Fuentes del Derecho administrativo

De acuerdo con el artículo 9.1 de la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el sometimiento de los poderes públicos al Derecho en el Estado español?. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y a las leyes promulgadas por el poder ejecutivo exclusivamente. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos únicamente a la Constitución, pero pueden eximirse de las leyes en situaciones excepcionales. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Los ciudadanos están sujetos a la Constitución, pero los poderes públicos tienen la facultad de actuar conforme a la costumbre en ausencia de ley aplicable.

Según lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Constitución Española, ¿cuál de los siguientes principios NO está garantizado explícitamente por la Constitución?. El principio de legalidad. La jerarquía normativa. La seguridad jurídica. La autonomía normativa de las comunidades autónomas.

En relación con el Derecho administrativo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según las definiciones aportadas por autores como Zanobini, García de Enterría y Garrido Falla?. El Derecho administrativo regula exclusivamente las relaciones jurídicas entre los particulares y el Estado. El Derecho administrativo se caracteriza por ser un derecho de naturaleza estatutaria que regula exclusivamente la organización de las administraciones públicas. El Derecho administrativo es una parte del Derecho público que regula tanto la organización de las administraciones públicas como sus relaciones con otros sujetos. El Derecho administrativo se refiere exclusivamente al conjunto de normas dictadas por el poder legislativo.

El artículo 106.1 de la Constitución Española establece el control judicial sobre la actuación administrativa. Según este artículo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. Los tribunales controlan únicamente la legalidad de la actuación administrativa, excluyendo la potestad reglamentaria. Los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como su sometimiento a los fines que la justifican. Los tribunales solo tienen competencias para revisar la constitucionalidad de las leyes, no la legalidad de la actuación administrativa. La potestad reglamentaria de la Administración está fuera del control judicial según la Constitución Española.

Según el artículo 1 del Código Civil, en relación con las fuentes del Derecho, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. La costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable y siempre que no sea contraria a la moral o al orden público. Los principios generales del Derecho se aplicarán en defecto de ley y costumbre, y pueden contradecir la ley escrita si se justifica por razones de equidad. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España hasta que hayan sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado.

De acuerdo con el principio de jerarquía normativa recogido en el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes disposiciones administrativas sería nula de pleno derecho?. Una disposición administrativa que regule materias reservadas exclusivamente a la Constitución. Una disposición administrativa que sea más favorable para los derechos individuales de lo que establece la ley. Una disposición administrativa que no se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado. Una disposición administrativa que regule de manera retroactiva aspectos procedimentales no sustantivos.

De acuerdo con la integración de España en la Comunidad Europea y el artículo 93 de la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la relación entre el Derecho comunitario y el Derecho interno español?. El Derecho comunitario tiene primacía sobre el Derecho interno español solo en materias económicas. Los reglamentos y directivas comunitarias solo son de aplicación en España si han sido ratificados por las Cortes Generales. El Derecho comunitario tiene primacía sobre el Derecho interno español, incluida la Constitución, y es de aplicación directa en todos los Estados miembros. Las decisiones comunitarias no son vinculantes en España hasta que se publiquen en el Boletín Oficial del Estado.

En relación con la jerarquía normativa del Derecho administrativo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta según lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Constitución Española?. Los reglamentos de las comunidades autónomas deben subordinarse a las leyes estatales en caso de conflicto normativo. La Constitución Española garantiza la jerarquía normativa como un principio fundamental del ordenamiento jurídico. Una norma administrativa de rango inferior puede modificar otra de rango superior si es más favorable para los derechos de los administrados. Las disposiciones administrativas que contradigan normas de rango superior carecen de validez.

De acuerdo con el concepto y las características del Derecho administrativo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja correctamente su ámbito de aplicación?. El Derecho administrativo solo se aplica a la actividad del Poder Ejecutivo y no tiene influencia en las relaciones entre particulares y la Administración Pública. El Derecho administrativo es exclusivo de la Administración Pública, y su ámbito de aplicación se limita estrictamente a los órganos estatales. El Derecho administrativo se aplica tanto a las administraciones públicas como a sujetos privados que actúan por delegación de la Administración. El Derecho administrativo es parte del Derecho privado, regulando únicamente las relaciones entre particulares y el Estado.

