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Según el artículo 21 de la Constitución Española, el ejercicio del derecho de reunión pacífica y sin armas: No necesitará autorización previa. Estará regulado por Ley orgánica. Necesita autorización previa judicial.

Según la Constitución Española, ¿los españoles de origen pueden ser privados de su nacionalidad?. En los casos establecidos por la ley. En ningún caso,. Cuando sea establecido por un Tratado internacional.

Las garantías de los derechos fundamentales y de las libertades públicas se encuentran reguladas en la Constitución Española en: El artículo 53. Ei artículo 55. El artículo 56.

Según la Constitución Española, está legitimado para interponer el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional: El Ministerio Fiscal. Cincuenta Diputados. El Presidente de! Gobierno.

La Regencia se ejercerá: Por mandato constitucional y en nombre de las Cortes Generales. Por mandato del Rey en los casos previstos en la Constitución. Por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.

Según la Constitución Española, las causas de inelegibilídad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores se determinarán por: La propia Constitución Española. La Ley electoral. El Reglamento de la Cámara.

Según la Constitución Española, la composición y competencia del Consejo de Estado se regulará mediante: Ley ordinaria. Ley orgánica. Reglamento de las Cortes Generales.

Según la Constitución Española, si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios: No podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. No podrán presentar otra durante el mismo periodo legislativo.

¿Cuál de las siguientes es la Ley Orgánica del Poder Judicial?. Ley Orgánica 6/1984, de 1 de julio. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio. Ley Orgánica 6/1985, de 21 de julio.

Según la Constitución Española, de los veinte miembros que integran el Consejo General del Poder Judicial, cuatro serán nombrados a propuesta de: El Congreso de los Diputados. El Gobierno. El Tribunal Supremo.

Según la Constitución Española, la aprobación, modificación o derogación de un Estatuto de Autonomía exigirá: Mayoría absoluta de las Cortes Generales. Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Mayoría de tres quintos del Congreso y mayoría absoluta del Senado.

Según la Constitución Española, los recursos del Fondo de Compensación serán distribuidos entre las Comunidades autónomas y Provincias, en su caso, por: Las Cortes Generales. El Tribunal de Cuentas. El Gobierno del Estado.

Según la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, dentro de un Departamento ministerial, le corresponde desempeñar la jefatura superior de todo el personal al: Subsecretario. Secretario General. Secretario General Técnico.

Según la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, las reuniones del Consejo de Ministros: Tendrán sólo carácter decisorio. Tendrán sólo carácter deliberante. Podrán tener carácter decisorio o deliberante.

Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones públicas actúan y se relacionan de acuerdo con el principio de lealtad institucional y, en consecuencia, deberán: Supervisar si el ejercicio por las otras Administraciones de sus competencias es legítimo. Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias. Prestar, en cualquier ámbito, la cooperación y asistencia jurídica y económica que las otras Administraciones pudieran necesitar para el eficaz ejercicio de sus competencias.

Según el Código Civil, la costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable: Exclusivamente siempre que resulte probada. Siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Siempre que no sea contraria al orden público y, en su aplicación, resulte más beneficiosa.

Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los actos administrativos se producirán: De forma oral, a menos que sea necesario autorización o aprobación superior. Por escrito, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia. De cualquier forma que permita la mejor adecuación de su expresión y constancia.

Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las notificaciones se practicarán: Por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado. Siempre por escritof para tener constancia de la recepción del texto íntegro por el interesado o su representante. Directamente al interesado o a su representante.

Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, son anulables los actos de la Administración: Que tengan un contenido imposible. Que incurran en cualquier infracción del ordenamiento Jurídico incluso la desviación de poder. Contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones públicas: Exclusivamente los nacionales españoles o comunitarios, residentes en España. Exclusivamente los mayores de edad. Las personas que la ostenten con arreglo a las normas civiles.

Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán: Con los firmantes de la solicitud. Con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado. Con aquel interesado designado por el órgano competente para resolver.

Según el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en sus relaciones con las Administraciones públicas, los ciudadanos tienen derecho: A obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento. A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento posterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. A no presentar documentos exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que no se encuentren en poder de la Administración actuante.

