Dcho Admvo - Clase 3 - Ley 33/2003 LPAP

1. De conformidad con el artículo 6 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, son principios relativos a los bienes y derechos de dominio publico: a) Eficiencia y economía en su gestión. b) Eficacia y rentabilidad en la explotación. c) Adecuación y suficiencia de los bienes para servir al uso general o al servicio privado a que estén destinados. d) Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.

2. El patrimonio de las Administraciones públicas está constituido por: a) Los recursos financieros de su hacienda pública. b) El conjunto de bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición o aquel en virtud del cual les hayan sido atribuidos. c) Los recursos que constituyan su tesorería. d) El dinero, los valores y los créditos.

3. Son bienes y derechos patrimoniales de la Administración: a) Los inmuebles de titularidad de la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados a ella o dependientes de la misma en que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos o de los órganos constitucionales del Estado. b) Los bienes y derechos de titularidad de una Administración pública, vinculados a un uso general. c) Los derechos de propiedad incorporal. d) Ninguna es correcta.

4. La posibilidad de transigir judicial o extrajudicialmente sobre los bienes y derechos del Patrimonio del Estado, o de someter a arbitraje las contiendas que se susciten sobre los mismos: a) Está expresamente prohibida por la Ley General Presupuestaria. b) Está admitida por la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda, previo dictamen del Consejo de Estado en pleno. c) Está admitida por la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda, previo dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado. d) Está admitida según el principio de libertad de pactos.

5. Son bienes y derechos de dominio público o demaniales: a) Los que se encuentren desafectados del uso general. b) Los derechos de arrendamiento. c) Los que siendo de titularidad pública se encuentren afectados al servicio público. d) Los que les otorgue este carácter cualquier disposición.

6. De conformidad con el art 15 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio las Administraciones Públicas podrán adquirir bienes y derechos por: a) Por atribución de la ley y a título oneroso. b) Por herencia, legado o donación. c) Por prescripción y por ocupación. d) Todas son ciertas.

7. Los inmuebles que careciesen de dueño: a) Pertenecen a la Administración General del Estado. b) Su adquisición se producirá por ministerio de la ley, con la necesidad de que medie acto o declaración por parte de la Administración General del Estado. c) No se derivaran obligaciones tributarias en ningún caso. d) a) y b) son ciertas.

8. En el caso de los bienes inmuebles vacantes: a) Si existiese poseedor, en concepto de dueño, la Administración General del Estado habrá de entablar la acción que corresponda ante los órganos del orden jurisdiccional civil. b) La Administración General del Estado podrá tomar posesión en vía Administración, aunque estuviesen siendo poseídos por alguien a título de dueño. c) Pertenecen al Ministerio de Hacienda, los inmuebles que carecieren de dueño. d) Todas son falsas.

9. Con relación al Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: a) Incluirá la totalidad de los bienes y derechos que integran el Patrimonio del Estado. b) Además, los adquiridos por los organismos públicos con el propósito de devolverlos al trafico jurídico patrimonial. c) Los inventarios de las CCAA y de las EELL incluirán los bienes muebles y los derechos reales sobre los bienes inmuebles. d) Todas ciertas.

10. El Inventario General de Bienes y Derechos: a) Su llevanza corresponde exclusivamente a la Dirección General de Patrimonio del Estado y al Ministerio de Hacienda. b) Tiene la consideración de Registro Público. c) Los datos reflejados en el mismo surtirán efectos frente a terceros. d) Los resultados de su agregación o explotación estadística, constituyen información de apoyo para la gestión interna y la definición de políticas de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

11. Para la defensa de su patrimonio, las Administraciones Públicas tendrán las siguientes facultades y prerrogativas: a) Deslindar en vía administrativa los inmuebles de titularidad pública. b) Desahuciar en vía judicial a los poseedores de los inmuebles patrimoniales. c) a) y recuperar de oficio la posesión indebidamente perdida sobre sus bienes y derechos. d) Todas son correctas.

