Convocatoria 151/21 Generalitat

Señale la respuesta CORRECTA, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: A los efectos previstos en esta Ley, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas los grupos de afectados cuando así se establezca reglamentariamente. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley, salvo cuando ejerzan potestades administrativas. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Reglamentariamente, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley.

Señale la respuesta CORRECTA, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto reglamentariamente. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de seis meses. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder, en ningún caso, de seis meses.

Señale la respuesta INCORRECTA en relación con el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas;. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados. La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido no se aplicará a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España.

Señale la respuesta CORRECTA. Según el artículo 35.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los actos que limiten derechos objetivos e intereses legítimos. Los actos que acepten pruebas propuestas por los interesados. Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades regladas, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

Señale la respuesta CORRECTA. Según el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido;. Diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Quince días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Señale la respuesta CORRECTA, en relación con el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir del día siguiente en que el acto haya sido dictado. Toda notificación deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, no surtirán efecto. Las Administraciones Públicas deberán adoptar las medidas que consideren necesarias para la protección de los datos personales que consten en las resoluciones y actos administrativos, cuando éstos tengan por destinatarios a más de un interesado.

Señale la respuesta INCORRECTA, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, salvo la desviación de poder. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

Señale la respuesta CORRECTA, en relación con el artículo 49 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: La nulidad de un acto implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean dependientes del primero. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. La anulabilidad de un acto implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.

Señale la respuesta INCORRECTA, en relación con el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas;. Serán nulas de pleno deerecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución. Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que regulen materias reservadas a la Ley. Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras favorables o no restrictivas de derechos individuales.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta CORRECTA respecto a la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común: Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento deberá notificarlo a los interesados. Si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración suspenderá el procedimiento y resolverá sobre la procedencia de su tramitación simplificada u ordinaria. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. En cualquier caso, las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio, la tramitación simplificada del procedimiento. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, salvo que exista oposición expresa por parte del interesado.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuestas CORRECTA: Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día en que la Administración compruebe su veracidad. Las declaraciones responsable podrán presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente. Únicamente será exigible, bien una declaración responsable, bien una comunicación para iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su ejercicio, sin que sea posible la exigencia de ambas acumulativamente. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta CORRECTA;. Los procedimientos de naturaleza sancionadoras se iniciarán de oficio o a instancia de parte por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. La presentación de una denuncia confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. La petición razonada de otro órgano, para iniciar el procedimiento, cuando no tienen la competencia para iniciarlo y ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, vincula al órgano competente para inicar el procedimiento. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, el acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y respecto a la instrucción del procedimiento administrativo, señale la respuesta CORRECTA: Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible con sus obligaciones personales, familiares y laborales. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior a la resolución, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquellos harán prueba de fe de éstos en todo caso. Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y respecto a la finalización del procedimiento, señale la respuesta CORRECTA;. Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. En los procesos en materia de responsabilidad patrimonial, transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es favorable a la indemnización del particular. En la terminación convencional del procedimiento, los acuerdos que se suscriban decidirán como quedan determinadas las competencias atribuidas a los órganos administrativos, y las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios, relativas al funcionamiento de los servicios públicos. En la resolución de los procedimientos sancionadores la resolución podrá aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento. el órgano competente para resolver notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de quince días.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la revisión de disposiciones y actos nulos, señale la respuesta CORRECTA: Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la prescripción del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma estimada por silencio administrativo. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de doce meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma estimada por silencio administrativo. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de doce meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la prescripción del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.

Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de derecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, no evidencien el error de la resolución recurrida. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por resolución administrativa firme, anterior o posterior a aquella resolución. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de cohecho u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la respuesta CORRECTA: La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, u otras leyes. Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde al órgano superior competente por razón de la materia y del territorio. La delegación de competencias supone la alteración de su titularidad y de los elementos determinantes de su ejercicio. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser descentralizadas en otros órganos administrativos jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias.

De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y respecto a la competencia de los órganos administrativos, señale la respuesta CORRECTA;. Los órganos de las diferentes Administración Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración siempre que sean jerárquicamente dependientes o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas. Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia, pero sí de los elementos sustantivos de su ejercicio. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante, pero para su validez será necesaria su publicación.

De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la respuesta CORRECTA;. Las delegaciones de competencias y su renovación deberán publicarse en el "Boletín Oficial del Estado", en el de la CCAA o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de éste. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante. Podrán ser objeto de delegación la adopción de disposiciones de carácter general. Los órganos de la Administración General del Estado podrán delegar la titularidad de sus competencias propias en sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes, cuando resulte conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de su gestión.

Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con lo que establece el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el responsable del contrato: Es un órgano de existencia potestativa, debiendo valorar el órgano de contratación en cada licitación, antes de la aprobación de los pliegos, si resulta conveniente su nombramiento. Debe ser un funcionario de carrera de la Administración que licita el contrato, o en caso de que se justifique la inexistencia del mismo, podrá ser nombrado un funcionario interino. En los casos de concesiones de servicios, la Administración designará a una persona que actúe en defensa del interés general, especialmente en lo que se refiere a la comprobación de precios del contrato. Podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA, según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la participación en la licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, no falsee la competencia. Se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas y a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la cocesión. Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de interés deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación.