Según La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el derecho de acceso a los archivos y registros de las Administraciones públicas conllevará el de obtener copias o certificados de los documentos cuyo examen sea autorizado por la Administración: Sólo en el registro de la Propiedad. Previo pago, en su caso, de las exacciones que se hallen legalmente establecidas. El derecho de acceso no conlleva el de obtener copias o certificados de los documentos obrantes en los archivos o registros públicos.

Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en un procedimiento administrativo, La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros: Una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos. Una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda del total de los mismos. Una ampliación del doble del plazo establecido.

Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los interesados en un procedimiento podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio: Sólo al ser requeridos para tal fin por el órgano instructor. En cualquier momento del procedimiento anterior a la resolución. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.

Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en un procedimiento la incomparecencia en el trámite de información pública: Impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. No impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. Producirá la caducidad del procedimiento administrativo.

Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra la resolución de un recurso de alzada: Podrá interponerse nuevo recurso de alzada sólo si al dictar la resolución se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Cabrá interponer recurso potestativo de reposición. No cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 118 de esta ley.

Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si, desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución expresa al respecto transcurridos;. Treinta días. Veinte días. Diez días.

Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el régimen de Concejo Abierto, el gobierno y la administración municipales corresponden a: Un Alcalde y un Consejo vecinal. Un Alcalde y una Asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores. Una Asamblea vecinal, exclusivamente.

Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las Comunidades autónomas podrán crear, mediante ley y de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos, Áreas metropolitanas: Previa audiencia de la Administración del Estado, en exclusiva. Solamente mediante audiencia previa de los Ayuntamientos y Diputaciones afectados. Previa audiencia de la Administración del Estado y de los Ayuntamientos y Diputaciones afectados.

Los municipios podrán solicitar de la Comunidad autónoma respectiva la dispensa de la obligación de prestar los servicios mínimos que les correspondan, según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuando: Tengan una población inferior a 1.000 habitantes. Por sus características peculiares, resulte de muy difícil cumplimiento la prestación de dichos servicios por el propio Ayuntamiento y tengan una población inferior a 1.000 habitantes. Por sus características peculiares, resulte de imposible o muy difícil cumplimiento e! establecimiento y prestación de dichos servicios por el propio Ayuntamiento.

Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Consejo Social de la Ciudad: Existirá en todos los municipios. Existirá en los municipios de gran población, regulados en el título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Es un órgano exclusivo de las Comunidades autónomas uniprovinciales.

Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los datos del Padrón municipal se cederán a otras Administraciones públicas que lo soliciten solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes: Con consentimiento previo al afectado. Sin consentimiento previo al afectado. Los datos del Padrón municipal no se pueden ceder.

Según establece el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, los órganos superiores de gobierno y administración del Ayuntamiento son: El Alcalde, los Gerentes y los Coordinadores Generales. El Alcalde, el Interventor General municipal y los Gerentes. El Alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno Loca.

Según la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, en el Ayuntamiento, la aprobación de las relaciones de bienes y derechos sujetos a expropiación y la de los proyectos expropiatorios, incluidos los urbanísticos tramitados por el procedimiento de tasación conjunta, le corresponde: Al Alcalde. Al Pleno. A la Junta de Gobierno.

Según la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, corresponde al Alcalde el ejercicio de la siguiente atribución: El ejercicio de la potestad sancionadora. La firma de convenios. La creación de ficheros de datos de carácter personal.

En el Ayuntamiento de Madrid, el titular de la Tesorería deberá ser un: Funcionario de Administración local de la especialidad de Auditoría y Contabilidad. Un funcionario con habilitación de carácter estatal. En todo caso, un Concejal.

Según la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, la asistencia jurídica al Alcalde, a la Junta de Gobierno y a los órganos directivos, comprensiva del asesoramíento jurídico y de la representación y defensa en juicio del Ayuntamiento y de los Organismos autónomos y Entidades públicas empresariales municipales, corresponderá: Al Director de la Asesoría Jurídica. A los letrados del Ayuntamiento de Madrid integrados en la Asesoría Jurídica. A los abogados del Estado.

Según la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, el control interno de la gestión económica y financiera del sector público municipal y la función contable, le corresponde: A la Intervención General. A la Tesorería. A la Agencia Tributaria.

