CREAR TEST

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Jurisdicción Contencioso-Administrativa

COMENTARIOS	ESTADÍSTICAS	RÉCORDS

REALIZAR TEST

Título del Test: Jurisdicción Contencioso-Administrativa Descripción: JUNIO 2024 (2ª SEMANA ) Autor: Eduardo Pérez OTROS TESTS DEL AUTOR Fecha de Creación: 20/07/2024 Categoría: UNED Número Preguntas: 22

COMPARTE EL TEST

COMENTAR

No hay ningún comentario sobre este test.

Temario:

1º.- Las Comunidades Autónomas están legitimadas para impugnar los actos: a) Sólo de la Administración del Estado b) Sólo de las Entidades locales c) Tanto de la Administración del Estado como de las Entidades locales. 2º El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución): a) Comprende el derecho al acierto de las resoluciones jurisdiccionales. b) En los supuestos de acceso a la jurisdicción, sólo resulta lesionado si la decisión judicial de inadmisión se funda en una interpretación de la ley procesal claramente errónea, irrazonable o arbitraria. c) En los supuestos de acceso a la jurisdicción, prohíbe las decisiones judiciales de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que las causas de inadmisión preservan y los intereses que sacrifican. 3º Demandada una Administración, exigiéndosele la responsabilidad patrimonial por los daños causados al tercero recurrente, si dicha Administración tuviese contratado un seguro de responsabilidad para cubrir ese tipo de daños: a) La aseguradora será necesariamente parte codemandada junto con la Administración a la que ha asegurado. b) La aseguradora podrá ser codemandada junto con la Administración, pero queda a la discrecionalidad del tercero demandante. c) La aseguradora nunca podrá ser codemandada junto con la Administración a la que asegura, porque se trata de una relación estrictamente entre ellas. 4º Levantada la medida cautelar por sentencia o por cualquier otra causa: a) La persona que pretendiere tener derecho a indemnización de los daños sufridos, podrá solicitar ésta ante el propio órgano jurisdiccional por el trámite de los incidentes, dentro del año siguiente a la fecha del alzamiento. Por el contrario, la Administración tendrá siempre el deber de soportar los daños sufridos por una medida cautelar. b) La Administración o la persona que pretendiere tener derecho a indemnización de los daños sufridos, podrá solicitar ésta ante el propio órgano jurisdiccional por el trámite de los incidentes, dentro del año siguiente a la fecha del alzamiento. c) La Administración o la persona que pretendiere tener derecho a indemnización de los daños sufridos, podrá solicitar ésta ante el órgano jurisdiccional superior al que hubiere dictado la medida levantada dentro de los tres años siguientes a la fecha del alzamiento. 5. Cuando los demandados emplazados se personan con posterioridad al plazo concedido para ello, a) Se les tiene por parte para los trámites no concluidos y para los que se realizan después. b) Se les inadmitirá como parte en el procedimiento, al no haberse personado en el plazo que se les concedió. c) Se reinicia el procedimiento para que puedan intervenir en los trámites ya concluidos. 6. Se entenderá por Administraciones públicas a los efectos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo: a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración local, así como las Entidades de Derecho público y las sociedades mercantiles o fundaciones que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales. b) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración local, y las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales. c) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración local, a excepción de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, y las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas exclusivamente al Estado o las Comunidades Autónomas. 7. El procedimiento abreviado: a) Se caracteriza por su oralidad y concentración de trámites. b) Se caracteriza porque no se incluye fase de prueba. c) Se caracteriza porque la sentencia es dictada por el Letrado de la Administración de Justicia. 8. Conocerá en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo: a) La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. b) Exclusivamente, el Tribunal Constitucional. c) La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo cuando los actos y disposiciones hayan sido adoptados por las mesas de las cámaras parlamentarias o el pleno de los Tribunales. En los demás casos conocerá la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 9. En el caso de que el acto impugnado sea conforme a derecho, la sentencia: a) Inadmitirá el recurso. b) Desestimará el recurso. c) Admitirá el recurso si la demanda cumple los requisitos formales, pero lo inadmitirá por ser correcta la actuación administrativa. 10. El recurso contra la vía de hecho administrativa: a) Se enmarca en el carácter revisor del recurso contencioso-administrativo, pues la falta de estimación, total o parcial, del preceptivo requerimiento previo a la Administración constituye un auténtico acto administrativo. b) La acción tiene una naturaleza declarativa y de condena y a la vez, en cierto modo, interdictal, a cuyo efecto no puede dejar de relacionarse con la regulación de las medidas cautelares. c) Su conocimiento corresponde al orden jurisdiccional civil en vía interdictal. 11. En el caso de que la sentencia estime el recurso, la eventual anulación parcial: a) Sólo cabe respecto a disposiciones generales, no respecto a actos. b) Cabe respecto tanto a disposiciones generales como a actos. c) La anulación parcial no es una opción al estimar un recurso contencioso-administrativo, pudiendo el Juez o Tribunal anular exclusivamente con carácter total la actuación administrativa impugnada. 