12. En el procedimiento de investigación los bienes y derechos que presumiblemente formen parte de su patrimonio, si no fuese resuelto en dos años: a) El órgano instructor acordará sin más el archivo de las actuaciones. b) Se produce la caducidad del procedimiento. c) Este procedimiento se regulará por una norma legal. d) Ninguna es cierta.

13. La incoación del procedimiento para deslindar los bienes patrimoniales de la Administración General del Estado: a) Se acordará por la Dirección General de Patrimonio del Estado. b) Corresponderá al Ministro de Hacienda la resolución del mismo. c) La instrucción del mismo corresponderá a los Delegados de Economía y Hacienda. d) Todas son ciertas.

14. En el ejercicio de la potestad de desahucio administrativo: a) Los gastos que ocasione el desalojo serán a cargo del Estado, pudiendo hacerse efectivo su importe por la vía de apremio. b) Para el ejercicio de la potestad de desahucio será necesaria la previa declaración de extinción o caducidad del título que otorgaba el derecho de utilización de los bienes de dominio privado. c) Los gastos que ocasione el desalojo serán a cargo del detentador, pudiendo hacerse efectivo su importe por la vía de apremio. d) La resolución que recaiga, que será ejecutiva sin perjuicio de los recursos que procedan, se notificará al detentador, y se le requerirá para que desocupe el bien, a cuyo fin se le concederá un plazo no superior a diez días para que proceda a ello.

15. Respecto de los “saldos y depósitos abandonados” en entidades de crédito y cualesquiera entidades financieras: a) Según la Ley, corresponden en propiedad a la Administración General del Estado si hubieran transcurrido cinco años desde que hayan sido creados en la entidad. b) Si sobre ellos no se hubiera practicado gestión alguna por los propietarios, se atribuirán por Ley a la Administración General del Estado. c) b) es correcta, transcurridos veinte años sin haber practicado gestiones sobre los mismos. d) Corresponderán a la Administración General del Estado, respecto de los cuales no se haya practicado gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de veinte años.

16. Si se usurpara una propiedad administrativa demanial y hubiera transcurrido un plazo superior a un año desde la usurpación: a) La Administración procederá a interponer acciones civiles ante los tribunales. b) Se activará la prerrogativa de recuperación posesoria, en cualquier momento, por la Administración titular del bien. c) Si se superan los plazos establecidos en la normativa aplicable, se producirá la usucapión por el ocupante o usurpador. d) Ninguna es correcta.

17. Se calificará como mutación demanial: a) La desafectación implícita; y su declaración es competencia la Dirección General del Patrimonio del Estado, a iniciativa propia o a propuesta del departamento u organismo interesado. b) La resolución por la que se acuerda la adscripción de un bien o derecho del Patrimonio del Estado a un Organismo público; y su declaración compete al Ministro del Departamento de adscripción. c) La resolución por la que se acuerda la desafectación de un bien o derecho del Patrimonio del Estado, con simultánea afectación a otro uso general, fin o servicio público; y su declaración compete al Ministro de Hacienda. d) La mutación demanial es el acto en virtud del cual se efectúa la afectación de un bien o derecho del Patrimonio del Estado, con simultánea desafectación a otro uso general, fin o servicio público de la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella.

18. La desadscripción de la recepción formal del bien requerirá, para su efectividad: a) Acta de entrega suscrita por representantes de la Dirección General de Patrimonio y del organismo u organismos. b) Acta de toma de posesión levantada por La Dirección General de Patrimonio. c) Firma de la correspondiente acta, otorgada por representantes de la Dirección General de Patrimonio del Estado y del organismo u organismos respectivos. d) a) y b) son correctas.

19. Se podrá acordar la adjudicación directa en la enajenación de inmuebles: a) Cuando el adquirente sea otra Administración pública o, en general, cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector privado. b) Cuando el inmueble sea necesario para dar cumplimiento a una función de social para el interés público . c) Cuando fuera declarada desierta la subasta o concurso promovidos para la enajenación o éstos resultasen fallidos como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario, siempre que no hubiese transcurrido más de un año desde la celebración de los mismos. d) Cuando se trate de solares que por su forma o pequeña extensión resulten edificables y la venta se realice a un propietario colindante.

