Examen Ayto. Córdoba Educador Social

Según establece el Título Preliminar de la Constitución Española de 1978, los valores superiores del ordenamiento jurídico del estado son: La libertad, la justicia y el pluralismo político. La libertad, la justicia, la solidaridad y el pluralismo político. La libertad, la autonomía, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Según la Constitución Española de 1978, el referéndum será convocado por: El Presidente del Gobierno, a propuesta de las Cortes Generales. Las Cortes Generales, a propuesta del Presidente del Gobierno. El Rey mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. El Consejo de Ministros, a propuesta de las Cortes Generales.

Según la Constitución Española de 1978, el Tribunal Constitucional es nombrado por: El Senado. El Rey. El Congreso de los Diputados. El Poder Judicial.

Según la Constitución Española de 1978, contra las sentencias del Tribunal Constitucional: Puede interponerse recurso extraordinario de revisión. Únicamente puede interponerse recurso de amparo. Puede interponerse recurso cuando se trate de la vulneración de un derecho fundamental. No cabe recurso alguno.

En la nación Española, el Jefe del Estado es: El Presidente del Gobierno. El Presidente del Congreso de los Diputados. El Presidente del Senado. El Rey.

Corresponde al Rey de España: Convocar y disolver las Cortes Generales. Aprobar las leyes orgánicas. Exigir la responsabilidad política del Gobierno. Declarar el estado de excepción.

La Cámara de representación territorial es: El Congreso de los Diputados. El Senado. El Parlamento de cada Comunidad Autónoma. La Diputación Provincial.

Según establece la Constitución Española de 1978, las sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado: Son siempre públicas. Únicamente son públicas cuando debaten Leyes orgánicas. Son públicas, salvo acuerdo contrario en cada Cámara. Son públicas únicamente en el Congreso de los Diputados.

¿A quién le corresponde dirigir la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma?. Al Presidente de la Comunidad Autónoma. Al Presidente de la Diputación. Al Delegado nombrado por la Comunidad Autónoma. Al Delegado nombrado por el Gobierno.

Según establece el Estatuto de Autonomía para Andalucía, para favorecer el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos está obligados a: La promoción pública de la vivienda. Asegurar una vivienda accesible a todas las personas. Garantizar una vivienda protegida a todas las personas residentes en la Comunidad Autónoma. Garantizar vivienda de calidad adaptada a las necesidades de sus habitantes.

En los municipios de gran población, al Pleno le corresponde, entre otras, la atribución de: Establecer directrices generales de la acción de gobierno municipal y asegurar su continuidad. La autorización y disposición de gastos en materias de su competencia. Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales. Ostentar la máxima representación del municipio.

En la legislación de la Unión Europea (UE), las Directivas son: Actos legislativos vinculantes que deben aplicarse en su integridad en toda la UE. Actos legislativos en los cuales se establecen objetivos que todos los países de la UE deben cumplir, aunque corresponde a cada país elaborar sus propias leyes para alcanzar esos objetivos. Recomendaciones vinculantes para aquellos países a quienes se dirigen y son directamente aplicables. Instrumentos que permiten a las instituciones hacer declaraciones de manera no vinculante, sin imponer obligaciones legales a quienes se dirigen.

El Tratado sobre la Unión Europea de Maastricht tenía por objetivo: Reformar las instituciones de la UE para preparar la llegada de futuros países miembros. Hacer la UE más democrática, más eficiente y mejor capacitada para abordar, con una sola voz, los problemas mundiales, como el cambio climático. Preparar la Unión Monetaria Europea e introducir elementos de unión política (ciudadanía, política común de relaciones exteriores y asuntos internos). Establecer la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom).

La aprobación, imposición, ordenación y supresión de los tributos propios de cada municipio se regula en: El presupuesto general. Las ordenanzas fiscales. Las bases de ejecución presupuestaria. El Reglamento Orgánico General. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Según la Ley de Haciendas Locales, los ayuntamientos podrán exigir tasas por la prestación del servicio de: Alumbrado de vías públicas. Vigilancia pública en general. Limpieza de la vía pública. Instalación de quioscos en la vía pública.

El presupuesto general de las entidades locales atenderá al cumplimiento del principio de: Estabilidad. Equidad. Justicia social. Centralización de gastos e ingresos.

La aprobación definitiva del presupuesto general del ayuntamiento se realiza por: La Junta de Gobierno Local, tras su aprobación inicial y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. El Pleno, tras su aprobación inicial y la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. El Alcalde, si no se presentan reclamaciones tras su aprobación inicial y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. La Comunidad Autónoma, tras su aprobación inicial por la entidad local.

En los procedimientos administrativos de las Administraciones Públicas, los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos, deberán ser: Convalidados por el órgano inmediatamente superior. Motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho. Anulados por el Órgano que ostente la máxima responsabilidad en la materia que se trate. Subsanados por el titular del Órgano que ostente la Secretaría.

En el procedimiento administrativo, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán: Vinculantes en todos los casos. Facultativos y no vinculantes. Preceptivos pero no vinculantes. Preceptivos y vinculantes.

Los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo, en las empresas de entre 2.000 y 3.000 trabajadores, son: Los Delegados de personal. Los miembros del Comité de empresa o de la Junta de Personal, en su caso. Los Delegados Sindicales. Los Delegados de Prevención.

Es una competencia de los Delegados de Prevención: Ejercer la labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo, así como sobre las enfermedades profesionales. La supervisión de la formación que, en materia de prevención y promoción de la salud laboral deba recibir el personal. Realizar la evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores cada vez que inicie una nueva actividad.

En el Estatuto de Autonomía para Andalucía, se garantiza: El derecho a todos a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones de un sistema público de servicios sociales. El derecho a un empleo digno y de calidad. El derecho a todos a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna. El derecho a recibir atención social individualizada que respete su identidad y dignidad.

El funcionamiento del registro electrónico se regirá, entre otras, por la siguiente regla: Cada Administración Pública publicará los días y el horario en el que podrán presentarse los documentos. El registro electrónico de cada Administración tendrá el mismo horario que las oficinas de registro, para garantizar la igualdad de acceso. Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas. Permitirá la presentación de documentos todos los días hábiles del año, excluyendo los sábados, domingos y los declarados festivos.

En los procedimientos administrativos de la Administraciones Públicas, todas las notificaciones deberán ser cursadas dentro del plazo de: Treinta días naturales, a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Quince días, a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Diez días, a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Cinco días naturales, a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

En el procedimiento administrativo, cuando el plazo se fija en tres meses, éstos se computan: A partir del día en que se dicta el acto correspondiente. A partir del día siguiente a aquel que tenga lugar la notificación o publicación del acto. A partir del día siguiente a aquel que se dicta el acto de que se trate. A partir del día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto.