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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: La Constitución española de 1978

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Título del Test: La Constitución española de 1978 Descripción: Las Cortes Generales 2 Autor: OTROS TESTS DEL AUTOR Fecha de Creación: 19/01/2016 Categoría: Oposiciones Número Preguntas: 59

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La delegación legislativa reviste la forma de: decreto legislativo decreto-ley decreto legislativo o decreto-ley ley. La ley ordinaria de delegación tiene por objeto: una ley de bases una ley de bases o un texto refundido un texto articulado un texto refundido a realizar. La delegación legislativa se realiza por: el Gobierno el Gobierno y la Administración las Cortes el Congreso. La delegación legislativa corresponde a: las Cortes el Congreso el Gobierno el Gobierno, en las materias señaladas por las Cortes. Las leyes de bases: no podrán tener carácter retroactivo, en ningún caso pueden tener carácter retroactivo pueden autorizar para dictar normas de desarrollo pueden autorizar para dictar normas con carácter retroactivo. Un texto articulado se corresponde al concepto de: ley de delegación ley de bases decreto legislativo texto refundido. Legislación delegada se corresponde al concepto de: ley de bases ley de delegación decretos legislativos delegación legislativa. La diferencia fundamental entre decreto legislativo y decreto-ley radica en: no existe el decreto-ley precisa convalidación el decreto legislativo es legislación provisional el decreto legislativo precisa convalidación. Cuando una enmienda se opone a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno puede: proponer su tramitación como urgente posponer su tramitación presentar una proposición de ley para su derogación total o parcial oponerse a su tramitación. Las formas de legislación delegada son: leyes de bases o leyes ordinarias decretos legislativos o decretos-leyes decretos legislativos textos refundidos o leyes de bases. Los Decretos-leyes han de ser convalidados o derogados por: mayoría absoluta del Congreso mayoría del Congreso ley ordinaria ley orgánica. Los Decretos-leyes son disposiciones legislativas: formales provisionales excepcionales transitorias. Los Decretos-leyes contienen: legislación delegada disposiciones con rango de decretos legislativos delegación legislativa disposiciones legislativas. La votación a que ha de someterse el Decreto-ley se llama de: conjunto final sobre conjunto finalidad totalidad. Los Decretos-leyes pueden tramitarse por las Cortes como: proposiciones de ley proyectos de ley proyectos de ley en procedimiento de urgencia proposiciones de ley en procedimiento de urgencia. La convalidación o derogación de los Decretos-leyes corresponde: a las Cortes al Congreso al Congreso o a la Diputación Permanente al Congreso, al Senado o a cualquiera de sus Diputaciones Permanentes. El plazo para la convalidación del Decreto-ley es de: 30 días siguientes a su promulgación 30 días siguientes a su envío al Congreso el mismo de la tramitación del proyecto de ley de urgencia 30 días siguientes a su sanción. Las Cortes pueden tramitar el Decreto-ley por procedimiento de urgencia: en cualquier momento durante el plazo de convalidación dentro de los 30 días siguientes a su comunicación dentro del mismo plazo de las leyes de urgencia. La convalidación del Decreto-ley tiene lugar mediante: pronunciamiento expreso del Congreso pronunciamiento expreso del Congreso o transcurso de los 30 días siguientes a su promulgación por el transcurso de los 30 días desde su promulgación sin haberse derogado expresamente por el Congreso tramitación como ley de urgencia pasados 30 días de su promulgación. La iniciativa popular legislativa: dará lugar a la presentación de proposición de ley dará lugar a la presentación de proyecto de ley producirá siempre una ley orgánica si es materia tributaria precisará de ley orgánica. La iniciativa popular: ha de ser regulada por ley orgánica deberá ser regulada por ley especial, que exigirá el requisito de 500.000 firmas como mínimo será tramitada en todo caso como ley orgánica se ejercitará mediante proyecto de ley con 500.000 firmas acreditadas. Las Asambleas de las CCAA en su iniciativa legislativa pueden: solicitar del Gobierno una adopción de proposición de ley solicitar de la Mesa del Congreso una proposición de ley remitir a la Mesa del Congreso un proyecto de ley remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley. La relación más significativa del Gobierno hacia las Cortes radica en: poder recibir la delegación legislativa de las Cortes remitir proyectos de ley a las Cortes remitir proyectos de ley al Congreso de los Diputados remitir proposiciones de ley al Congreso de los Diputados. La iniciativa legislativa: impide la tramitación de los proyectos de ley respectivos no impide la tramitación de los proyectos de ley respectivos goza de preferencia sobre la tramitación de los proyectos de ley tiene preferencia sobre los proyectos de ley de iniciativa popular. Los proyectos de ley: gozan de prioridad en la iniciativa legislativa impide la tramitación de las proposiciones de ley gozan de prioridad solamente sobre las CCAA deben someterse a la prioridad legislativa del Congreso. El Senado no puede: proponer proyectos de ley adoptar iniciativas legislativas tomar en consideración proposiciones de ley remitir al Congreso proposiciones de ley. Aprobado un proyecto de ley por el Congreso: es remitido al senadoen ningún caso el Presidente dle Congreso dará cuenta inmediata al del Senado se somete a la deliberación del Presidente del Senado no puede ser deliberado por el Senado hasta transcurrido el plazo de dos meses. Los proyectos de ley con enmiendas o veto del Senado no pueden someterse a sanción del Rey: en ningún caso hasta que el Congreso ratifique el texto inicial hasta que el Congreso acepte el veto hasta que pasen dos meses desde la interposición. El veto del Senado sobre un proyecto de ley debe ser: ratificado por mayoría absoluta del Congreso aprobado por mensaje motivado ratificado por mayoría del Congreso aprobado por mayoría absoluta. El Senado, para oponer veto o introducir enmiendas a un proyecto de ley, debe: producirse por mensaje motivado pronunciarse por mayoría absoluta sobre el texto inicial someterlo para sanción del Rey transcurridos dos meses no someterlo para sanción del Rey hasta transcurridos dos meses. Con respecto a las enmiendas del Senado, el Congreso debe: ratificarlas o no ratificar o no el texto inicial aceptarlas o no por mayoría absoluta aceptarlas o no por mayoría simple. La declaración de urgencia sobre un proyecto de ley puede hacerse: sólo por el Congreso por el Congreso o por el Senado por el Gobierno solamente por el Gobierno o por el Congreso, indistintamente. En el caso de veto del Senado a un proyecto de ley, el Congreso puede: someterlo a la sanción del Rey después de transcurridos dos meses aceptarlo o no por mayoría simple ratificar el texto inicial por mayoría absoluta aceptarlo o no por mayoría simple, transcurridos dos meses desde la interposición. El plazo del Senado para vetar un proyecto de ley es de: 20 días naturales 20 días hábiles 2 meses desde su recepción 2 meses desde la deliberación. El plazo del Senado para vetar o enmendar un proyecto de ley es de: 2 meses 2 meses o 20 días 2 meses desde su recepción, siempre 2 meses desde la interposición del mismo proyecto. Las Cortes, con respecto a las leyes, esencialmente las: aprueban elaboran dictan deliberan. La convocatoria del referéndum en decisiones políticas de especial trascedencia requeire: aprobación por el Rey aprobación por el Congreso propuesta del Presidente del Gobierno propuesta previa del Gobierno. El plazo de publicación de la ley es: 15 días desde la sumisión al Rey 20 días según el Código Civil inmediato a su promulgación 1 mes desde la promulgación. Con relación a las leyes de las Cortes Generales, el Rey: las publicará las promulgará las aprobará mediante sanción ordenará su promulgación. El referéndum regulado en la Constitución con carácter general es: obligatorio facultativo obligatorio para las decisiones políticas de especial trascendencia facultativo, salvo los casos de ley orgánica. El referéndum previsto en el artículo 92 de la Constitución con carácter general