20. Los contratos para la explotación de bienes o derechos patrimoniales. a) No podrá tener una duración superior a 20 años improrrogables. b) No podrá tener una duración inferior a 20 años incluidas las prorrogas. c) No podrá tener una duración superior a 20 años, incluidas las prórrogas. d) Tendrá una duración, sin excepción alguna de 20 años.

21. Arrendar los bienes inmuebles que la Administración General del Estado precise para el cumplimiento de sus fines es competencia de: a) Ministro de Hacienda. b) Dirección General de Patrimonio. c) Al departamento interesado. d) No se pueden arrendar bienes inmuebles en la Administración del Estado.

22. Las concesiones demaniales se podrán autorizar por un plazo máximo de: a) Setenta y cinco años, incluidas prórrogas, salvo que se establezca otro mayor en las normas especiales que sean de aplicación. b) Noventa y nueve años, incluidas prórrogas. c) Setenta y cinco años, incluidas prórrogas, salvo que se establezca otro menor en las normas que sean de aplicación. d) Cincuenta años, incluida una prórroga, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que sean de aplicación.

23. En el ámbito de la Administración General del Estado, la cesión gratuita de bienes: a) Requiere la autorización del Ministro de Hacienda, si los beneficiarios son fundaciones públicas y asociaciones declaradas de utilidad. pública. b) Está prohibida por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas. c) Requiere la autorización del Consejo de Ministros, si los beneficiarios son fundaciones públicas o asociaciones declaradas de utilidad pública. d) Excepcionalmente, puede permitirse, por el Ministro del Departamento al que estén afectados los bienes.

24. La competencia para enajenar bienes inmuebles de la Administración General del Estado corresponde: a) Al Ministro de Hacienda. La incoación y tramitación del expediente corresponderá a la Dirección General del Patrimonio del Estado. b) Al Consejo de Ministros, cuando el valor del bien o derecho, según tasación, exceda de 20 millones de euros. c) Al Presidente o Director, en Organismos Públicos, previo informe favorable del Ministro de Hacienda. d) Todas son correctas.

25. El procedimiento de otorgamiento de autorizaciones y concesiones: a) No se podrá llevar a cabo de oficio. b) Los interesados dispondrán de 20 días para presentar las correspondientes peticiones. c) El plazo máximo para resolver será de 6 meses, y en su defecto se entenderá desestimada. d) Todas ciertas.

26. Las concesiones y autorizaciones demaniales se extinguen por: a) Caducidad del vencimiento del plazo. b) Desaparición del bien o agotamiento del aprovechamiento. c) Rescate de la concesión. d) Todas son correctas.

27. Las autorizaciones: a) Habrán de otorgarse por tiempo determinado. b) La a), y su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, será de 2 años. c) La a), y su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, será de 4 años. d) La a), y su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, será de 3 años.

28. El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público: a) Se efectuará en régimen de concurrencia. b) Se efectuará mediante otorgamiento directo. c) Se efectuará en régimen de concurrencia en los supuestos previstos en el artículo 137.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. d) Se efectuará en régimen de concurrencia cuando se den circunstancias excepcionales.

29. La explotación de los bienes y derechos patrimoniales de la A.G.E. que no estén destinados a ser enajenados, y sean susceptibles de aprovechamiento rentable: a) Será acordada por el Ministerio de Hacienda a propuesta de la Dirección General del Patrimonio del Estado. cuando el plazo por el que se concede dicha explotación sea superior a un año. b) Si el plazo no excede de un año la competencia corresponderá al la Dirección General del Patrimonio del Estado. c) a) y b) son correctas. d) a) y b) son incorrectas.

30. Respecto a las reservas demaniales: a) La Administración General del Estado podrá reservarse el uso compartido de bienes de su titularidad. b) Dichos bienes deben estar destinado al uso particular. c) Para realizar fines de su competencia y existan razones de utilidad pública o interés general. d) La declaración se efectuará por el Ministerio de Hacienda y se publicara en el Boletín Oficial del Estado.