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1. Los principios generales del derecho: a) Tienen que estar expresamente recogidos en un texto con rango constitucional o legal para poder ser aplicados por los jueces y tribunales. b) Pueden ser deducidos por los jueces y tribunales sin necesidad de estar expresamente contemplados en una ley escrita, siempre que no contradigan las normas de rango constitucional. c) Deben ser aplicados por los jueces o tribunales, pero no por la Administración, que debe ceñirse a aplicar las normas escritas. d) Solo se aplican en defecto de ley o norma escrita que regule la materia o aspecto de esta.

2. Con arreglo al principio de inderogabilidad singular de las disposiciones administrativas: a) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Artículo 31 LPACAP. b) Ninguna disposición general administrativa puede vulnerar los preceptos de una disposición general de rango superior. c) Ninguna disposición general administrativa puede vulnerar los preceptos de un reglamento o directiva de la Unión Europea. d) Ninguna disposición general administrativa podrá regular materias reservadas a la ley o a la normativa de la Unión Europea.

3. Un Ayuntamiento aprueba una ordenanza municipal por la que se prohíbe terminantemente circular en patinete eléctrico en todo el territorio municipal y establece una sanción de 5000€ para todas aquellas personas que infrinjan esta prohibición. Su cliente recibe una notificación de expediente sancionador por ese concepto y le consulta qué solución es correcta en Derecho: a) El Ayuntamiento tiene competencia para aprobar esa ordenanza y la sanción que prevé, en virtud de su autonomía municipal. b) El Ayuntamiento solo podría establecer esa sanción si la infracción se produjo dentro de la zona urbana del municipio, ya que solo tiene competencia sobre ordenación del tráfico en las ‘’vías urbanas’’ (artículo 25.2 Ley de Bases del Régimen Local). c) El Ayuntamiento no puede regular en ningún caso el uso de los patinetes eléctricos, dado que la Constitución reconoce la libertad de circulación, por lo que la ordenanza en cuestión es nula de pleno derecho. d) Aunque el Ayuntamiento pueda regular la circulación en las vías urbanas con patinetes eléctricos, no puede establecer por ordenanza una nueva infracción y sanción como la prevista, ya que para tipificarla se requiere de una norma con rango de ley.

4. Don Alfonso Méndez quiere hacer un cerramiento metálico y de cristal de la terraza de su domicilio que da a la calle. Un amigo abogado le informa de que esos cerramientos están prohibidos por la ordenanza urbanística del municipio. Pero lo cierto es que todos los demás vecinos del edificio en que reside tienen cerramientos similares en sus terrazas, sin que el Ayuntamiento haya sancionado a ninguno por ello. En consecuencia: a) D. Alfonso tiene derecho a realizar el cerramiento de su terraza, en virtud del principio de igualdad. b) D. Alfonso no tiene derecho a realizar ese cerramiento y el Ayuntamiento podría imponerle, si lo hace, la sanción prevista en las ordenanzas para las obras ilegales. c) D. Alfonso no tiene derecho a realizar el cerramiento, pero si lo hace el Ayuntamiento no puede sancionarle, en virtud del principio de confianza legitima. d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

5. La Consejería de Cultura de una Comunidad Autónoma va a contratar el proyecto y la dirección de las obras de construcción de un nuevo museo. Dado que en la mayoría de los contratos de este tipo que suele adjudicar la Comunidad Autónoma los contratistas son arquitectos, la Consejería desearía que en este caso el contrato se adjudicara a una arquitecta o bien a un estudio de arquitectura en el que la mayor parte de los miembros sean mujeres. Para ello quiere saber qué opción es legal con ese fin. a) Establecer como requisito para contratar que las personas profesionales de la arquitectura que presenten sus ofertas sean mujeres o bien sean estudios de arquitectura con mayoría de mujeres entre sus componentes. b) Establecer que se valorarán con un 20 por 100 más, en relación con los demás criterios de adjudicación (precio, diseño, calidad…), aquellas ofertas presentadas por mujeres arquitectas o por estudios de arquitectura con mayoría de mujeres entre sus miembros. c) Establecer que, en caso de empate entre las ofertas presentadas, en aplicación de los criterios objetivos para su valoración (precio, diseño, calidad…), se primará, en su caso, la oferta que presente una arquitecta o un estudio de arquitectura con mayoría de mujeres entre sus miembros. d) No es posible diferenciar entre unos y otros licitadores por razón de género, ya que ello sería contrario al principio de igualdad.

6. De conformidad con sus competencias tributarias, un Ayuntamiento incluyó en su Ordenanza Fiscal aprobada en diciembre de 2021, una reducción a la mitad de la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles durante tres años, a partir del ejercicio fiscal de 2022, de aquellos edificios que instalaran placas solares o fotovoltaicas. A 31 de diciembre de 2023 y una vez constatado que esa medida reducía los recursos económicos del Ayuntamiento más de lo esperado, el Alcalde quiere que se modifique la Ordenanza Fiscal para eliminar o revertir esa medida. ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta?. a) El Ayuntamiento puede suprimir la reducción fiscal establecida en la Ordenanza de 2021, pero solo con efectos a partir del ejercicio fiscal de 2025. b) El Ayuntamiento puede modificar la Ordenanza Fiscal y, si lo hace en el año 2024, la reducción fiscal prevista en 2021 no se aplicaría ya en el ejercicio fiscal de 2024. c) El Ayuntamiento no puede eliminar la reducción establecida en 2021, pues sería contrario al principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables (artículo 9.3 CE). d) El Ayuntamiento puede eliminar la reducción fiscal aprobada en 2021 con carácter parcialmente retroactivo, de manera que no se aplique en el ejercicio fiscal de 2023, habida cuenta de que el Impuesto de Bienes Inmuebles de ese ejercicio no se recauda hasta el mes de noviembre de 2024.

7. En el año 2021, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) concedió a la ONG Unidos por África una subvención de 1.000.000€ para la realización de un programa de acción social en la República Centroafricana. En el año 2024, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), encargada del control financiero interno, descubre que dicha ayuda fue ilegal, ya que, conforme a la legislación vigente, la subvención en cuestión solo podía alcanzar un máximo de 600.000€ y la AECID se confundió al aplicar la normativa prevista para otros programas. En tal caso: a) La Administración no puede obligar a la citada ONG a reintegrar 400.000€, ya que no tiene culpa alguna del error y ello infringiría el principio de seguridad jurídica. b) La Administración puede tramitar un procedimiento de revisión de oficio del acto que otorgó esa subvención, para anularlo y recuperar así lo indebidamente pagado. c) La Administración no puede revisar o revocar el acto de otorgamiento de la subvención, porque la ONG tiene derecho a mantener la subvención concedida, en virtud del principio de confianza legítima. d) La Administración puede declarar la lesividad del acto de otorgamiento de la subvención y después impugnarla ante los Tribunales, para que la anulen y poder recuperar así lo pagado en exceso.