12. El Juez de lo Contencioso-Administrativo dispuso la suspensión cautelar de la eficacia de la orden de demolición de una edificación que se reputa contraria a la legalidad urbanística, dictada por el alcalde. Una vez practicada la prueba, el Juez llega a la conclusión de que el recurso interpuesto contra la orden de demolición carece de fundamento. Por ello, antes incluso de dictar sentencia, decide revocar la medida cautelar acordada. El demandante le pregunta si la revocación de la medida cautelar es conforme a derecho. Usted responde: a) Sí, porque es posible revocar las medidas cautelares durante el curso del procedimiento si cambian las circunstancias en virtud de las cuales se han adoptado. b) No es posible revocar las medidas cautelares en razón de los distintos avances que se vayan haciendo durante el proceso respecto al análisis de las cuestiones formales o de fondo. c) No. La revocación de las medidas cautelares solo es posible en vía de recurso de apelación contra el auto que las acordó y corresponde al tribunal competente para conocer del mismo. 13. ¿Qué recurso cabe contra la autorización judicial de medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental? a) Recurso de reposición. b) Recurso de apelación. c) Recurso de casación. 14. La protección derivada del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías (art. 24 de la Constitución) de la que gozan las Administraciones públicas cuando ostentan la condición de parte demandada en el proceso contencioso-administrativo es la siguiente: a) Protección plena, la misma de la que gozan los ciudadanos. b) Protección limitada: derecho a la igualdad de armas en el proceso, pero no a obtener una resolución fundada en derecho, razonable y no arbitraria. c) Ninguna. Los derechos fundamentales son exclusivamente derechos de los ciudadanos frente a los poderes públicos. 15. En el caso de que se estimare un recurso administrativo, la prohibición que pesa sobre el Juez o Tribunal que dicta sentencia de determinar en ella los elementos discrecionales de la actuación anulada: a) Solo rige para las disposiciones generales. b) Solo rige para los actos administrativos. c) Rige tanto para las disposiciones generales como para los actos administrativos. 16. Procede el recurso contra la inactividad administrativa únicamente: a) Cuando la Administración, en virtud de una disposición general o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté obligada a realizar una prestación en favor de una o varias personas. b) Cuando la Administración, en virtud de una disposición general que no precise de actos de aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas determinadas. c) Cuando la Administración, en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una persona determinada. 17. Cuando se estimare una pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios, a) La sentencia deberá, necesariamente y en todo caso, declarar el derecho a la reparación, identificar al obligado y cuantificar la indemnización. b) La sentencia deberá, necesariamente y en todo caso, declarar el derecho a la reparación e identificar al obligado, pero podrá deferir la cuantificación de la indemnización a la fase de ejecución de sentencia si, por ejemplo, no hubiesen quedado probados en el proceso los elementos suficientes para ello. c) La sentencia deberá, necesariamente y en todo caso, declarar el derecho a la reparación, pudiendo remitir a la fase de ejecución de sentencia tanto la identificación del obligado como la cuantificación de la indemnización. 18. Si el recurso tiene por objeto una actuación material constitutiva de vía de hecho: a) La acción ejercitada será estrictamente declarativa, por lo que el demandante solo podrá pretender que se declare contraria a Derecho. b) El demandante podrá pretender únicamente que se declare contraria a Derecho y adicionalmente que se ordene el cese de dicha actuación. c) El demandante podrá pretender que se declare contraria a Derecho, que se ordene el cese de dicha actuación y que se adopten, en su caso, medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de una situación jurídica individualizada, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda. 19. La legitimación activa para instar la ejecución forzosa de una sentencia corresponde: a) Exclusivamente a quienes fueron parte en el proceso en el que se dictó. b) Tanto a quienes fueron parte en el proceso en el que se dictó como los terceros afectados por el fallo de la sentencia. c) Exclusivamente al Juez o Tribunal que dictó la sentencia que debe ser ejecutada. 20. La medida cautelar en recursos contencioso-administrativos contra actos o disposiciones podrá acordarse: a) Únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso. b) Únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran resultar lesivas para el interés público. c) A juicio del órgano jurisdiccional, previa ponderación de los intereses en conflicto, en aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 21. La improrrogabilidad de la jurisdicción contencioso-administrativa significa: a) Que, por regla general, los plazos procesales en la jurisdicción contencioso-administrativa no son prorrogables. b) Que los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo no podrán conocer de asuntos que excedan el ámbito del mismo. c) Que la falta de jurisdicción es causa de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos. PREGUNTA RESERVA: 22. Contra las resoluciones sobre acumulación, ampliación y tramitación preferente: a) Solo se dará recurso de alzada. b) Solo se dará recurso de queja. c) Solo se dará recurso de reposición.

Denunciar Test