Test legislación común aragón 2

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Legislación común Aragón 2

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Título del Test:
Legislación común Aragón 2

Descripción:
Simulacro 2

Autor:
Ana
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Fecha de Creación:
09/05/2024

Categoría: Otros

Número Preguntas: 49

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Temario:

Según la Ley General de Sanidad, las actuaciones de las Administraciones Públicas Sanitarias estarán orientadas: A promover el interés colectivo, familiar y social por la salud mediante la adecuada educación sanitaria de la población. A garantizar que cuantas acciones sanitarias se desarrollen estén dirigidas a la prevención de las enfermedades y no sólo a la curación de las mismas. A garantizar la asistencia sanitaria en algunos casos de pérdida de la salud. A adecuar su organización y funcionamiento a los principios de eficiencia, celeridad, economía y flexibilidad.
Se considera como actividad fundamental del sistema sanitario: La realización de los estudios epidemiológicos necesarios para orientar con mayor eficacia la prevención de los riesgos para la salud, así como la planificación y evaluación sanitaria, debiendo tener como base un sistema organizado de información sanitaria, vigilancia y acción epidemiológica La que pueda incidir sobre el ámbito propio de la Veterinaria de Salud Pública en relación con el control de higiene, la tecnología y la investigación alimentarias, así como la prevención y lucha contra la zoonosis y las técnicas necesarias para la evitación de riesgos en el hombre debidos a la vida animal o a sus enfermedades. La realización de los estudios epidemiológicos necesarios para orientar con mayor eficacia la prevención de los riesgos para la salud, así como la prevención y lucha contra la zoonosis y las técnicas necesarias para la evitación de riesgos en el hombre debidos a la vida animal o a sus enfermedades. La que pueda incidir sobre el ámbito propio de la Veterinaria de Salud Pública en relación con el control de higiene, la tecnología y la investigación alimentarias, así como la planificación y evaluación sanitaria, debiendo tener como base un sistema organizado de información sanitaria, vigilancia y acción epidemiológica.
Serán obligaciones de los ciudadanos con las instituciones y organismos del sistema sanitario: Cumplir las restricciones generales de naturaleza sanitaria comunes a toda la población, así como las específicas determinadas por los Servicios Sanitarios. Responsabilizarse del uso adecuado de las prestaciones ofrecidas por el sistema sanitario, salvo a la utilización de servicios, procedimientos de baja laboral o incapacidad permanente y prestaciones terapéuticas y sociales. Cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de las instituciones Sanitarias. Integrar todas las funciones y prestaciones sanitarias que, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.
Conforme el art. 46 de la Ley General de Sanidad, son características fundamentales del Sistema Nacional de Salud, señale la incorrecta: La prestación de una atención integral de la salud procurando altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados. La organización adecuada para prestar una atención integral a la salud, comprensiva tanto de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad como de la curación y rehabilitación. La coordinación y, en su caso, la integración de todos los recursos sanitarios públicos en un dispositivo único. La financiación de las obligaciones derivadas de esta Ley se realizará mediante recursos de las Administraciones Públicas, cotizaciones e impuestos por la prestación de determinados servicios.
.Dentro de su ámbito de competencias, les corresponde regular a las Comunidades Autónomas: La organización, funciones, asignación de medios económicos y materiales de cada uno de los Servicios de Salud, en el marco de lo establecido en el capítulo IV de este título. La organización, funciones, asignación de medios personales y materiales de cada uno de los Servicios de Salud, en el marco de lo establecido en el capítulo VI de este título. La organización, funciones, asignación de medios personales y económicos de cada uno de los Servicios de Salud, en el marco de lo establecido en el capítulo IV de este título. La organización, funciones, asignación de medios materiales y económicos de cada uno de los Servicios de Salud, en el marco de lo establecido en el capítulo VI de este título.
Las Áreas de Salud contarán, como mínimo, con los siguientes órganos a tenor del art. 57 Ley General de Sanidad: De participación: El Consejo de Dirección de Área. De dirección: El Consejo de Salud de Área De gestión: El Gerente de Área De colaboración: El Director de Área.
Son principios generales que inspiran la Ley 6/2002 de Salud de Aragón: Respeto a la personalidad, dignidad humana e intimidad, sin discriminación alguna por razón de sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o social. Concepción integral de la salud, incluyendo actuaciones hacia todos los factores determinantes de la misma en los campos de la promoción, prevención, asistencia, rehabilitación e integración social. A recibir información adecuada y comprensible sobre su proceso asistencial, incluyendo el diagnóstico, el pronóstico, así como los riesgos, beneficios y alternativas de tratamiento, a la confidencialidad de los datos referentes a su salud y al acceso a la historia clínica en los términos previstos en el Título III de la presente Ley Una atención sanitaria adecuada a las necesidades individuales y colectivas, de conformidad con lo previsto sobre prestaciones en esta Ley, orientada a conseguir la recuperación, dentro de la mayor confortabilidad, del modo más rápido y con la menor lesividad posibles, de las funciones biológicas, psicológicas y sociales. .
Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley de Salud de Aragón deberán cumplir una serie de deberes, señale la respuesta incorrecta A participar en las actividades sanitarias a través de los cauces previstos en esta Ley y en cuantas disposiciones la desarrollen. Cumplir las prescripciones generales de naturaleza sanitaria comunes a toda la población, así como las específicas determinadas por los servicios sanitarios. Cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de los centros del Sistema de Salud. Responsabilizarse del uso adecuado de los recursos, servicios y prestaciones ofrecidos por el Sistema de Salud, fundamentalmente en lo que se refiere a la utilización de servicios, procedimientos de baja laboral o incapacidad permanente y prestaciones terapéuticas y sociales.