Según el Código Civil español, ¿en qué circunstancias puede la costumbre ser considerada como fuente del Derecho administrativo?. La costumbre es la fuente principal del Derecho administrativo y puede aplicarse incluso en contra de lo dispuesto por la ley. La costumbre solo se admite como fuente del Derecho administrativo en ausencia de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público. La costumbre es siempre preferente sobre las leyes en el Derecho administrativo y se aplica automáticamente. La costumbre no tiene relevancia en el Derecho administrativo y nunca puede ser utilizada como fuente de derecho.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las fuentes indirectas del Derecho administrativo es correcta?. La jurisprudencia tiene un carácter vinculante en todos los casos y supera en importancia a las leyes escritas. La doctrina científica es una fuente directa y principal del Derecho administrativo, con la misma relevancia que la ley. La jurisprudencia complementa el ordenamiento jurídico con la doctrina establecida por el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley. La doctrina científica se considera como fuente primaria del Derecho administrativo en ausencia de costumbre.

En el marco del Derecho administrativo español, ¿qué implica el principio de eficacia mencionado en el artículo 103.1 de la Constitución Española?. La Administración Pública debe priorizar la rapidez en su actuación, incluso si ello implica la omisión de procedimientos establecidos por la ley. La Administración Pública debe actuar con eficacia, lo que incluye la obligación de garantizar el máximo rendimiento y resultados en la gestión de los intereses generales, respetando siempre la ley. El principio de eficacia permite a la Administración Pública actuar discrecionalmente, sin necesidad de someterse a normas jurídicas. La eficacia administrativa se refiere exclusivamente a la eficiencia económica, sin tener en cuenta el respeto a los derechos de los administrados.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente las competencias de las Cortes Generales según el artículo 66.2 de la Constitución Española?. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado y tienen competencia exclusiva para sancionar y promulgar leyes en nombre del Rey. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban los presupuestos, controlan la acción de Gobierno y tienen las competencias atribuidas por la Constitución. Las Cortes Generales son el único órgano con potestad para modificar la Constitución y regular las materias de competencia estatal. Las Cortes Generales no tienen competencia en la aprobación de presupuestos ni en el control de la acción del Gobierno.

¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una ley orgánica según el artículo 81 de la Constitución Española?. Leyes que regulan las normas de convivencia en los municipios, sin afectar a los derechos fundamentales. Leyes relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, y las que aprueban los estatutos de autonomía. Leyes que establecen el funcionamiento interno de los ministerios y regulan su estructura administrativa. Leyes que dictan medidas excepcionales en situaciones de emergencia sanitaria.

Según el artículo 86 de la Constitución Española, los decretos-leyes no pueden regular ciertas materias. ¿Cuál de las siguientes opciones refleja correctamente una de estas limitaciones?. Los decretos-leyes pueden regular cualquier materia que sea urgente y de interés público, incluyendo derechos y libertades fundamentales. Los decretos-leyes pueden regular el régimen de las comunidades autónomas siempre que sean convalidados por el Congreso de los Diputados. Los decretos-leyes no pueden regular materias que afecten al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, derechos fundamentales, régimen de las comunidades autónomas y Derecho Electoral General. Los decretos-leyes pueden regular la Constitución Española y establecer nuevas competencias para el Gobierno.

(Artículo 82 de la Constitución Española) De acuerdo con el artículo 82 de la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente un requisito general para la delegación legislativa?. Las Cortes Generales pueden delegar cualquier materia, incluida la modificación de la Constitución. La delegación legislativa debe otorgarse mediante una ley de bases o una ley ordinaria, dependiendo del tipo de delegación, y debe ser otorgada de manera expresa para una materia concreta. La delegación legislativa es implícita y no requiere una ley formal para su otorgamiento, permitiendo al Gobierno legislar libremente. La delegación legislativa permite al Gobierno establecer nuevas leyes con carácter retroactivo y modificar la ley de bases.