8. Los Inspectores de Consumo de una Comunidad Autónoma detectaron que en el establecimiento ‘’Los tres tigres de Hong Kong’’ estaba a la venta un producto de juguetería que tenía un etiquetado falso de calidad y cuyo uso podría ser peligroso para la salud. La comercialización de ese tipo de productos se califica como infracción grave en la legislación aplicable, sancionable con muta de entre 10.000 y 100.000€, que puede imponerse en su grado mínimo, medio y alto. Hasta entonces no se había impuesto ninguna sanción al citado establecimiento comercial. Por otra parte, no se ha podido probar que se hubiera vendido efectivamente ninguna unidad del juguete en cuestión ni consta ninguna denuncia de consumidores contra el establecimiento por ese tipo de venta. Abierto expediente sancionador, el funcionario que lo instruye se pregunta qué sanción debe proponer: a) La sanción en grado máximo, habida cuenta del fraude cometido en el etiquetado y en la peligrosidad para la salud infantil. b) La sanción en grado mínimo, ya que no hay reincidencia ni reiteración y porque no se ha constatado perjuicios efectivos para nadie. Principio de proporcionalidad en el procedimiento sancionador. c) La sanción en grado medio, habida cuenta de las circunstancias agravantes y atenuantes que concurren. d) Ninguna sanción, más que un simple apercibimiento y la orden de retirada del producto, ya que no se ha podido probar que hubiera sido efectivamente vendida ninguna unidad.

9. Artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: ‘’Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa’’. Este precepto es una manifestación: a) Del principio de legalidad. b) Del principio de eficacia de la Administración. c) Del principio de seguridad jurídica. d) Del principio de irretroactividad de las disposiciones no favorables.

10. Los principios generales del Derecho Administrativo: a) Pueden ser invocados en todo caso ante los Tribunales. b) Solo pueden ser invocados ante los Tribunales cuando no haya una norma concreta aplicable al caso. c) Solo pueden ser alegados ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. d) Vinculan a la Administración Pública, pero no a los Tribunales.

1. ¿Puede un Ministro delegar el ejercicio de una de sus competencias en otro?. a) No, en ningún caso. b) Sí, en los mismos casos en que puede delegar en un inferior jerárquico. c) Solo en caso de ausencia o enfermedad. d) Sí, pero con autorización de los Tribunales.

2. ¿Puede un órgano administrativo delegar una competencia que le ha delegado otro órgano superior?. a) Solo si una ley lo permite expresamente. b) Solo con dictamen previo del Consejo de Estado. c) Siempre que el órgano delegante superior se lo permita, pero no por su propia decisión. d) En ningún caso.

3. Un Subdirector General de un Ministerio ha dictado una resolución por delegación del Ministro, en un expediente de concesión de ayudas, denegando la ayuda solicitada. ¿Qué recurso podrá interponer el interesado contra dicha resolución?. a) Recurso de alzada ante el Ministro. b) Recurso de alzada ante el Director General, superior jerárquico del Subdirector que ha resuelto. c) Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional o recurso de reposición. d) Recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de los Contencioso-Administrativo de Madrid.

4. La Dirección Provincial del Tráfico ha impuesto a Doña Aurora una multa por exceso de velocidad cuando circulaba por una vía urbana, siendo así que en esas vías la competencia sobre ordenación y control del trafico corresponde al Ayuntamiento. En tal caso: a) La multa es un acto anulable que puede ser recurrido ante los tribunales por vicio de incompetencia. b) La multa es un acto nulo de pleno derecho y puede ser objeto de recurso y de revisión de oficio. c) Doña Aurora puede comunicar a la Dirección Provincial del Tráfico que no pagará la multa, sin necesidad de recurrirla, al ser clara su incompetencia. d) Doña Aurora deberá pagar la multa, si no la recurre, pero el Ayuntamiento podrá después exigir a la Dirección Provincial del Tráfico que le abone su importe.

5. Doña Águeda ha sido elegida Alcaldesa de un municipio castellano de 18.000 habitantes y quiere delegar en el Concejal de Interior y Personal del Ayuntamiento, que ella ha designado, su competencia sobre ‘’jefatura de la Policía Municipal’’. a) No puede llevar a cabo esa delegación de competencia, pues es una función que debe desempeñar la persona titular de la Alcaldía, por exigencia de la ley. Artículo 21.1 i) LBRL. b) Solo puede delegar esa competencia en la Junta de Gobierno Local, pero no es un Concejal. c) Puede aprobar esa delegación si lo desea, mediante decreto de la Alcaldía. d) Puede aprobar la delegación, pero siempre que lo permita el Pleno del Ayuntamiento.

6. ¿Qué órgano de un Ayuntamiento de municipio de gran población tiene la competencia para aprobar la plantilla de personal del Ayuntamiento?. a) El Pleno. b) La Junta de Gobierno Local. c) El Alcalde o Alcaldesa, a propuesta de la Concejalía de Personal. d) La Junta de Personal del Ayuntamiento.

7. Un sindicato de enfermería quiere recurrir una Orden de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma, por la que se reorganiza el Servicio de Salud de la misma. ¿Ante qué órgano puede interponer el recurso?. a) Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. b) Ante el Tribunal Superior de Justicia. c) Ante el Tribunal Superior de Justicia, previo recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. d) Ante ningún órgano, ya que se trata de una orden en materia de organización interna, que no es recurrible.

8. El Gobierno de la Nación considera que un Decreto que ha aprobado la Junta de Andalucía vulnera claramente las competencias del Estado en materia de protección de la costa. ¿Cómo puede impugnar ese Decreto?. a) Formulando un conflicto positivo de competencia ante el Tribunal Constitucional. b) Interponiendo un recurso contencioso-administrativo por vicio de incompetencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. c) De cualquiera de las dos formas previstas en las letras anteriores. d) Interponiendo un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, por vicio manifiesto de incompetencia.

9. El Vicerrector de Estudiantes de una Universidad Pública ha resuelto el expediente disciplinario abierto a un estudiante por la comisión de una falta muy grave de ‘’acoso sexual’’, imponiendo la sanción de expulsión de la Universidad. Pero, una vez notificada la sanción, se percata de que, según los Estatutos de la Universidad, ese tipo de sanción solo puede ser impuesta por el Rector, ya que se trata de la sanción más grave prevista en la legislación de disciplina académica. En virtud de ello: a) Será necesario anular la sanción, y en su caso, volver a tramitar el expediente disciplinario para que lo resuelva el Rector. b) La sanción es nula de pleno derecho por vicio manifiesto de incompetencia y no se puede imponer al estudiante, por lo que debe ser revisada de oficio. c) El Vicerrector, una vez constatada su incompetencia para resolver, debe dejar sin efecto la sanción, sin más trámite. d) El Rector podrá convalidar la decisión del Vicerrector mediante una resolución propia, subsanando así el vicio de competencia de que adolece.

10. Para otorgar las licencias de obras de edificación es competente: a) El Ayuntamiento. b) La Diputación Provincial. c) La Comunidad Autónoma. d) El Ministerio de la Vivienda.

