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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: DCR PARTE GENERAL

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Título del Test: DCR PARTE GENERAL Descripción: VET ASIST 2022 Autor: DCR OTROS TESTS DEL AUTOR Fecha de Creación: 16/09/2024 Categoría: Oposiciones Número Preguntas: 46

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Según el artículo 55 de la Constitución Española de 1978, ¿cuál de los siguientes derechos podrá ser suspendido si se declara el estado de excepción? El derecho de reunión pacífica y sin armas. El derecho de libertad de cátedra. El derecho de asociación. El derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Según el Título Preliminar de la Constitución Española de 1978: La soberanía popular reside en la nación española. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. España se constituye en un Estado plural y democrático. Los valores superiores del ordenamiento jurídico son la libertad, la democracia y la igualdad. Tal y como recoge el Estatuto de Autonomía de Canarias, la Comunidad Autónoma de Canarias ejercerá: Las competencias de desarrollo de ejecución y competencias ejecutivas previstas en el propio Estatuto. Únicamente, las competencias de desarrollo legislativo y de ejecución. Las competencias de desarrollo legislativo y de ejecución y las competencias ejecutivas. Las competencias de desarrollo legislativo. En el ámbito de sus competencias exclusivas, según recoge el Estatuto de Autonomía de Canarias, la Comunidad Autónoma de Canarias: Ejerce, de forma parcial, la potestad ejecutiva, sin perjuicio de la concurrencia de otros títulos competenciales. Ejerce, únicamente, la potestad ejecutiva. Ejerce, únicamente, la potestad reglamentaria. Ejerce, de forma íntegra, la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, sin perjuicio de la concurrencia de otros títulos competenciales del Estado. Según el artículo 3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, esta Ley no será de aplicación en las siguientes actividades: Únicamente, policía, seguridad y resguardo aduanero y servicios de protección civil y peritaje forense. Policía, seguridad y resguardo aduanero y servicios de protección civil y peritaje forense y Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. Policía, seguridad y resguardo aduanero, únicamente. Empleadas de hogar, únicamente. Tal y como recoge la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Los Delegados de Prevención son los representantes de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales. Los Delegados de Personal son los representantes de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales. Los Delegados de Personal no pueden asumir funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales. La transparencia en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias viene regulada por: La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno. La Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la información publica. La Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del Procedimiento Común. La Ley 11/2007, de 8 de diciembre, de acceso electrónico a los ciudadanos a los Servicios Públicos. Según recoge el artículo 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias: El solicitante deberá motivar su solicitud, exponiendo los motivos por los que solicita la información. El solicitante no deberá motivar su solicitud, aunque puede exponer los motivos por los que solicita la información. El solicitante deberá siempre formular la solicitud por escrito. El solicitante no está obligado a identificarse. En el ámbito europeo, el derecho de acceso del afectado a los datos de carácter personal, viene regulado en: El Reglamento (UE) 2018/679. El Reglamento (UE) 2017/679. El Reglamento (UE) 2016/679. Ninguna de las anteriores es correcta. Según lo establecido en el artículo 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas NO requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: Formular solicitudes. Interponer recursos. Aportar informes o pruebas en procedimientos en curso. Desistir de actuaciones. Según el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. Quienes representen a un interesado, aunque el mismo no esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. Los empleados de las Administraciones Públicas para cualquier trámite que realicen con las Administraciones. Ninguna respuesta es cierta. Según el artículo 9.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de competencias que tengan atribuidas como propias: En otros órganos de la misma Administración, excepto cuando no sean jerárquicamente dependientes, o de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquellas. En otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquellas. En otros órganos de la misma o distinta Administración, excepto cuando no sean jerárquicamente dependientes, o de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquellas. En otros órganos de la misma o distinta Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquellas. Respecto a la avocación, el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece que: Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado por cualquier órgano. Contra el acuerdo de avocación siempre cabe recurso. Todas las respuestas son correctas. En el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se establece, en relación con los registros electrónicos de apoderamientos, que: Podrán ser, en la medida de las posibilidades de cada Administración, plenamente interoperables entre sí. El apoderamiento «apud acta» se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en esta Ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros. Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de tres años a contar desde la fecha de inscripción. Todas son correctas. Según el artículo 5.