De conformidad con el art. 9 de la Ley 6/2002 de Salud de Aragón, es titular del derecho a la información clínica: Tanto el paciente como sus familiares El paciente El paciente y los familiares por él designados Tanto el paciente como sus familiares y allegados por él designados.
Cualquier intervención que se produzca en el ámbito de la salud requiere el consentimiento específico y libre de la persona afectada, tras haber sido informada conforme a lo establecido en el artículo 8 de esta Ley. Dicho consentimiento se denomina: Consentimiento expreso Consentimiento notorio Consentimiento informado Consentimiento manifiesto.
Sistema de Salud de Aragón, en el marco de las actuaciones del Sistema Nacional de Salud, tiene como características fundamentales según el art. 24: Promocionar la salud de las personas y comunidades. La coordinación y, en su caso, la integración de todos los recursos sanitarios públicos en un dispositivo único Cumplimentar la información sanitaria, vigilancia e intervención epidemiológica. Asegurar la efectividad, eficiencia y calidad en la prestación de los servicios.
Los centros hospitalarios del Sistema de Salud de Aragón tendrán como órganos de participación: Las comisiones de participación hospitalaria y las comisiones de bienestar social. Las comisiones unitarias de participación hospitalaria y las comisiones paritarias de bienestar social. Las comisiones paritarias de participación hospitalaria y las comisiones generales de bienestar social. Las comisiones generales de participación hospitalaria y las comisiones unitarias de bienestar social.
Señale cual de las siguientes Entidades de Derecho Público, está adscrita al Departamento de sanidad: Servicio Aragonés de Ciencias de la Salud Instituto Aragonés de Servicios Sociales Agencia de Calidad y Prospectiva Banco de Sangre y Tejidos.
Actualmente el titular de la Consejería de Sanidad Aragonesa es: Pilar Ventura Contreras. Sira Repollés Lasheras. Javier Falo Forniés Sebastián Celaya Pérez.
Bajo la superior dirección del Consejero, la estructura central del Departamento dispone de los siguientes órganos directivos, señale la incorrecta: Secretaría General Técnica Dirección General de Salud Pública Dirección General de Asistencia Sanitaria. Dirección General de Derechos y Deberes de los Usuarios.
Corresponden al Departamento de Sanidad el ejercicio de las competencias siguientes: Impulsar el desarrollo de la Administración Electrónica en el ámbito del Departamento, conforme a los criterios acordados por la Comisión Interdepartamental de Administración Electrónica y la Comisión de Coordinación de Tecnologías de la Información del Sistema de Salud de Aragón. Coordinar la aplicación de las medidas en materia de protección de datos de carácter personal. Proceder a la estructuración, ordenación y planificación territorial en materia de salud. Autorizar la inserción en el “Boletín Oficial de Aragón”, de cualquier disposición o acto que emane de sus órganos o de los organismos públicos adscritos. .
El estudio y control de los efectos adversos de los medicamentos, en concreto, las funciones de sistema de información en farmacovigilancia, corresponde a: Servicio de Vigilancia en Salud Pública. Dirección General de Salud Pública. Laboratorio de Salud Pública. Servicio de Estrategias de Salud y Formación.
Según el art. 26 del Decreto de estructura del Departamento Aragonés de Salud, bajo la dirección del Director Gerente, el Servicio Aragonés de Salud sus órganos centrales se estructuran en los siguientes órganos administrativos: Dirección de Obras, Instalaciones y Equipamientos. Área de Cooperación Asistencial. Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias. Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos.
Corresponden a la Unidad de Coordinación de Trasplantes de Aragón las funciones: La distribución y el control de recursos económicos y subvenciones para el desarrollo de las actividades vinculadas a la donación y trasplante de órganos, tejidos y progenitores hematopoyéticos La protección de la donación de órganos, tejidos y progenitores hematopoyéticos La autorización y revocación de autorizaciones de los programas de extracción y registro de donación y trasplante de órganos, tejidos y progenitores hematopoyéticos. La creación y mantenimiento de la red nacional de coordinadores hospitalarios de trasplantes.
La Ley 39/2015 reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tiene por objeto, señala la incorrecta: Los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas. Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas: Quedarán sujetas a lo dispuesto en todas las normas de esta Ley. Quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. No están sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley, salvo cuando ejerzan potestades administrativas. No están sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley.
A los efectos previstos en la Ley 39/2015, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas administrativas. Los menores de edad no incapacitados para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades con personalidad jurídica y los patrimonios dependientes o autónomos. .
Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible el derecho-habiente sucederá en tal condición según el art. 4 Ley 39/2015: Si el procedimiento no ha alcanzado la fase de instrucción Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de audiencia. Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de información pública. Cualquiera que sea el estado del procedimiento.
La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de: 5 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. 10 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran 15 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran 20 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