1. A Bosco le han impuesto una sanción en materia tributaria. ¿Puede interponer reclamación económica-administrativa?. A. No, sólo es posible respecto de actos de aplicación de los tributos. B. La reclamación sólo será posible respecto de actos de liquidación firmes en vía administrativa. C. Sí, es posible interponer reclamación frente a sanciones en el orden tributario. D. No, en materia sancionatoria debe acudirse directamente a la vía judicial.

2. José ha sido sancionado en materia tributaria por incumplimiento de sus deberes fiscales. Pregunta a un despacho de Abogados qué efectos produce el recurso en cuanto a la suspensión del acto recurrido. Indique la respuesta incorrecta. A. La ejecución de las sanciones quedará automáticamente suspendida en periodo voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en vía administrativa. B. No se exigirán intereses de demora por el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en periodo voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa, exigiéndose intereses de demora a partir del día siguiente a la finalización de dicho plazo. C. En ningún caso será objeto de suspensión automática la deuda tributaria objeto de derivación. D. En los procedimientos sancionadores en materia tributaria no cabe en caso alguno la suspensión del acto recurrido, pues tiene plena naturaleza ejecutiva desde el mismo momento de su imposición.

3. Ante el elevado número de expedientes de nacionalidad pendientes de resolución, la Administración competente está barajando diversas medidas para agilizar esta tramitación. Entre ellas, la incorporación de personal de forma temporal, acudiendo para ello a la figura del contrato de servicios. ¿Es esto posible?. A) Sí. Una de las novedades de la vigente legislación en materia de contratos del sector público fue posibilitar contrataciones de personal, siempre condicionado a que sea por razones de urgencia debidamente acreditadas y con carácter temporal. B) Sí, pero únicamente a través del contrato de servicios que, por razón de la cuantía, se tramite como contrato menor. C) No, en ningún caso. D) No, salvo que se trate de personal para la prestación de servicios de carácter social, sanitario o educativo y siempre con carácter temporal.

4. ¿En qué supuestos es ejecutiva la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo sancionador?. A) En todos aquellas supuestos en los que no quepa contra el mismo recurso ordinario alguno en vía administrativa, salvo que se acuerde su suspensión cautelar cuando el interesado manifieste su intención de interponer recurso contencioso-administrativo. B) En todo caso, cuando no quepa contra el mismo recurso ordinario alguno en vía administrativa, pudiendo ya adoptarse en la misma disposición cautelares para garantizar su eficacia. C) En todo caso, con independencia de que sea firme o no en vía administrativa pues, como toda resolución que pone fin a un procedimiento, es ejecutiva y ejecutable. D) La resolución que finaliza un procedimiento sancionador nunca es ejecutiva hasta que haya transcurrido el plazo legalmente previsto para interponer recurso contencioso-administrativo y se declare expresamente su carácter ejecutivo por la Administración.

5. Borja, funcionario de carrera, pretende instar la extensión de efectos de una sentencia que reconoce una prestación a los funcionarios. ¿Cuál de los siguientes requisitos es incorrecto para poder solicitar la extensión de efectos?. A) Encontrarse en idéntica situación jurídica que el favorecido. B) Que el Juez o Tribunal sentenciador sea competente por razón del territorio para conocer de su pretensión. C) Que el objeto de la sentencia sea una cantidad líquida. D) Formular la petición de extensión de efectos en el plazo de un año.

6. Conforme a la Ley de Expropiación Forzosa, en el procedimiento general u ordinario de expropiación, ¿cuándo podrá llevarse a cabo la ocupación de la finca expropiada o el ejercicio del derecho expropiado?. A) Una vez que haya quedado determinado el justiprecio. B) Una vez que se haya hecho efectivo el justiprecio o, en su caso, haya sido consignado en legal forma. C) Una vez que la Administración expropiante, cualquiera que sea esta, declare que procede la ocupación. D) Una vez que el jurado de expropiación correspondiente lo autorice.

7. Miguel pretende interponer recurso de casación contra sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso. ¿Cabría dicho recurso?. A) No, solo son susceptibles de recurso de casación las sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. B) No, solo son susceptibles de recurso de casación las sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional. C) Sí, podrá hacerlo siempre que la doctrina emanada se repute gravemente dañosa para los intereses generales y sea susceptible de extensión de efectos. D) Sí, siempre.

8. La Abogada Aroa tiene que formular demanda de procedimiento ordinario, en un asunto de responsabilidad patrimonial. ¿Cuál de las siguientes opciones es falsa?. A) En la demanda deben señalarse los elementos de hecho sobre los cuales versará la prueba. B) La prueba debe pedirse cuando el Juzgado o la Sala le notifique la apertura de período probatorio, pero no debe pedirse en la demanda. C) La cuantía se señala en otrosí en la demanda y la parte demandada puede exponer su parecer al respecto en su escrito de contestación. D) Deben separarse adecuadamente los hechos, los fundamentos de derecho y las pretensiones.

9. La empresa de transportes de Julio, su cliente, tuvo que renovar prácticamente toda su flota de camiones en cumplimiento de una resolución del órgano competente de la Comunidad Autónoma, que no recurrió. Dicha resolución aplicaba una ley autonómica que, por motivos medioambientales, exigía unas características técnicas determinadas para poder circular por las carreteras de dicha Comunidad Autónoma. Posteriormente, la Federación de Transportistas consiguió que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional aquella ley autonómica. Julio le consulta si puede exigir que la Comunidad Autónoma le indemnice las inversiones que tuvo que realizar. A) Todos los transportistas que puedan acreditar el daño causado, sin necesidad de haber recurrido en vía administrativa la resolución de la que deriva el daño, podrán reclamar la responsabilidad de la Comunidad Autónoma por actos legislativos declarados inconstitucionales. B) Todos los transportistas que puedan acreditar el daño causado, sin necesidad de haber recurrido en vía administrativa la resolución de la que deriva el daño, podrán reclamar la responsabilidad de la Comunidad Autónoma por actos legislativos declarados inconstitucionales por las inversiones realizadas en el último año. C) La declaración de inconstitucionalidad de una ley no tiene efectos retroactivos, por lo que no se pueden reclamar los daños que su aplicación hubiera causado. D) Para poder reclamar la indemnización de una lesión causada por una ley declarada inconstitucional es necesario haber obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra una actuación administrativa que aplicó la ley y siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

10. ¿Cuáles de estas resoluciones NO son susceptibles de recurso de apelación?. A) Las dictadas en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona. B) Las que resuelvan litigios entre Administraciones públicas. C) Las que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales. D) Las relativas a materia electoral comprendidas en el artículo 8.4 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-administrativa.