Según la Ley 22/2006, de 4 de Julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, la encomienda de gestión de determinadas actividades de carácter material, técnico o de servicios, derivadas de competencias administrativas de la Administración General del Estado y de la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica que resulte de aplicación, se formalizará mediante: Contrato de colaboración entre Administraciones públicas. Acuerdo de colaboración entre las Administraciones firmantes. Convenio suscrito al efecto.

Según la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, en materia de seguridad pública al Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid le corresponde: La protección y custodia de autoridades, edificios, instalaciones, dependencias, infraestructuras y equipamientos de carácter nacional. Et ejercicio de las competencias que en materia de policía administrativa y policía de seguridad le atribuye la normativa autonómica y municipal. El ejercicio de las competencias que en materia de policía administrativa y policía de seguridad le atribuye la normativa estatal.

Según la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, para el ejercicio de las funciones de ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación, podrá crearse un Cuerpo de funcionarios, por. Acuerdo de la Junta de Gobierno. Acuerdo del Pleno. La Asamblea de la Comunidad de Madrid.

Según establece el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, ¿el Teniente de Alcalde puede asumir la titularidad de un Área de Gobierno?. Sí, y ostentará, además, la condición de Concejal de Gobierno. No la puede asumir, en ningún caso. Sí, puede asumirla pero sólo ostentará la condición de Teniente de Alcalde.

Según el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, la coordinación de las Direcciones Generales y órganos asimilados en el ámbito de los servicios comunes, le corresponde: A los Coordinadores Generales. A los Secretarios Generales Técnicos. A los Consejeros-Delegados.

Según establece el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, los órganos directivos, así como las Subdirecciones Generales, Servicios y Departamentos se modifican: A propuesta del titular del Área de Gobierno correspondiente, a través de la relación de puestos de trabajo, que se aprobará de acuerdo con su regulación específica. Por Decreto del Alcalde, a propuesta del titular del Área de Gobierno correspondiente, a través de la relación de puestos de trabajo. Por Decreto del Alcalde, a propuesta del titular del Área de Gobierno correspondiente y previo informe del Área competente en materia de organización administrativa.

Según el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamaento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, la Junta Municipal del Distrito ejercerá las competencias ejecutivas o administrativas que le correspondan por: Delegación de la Junta de Gobierno, exclusivamente. Delegación del Alcalde, exclusivamente. Delegación del Alcalde o de la Junta de Gobierno, sin perjuicio de las demás que le atribuya el Pleno.

Según el Reglamento Orgánico de! Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, proponer al titular del Área competente por razón de la materia, las propuestas que corresponda aprobar al Pleno o a la Junta de Gobierno en el ámbito de las competencias de su distrito, le corresponde: Al Gerente. Al Concejal-Presidente. Al Secretario General.

Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la organización provincial responde a las siguientes reglas: El Presidente, los Vicepresidentes, ia Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las Diputaciones. Existirán en algunas Diputaciones órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Presidente y Vicepresidentes. El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las Diputaciones, salvo que disponga lo contrario una Ley orgánica.

Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿cuál de las siguientes funciones no le corresponde ejercer al Pleno de la Diputación?. Aprobar los planes de carácter provincial. Aprobar ordenanzas. Aprobar bandos.

Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en materia de su competencia, la iniciativa para proponer al Pleno de la Diputación la declaración de lesividad es: De la Junta de Gobierno. Del Presidente. Del Pleno.

Según el Estatuto de Autonomía, la circunscripción electoral de la Comunidad de Madrid, es: El Distrito. El Municipio. La Provincia.

Según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, las elecciones a la Asamblea tendrán lugar: El segundo domingo de mayo de cada cuatro años. El tercer domingo de mayo de cada cuatro años. El cuarto domingo de mayo de cada cuatro años.

El Estatuto de Autonomía regula las competencias de la Comunidad de Madrid en: El título III. El título I, capítulo II. El título II.

Según la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, ¿qué materia se excluye en todo caso de la iniciativa ciudadana para la aprobación de las normas de competencia del Pleno en el Ayuntamiento?. La materia tributaria local. La seguridad ciudadana. El urbanismo.

Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿a quién corresponde la aprobación de los reglamentos orgánicos municipales?. Al Alcalde. Al Pleno. A los Concejales.