De acuerdo con el artículo 128.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en cuanto a las limitaciones de los reglamentos?. Los reglamentos pueden establecer sanciones administrativas y tributos siempre que cuenten con la aprobación del Consejo de Estado. Los reglamentos pueden tipificar delitos y establecer exacciones parafiscales sin necesidad de una ley previa. Los reglamentos no pueden tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, ni establecer tributos, exacciones parafiscales u otras cargas de carácter público. Los reglamentos pueden ser aprobados con carácter retroactivo en situaciones de emergencia administrativa.

Según el artículo 150.3 de la Constitución Española, las leyes de armonización tienen un propósito específico. ¿Cuál es este propósito?. Las leyes de armonización permiten al Estado dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, incluso en materias atribuidas a la competencia de estas, cuando lo exija el interés general. Las leyes de armonización otorgan a las comunidades autónomas la capacidad de dictar leyes en materias de competencia exclusiva del Estado, con el fin de adaptar las normativas locales. Las leyes de armonización facultan al Rey para intervenir en la legislación autonómica con el objetivo de preservar la unidad del Estado. Las leyes de armonización permiten a las comunidades autónomas derogar leyes estatales en situaciones de conflicto normativo.

Según el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, un reglamento será nulo de pleno derecho cuando: Vulnere la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango inferior. Regule materias reservadas a la Ley, salvo que se trate de disposiciones sancionadoras. Establezca la retroactividad de disposiciones sancionadoras favorables o restrictivas de derechos individuales. Vulnere la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el concepto de nulidad absoluta o de pleno derecho según la Ley 39/2015?. La nulidad absoluta solo puede ser declarada a instancia de parte y dentro del plazo legalmente establecido. La nulidad absoluta requiere que el afectado interponga un recurso en el plazo de un mes. La nulidad absoluta puede ser declarada en cualquier momento, incluso de oficio, y tiene efectos retroactivos. La nulidad absoluta se convierte en anulabilidad si no se recurre en el plazo de dos meses.

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, los jueces y tribunales: Aplicarán todos los reglamentos independientemente de su conformidad con la Constitución, salvo que sean declarados nulos por el Tribunal Supremo. No aplicarán los reglamentos o disposiciones contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa. Están obligados a aplicar reglamentos aun si son contrarios a la Constitución, siempre que no exista una sentencia que los declare nulos. Podrán aplicar reglamentos contrarios a la ley si son favorables a los derechos individuales.

Según el artículo 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, ¿cuándo es admisible el recurso contencioso-administrativo?. Solo es admisible contra disposiciones de carácter general que hayan agotado la vía administrativa. Es admisible exclusivamente contra los actos de trámite que produzcan indefensión o perjuicio irreparable. Es admisible contra disposiciones de carácter general y contra actos presuntos que pongan fin a la vía administrativa. Solo es admisible contra actos expresos de la Administración que agoten la vía administrativa.

De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, ¿qué ocurre si el órgano judicial competente para conocer del reglamento coincide con el competente para conocer del acto?. Debe abstenerse de resolver sobre la nulidad del reglamento hasta que se resuelva la cuestión de ilegalidad por el Tribunal Supremo. Puede declarar la nulidad del reglamento en la misma sentencia que resuelve el recurso contra el acto. Debe remitir el expediente a un tribunal superior para que declare la nulidad del reglamento. stá obligado a aplicar el reglamento aunque lo considere ilegal, remitiendo la cuestión a un tribunal de mayor jerarquía.

Son normas de resultado y un instrumento para armonizar las legislaciones de los Estados miembros: Reglamento. Directiva. Decisiones. Todas son verdaderas.

Las recomendaciones y los dictámenes. Serán vinculantes. No serán vinculantes. Las recomendaciones serán vinculantes v los dictamenes nunca. Las recomendaciones nunca serán vinculantes y los dictámenes serán vinculantes.

¿Cómo se denominan los Reglamentos dictados por las Autoridades administrativas en caso de emergencia?. Reglamentos excepcionales. Reglamentos de necesidad. Reglamentos contra legem. Las respuestas b) y c) son correctas.