11. Antonia reclamó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana una indemnización de 30.000 € en concepto de responsabilidad patrimonial p los daños que le ocasionó una actuación de ese departamento ministerial. Han transcurrido más de seis meses desde que la presentó en el registro del referido Ministerio sin que haya obtenido respuesta expresa. Ante esta situación, acude a Su Abogado para que le indique que puede hacer. Marque la respuesta correcta: A) Presentar recurso de alzada contra la desestimación de su solicitud por silencio administrativo. B) Entender estimada su solicitud por silencio administrativo y solicitar el certificado acreditativo del silencio producido. C) Interponer contra la desestimación por silencio de su reclamación recurso potestativo de reposición o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. D) Interponer contra la desestimación por silencio de su reclamación recurso potestativo de reposición o, directamente, recurso contencioso-administrativo contra la desestimación por silencio de su reclamación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

12. Durante la ejecución de unas obras encomendadas por la Administración a un contratista privado, a José se le causan unos daños por parte del contratista. ¿Quién debe responder por tales daños?. A) La Administración siempre y en todo caso, al ser una obra suya. B) El contratista siempre y en todo caso, al ser el causante del daño. C) Responderán ambos de forma solidaria. D) Responderá la Administración cuando los daños sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma.

13. Nuestro cliente, una importante empresa del sector de la construcción, no está conforme con el anuncio de licitación de un determinado contrato administrativo, por lo que decidimos recurrirlo potestativamente a través del recurso especial en materia de contratación. La Administración ha dictado resolución desestimatoria, ¿cómo podríamos combatir la misma?. A) No cabe recurso administrativo y solo podremos acudir al recurso contencioso-administrativo. B) Mediante petición de la revisión de oficio de la resolución. C) Mediante recurso de alzada ante la misma autoridad que dictó la resolución. D) Mediante recurso de revisión ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública o autoridades equivalentes de las Administraciones autonómicas o locales, en su caso.

14. Joan es propietario de un terreno con cultivo de naranja. Con ocasión de la construcción de una carretera promovida por la Diputación Provincial, descubre que dicho terreno ha sido invadido por las máquinas de las obras, después de haber arrancado 40 árboles, utilizando el terreno la constructora como base de operaciones. No le ha sido notificado expediente alguno relacionado con dichas obras, ni aparece en ninguna publicación. ¿Qué tipo de actuación ha llevado a cabo la Administración frente a Joan?. A) Inactividad prestacional. B) Inactividad por inejecución de actos firmes. C) Actuación material en vía de hecho. D) Contrato civil de arrendamiento.

15. Los actos presuntos desestimatorios podrán ser recurridos en reposición: A) En el plazo de quince días, a partir del día siguiente a aquel en que se tenga por producido el acto presunto. B) En el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente en que se tenga por producido el acto presunto. C) En cualquier momento, a partir del día siguiente en que se tenga por producido el acto presunto. D) En el plazo de un mes, a partir del día de expedición del certificado acreditativo del silencio administrativo expedido por el órgano competente.

16. En un procedimiento cuya cuantía excede de 30.000 €, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n° 5 de Madrid ha dictado auto de caducidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Yolanda al no haber presentado su abogada el escrito de demanda en plazo. Conchi no está Conforme con tal resolución judicial y pregunta a otro Abogado qué puede hacer. Indique la respuesta correcta: A) Podrá interponer recurso de casación contra la misma, al tratarse de un auto que hace imposible la continuación del procedimiento y no es susceptible de recurso de apelación. B) No podrá interponer recurso alguno contra dicha resolución judicial, pero si podrá pedir responsabilidad civil a su abogada por actuación negligente. C) No podrá interponer recurso de apelación, pues la materia sobre la que versó el procedimiento no era susceptible de extensión de efectos. D) Ninguna de las anteriores.

17. Pedro A. S. funcionario de carrera, tras la tramitación del oportuno expediente disciplinario, ha recibido notificación de la resolución que le impone la sanción de expulsión por la comisión de dos faltas muy graves. No conforme con ello está dispuesto a recurrirlas en vía contencioso-administrativa y, dada su condición de funcionario público, pretende hacerlo por sí mismo, sin asistencia letrada ni representación por procurador. ¿Podrá hacerlo?. A) Sí, dada su condición de funcionario y ser un asunto en materia de personal puede comparecer por sí mismo, sin asistencia de Abogado y sin representación técnica. B) No, ya que en el proceso contencioso-administrativo es posible comparecer sin estar representado por Procurador ante los órganos unipersonales, pero la asistencia letrada siempre es preceptiva, con independencia del órgano judicial o el objeto del recurso. C) Sí, dada su condición de funcionario puede comparecer por sí mismo y ejercer su defensa ante cualquier órgano contencioso-administrativo, pero solo si litiga en defensa de derechos o intereses propios. D) No, pues se trata de una cuestión de personal que implica la separación del servicio.

18. Álvaro pretende abrir un establecimiento de alimentación de 50 metros cuadrados en el municipio de Tineo. Interesa de su letrado cuándo puede comenzar la actividad, tras presentar la correspondiente solicitud: A) Siendo una actividad sujeta a declaración responsable o comunicación, podrá iniciar la actividad desde el momento de su presentación. B) Es una actividad sujeta a autorización, por lo que habrá de esperar a que se resuelva. C) Deberá solicitar una concesión y esperar a que resuelva el Ayuntamiento. D) Dependerá de los requisitos que imponga el Ayuntamiento, teniendo absoluta libertad para establecer cualquier tipo de autorización.

19. Tras obtener sentencia favorable a los intereses de nuestro cliente, la Administración demandada recurrió en casación. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ya ha dictado auto teniendo por preparado recurso de casación. A nuestro juicio no debió tenerse por preparado el recurso pues no se cumplen los requisitos legales para ello. ¿Qué podemos hacer?. A) Interponer recurso de reposición frente a dicho auto. B) Como no cabe recurso de reposición frente a dicho auto, deberemos oponernos a su admisión a la vez que comparezcamos ante el Tribunal Supremo, si lo hacemos dentro del término del emplazamiento. C) Debemos esperar a la presentación del escrito de oposición y efectuar, antes de las alegaciones sobre el fondo del recurso, las alegaciones y los fundamentos por los que entendamos que no procedía tener por preparado el recurso. D) Únicamente podrá interponerse recurso de queja, que se sustanciará por los trámites previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

20. Pablo pretende interponer recurso frente a un Decreto resolutorio de la reposición frente a una resolución del Letrado de la Administración de Justicia. ¿Qué recurso cabe?. A) Ninguno, tal y como dispone el artículo 102 bis de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa. B) Recurso de revisión, pues el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 102 bis de la Ley de Jurisdicción Contenciosa-administrativa. C) Apelación directa. D) Recurso de reposición.

21. Julia ha solicitado responsabilidad patrimonial por los daños que le ocasionó la aplicación de una Ley estatal reguladora de un impuesto que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Marque quién es competente para resolver dicho procedimiento administrativo. A) El Consejo de Ministros. B) El Ministro de Hacienda. C) El Tribunal Constitucional. D) El Ministro de Presidencia.