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la falta o insuficiente acreditación de la representación se podrá aportar o subsanar dentro del plazo de: Diez días, o un plazo máximo de veinte días cuando las circunstancias del caso así lo requieran. Diez días como plazo máximo. Quince días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. Diez días o un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. Según lo establecido en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es un derecho de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas: Ser asistidas en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Ser tratadas con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, siempre que el trato respetuoso sea recíproco. Exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, aunque no corresponda legalmente. Todas las respuestas son correctas. Según lo establecido en el Decreto 161/2002 por el que se aprueba el Reglamento del Sistema de Sugerencias y Reclamaciones en el Ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias: Las sugerencias podrán ser formuladas únicamente por escrito, pudiendo utilizar el modelo normalizado que facilitará la Administración. Solo tendrán como finalidad simplificar o eliminar trámites administrativos que se estimen innecesarios. Recibida la sugerencia por el órgano competente, éste procederá a realizar las comprobaciones que estime conveniente a los efectos de tramitarla. En un plazo máximo de seis meses contado a partir del día del registro de la sugerencia en el órgano competente, éste contestará al interesado, si se conociese, informándole de las medidas adoptadas para la atención de su sugerencia o reclamación. Según el artículo 80.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de no emitirse un informe preceptivo en el plazo señalado: Se suspenderá el trascurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento en los términos establecidos en la propia ley. Se podrá suspender el trascurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento en los términos establecidos en la propia ley. Se suspenderá la tramitación del procedimiento hasta su recepción. Ninguna de las respuestas es correcta. Según lo establecido en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración podrá acordar la inadmisión de solicitudes: En caso de silencio administrativo negativo. En ningún caso. En caso de insuficiencia de preceptos legales aplicables al caso. En el caso de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto por el artículo 29 de la Constitución. El recurso de alzada podrá interponerse: Solo ante el órgano que dictó el acto que se impugna. Solo ante el superior jerárquico del órgano que dictó el acto que se impugna. Solo ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. Solo ante el Tribunal contencioso-administrativo competente. El recurso extraordinario de revisión se interpone: Contra cualquier acto administrativo. Contra los actos que no pongan fin a la vía administrativa. Contra los actos que pongan fin a la vía administrativa. Contra los actos firmes en vía administrativa. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrá interponerse por los interesados: Solo recurso de alzada. Solo recurso extraordinario de revisión. Solo recurso potestativo de revisión. Recurso de alzada y recurso potestativo de reposición. La resolución de un recurso administrativo: Debe circunscribirse a lo solicitado por el recurrente. Decidirá cuantas cuestiones plantee el procedimiento. No es necesario que se motive. Debe aceptar las razones en que se fundamente el propio recurso. Existirá responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas si la lesión es consecuencia del: Funcionamiento general de los servicios públicos. Funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Funcionamiento especial de los servicios públicos. Funcionamiento ilegal de los servicios públicos. La regla general de la responsabilidad concurrente de diferentes Administraciones Públicas es: Mancomunada Solidaria Indiferente. Indistinta. Con carácter general, el derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas prescribirá: A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. A los cinco años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Nunca prescribe. En la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas sólo serán indemnizables: Los daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. Los daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. Los daños que deriven de circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar. Los daños causados por fuerza mayor. El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: Se aplica por igual al personal funcionario y al personal laboral. Se aplica al personal funcionario pero no al personal laboral. Se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral. Se aplica al personal laboral y en lo que proceda al personal funcionario. El ejercicio de las funciones que impliquen la participación en el ejercicio de las potestades públicas corresponde: Exclusivamente a los empleados públicos. Exclusivamente a los funcionarios públicos. A los empleados públicos y los funcionarios públicos. A los funcionarios públicos y el personal eventual. En el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿cuál de los siguientes NO es un criterio de evaluación del personal directivo profesional?: Eficacia y eficiencia. Idoneidad profesional. Responsabilidad por su gestión. Control de resultados. Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales: Cuando, en virtud de los procesos de transferencias o por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una Administración Pública distinta. Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores. Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas si perciben retribuciones periódicas por la realización de la función. Por un período de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo. Según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la sanción consistente en la separación del servicio: Solo podrá imponerse por la comisión de faltas muy graves. Se impondrá siempre previa tramitación de un procedimiento sumario sin audiencia al interesado. Sólo podrá imponerse por la comisión de faltas graves. No requiere de la tramitación de procedimiento alguno para su imposición. Según el artículo 26 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con la potestad sancionadora, serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes: En el momento de notificarse los hechos que constituyan infracción administrativa En el momento de resolverse el procedimiento sancionador. En el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa. En el momento de iniciarse el procedimiento sancionador. No es un criterio para la graduación de la sanción, de conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: La reincidencia. La intencionalidad del infractor. La naturaleza de los perjuicios causados. La situación económica del infractor. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en los procedimientos iniciados de oficio en que la administración ejercita potestades sancionadoras, el vencimiento del plazo tendrá efectos de: Silencio administrativo estimatorio. Silencio administrativo desestimatorio. Caducidad del procedimiento. Prescripción del derecho. Según la actual normativa autonómica, el Gobierno de Canarias en funciones limitará su gestión a: Aprobar el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma. Ejercer la iniciativa legislativa, Al despacho ordinario de los asuntos públicos de su competencia. La potestad reglamentaria, que no sea de organización interna. Según la actual normativa autonómica, los consejeros o consejeras cesan por: Petición del Parlamento de Canarias. Sentencia judicial firme que lleve aparejada la inhabilitación para el ejercicio del cargo, cualquiera que sea la duración de la misma. Sentencia judicial que lleve aparejada la inhabilitación para el ejercicio del cargo, cualquiera que sea la duración de la misma. Perder la condición de funcionario. La Administración Autonómica Canaria se organiza y funciona bajo el principio de: Eficacia. Ordenación jerárquica de sus órganos. Eficiencia. Estabilidad presupuestaria. Conforme al artículo 15.3.a) del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los departamentos de la Administración Autonómica de Canarias, en materia presupuestaria, es función de las secretarías generales técnicas: Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Departamento, previa autorización de la Agencia Tributaria Canaria. Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Departamento integrando las propuestas de los demás órganos. Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Departamento, previa autorización de la Intervención General. Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Departamento, previa autorización de la Audiencia de cuentas de Canarias. ¿Cuál de las siguientes no es una sociedad mercantil pública de Canarias? Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN). Gestión del Medio Rural de Canarias S.A.U. (GMR CANARIAS). Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A (EMMASA). Hoteles Escuela de Canarias, S.A. (HECANSA). Las medidas específicas en favor de las mujeres que adopten los poderes públicos para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres, según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Nunca tendrán una vigencia superior a un año. Serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones. Habrán de ser proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso, pero no razonadas. No se conocen como acciones positivas. El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto Canario de Igualdad, que regula todo lo relativo a su naturaleza, fines, funciones y órganos de dirección, consulta y participación fue aprobado mediante: Decreto 1/1995, de 13 de enero. Ley 1/2010, de 26 de febrero. Real decreto 1/1995, de 13 de enero. Decreto 38/2015, de 27 de marzo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y a los efectos de la citada Ley: En la declaración responsable el interesado manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio. Únicamente las declaraciones responsables permitirán el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, siempre que la Administración haya ejercitado previamente sus facultades de comprobación, control e inspección. El interesado se compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos establecidos durante un periodo de tiempo indefinido. Todas las respuestas son correctas. ¿Cuál de los siguientes es un derecho individual de los empleados públicos que se ejerce de forma colectiva? El derecho a la libre asociación profesional. El derecho a la libertad sindical. El derecho a la promoción profesional. Todas las respuestas anteriores son correctas. A efectos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, constituye acoso sexual: Cualquier comportamiento de naturaleza sexual. Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona. Cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona. Todo lo anterior se considera acoso sexual. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las entidades que integran el sector público institucional, en su actuación, están sometidas a los principios generales de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como al principio de: Proporcionalidad. Efectividad en su gestión. Transparencia en su gestión. Tipicidad.

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