Indique cuál de las siguientes opciones es CORRECTA, de acuerdo con lo que establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público para el régimen de garantías: Los licitadores que, en las licitaciones de los contratos que celebren las administraciones públicas, presenten las mejores ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el impuesto sobre el valor añadido. Los licitadores que, en las licitaciones de los contratos que celebren las administraciones públicas, presenten las mejores ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 3 por 100 del presupuesto base de licitación, excluido el impuesto sobre el valor añadido. Los licitadores que, en las licitaciones de los contratos que celebren las administraciones públicas, presenten las mejores ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado por aquellos, incluido el impuesto sobre el valor añadido. Los licitadores que, en las licitaciones de los contratos que celebren las administraciones públicas, presenten las mejores ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del presupuesto base de licitación, incluido el impuesto sobre el valor añadido.

Indique cuál de estas afirmaciones es CORRECTA, de acuerdo con lo que dispone el artículo 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación con el objeto del contrato: El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, excepto en los casos de obras inferiores a 100.000 euros. Cuando el órgano de contratación proceda a la división en lotes del objeto del contrato, este deberá limitar el número de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede presentar oferta. En los contratos adjudicados por lotes, cada lote constituirá, en todo caso, un contrato.

Señale cuál de los siguientes fundamentos de actuación NO FIGURA en el artículo 1.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público;. Eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos. Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. Coordinación entre las Administraciones Públicas en la regulación y gestión del sistema público. Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos.

Señale la opción CORRECTA. Según el artículo 2.3 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, el personal empleado público, en el desarrollo de sus funciones, para cumplir los objetivos asignados actuará de acuerdo con los siguientes principios: Objetividad, profesionalidad, transparencia, integridad, imparcialidad y austeridad. Igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia en el acceso y en la promoción profesional. Objetividad, profesionalidad, capacidad, imparcialidad y ética profesional en el desempeño público. Imparcialidad, profesionalidad, diligencia, buena fe, confidencialidad, responsabilidad, ejemplaridad y honradez.

¿A qué órgano previsto en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, corresponde las funciones de coordinación de la ordenación, gestión y negociación colectiva del personal del conjunto de la Generalitat, pudiendo poner criterios que garanticen la movilidad prevista en el artículo 130 de dicha ley?. Al consell. Al consell interdepartamental de Retribucions (CIR). Al consell assessor de la Funció Pública Valenciana. A la comissió intersectorial de l'Ocupació Pública de la Generalitat.

Señale la opción INCORRECTA. El Capítulo II del Título III de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, indica, entre otras cosas, lo siguientes respecto al personal directivo público profesional: No formarán parte de la dirección pública profesional los puestos de nivel directivo que tengan la consideración de alto cargo. Los puestos de dirección pública profesional, dependientes o situados bajo otros puestos de dicha naturaleza, serán establecidos por decreto del Consell en desarrollo de lo dispuesto en el presente capítulo. El personal funcionario de carrera que desempeña puestos que integran la dirección pública profesional, formalizará su relación de servicios mediante el correspondiente nombramiento y se mantendrá en situación de servicio activo. En la administración de la Generalitat el régimen de incompatibilidades del personal directivo público profesional será el establecido para los altos cargos de la administración de la Generalitat.

La Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, en su Capítulo II del Título IV, regula la Ordenación de los puestos de trabajo. Señale la opción INCORRECTA: La información contenida en los análisis de puestos de trabajo deberá cumplir con los criterios de prevalencia, fiabilidad, validez, imparcialidad y transparencia. En la Administración de la Generalitat, la creación, modificación y supresión de puestos de trabajo, será objeto de publicidad a efectos meramente informativos, en la página web de la Generalitat. Los organismos públicos de la Generalitat y los consorcios adscritos a ella, para los puestos de naturaleza laboral adscritos a los mismos, las entidades locales y las Universidades públicas de la Comunitat Valenciana, podrán determinar sus propias agrupaciones de puestos de trabajo, de acuerdo con lo establecido en su normativa específica. El perfil de competencias requerido para cada puesto, será tenido en cuenta para los procesos de selección, formación, movilidad y carrera profesional.

Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, regula en su artículo 53 el Plan Estratégico de recursos humanos. Marque la opción CORRECTA: La Conselleria competente en materia de función pública, elaborará un informe bianual que refiera el nivel de cumplimiento alcanzado de los objetivos previstos en el plan estratégico de recursos humanos, habiéndose de publicar en la web de la Conselleria. Las previsiones del plan tendrán carácter orientativo y en ningún caso, generarán obligaciones jurídicas. Siempre que preste servicio un número de personal empleado público, igual o superior a treinta, deberán elaborar cuatrimestral el plan estratégico de RRHH, el resto de organismos públicos de la Generalitat y consorcio escrito a la misma, respecto de su personal laboral, las universidades públicas de la Comunidad Valenciana, en relaciones exclusivamente, con su personal de administración y servicios y las entidades locales. El plan estratégico de recursos humanos podrá incluir un análisis de las disponibilidades de personal existentes hasta la fecha.