22. En relación con el procedimiento especial para la garantía de la unidad de mercado, ¿quién tiene legitimación para interponerlo?. A) Exclusivamente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. B) Indistintamente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o un operador económico que tenga interés directo en la anulación del acto, actuación o disposición cuestionada. C) El particular, persona física o jurídica, que sufra los perjuicios de la actuación administrativa que sea contraria a la libertad de establecimiento o de circulación. D) La Administración pública autora de la disposición, acto, actuación, inactividad o vía de hecho que es cuestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por ser contraria a la unidad de mercado.

23. Mohammed es un ciudadano marroquí al que en su día se le concedió autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena en nuestro país. Dentro de los sesenta días naturales previos a la fecha de expiración de la vigencia de esa autorización, solicitó su renovación, habiendo transcurrido más de tres meses sin que la Administración haya resuelto expresamente su solicitud. ¿Qué efectos producirá la falta de resolución expresa?. A) La estimación por silencio administrativo de la solicitud de renovación. B) La desestimación por silencio administrativo de la solicitud de renovación. C) La inadmisión de la solicitud de renovación, al no haberse respetado el plazo legalmente previsto para su presentación antes de la fecha de expiración. D) La caducidad del expediente administrativo de renovación de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.

24. Las medidas cautelares en un procedimiento contencioso-administrativo: A) Podrán solicitarse solo en la demanda por medio de otrosi. B) Podrán modificarse o revocarse en razón al avance que vaya haciendo el proceso principal. C) Podrán denegarse cuando de las medidas puedan provocar una perturbación grave de los intereses generales o de tercero. D) No podrá exigirse garantía o caución a quien propone la medida cautelar, pero responderá de los daños y perjuicios que provoque.

25. Iniciado el acto de la vista en un procedimiento abreviado, solo se ha personado ante el órgano judicial la parte recurrente. Comprobado que le fue notificado en debida forma al representante procesal de la Administración demandada el día y hora en que habría de celebrarse la vista, ¿qué puede hacer el órgano judicial?. A) Deberá proseguir la vista en ausencia de la Administración demandada. B) Deberá estimar el recurso en todo caso. C) Deberá suspender la vista, que se volverá a señalar dentro de los quince días siguientes. D) Deberá acordar el receso de la vista, volviéndose a convocar tras la celebración de la última de las señaladas para ese día.

Reserva 1.- Nekane, neumóloga adscrita a un Servicio Público de Salud dendiente de una Comunidad Autónoma, ha participado en un procedimiento selectivo para obtener la plaza de Jefe de Servicio de Neumología de un hospital público, pero no obtiene la plaza, por una centésima de diferencia con la persona adjudicataria, que a su vez es socia del presidente de la comisión de valoración. ¿Qué procedimiento deberá seguir y ante qué órgano jurisdiccional?. A) Procedimiento abreviado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. B) Procedimiento ordinario ante el Tribunal Superior de Justicia. C) Procedimiento ante el Juzgado de lo Social en reclamación de categoría o grupo profesional. D) Procedimiento ordinario ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo.

1. En un procedimiento iniciado de oficio, el plazo máximo de resolución comienza a contarse desde: a) acuerdo de iniciación. b) la fecha de registro correspondiente. c) la fecha de notificación de acuerdo.

2. La así denominada Comunicación es: a) una forma de iniciación de un procedimiento administrativo. b) una fase previa a la presentación de una solicitud. c) ninguna de las alternativas.

3. La denuncia regulada por la Ley 39/2015. a) otorga la condición de interesado. b) no otorga la condición de interesado. c) obliga a la Administración a iniciar el respectivo procedimiento administrativo.

4. En el caso de que el legislador establezca que un informe es preceptivo significa que: a) que su contenido vincula la resolución final. b) que su contenido no vincula la resolución final. c) que existe la obligación de solicitarlo.

5. La resolución que rechaza la recusación planteada por un interesado: a) es un acto de trámite no cualificado. b) es un acto de trámite cualificado. c) es un acto que agota la vía administrativa.

6. La comunicación y la declaración responsable permiten iniciar la actividad: a) desde el día siguiente a la notificación de la decisión de la AP de conformidad con la documentación presentada. b) desde el día siguiente a la notificación de la autorización por parte de la AP. c) desde el día de su presentación.

7. La obligación de resolver y notificar en plazo los procedimientos administrativos se ha reforzado mediante: a) la aplicación del silencio positivo a todos los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. b) la aplicación del silencio positivo a todos los procedimientos iniciados de oficio. c) La inclusión de una falta disciplinaria específica en el Estatuto Básico de los Empleados Públicos.

8. En el caso del procedimiento administrativo exprés no se contempla el siguiente trámite por la L 39/2015. a) periodo de pruebas. b) alegaciones. c) informe preceptivo.

9. el plazo de resolución y de notificación de un procedimiento: a) por regla general no puede superar los 6 meses. b) no puede superar los 6 meses salvo que una norma jurídica establezca un plazo mayor. c) no puede superar los 8 meses.

11. las así denominadas actuaciones complementarias: a) pueden ser adoptadas en cualquier procedimiento y suspenden el plazo de resolución. b) son medidas que se pueden adoptar solo en el procedimiento administrativo sancionador. c) pueden ser adoptadas en cualquier procedimiento y no suspenden el plazo de resolución.

12. La CE se refiere al procedimiento administrativo para: a) prohibir la inactividad de la administración. b) garantizar la participación de los interesados. c) ninguna de las anteriores.

13. La UAH ha abierto un procedimiento para otorgar ayudas económicas a iniciativas que favorezcan la internacionalización de la Universidad. La falta de resolución dentro de plazo produce: a) por regla general silencio positivo. b) silencio negativo. c) caducidad.

14. El procedimiento administrativo se rige por un principio: a) formalista. b) antiformalista. c) ninguna de las anteriores.

15. en el trámite de información pública pueden presentar alegaciones: a) cualquier persona. b) solo los que tienen la condición de interesados en el procedimiento. c) solo aquellos cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar afectados.

16. En el caso de que la norma reguladora de un procedimiento no establezca un plazo de resolución y notificación: a) se prevé un plazo supletorio de 6 meses. b) se prevé un plazo supletorio de 3 meses. c) se prevé un plazo supletorio de 1 meses.

17. La denuncia regulada por la Ley 39/2015. a) puede ser anónima. b) por regla general no puede ser anónima. c) No puede ser anónima.

18. En el caso de que la solicitud de iniciación no contenga todos los requisitos indicados por el legislador: a) debe declararse su inadmisión. b) debe otorgarse un plazo de 10 días para la subsanación. c) ninguna de las alternativas.

19. En el marco de un procedimiento administrativo, la falta de emisión del informe dentro del plazo establecido: a) por regla general, vicia el procedimiento. b) suspende en todo caso el procedimiento por un plazo de tres meses. c) ninguna de las anteriores.

20. La actuación de un funcionario en el que concurra un motivo de abstención. a) está viciada de nulidad de pleno derecho. b) está viciada de anulabilidad. c) no implica necesariamente la invalidez de la actuación.