es de carácter: aprobatorio consultivo informativo de ratificación. Las decisiones políticas de especial trascendencia: deben ser sometidas a referéndum pueden ser sometidas a referéndum consultivo deben ser sometidas a referéndum de ratificación pueden ser sometidas a referéndum de aprobación. El veto del Senado debe ser aprobado mediante: mensaje motivado ratificación por mayoría absoluta del Congreso sobre el texto inicial mayoría absoluta mayoría absoluta o mayoría simple, transcurridos dos meses desde su interposición en este último caso. El referéndum sobre decisiones políticas de especial trascendencia requiere: propuesta del Gobierno autorización del Congreso a la propuesta del Presidente del Gobierno aprobación de las Cortes Generales autorización del Congreso de los Diputados en algún caso. Cuando por un Tratado se ceden a una Organización internacional competencias derivadas de la Constitución es necesario: previa comunicación a las Cortes garantía del cumplimiento por parte del Gobierno autorización de las Cortes lay orgánica. La atribución de competencias constitucionales a una Organización internacional requiere: aprobación por las Cortes Generales autorización por ley orgánica autorización de las Cortes Generales aprobación por el Rey. La garantía para el cumplimiento de los Tratados que ceden a una Organización internacional competencias derivadas de la Constitución corresponde al Gobierno: y a las Cortes o al Congreso o a las Cortes, indistintamente o a las Cortes, según los casos. Los tratados internacionales deben ser: autorizados por las Cortes en cualquier caso autorizados por el Congreso de los Diputados en cualquier caso aprobación de las Cortes Generales siempre autorizados por las Cortes Generales en algunos casos. Con relación a los Tratados Internacionales, las Cortes los: autorizan conocen informan autorizan o conocen. Los Tratados que afecten a la integridad territorial del Estado requieren: autorización de las Cortes Generales ley orgánica ley ordinaria aprobación de las Cortes Generales y referéndum de la Nación. Los Tratados o convenios de carácter militar requieren: autorización del Congreso previa autorización de las Cortes Generales ley orgánica que los autorice ley ordinaria. La prestación del consentimiento del Estado en Tratados Internacionales requiere siempre: intervención del Rey autorización del Congreso autorización de las Cortes Generales referéndum popular en los que afecten a la integridad territorial. Las Cortes Generales, con relación a los Tratados ordinarios, deben ser: informadas informadas previamente a su conclusión informadas de su conclusión informadas antes de su tramitación. Los Tratados internacionales que contengan estipulaciones contrarias a la Constitución: no pueden celebrarse pueden celebrarse previa revisión constitucional no pueden celebrarse sin declaración del Tribunal Constitucional pueden celebrarse con autorización del Tribunal Constitucional. Para determinar la posible contradicción de un Tratado con la Constitución, pueden requerir al Tribunal Constitucional: solamente el Congreso solamente el Gobierno el Gobierno o cualquiera de las Cámaras solamente cualquiera de las Cámaras. Los Tratados Internacionales válidamente celebrados forman parte del ordenamiento interno: previa su publicación y aprobación por las Cortes una vez publicados oficialmente en España previa su comunicación a las Cortes y publicación oficial previa la publicación oficial de su autorización. Para la denuncia de los Tratados y Convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento que para su: conclusión aprobación publicación ratificación. Para la denuncia de los Tratados internacionales: se utilizará el mismo procedimiento que para su aprobación se requerirá autorización previa de las Cortes se realizará de acuerdo con las normas del derecho internacional habrá de publicarse íntegramente en España. Para la denuncia de los Tratados, las Cortes Generales: actúan igual que en su celebración la autorizan informan sobre el incumplimiento de garantías autorizan la cesión a organismos internacionales o supranacionales.

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