Según el art. 30 de la ley 39/2015 y en relación al cómputo de plazos: Son hábiles las horas laborables del día que formen parte de un día hábil. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, incluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá adelantado al día hábil anterior. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de las mismas.
Iniciado el procedimiento de revisión de oficio al que se refieren los art. 106 y 107 Ley 39/2015: No se podrá suspender la ejecución del acto. El órgano competente para declarar la nulidad o lesividad podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Cualquier órgano administrativo superior podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. El órgano competente para declarar la nulidad o lesividad podrá suspender la ejecución del acto, cuando lo estime conveniente.
Las Administraciones Públicas podrán revocar sus actos de gravamen o desfavorables: En cualquier momento. Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. Mientras no haya transcurrido el plazo de caducidad. En los primeros 10 días del acto.
Procederá el recurso extraordinario de revisión: Contra los actos firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el art. 125.1. Contra los actos firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el art. 125.2. Contra los actos que pongan fin a la vía administrativa cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el art. 125.1 Contra los actos firmes que pongan fin a la vía administrativa cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el art. 125.2.
La interposición del recurso deberá expresar, según lo contenido en el art. 115 Ley 39/2015: El nombre y apellidos del particular, así como la identificación personal del mismo El acto que se recurre y la acreditación de su impugnación. Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones. Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y sin que sea necesario su correspondiente código de identificación.
No es uno de los criterios de clasificación del personal estatutario según el art. 5 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud: La función desarrollada. El nivel del título exigido para el ingreso. El tipo de su nombramiento. El ejercicio de una profesión o especialidad sanitaria.
El personal estatutario de los servicios de salud viene obligado a: Al encuadramiento en el Régimen General de la Seguridad Social, con las obligaciones que de ello se derivan. A la participación y colaboración eficaz, en el nivel que corresponda en función de su categoría profesional, en la fijación y consecución de los objetivos cuantitativos y cualitativos asignados a la institución, centro o unidad en la que preste servicios A la acción social en los términos y ámbitos subjetivos que se determinen en las normas, acuerdos o convenios aplicables. A la formación continuada adecuada a la función desempeñada y al reconocimiento de su cualificación profesional en relación a dichas funciones.
Son causas de extinción de la condición de personal estatutario fijo: Nombramiento conferido por órgano incompetente La pérdida de la nacionalidad tomada en consideración para el nombramiento La sanción disciplinaria de separación del servicio La prejubilación.
Según el art. 30 de la Ley 55/2003, para poder participar en los procesos de selección de personal estatutario fijo será necesario reunir los siguientes requisitos, señale la respuesta incorrecta: Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal. Estar en posesión de la titulación exigida en la convocatoria o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento. Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
En relación a la movilidad voluntaria del personal estatutario: Los procedimientos de movilidad voluntaria se efectuarán con carácter periódico, preferentemente cada dos años. Los destinos obtenidos mediante sistemas de movilidad voluntaria son renunciables Se resolverán mediante el sistema de concurso, previa convocatoria pública y de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Se procederá, posteriormente, a la homologación de las distintas clases o categorías funcionales de personal estatutario, en cuanto resulte necesario para articular dicha movilidad entre los diferentes servicios de salud.
La situación de excedencia voluntaria se declarará de oficio o a solicitud del interesado, según las reglas siguientes contenidas en el art. 67 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud: Deberá concederse la excedencia voluntaria al personal estatutario cuando lo solicite por interés particular. Será preciso haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones públicas durante los dos años inmediatamente anteriores. Podrá concederse la excedencia voluntaria por interés particular a quien esté sometido a un expediente disciplinario. Procederá declarar de oficio en excedencia voluntaria al personal estatutario cuando, finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de activo, incumplan la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo que se determine en cada servicio de salud.
Según el régimen disciplinario del personal estatutario de los servicios de salud, se considera una falta grave: La exigencia de cualquier tipo de compensación por los servicios prestados a los usuarios de los servicios de salud. La utilización de los locales, instalaciones o equipamiento de las instituciones, centros o servicios de salud para la realización de actividades o funciones ajenas a dichos servicios. El acoso sexual, cuando el sujeto activo del acoso cree con su conducta un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para la persona que es objeto del mismo. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, cuando suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad.
Respecto a lo regulado en el art. 77 de la Ley 55/2003 del régimen de incompatibilidades de este tipo de personal, señale la respuesta correcta: Será incompatible el disfrute de becas y ayudas de ampliación de estudios concedidas en régimen de concurrencia competitiva al amparo de programas oficiales de formación y perfeccionamiento del personal. En el ámbito de cada servicio de salud se establecerán las disposiciones oportunas para posibilitar la renuncia al complemento de destino por parte del personal licenciado sanitario. Las retribuciones del personal emérito, sumadas a su pensión de jubilación, no podrán superar las retribuciones que el interesado percibía antes de su jubilación, consideradas, todas ellas, en cómputo anual. La percepción de pensión de jubilación parcial será compatible con situación del personal emérito a que se refiere la disposición adicional cuarta.