21. En el caso de inactividad del interesado, el legislador prevé como efecto en el procedimiento administrativo iniciado mediante una solicitud: a) silencio negativo. b) caducidad. c) ninguna de las anteriores.

22. En el caso de que el procedimiento exprés se adicione un trámite no incluido en el art. 96 L 39/2015. a) se seguirá el trámite como ordinario. b) es posible siempre que no se supere el plazo máximo de resolución de un mes. c) ninguna de las anteriores.

23. Dentro del procedimiento administrativo, la Administración puede abrir un periodo de prueba no superior a. a) 45 días. b) 30 días. c) 15 días.

25. Frente a la denegación por silencio de una beca de estudios, un estudiante decide interponer un recurso de alzada. En caso de que no se resuelva este recurso en plazo, puede entender. a) que se ha producido un silencio estimatorio. b) que se ha producido un silencio desestimatorio. c) que se ha producido la caducidad.

26. La tramitación de urgencia del procedimiento administrativo implica que: a) una reducción a la mitad de todos los plazos del procedimiento, salvo el de resolución. b) una reducción a la mitad de todos los plazos del procedimiento, salvo el de pruebas. c) ninguna de las anteriores.

27. En la Ley 39/2015 puede desistir del procedimiento (cumpliendo los requisitos legales). a) interesado. b) administración. c) interesado y administración.

28. En un procedimiento administrativo iniciado a solicitud de parte, el plazo de resolución comienza a contarse desde: a) fecha que consta en la solicitud. b) fecha de registro de entrada. c) fecha de resolución de admisión.

29. La Ley 39/2015 establece que antes de iniciarse el procedimiento administrativo pueden adoptarse medidas provisionalísimas. a) las que deben ser confirmadas en el acuerdo de iniciación dentro de los 5 días siguientes. b) las que deben ser confirmadas en el acuerdo de iniciación dentro de los 10 días siguientes. c) las que deben ser confirmadas en el acuerdo de iniciación dentro de los 15 días siguientes.

30. El legislador ha establecido para el procedimiento administrativo una estructura básica que: a) puede ser ampliada por cada Administración Pública vía norma reglamentaria. b) puede ser ampliada por cada Administración Pública mediante circulares internas. c) ninguna de las anteriores.

2-. En contra de un acto que pone fin a la vía administrativa procede: A. Recurso de alzada y en su caso contencioso-administrativo. B. Recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo. C. Recurso de alzada o recurso contencioso administrativo.

5-. La resolución del titular de un organismo público que no tiene superior jerárquico: A. Agota la vía administrativa. B. Agota la vía administrativa, salvo que se haya establecido un alzada impropia. C. No agota la vía administrativa.

12-. Las sanciones que impone la Administración tienen una ejecutividad distinta de los actos administrativos puesto que: A. Producen efectos y deben ser cumplidas desde el momento en que son dictadas. B. Producen efectos y deben ser cumplidas desde el momento en que son notificadas. C. Producen efectos y deben ser cumplidas desde el momento en que contra el mismo no quepa recurso en vía administrativa, incluido el de reposición.

13-. En el Derecho Administrativo un acto administrativo que tiene un vicio de invalidez: A. No produce ningún efecto. B. Es válido y produce todos sus efectos. C. Ninguna de las dos alternativas.

22-. La ejecutividad de los actos administrativos sustituye la función que en las controversias entre particulares cumplen: A. Los convenios. B. La sentencia declarativa. C. El arbitraje.

25-. Para lograr que un acto administrativo sea cumplido forzosamente la Administración puede emplear: A. Multa. B. Multa coercitiva. C. Sanción.

1. La Junta de Gobierno Local de un municipio de gran población aprueba las bases que han de regir en las oposiciones convocadas para cubrir varias plazas de funcionarios del Ayuntamiento. Su cliente quiere recurrir ese Acuerdo de la Junta de Gobierno Local. Al efecto: a) Solo puede interponer un recurso contencioso-administrativo, puesto que se trata de un reglamento. b) Puede interponer un recurso contencioso-administrativo, pero también un recurso de reposición, ya que se trata de un acto administrativo. c) Debe interponer un recurso de alzada ante el Pleno del Ayuntamiento, puesto que el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local no pone fin a la vía administrativa. d) Puede interponer un recurso de amparo, si considera que el Acuerdo infringe su derecho fundamental a acceder a las funciones públicas en condiciones de igualdad (artículo 23.2 CE).

2. Las ordenanzas fiscales que aprueban los ayuntamientos tienen naturaleza jurídica de: a) Reglamento ejecutivo. b) Reglamento autónomo. c) Reglamento independiente. d) Reglamento de necesidad.

3. ¿Qué naturaleza jurídica tiene un Plan de Urbanismo?. a) Es un reglamento. b) Es un acto administrativo de destinatario plural. c) Es una figura especial, pero que equivale a un reglamento a efectos de su impugnación. d) Es una norma jurídica sui generis, que tiene rango de ley.

4. Las infracciones y sanciones administrativas: a) Solo pueden regularse por normas con rango de ley. b) Pueden regularse por normas reglamentarias, siempre que no vulneren lo dispuesto en las leyes. c) Pueden regularse por ordenanza municipal en materias de competencia de los municipios, con carácter independiente de las leyes. d) Han de regularse por la ley, aunque los reglamentos pueden introducir especificaciones o graduaciones para la correcta aplicación de las leyes.

5. La Consejería de Sanidad y Consumo de una Comunidad Autónoma aprueba una Orden que regula el servicio público de asistencia sanitaria domiciliaria a personas con problemas de movilidad. Pero, en trámite de elaboración de esa normativa, no se ha incorporado ningún informe económico financiero sobre el gasto que supone dicho servicio. El reglamento en cuestión es: a) Una norma nula de pleno derecho. b) Una norma anulable. c) Una norma que incurre en un defecto de procedimiento, que puede ser subsanado por la Consejería competente. d) Una norma válida, pues incurre solo en una irregularidad formal.

6. El Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto, remite a una orden ministerial la regulación de los límites de las emisiones de sustancias contaminantes que pueden ser vertidas a los cauces de los ríos. En la elaboración de dicha orden el Ministerio competente en la materia: ¿Deber llevar a cabo una consulta pública previa?. Si. No.

6. El Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto, remite a una orden ministerial la regulación de los límites de las emisiones de sustancias contaminantes que pueden ser vertidas a los cauces de los ríos. En la elaboración de dicha orden el Ministerio competente en la materia: ¿Debe someter el proyecto de orden a audiencia e información pública?. Si. No.

6. El Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto, remite a una orden ministerial la regulación de los límites de las emisiones de sustancias contaminantes que pueden ser vertidas a los cauces de los ríos. En la elaboración de dicha orden el Ministerio competente en la materia: ¿Debe recabar el informe del Consejo de Estado? NO. Si. No.