Según el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, ¿con qué antelación debe presentarse una proposición normativa ante la Secretaría General del Pleno?. Con al menos cuarenta y ocho horas antes de la celebración de la sesión correspondiente. Con al menos diez días antes de la celebración de la sesión correspondiente. Con al menos cinco días hábiles de antelación respecto de la sesión correspondiente.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que los bienes comunales y demás bienes de dominio público son: Inalterables, inembargables e imprescriptibíes y no están sujetos a tributo alguno. Inalienables, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno. Inalterables, inembargables e imprescriptibles y pueden o no estar sujetos a algún tributo.

Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades locales se produce automáticamente: Por la adscripción de bienes patrimoniales por más de veinticinco años a un uso o servicio públicos. Por la adscripción de bienes patrimoniales por más de noventa y nueve años a un uso o servicio públicos. Por la adscripción de bienes patrimoniales por más de cincuenta años a un uso o servicio públicos.

Según el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, ¿pueden las Corporaciones locales adquirir bienes por herencia, legado o donación?. No. Sí. Sólo por donación.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas, de 23 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento de Madrid, son actos sujetos a licencia urbanística: Las obras de apuntalamiento de construcciones declaradas en ruinas. La demolición de las construcciones y los edificios, salvo en los casos declarados de ruina física inminente. La demolición de construcciones declaradas en ruina inminente.

Según la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas, de 23 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento de Madrid, las licencias urbanísticas caducarán en los siguientes supuestos: Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de las actuaciones amparadas por las mismas en el plazo fijado en la correspondiente licencia o, en defecto de plazo, en el de un año, salvo causa no imputable al titular de la licencia. Cuando no se cumpliese el plazo de terminación o, en defecto de plazo fijado, en el de un año, salvo causa no imputable a! titular de la licencia. Cuando el funcionamiento de una actividad fuere interrumpido durante un periodo inferior a seis meses, salvo causa no imputable al titular de la licencia.

Según la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas, de 23 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento de Madrid, ¿cuál de los siguientes no se corresponde con un procedimiento de solicitud y tramitación de una licencia urbanística?. Las actuaciones comunicadas,. El procedimiento ordinario (común o abreviado). El procedimiento de tramitación urgente.

De los siguientes contratos celebrados por el Ayuntamiento de Madrid, indique Cuál está excluido del ámbito de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público: Contrato de servicios para el mantenimiento de un inmueble municipal. Contrato de suministro de mobiliario para un inmueble municipal. Contrato de arrendamiento de un inmueble para uso de la Corporación local.

Según la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, ¿cuál es el orden jurisdiccional competente para conocer de las cuestiones litigiosas que se susciten en relación con la preparación de los contratos privados de las Administraciones públicas?. El contencioso-administrativo. El penal. El civil.

Los contratos menores definidos en el artículo 122.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público: Podrán ser objeto de prórroga cuando su duración sea superior a un año. Podrán ser objeto de prórroga pero su duración debe ser inferior al año. No podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.

Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ¿es necesario que conste en el asiento de entrada que se practique en el registro de documentos la hora de presentación del mismo?. Sí. Sólo es necesario que conste la fecha de presentación. Es opcional, dependerá de los criterios establecidos por el órgano de que dependa el registro.

Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa: Se paraliza el expediente, especificándose ias circunstancias del intento de notificación. Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento. Se da el expediente por caducado, especificándose las circunstancias del intento de notificación.

Según lo previsto en el Decreto de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Madrid, de 17 de enero de 2005, la coordinación de la actividad de registro, corresponde: Al Área de Gobierno de Economía,. Al Área de Gobierno de Vícealcaldia. Al Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública.

Según el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los estados de gastos de los Presupuestos Generales de las Entidades locales aplicarán las clasificaciones: Orgánica y económica. Funcional y económica. Funcional, orgánica y económica.

Según el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ¿qué impuestos tienen carácter obligatorio en cuanto a su exigencia por los Ayuntamientos?. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Económicas, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Económicas, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Según el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Impuesto sobre Actividades Económicas es: Un tributo indirecto de carácter real. Un tributo directo de carácter personal. Un tributo directo de carácter real.

Según el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la expedición de las órdenes de pago en las Entidades locales habrá de acomodarse al plan de disposición de fondos de la Tesorería, siendo prioritarias las obligaciones contraídas: En el ejercicio corriente. En los ejercicios anteriores,. En el ejercicio corriente y en los ejercicios cerrados.

