GENERAL8

106.- El Reglamento de contratación de las Corporaciones Locales, de 9 de enero de 1953: a) Se encuentra vigente en su totalidad. b) Se derogó expresamente por la Ley 13/1995, de 18 de mayo. c) Fue objeto de refundición por el R.D.L. 781/1986, de 18 de abril. d) No ha sido derogado expresamente por norma alguna.

107.- El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, desarrolla: a) El art. 94 del Texto refundido aprobado por R.D.L. 781/1986, en materia de planes provinciales de obras y servicios. b) La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, capítulo I del Título VI. c) El Título IX de la Ley 7/1985, de 2 de abril. d) La Ley 30/1984, de 2 de agosto, en materia de provisión de puestos de trabajo.

108.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre: a) No es de aplicación a las entidades locales en lo que respecta al régimen de responsabilidad patrimonial. b) Establece los órganos de las entidades locales cuyos actos ponen fin a la vía administrativa. c) Deroga expresamente determinados preceptos de la Ley 7/1985, de 2 de abril. d) Recoge los principios de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas.

109.- La Constitución Española de 1978: a) Contempla expresamente la materia régimen local, para atribuir la competencia sobre la misma a las Comunidades Autónomas. b) Consagra la autonomía de las entidades locales menores. c) Dispone la elección de los Alcaldes por los Concejales o por los vecinos. d) Prohíbe crear agrupaciones de municipios distintas a la Comarca.

110.- La administración propia de las islas en los archipiélagos balear y canario, se encomienda por el art. 141.4 de la Constitución Española de 1978a: a) Las respectivas Comunidades Autónomas. b) Las Mancomunidades de Municipios. c) Los Consejos y Cabildos.. d) Las Diputaciones Insulares.

111.- El art. 142 de la Constitución Española de 1978 se dedica a: a) La provincia. . b) Las haciendas locales. c) El Municipio. d) La elección de los Alcaldes.

112.- La posibilidad crear agrupaciones de municipios distintas de la provincia: a) Se reconoce expresamente en la Constitución Española de 1978. b) Se reconoce exclusivamente en la Ley 7/1985, de 2 de abril. c) Se prohíbe implícitamente en la Constitución de 1978, al no mencionarse. d) No existe.

113.- El art. 142 de la Constitución Española de 1978: a) No es de aplicación a la Provincia. b) Se refiere al principio de elección democrática propio de las Provincias. c) Se refiere a las Haciendas Locales. d) Pertenece al Título IX de la misma.

114.- La atribución de concretas potestades administrativas a las entidades locales distintas al Municipio, Provincia e Isla se efectúa: a) Por la Ley 7/1985, de 2 de abril. b) Incondicionalmente por la legislación básica sobre régimen local. c) Carecen, en todo caso, de potestades. d) Por la legislación autonómica.

115.- Según la Constitución de 1978, las Haciendas Locales se nutrirán, fundamentalmente, de: a) De la participación en los tributos del Estado y de tributos cedidos. b) De tributos cedidos e impuestos de las Comunidades Autónomas. c) De tributos propios y participación en los del Estado y las CC.AA. d) De las asignaciones que efectúen los Presupuestos Generales del Estado y tributos cedidos.

116.- Las Áreas Metropolitanas, según la Ley 7/1985, de 2 de abril: a) Son de preceptiva creación en los términos fijados en la misma. b) Son entidades locales. c) Carecen de la consideración de entidad local. d) Equivalen a las Mancomunidades allí donde éstas no existen.

117.- Las entidades locales tiene obligación de remitir a las Administraciones estatal y autonómica, según la Ley 7/1985, de 2 de abril: a) Copia de todos los acuerdos de sus órganos colegiados. b) Copia o extracto de todos los actos y acuerdos. c) Un extracto de todos los actos y acuerdos. d) Las Ordenanzas y Reglamentos únicamente.

118.- Cuando la Administración del Estado conforme al art. 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, considere que un acto de alguna entidad local infringe el ordenamiento jurídico: a) Podrá requerirla de anulación, invocando expresamente dicho precepto. b) Deberá requerirle de anulación, invocando expresamente dicho precepto. c) Podrá anular dicho acuerdo, comunicándolo previamente al ente local. d) Podrá desconocer dicho acuerdo, comunicándolo así al ente local.

119.- El plazo para formular requerimiento de anulación por la Administración de la Comunidad Autónoma al ente local en casos de actos que infrinjan el ordenamiento jurídico es de: a) 15 días hábiles. b) 20 días hábiles. c) Un mes. d) 7 días hábiles.

120.- La competencia para la alteración de los límites provinciales corresponde a: a) Las Comunidades Autónomas, siempre que así lo tengan recogido en sus Estatutos de Autonomía. b) Las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica. c) Los Parlamentos Autónomos, previo informe de las Diputaciones Provinciales interesadas. d) Las Comunidades Autónomas, por Ley de su Parlamento, ratificada en referéndum por los vecinos de los Municipios afectados por la alteración.