7. El Gobierno de una Comunidad Autónoma considera que un reglamento que aprobó por Decreto cinco años antes el Gobierno anterior es nulo de pleno derecho. En consecuencia: a) Puede decretar su nulidad mediante el procedimiento de revisión de oficio, sin más trámite. b) Puede decretar su nulidad, pero solo previo dictamen favorable del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. c) Dado el tiempo transcurrido, podrá declararlo lesivo para el interés público e impugnarlo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. d) No puede anularlo ya y solo podrá derogarlo con efectos ex nunc.

8. Un Ayuntamiento aprobó una ordenanza municipal sobre el uso de sus instalaciones deportivas, omitiendo el trámite de información pública y audiencia a los interesados. La ordenanza puede ser recurrida por esa omisión: a) Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su provincia. b) Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del propio municipio. c) Ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. d) Ante el Pleno del propio Ayuntamiento mediante un recurso de reposición.

9. En el año 2019 una Comunidad Autónoma aprobó por Decreto de 12 de diciembre, un reglamento para la prestación de los servicios de Inspección Técnica de Vehículos, que está en vigor. El 23 de enero de 2024, D. Fernando pasó la ITV de su coche en las instalaciones de una empresa concesionaria y se le cobró un precio por el servicio, que es el que figura en el reglamento en cuestión, pero que D. Fernando considera ilegal, por excesivo y desproporcionado. Le gustaría poder recurrir contra el precio aplicado y pregunta a su abogado qué opción de recurso tiene: a) Un recurso contencioso-administrativo contra el Decreto de 12 de diciembre de 2019, pues todavía sigue en vigor. b) Un recurso contencioso-administrativo contra el precio que le aplicó la concesionaria de la ITV y que tuvo que abonar, basado en la ilegalidad del reglamento aplicado. c) Un recurso de alzada contra la Consejería de Transportes de la Comunidad Autónoma, que otorgó la concesión del servicio de la ITV a la empresa que prestó el servicio a D. Fernando. d) Ningún recurso en la vía administrativa o contencioso-administrativa.

10. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara ha conocido de un recurso contencioso-administrativo interpuesto por una persona contra la resolución de la Alcaldía de Sigüenza por la que se convoca oposición para cubrir una plaza de funcionario. El recurso se fundaba en que la resolución impugnada aplica un artículo del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos del procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local, artículo que el recurrente consideraba ilegal porque vulnera la autonomía local y las competencias legislativas sobre el régimen local que corresponden a la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. La Jueza que debe resolver el recurso considera que, efectivamente, el artículo del Real Decreto 896/1991 que aplica la resolución impugnada no es válido, porque invade las competencias de la Comunidad Autónoma, y, por tanto, la resolución impugnada debe ser anulada. En virtud de ello, la Jueza debe: a) Anular la resolución de la Alcaldía impugnada y a renglón seguido plantear cuestión de ilegalidad contra el citado artículo del Real Decreto 896/1991 ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. b) Suspender las actuaciones del proceso antes de dictar sentencia y plantear cuestión de inconstitucionalidad sobre el Real Decreto 896/1991 ante el Tribunal Constitucional, por vulneración de las competencias de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha reconocidas en su Estatuto de Autonomía. c) Limitarse a anular la resolución de la Alcaldía objeto del recurso, indicando a la parte recurrente que puede plantear cuestión de ilegalidad contra el Real Decreto 896/1991. d) Anular la resolución de la Alcaldía y a renglón seguido plantear cuestión de ilegalidad contra el referido artículo del Real Decreto 896/1991 ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

1) En relación con la Potestad reglamentaria de los Ministros es cierto que: a) Es una potestad originaria. b) No tienen potestad reglamentaria porque esta corresponde en exclusiva al Gobierno. c) Conforme al vigente artículo 129 de la Ley 39/2015, las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carácter general, al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. La atribución directa a los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías del Gobierno, o a otros órganos dependientes o subordinados de ellos, tendrá carácter excepcional y deberá justificarse en la ley habilitante. d) Conforme al artículo 24.1f) de la Ley 50/1997, las disposiciones y resoluciones de los Ministros revisten la forma de Órdenes Ministeriales.

2) Cuando un Juez o Tribunal de lo Contencioso-administrativo, que no sea el Tribunal Supremo hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada: a) La sentencia que dicte declarará en todo caso la validez o nulidad de la disposición general. b) Deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición, salvo que él mismo fuere también competente para conocer del recurso directo contra ésta. c) Deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal Supremo, único competente para conocer del recurso directo contra la disposición. d) Resolverá únicamente sobre la nulidad o anulabilidad del acto adoptado conforme a la disposición general, sin poder adoptar decisión ulterior alguna.

3) La Ley que regula los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria es: a) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. b) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. c) La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. d) La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

4) El control de la potestad reglamentaria de la administración se reconoce. a) En el artículo 1.1 de la CE. b) En el artículo 107 de la CE. c) En el artículo 106 de la CE. d) En el artículo 105 de la CE.

5) En el artículo 103.1 de la CE se garantiza entre otras cuestiones: a) Que las potestades administrativas reconocidas por el ordenamiento jurídico no se utilicen con fines distintos de aquellos que justificaron su reconocimiento en favor de la Administración. b) Que se regule el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros públicos. c) Que se proteja la indemnidad patrimonial del ciudadano por el funcionamiento de los servicios públicos. d) Que la creación y coordinación de los órganos de la Administración del Estado se haga de acuerdo con la ley.

6) Sin perjuicio de referencias puntuales anteriores, la consagración definitiva de la desviación de poder en una norma administrativa de carácter general se produjo por primera vez: a) En la Ley de la Jurisdicción Contencioso –Administrativa de Santamaría de Paredes, de 13 de septiembre de 1888. b) En la Ley de 27 de diciembre de 1956 reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa. c) En la Constitución Española de 1978. d) En la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

7) Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: a) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades regladas, no requiriendo motivación los actos discrecionales. b) Los actos por los que se acuerde el recibimiento a prueba. c) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. d) Todas los anteriores son falsas.

8) El principio de confianza legítima: a) Aparece expresamente regulado en el artículo 103 de la CE. b) Se reconoce por primera vez en la Ley de 17 de julio de 1958, de Procedimiento Administrativo. c) Es uno de los principios que enumera el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. d) Es un principio de creación únicamente jurisprudencial que no tiene reflejo en nuestros textos legales.

9) Además de la impugnación directa de un reglamento ilegal en vía contencioso-administrativa: a) Es posible la impugnación directa en vía administrativa mediante el recurso de reposición. b) Es posible la impugnación directa en vía administrativa mediante la previa declaración de lesividad del reglamento. c) Es posible la impugnación del reglamento cuando se impugne cualquier acto de ejecución del mismo en vía contencioso-administrativa, fundada en que el reglamento es contrario a Derecho. d) Es posible mediante el planteamiento de la cuestión de ilegalidad directa ante el Tribunal Constitucional.