A tenor de lo establecido en el TREBEP, la negociación colectiva, estará sujeta a los principios de: Legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia. Legalidad, estabilidad presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia. Legalidad, cobertura presupuestaria, voluntariedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia. Legalidad, estabilidad presupuestaria, voluntariedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia.
Deberán ser objeto de negociación, en los términos previstos en el capítulo III de la Ley 9/1987, de 12 de junio, las siguientes materias: Las decisiones de la Administración pública o que afecten a sus potestades de organización y al ejercicio de derechos por los ciudadanos. Las materias relativas a la selección de personal estatutario y a la provisión de plazas, incluyendo la oferta global de empleo del servicio de salud. Establecer las condiciones de trabajo del personal estatutario. Las decisiones del servicio de salud respecto al procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas.
La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales entiende como «condición de trabajo» cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador, quedando específicamente incluidas en esta definición: Las características especiales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo. La naturaleza de los agentes químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que no influyan en la generación de los riesgos mencionados. Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador.
A tenor literal del art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo anterior, con arreglo a los principios generales de: Evaluar los riesgos que se puedan evitar. Combatir los riesgos en su destino. Tener en cuenta la evolución de la técnica Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o un mínimo peligro.
El plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir: La estructura organizativa, responsabilidades, funciones, prácticas, procedimientos, procesos y recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan. La estructura organizativa, responsabilidades, funciones, prácticas, procedimientos, procesos y recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que legalmente se establezcan. La prevención de riesgos laborales podrá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema especial de gestión de la empresa.
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que: La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los trabajadores específicamente cualificados para ello. La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los encargados específicamente capacitados para ello Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente cualificados para ello.
La ley 31/1995 establece que cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a, señale la incorrecta: Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección. Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. Podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente. Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.
El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo: Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento previo Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento expreso Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento por escrito Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento.
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación relativa a las obligaciones establecidas en los artículos anteriores: Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores Planificación de la actividad de evaluación, incluidas las medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, material de protección que deba utilizarse Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores sin conclusiones Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a una jornada de trabajo.
Conforme al Decreto 23/2016, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés de Salud, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales es un órgano de: Secretaría General Técnica. Dirección General de Salud Pública Dirección General de Asistencia Sanitaria Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios.
Según el artículo 8 del Decreto 23/2016, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés de Salud, al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales le corresponden las competencias: La promoción de la salud, la información y educación para la salud, y la prevención de enfermedades Los programas de prevención orientados a la reducción de los factores de riesgo, el desarrollo organizado y sistematizado de la vacunación o el impulso de los programas de detección precoz, de acuerdo con el mejor conocimiento científico disponible El diseño y puesta en marcha de programas de prevención de enfermedades, lesiones e incapacidades en la población. Las funciones relativas a los planes de autoprotección de los edificios adscritos al Departamento, en su caso, en cumplimiento de la normativa básica de autoprotección de centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, todo ello sin perjuicio de las funciones que, en dichas materias, correspondan a los organismos públicos adscritos al Departamento. .
El Servicio de Prevención y Promoción de la Salud regulado en el art. 11 posee las competencias relativas a: La coordinación de la prevención de los riesgos que afecten al personal del Departamento y de sus organismos públicos La organización de los recursos en orden a eliminar los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores o minimizar sus efectos. El diseño, puesta en marcha, desarrollo y evaluación de programas de promoción y educación para la salud en distintos escenarios, tales como el educativo, comunitario, laboral, sanitario o audiovisual. Las funciones relativas al Plan de Prevención de Riesgos derivado de la evaluación de riesgos realizada en los centros y unidades administrativas del Departamento y de sus organismos públicos, en cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos.

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