Señale la opción INCORRECTA. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, podrán imponerse las siguientes sanciones por faltas muy graves: La suspensión del derecho a ser llamado de cualquiera de las bolsas de empleo temporal de las que se forme parte, por un periodo entre dos y cuatro años. La prohibición de ocupar puestos de jefatura, por un periodo de entre dos y cuatro años. La imposibilidad de participar en procedimientos de provisión de puestos o de promoción interna, por un periodo de entre dos y cuatro años. La pérdida de dos grados en el sistema de carrera horizontal y la privación del derecho a ser evaluado para el ascenso de grado, por un periodo de entre dos y cuatro años.

Señale la opción CORRECTA. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana (LFPV): Todos los permisos previstos en la LFPV se disfrutarán previa comunicación, sin requerir de autorización previa. El régimen de jornada, permisos, licencias y vacaciones del personal laboral viene determinado por lo establecido en la normativa estatal en esta materia. Respecto de las retribuciones básicas y complementarias del personal funcionario que se devenguen con carácter fijo y periodicidad mensual, en el supuesto de cese en el servicio activo por motivos de fallecimiento o jubilación, se harán efectivas las mensualidades completas, para el personal funcionario cuyo régimen de previsión social sea el Régimen General de la Seguridad Social. El personal funcionario en servicio activo con licencia sin derecho a retribución no devengará en ningún caso pagas extraordinarias.

Indique la opción INCORRECTA. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana: La competencia para la iniciación de los procedimientos disciplinarios corresponde a que ostente la jefatura superior de personal de la presidencia de la Generalitat, Conselleria, organismo público o consorcio, en el que el personal funcionario preste sus servicios. Para la imposición de sanciones leves, será competente que no esté ante la jefatura superior de personal de la presidencia de la Generalitat, Conselleria, organismo público o consorcio, en el que el personal funcionario preste sus funciones. Concluida la instrucción del procedimiento disciplinario, se formulará la propuesta de resolución que deberá ser notificada a las personas interesadas, con la puesta de manifiesto del procedimiento y se indicará el plazo, no superior a 10 días, en que puedan formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes. Durante la sustanciación del procedimiento para la imposición de sanciones graves y muy graves, podrán adoptarse las medidas de carácter provisional que el órgano competente para resolver estimen necesarias para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, señale la respuesta CORRECTA: Tendrás que darte ordinario y preferente en la selección de personal, empleado público, el sistema de concurso-oposición. Tendrá carácter ordinario y preferente en la selección de personal público, el sistema de oposición, debiendo reservarse por acuerdo del Consell para la tramitación por este procedimiento, al menos, el 50 % de los puestos de la oferta pública de empleo anual, en el conjunto de empleo público de la Generalitat. El procedimiento de concurso consiste exclusivamente en la valoración de los méritos conforme lo haremos previamente aprobado. Este procedimiento solo se aplicará a la selección de personal funcionario de carrera con carácter excepcional, cuando así se establezca reglamentariamente. En el procedimiento selectivo de concurso-oposición, la valoración de la fase de concurso será proporcionada, no pudiendo superar el 45 % de la puntuación total que pueda alcanzarse en el conjunto del proceso selectivo y, sin que, en ningún caso, su puntuación pueda determinar por sí sola, el resultado del procedimiento.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, señale la respuesta INCORRECTA: La pena principal o accesoria de inhabilitación especial, cuando hubiera adquirido firmeza la sentencia que le imponga, produce la pérdida de la condición de personal funcionario, respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia. La renuncia a la condición de personal funcionario de carrera, habrá de formalizarse por escrito y no será aceptada expresamente por la administración, salvo cuando la persona interesada esté sujeta a expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto, de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito. La renuncia no inhabilita para ingresar de nuevo en la función pública, a través del procedimiento de selección establecido. En caso de pérdida de la condición de personal funcionario, como consecuencia de pérdida de nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el servicio, se podrá solicitar la rehabilitación de la citada condición, que será concedida, en la forma que reglamentariamente se establezca y previa acreditación y comprobación documental de la desaparición de las causas objetivas que motivaron dicha pérdida.

Señale cuál de los siguientes enunciados es CORRECTO, de acuerdo con la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, en relación con la libre designación: Las convocatorias para la provisión de puestos por libre de designación, tendrán en cuenta el principio de igualdad real de mujeres y hombres hombres y la prohibición de discriminación, por razón de género, y se acompañarán, en todo caso, de un informe de impacto de género. Anunciada a la convocatoria de libre designación, se concederá un plazo de 20 días hábiles para la presentación de solicitudes. Se proveerán por el sistema de libre designación los puestos de trabajo con el rango de subdirección general y jefatura de sección. En el ámbito de la administración de la Generalitat, resolverá quien tenga la titularidad de la presidencia de la Generalitat o de la Conselleria, a la que esté adscrito el puesto de trabajo, sea directamente o virtud de sus organismos dependiente.