de mayor jerarquía administrativa o con autoridad superior.

Conforme al artículo 39.5 de la Ley 39/2015, ¿qué procedimiento debe seguir una Administración Pública cuando considera que un acto dictado por otra Administración, del cual depende su propio acto, es ilegal?. Emitir su acto ignorando la ilegalidad percibida, siempre y cuando sea de menor relevancia jurídica. Solicitar la revisión o anulación del acto a la administración emisora y, de ser rechazado, interponer un recurso contencioso-administrativo. Suspender de inmediato su procedimiento y emitir un informe de denuncia ante el Tribunal Supremo. Realizar una consulta a la autoridad superior correspondiente y esperar una directriz antes de continuar con el procedimiento.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a los actos administrativos cuya eficacia está supeditada a su publicación, según el artículo 39.2 de la Ley 39/2015?. La eficacia de todos los actos administrativos siempre requiere de publicación para ser efectiva. Solo los actos administrativos de carácter normativo o reglamentario requieren publicación para su eficacia. La publicación de un acto administrativo nunca es un requisito para su eficacia, salvo en casos de emergencia. Todos los actos administrativos deben ser notificados antes de su publicación para ser efectivos.

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué tipo de actos administrativos NO deben ser motivados con una sucinta referencia a los hechos y fundamentos de derecho?. Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56. Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades regladas. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.

Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué derechos tienen los interesados en un procedimiento administrativo respecto al acceso a la información y los documentos contenidos en él?. Tienen derecho únicamente a conocer el estado del procedimiento en cualquier momento, pero no a obtener copia de los documentos contenidos en él. Tienen derecho a conocer el estado del procedimiento en cualquier momento, a acceder a los documentos contenidos en el procedimiento, pero no a obtener copias de los mismos. Tienen derecho a conocer el estado del procedimiento en cualquier momento, acceder y obtener copias de los documentos contenidos en él, y a identificar a las autoridades y personal de la Administración bajo cuya responsabilidad se tramite el procedimiento. Tienen derecho a acceder a los documentos contenidos en el procedimiento, pero solo durante el trámite de audiencia y siempre que lo soliciten formalmente al órgano competente.

De acuerdo con el artículo 72 de la Ley 39/2015, ¿cuál es el alcance del principio de concentración en el procedimiento administrativo común?. Permite que todos los trámites de un procedimiento se realicen simultáneamente sin necesidad de su cumplimiento sucesivo, con independencia de su naturaleza. Obliga a que los trámites que admitan un impulso simultáneo se realicen en un solo acto, siempre que no sea necesario su cumplimiento sucesivo, y establece plazos legales en la comunicación de los trámites solicitados a otros órganos. Exige que todos los trámites de un procedimiento administrativo se realicen de manera sucesiva y no simultánea, respetando los plazos legales establecidos para cada trámite específico. Permite que los trámites de un procedimiento administrativo se agrupen en un solo acto, siempre y cuando el interesado así lo solicite y el órgano administrativo lo considere procedente.

Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, ¿qué ocurre si la solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo no reúne los requisitos necesarios?. La solicitud es inmediatamente archivada y se notifica al interesado que debe presentar una nueva solicitud conforme a los requisitos establecidos. Se requerirá al interesado para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la advertencia de que si no lo hace, se le tendrá por desistido de su petición. La Administración procederá de oficio a corregir los defectos de la solicitud y continuará el procedimiento, notificando al interesado los cambios realizados. Se amplía automáticamente el plazo de subsanación hasta 15 días hábiles, siempre que se trate de procedimientos de concurrencia competitiva o selectivos.

¿Cuál es el objetivo del Reglamento aprobado por el Real Decreto 203/2021 en el marco del procedimiento administrativo común por medios electrónicos, según la Ley 39/2015?. Regular únicamente los procesos de comunicación y notificación entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos mediante correos electrónicos certificados. Facilitar, regular y promover la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos, asegurando el derecho de los ciudadanos a interactuar electrónicamente con las Administraciones Públicas, así como la interoperabilidad y seguridad de los datos. Limitar el uso de medios electrónicos en la Administración Pública a ciertos tipos de procedimientos que involucren exclusivamente a empresas privadas. Establecer la obligación de que todos los procedimientos administrativos sean gestionados únicamente en formato digital, sin excepciones de tipo alguno.

Conforme al artículo 16 de la Ley 39/2015, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir los registros electrónicos generales de las Administraciones Públicas?. Deben estar disponibles las 24 horas, ser interoperables y garantizar la transmisión telemática de los documentos presentados, pero solo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Deben contar con un número identificativo, registrar la fecha y hora de presentación de documentos, y ser interoperables con otros registros electrónicos, asegurando la transmisión telemática de los asientos registrales y documentos presentados. Deben ser exclusivos para procedimientos administrativos sancionadores y de responsabilidad patrimonial, y permitir el acceso en línea solo a funcionarios públicos debidamente autorizados. Deben aceptar únicamente documentos digitales y rechazar cualquier documento presentado en formato papel, salvo autorización expresa del órgano competente.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 39/2015, ¿qué contenido mínimo debe tener el acuerdo de iniciación de un procedimiento de naturaleza sancionadora?. La identificación de las personas presuntamente responsables, los hechos que motivan la incoación del procedimiento, y la identificación del instructor, pero no es necesario incluir las posibles sanciones que pudieran imponerse. Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, la identificación del instructor, las medidas provisionales acordadas, y la identificación del órgano competente, sin necesidad de indicar los derechos del presunto responsable. La identificación de las personas presuntamente responsables, los hechos que motivan la incoación del procedimiento, la posible calificación y sanciones, la identificación del instructor y secretario, el órgano competente para la resolución, las medidas provisionales acordadas, y el derecho a formular alegaciones y audiencia. Solo los hechos que motivan la incoación del procedimiento, la identidad del instructor y del secretario, y el órgano competente, siendo opcional la mención a posibles medidas provisionales.