10) La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia: a) Todas ellas suponen alteración de la titularidad de la competencia. b) Ninguna de ellas supone alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio. c) Solo la delegación implica alteración de la titularidad. d) Solo en la encomienda de gestión la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos son atribuidas a otros órganos que estén en relación de dependencia jerárquica de quien encomienda.

11) El órgano superior jerárquico puede avocar el conocimiento de uno o varios asuntos: a) Cuando su resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos independientemente de que exista o no relación jerárquica. b) Mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte. c) Cuando circunstancias de índole política o de oportunidad lo hagan conveniente. d) Todas las anteriores son falsas.

12) Una manifestación del principio de autotutela ejecutiva de Las Administraciones Públicas la encontramos: a) En el artículo 99 de la Ley 39/2015 cuando afirma que las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley, o cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial. b) En el artículo 39.1 de la Ley 39/2015 cuando señala que los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. c) En el artículo 26 de la Ley 50/1997 cuando regula el procedimiento de elaboración de los anteproyectos de ley, de los proyectos de real decreto legislativo y de normas reglamentarias. d) Ninguna de las opciones anteriores responde al principio de autotutela ejecutiva.

13) El artículo 105 a) de la CE establece que la ley regulará: a) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. b) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado. c) El derecho de los particulares a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. d) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.

14) El control de la administración foral y sus normas reglamentarias se ejercerá: a) Siempre y en todos los supuestos por la jurisdicción contencioso-administrativa. b) Por el Tribunal de Cuentas u órganos análogos de las Comunidades Autónomas. c) Quedan excluidos del conocimiento de la Jurisdicción contencioso-administrativa los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional, en los términos establecidos por la disposición adicional quinta de su Ley Orgánica. d) Siempre y en todos los supuestos por el Tribunal Supremo.

15) Conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional: a) El principio de eficacia de la administración solo se refiere a la actividad administrativa stricto sensu. b) El principio de eficacia también debe presidir el elemento organizativo de la administración, aunque sea un elemento previo a la actividad administrativa. c) El principio de eficacia solo es aplicable a la Administración General del Estado ya que el Titulo IV de la Constitución solo se refiere a ésta. d) El principio de eficacia reconocido en el artículo 103.1 de la CE es un principio absoluto no sometido a límite alguno.

16) (Reserva) Son nulos de pleno derecho: a) Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. b) Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. c) Los actos dictados sin los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin. d) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas.

1. El artículo 90 b) de la Ley de Costas califica como infracción administrativa grave la ejecución de obras en el dominio publico marítimo-terrestre sin el debido titulo administrativo. El artículo 94.1 de la misma Ley dispone: ‘’Toda acción u omisión que sea constitutiva de infracción será sancionada con la multa que procesa según los artículos 97 y 98’’. Y el artículo 97.1 b) establece que para las infracciones contempladas en el artículo 90 b) la sanción será de ‘’multa del 50 por 100 del valor de las obras’’. En este caso, la Ley atribuye a la Administración: a) Una potestad reglada. b) Una potestad discrecional. c) Una potestad discrecional solo en la determinación de la cuantía de la multa. d) Una potestad reglada sobre la base de conceptos jurídicos indeterminados.

2. Un acto administrativo incurre en desviación de poder: a) Cuando su contenido es de imposible realización. b) Cunado supone el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados en cada caso por las normas jurídicas. c) Cuando se ha dictado con total deviación u omisión del procedimiento debido para dictarlo. d) Cuando ha sido dictado por un órgano manifiestamente incompetente.

3. Si un acto incurre en desviación de poder: a) Es un acto nulo de pleno derecho. b) Es un acto cuya invalidez puede subsanarse, convalidando el vicio de que adolece. c) Es un acto no válido, que la Administración puede revocar en cualquier momento. d) Es un acto anulable.

4. En un Ayuntamiento se convocó oposiciones para cubrir un puesto funcionario de la Policía Local, a la que se presentaron varios candidatos. El tribunal de selección, compuesto por el Concejal de Personal y dos funcionarios del Ayuntamiento, adjudicó la plaza a Don Segundo, una vez que todos los candidatos realizaron la única prueba oral de conocimiento en que consistía la oposición. En el acta de la sesión del tribunal que resolvió sobre la oposición figura tan solo que ‘’Valorador los conocimientos expuestos por los candidatos en la prueba oral, se acordó, a propuesta del Concejal de Personal, proponer el nombramiento de D. Segundo’’. Dicho nombramiento: a) No es válido por falta de motivación, aunque este defecto puede subsanarse. b) Es un acto que incurre en arbitrariedad por falta total de justificación de sus motivos. c) Es un acto discrecional y válido, pues fue adoptado por el órgano competente y según el procedimiento establecido. d) Es un acto anulable por infracción del procedimiento y falta de transparencia.

5. Entre un Ayuntamiento y los propietarios de una fica existe una disputa porque el Plan Municipal de Urbanismo califica dicha finca como suelo no edificable, ya que se halla dentro de un terreno inundable. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta al efecto?. a. El Ayuntamiento tiene una potestad discrecional para calificar el terreno como inundable, siempre que motive su decisión. b. El Ayuntamiento debe aplicar el concepto jurídico indeterminado terreno inundable y para ello goza de un margen de apreciación discrecional. c. El Ayuntamiento carece de discrecionalidad al respecto, pues lo que sea o no terreno inundable es una cuestión de hecho, que puede y sebe ser resuelta con criterios científicos. d. Los Tribunales no pueden controlar esa decisión municipal, ya que es una manifestación de la discrecionalidad técnica de los funcionarios municipales.

6. Cómo cabe calificar en Derecho la facultad que las leyes confieren a un profesor de Universidad de evaluar a sus alumnos: a. Una potestad reglada. b. Una potestad discrecional. c. Un supuesto de discrecionalidad técnica. d. Una potestad semidiscrecional.

7. Los actos administrativos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales: a. Deben ser motivados en todo caso. b. Deben motivarse cuando limites o restrinjan derechos o intereses legítimos de los ciudadanos. c. Deben motivarse solo si ponen fin a un procedimiento administrativo. d. No deben motivarse si no se separan del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.

8. Un Tribunal decide anular un artículo de una ordenanza urbanística municipal que limitaba la altura de los edificios de una calle, por entender que infringe el principio de igualdad, ya que dicha limitación no se impone en otras calles del entorno y carece de justificación objetiva y razonable. En un caso como este: a. La sentencia debe limitarse a declarar en el fallo la nulidad del precepto en cuestión, para que el Ayuntamiento apruebe un nuevo precepto, como le parezca oportuno. b. La sentencia declarará en el fallo el contenido que debe tener la ordenanza, en sustitución del precepto anulado. c. La sentencia no puede señalar en el fallo el contenido que debe tener el precepto anulado, pero si debe ordenar al Ayuntamiento cómo debe redactarlo. d. La sentencia solo anulará el precepto en cuestión, pero el Ayuntamiento deberá aprobar otro precepto de conformidad con los fundamentos jurídicos de la sentencia.