Según el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ¿las Entidades locales pueden abarcar en un solo acto administrativo dos o más fases de ejecución del procedimiento de gestión de los gastos?. Sí, pero sólo dos fases. No, sólo puede realizarlo la Administración del Estado. Sí, en la forma que reglamentariamente se establezca.

Según el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, el reconocimiento y la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos, corresponderá: Al Pleno de la Entidad local o al órgano facultado estatutariamente para ello, en el caso de organismos autónomos dependientes. A! Interventor de la Entidad local o al órgano facultado estatutariamente para ello, en el caso de organismos autónomos dependientes. Al Presidente de la Entidad local o al órgano facultado estatutariamente para ello, en el caso de organismos autónomos dependientes.

Según establece la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, el planeamiento general clasifica el suelo del término municipal en todas o algunas de las siguientes clases: Suelo urbano, urbanizable y no urbanizable de protección. Suelo rústico, urbano y urbanizable. Suelo urbano, urbanizable y urbanizable de protección.

Según establece la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, ¿qué es un plan general urbanístico?. El instrumento básico para formular la política urbanística municipal de conformidad con el planeamiento territorial y que abarca términos municipales completos. El instrumento mediante el cual se contabilizan los elementos básicos supramunicipales situados en el municipio a efectos de cubrir las necesidades dé servicio de la red correspondiente. El instrumento mediante el cual se establece la ordenación pormenorizada de ámbitos y sectores completos, tanto en suelo urbano no consolidado como en suelo urbanizable.

Según la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, ¿cómo participan los sujetos privados en el ejercicio de la potestad de planeamiento urbanístico?. No participan. Exclusivamente participan mediante el trámite de audiencia. Participan mediante la formulación de iniciativas y propuestas.

¿Qué plazo de vigencia tiene el actual Pian General de Ordenación Urbana de Madrid?. Vigencia indefinida en tanto no se modifique o revise. Ocho años como máximo. No establece periodo mínimo de vigencia.

¿Qué documentos, entre otros, componen el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid?. Plano de conformación, que refleja el estado actual del territorio, las características geográficas y usos genéricos del medio natural, las infraestructuras y servicios existentes. Plano de ordenación, que detalla la división básica del territorio, adscribe cada clase y categoría de suelo a un régimen normativo concreto, define la calificación diferenciada de los usos dotacionales y fija las alineaciones del suelo de ordenación directa. Planos elementales, donde se definen los elementos fundamentales de la estructura orgánica del territorio, la clasificación de suelo, los sistemas generales y las grandes infraestructuras urbanas.

¿Qué se entiende por determinaciones legales de la ordenación urbanística?. Aquellas normas contenidas en los Planes Generales de Ordenación Urbana, que establecen prescripciones sobre el uso del suelo o de las construcciones y son directamente aplicables, imponiéndose en su caso a las determinaciones de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. Aquellas normas contenidas en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, que establecen prescripciones sobre el uso del suelo o de las construcciones y son directamente aplicables exista o no planeamiento urbanístico, imponiéndose en su caso a las determinaciones de éste. La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, no recoge el concepto de determinaciones legales de la ordenación urbanística.

Según la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuándo cesa el personal eventual?. En todo caso, cuando se produzca el cese de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento. En todo caso, cuando se produzca el cese de la autoridad que le nombró. Cuando la plaza sea cubierta por un funcionario de carrera.

Según la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, es causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera: La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme. La pena total o parcial de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme. La pena parcial o subsidiaria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme.

Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las retribuciones básicas de los funcionarios locales: Tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para toda la Función pública. Se atendrán a la estructura y criterios de valoración subjetiva de las del resto de los funcionarios públicos. Serán fijadas por el Pleno de la Corporación.

Según la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en el régimen disciplinario aplicable al personal al servicio de las Entidades locales, ¿el acoso moral se recoge como falta?. Sí, grave. Sí, Muy grave. No se recoge como falta.

Por excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en el articulado de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía no supere: El 30 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad. El 20 por 100 de su retribución básica. El 10 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.

Según la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos del Ayuntamiento de Madrid tienen entre otros derechos de carácter individual, en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio, el de: Inamovilidad en su puesto de trabajo. Participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informados por sus superiores de las tareas a desarrollar. Desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales.