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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLIC

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Título del Test: LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLIC Descripción: TEMA 34: ADMINISTRATIVO SAS EXAMENES 2 Autor: MARTIN EDEN OTROS TESTS DEL AUTOR Fecha de Creación: 21/03/2023 Categoría: Oposiciones Número Preguntas: 37

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De acuerdo al art. 183 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son concursos de proyectos los procedimientos encaminados a la obtención: La calidad de la arquitectura. Equipos técnicos cualificados. Ideas arquitectónicas que permitan el posterior desarrollo de proyectos. Planos o proyectos. En un Hospital del Servicio Andaluz de Salud, un expediente de contratación tiene por objeto la dotación de un nuevo ecógrafo mediante arrendamiento. El valor estimado total del contrato es de 65.000€ sin IVA. Según la Ley de contratos del sector público, la adjudicación de este contrato se podrá realizar mediante el siguiente procedimiento: Adjudicación directa El procedimiento abierto simplificado si entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no hay ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total Las respuestas B y D son correctas El procedimiento abierto. El artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público dice que se consideran contratos menores: Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras. Los contratos de valor estimado inferior a 30.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro. Un contrato de obras nunca se puede considerar un contrato menor. Los contratos de valor estimado inferior a 25.000 euros, cuando se trate de contratos de servicios. De los siguientes, son contratos privados los contratos celebrados por una Administración Pública, que tenga por objetivo: La suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos La concesión de servicios públicos Los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado La adquisición de suministros. De acuerdo al art. 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa: Elaboración, supervisión y aprobación del correspondiente proyecto. Elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto. Elaboración y supervisión del correspondiente proyecto. Elaboración, supervisión, aprobación, replanteo y acta de inicio del correspondiente proyecto. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio, es un contrato: Mixto. De suministro. De concesión de servicios. De servicios. Según la Ley de Contratos del Sector Público, los contratos regulados en la misma serán inválidos: Cuando concurra en ellos alguna de las causas que los invalidan de conformidad con las disposiciones del derecho mercantil. Cuando lo sea alguno de sus actos recogidos como tal en el derecho laboral. Cuando la Administración pruebe con posterioridad a la firma que el precio del contrato es abusivo para el erario público. En aquellos casos que la invalidez derive de la ilegalidad de su clausulado. Según la Ley de Contratos del Sector Público, no es causa de resolución de los contratos regulados en la misma: La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual. El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. La renuncia del contratista por pérdidas económicas durante la ejecución del contrato. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. Señala la opción incorrecta. Es objetivo de la Ley 9/2017, regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de: Simplificación de la formalización de los contratos Libertad de acceso a las licitaciones No discriminación e igualdad de trato entre los licitadores Publicidad y transparencia de los procedimientos. En un Centro Hospitalario Universitario del SAS, situado en una capital de provincia, se precisan determinados fármacos biológicos para asegurar la continuidad del tratamiento externo a los pacientes que lo requieren. Para su dotación, en la Central Provincial de Compras (antigua Plataforma Logística Sanitaria), y según la Ley de Contratos del Sector Público, se precisa tramitar el correspondiente expediente de contratación administrativa, por importe anual de 200.000€ (IVA incluido), por una duración de 1 año, sin posibilidad de prórroga. Según la Ley de Contratos del Sector Público indique el tipo de procedimiento que se debe tramitar para dicha contratación: Procedimiento abierto. Procedimiento negociado sin publicidad. El procedimiento abierto simplificado. El procedimiento restringido. De acuerdo al art. 242 de la    Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando se considere necesaria una modificación del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula dicha Ley, se solicitará al órgano de contratación la autorización del inicio del correspondiente expediente, por parte del: Director facultativo de la obra. Contratista. Promotor. Director de la ejecución de la obra. De acuerdo al art. 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en los proyectos de presupuesto base de licitación inferior a 500.000 euros, IVA excluido, el informe de supervisión tendrá: Carácter facultativo, emitiéndose a criterio del órgano de contratación. Carácter facultativo, salvo que se trate de obras con afección a sectores económicos estratégicos. En todo caso, carácter preceptivo. Carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será preceptivo. Según la Ley de Contratos del Sector Público, se consideran contratos menores: Los contratos de obras de valor estimado interior a 50.000 euros o los contratos de suministro o de servicios inferior a 15.000 euros. Los contratos de obras de valor estimado interior a 40.000 euros o los contratos de suministro o de servicios inferior a 15.000 euros. Los contratos de obras de valor estimado interior a 50.000 euros o los contratos de suministro o de servicios inferior a 25.000 euros. Los contratos de obras de valor estimado interior a 40.000 euros o los contratos de suministro o de servicios inferior a 25.000 euros. Según la Ley de Contratos del Sector Público, en relación con el contenido mínimo de los contratos, se recoge que los mismos deberán incluir: La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato. Las condiciones de pago. Las respuestas A) y B) son correctas. La extensión del deber de confidencialidad por parte del contratista durante los 5 años siguientes a la vigencia del contrato. Los contratos que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada se consideran: Contratos de concesión de servicios Contratos de suministros Contratos privados Contratos de servicios. Según el artículo 18 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, ¿Cómo se determinará el objeto principal de los contratos mixtos compuestos en parte por servicios y en parte por suministros? Se considerará contrato de servicios, atendiendo al orden de prelación en la clasificación de contratos. Se considerará contrato de suministros, atendiendo al orden de prelación en la clasificación de contratos. En función de cuál sea el mayor de los valores estimados de los respectivos servicios o suministros. El órgano de contratación podrá determinar el objeto principal del contrato. En cuanto a la regulación de los Acuerdos Marco contenida en Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, señale la respuesta INCORRECTA: Para racionalizar y ordenar la adjudicación de contratos las Administraciones Públicas podrán concluir acuerdos marco, articular sistemas dinámicos, o centralizar la contratación de obras, servicios y suministros en servicios especializados. Solo podrán adjudicarse contratos basados en un acuerdo marco durante la vigencia del acuerdo marco. La duración de los contratos basados en un acuerdo marco será independiente de la duración del acuerdo marco. Para la adquisición de bienes incluidos en un Acuerdo marco, NO será necesario, en ningún caso, convocar a una nueva o segunda licitación con las personas adjudicatarias del acuerdo marco. No podrán ser objeto de los contratos de servicios: Los que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos Los que impliquen el desarrollo o mantenimiento de aplicaciones informáticas Los que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial Los que tengan por objeto la prestación de actividades docentes en centros del sector público desarrolladas en forma de cursos de formación o perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración. Un contrato menor, así definido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: No podrá tener un plazo de duración inferior al año. Podrá tener un plazo de ejecución superior a los doce meses pero no podrá tener un plazo de duración superior al año ni ser objeto de prórroga. No podrá tener un plazo de ejecución o duración superior a los doces meses ni ser objeto de prórroga. Un contrato menor no tiene plazo de duración. Los contratos celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de Administraciones Públicas, tienen la consideración de: Contratos administrativos Contratos privados Contratos administrativos especiales Contratos mixtos. En materia de contratos del sector público, definidos en el artículo 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el plazo puede fijarse: Como plazo de duración si el tiempo opera como elemento definitorio de la prestación. Como plazo de ejecución si el tiempo opera como elemento definitorio de la prestación. Como plazo de duración si el tiempo opera como simple circunstancia de la prestación. En materia de contratos públicos, plazo de duración y plazo de ejecución son términos equivalentes. Según establece el apartado 1 del artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; indique cuál de los siguientes contratos de obra, en función de su valor estimado, tendrá la consideración de contrato menor: 199.000 euros. 100.000 euros. 59.000 euros. 39.000 euros. El artículo 284 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, establece que con el contrato de concesión de servicios: La Administración podrá gestionar indirectamente los servicios de su titularidad o competencia que sean susceptibles de explotación económica por particulares. Podrán prestarse servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. El derecho de explotación de los servicios no implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional. El servicio no revertirá a la Administración cuando finalice el plazo de la concesión. Conforme al artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, el expediente de contratación será tramitado: De emergencia. Por el procedimiento con negociación. De urgencia. Por el procedimiento restringido. Respecto a los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades del sector público, señale la correcta: Podrán establecer la posibilidad de subcontratar verbalmente cuando el contrato no tenga el carácter de emergencia Podrán incluir estipulaciones que establezcan derechos y obligaciones distintos de los previstos en los pliegos Incluirán la acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato, salvo que ya se encuentre recogido en los pliegos No es necesario que contengan mención al sometimiento a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en referencia al perfil del contratante, señale la respuesta INCORRECTA: Toda la información contenida en los perfiles del contratante permanecerá accesible al público durante un periodo de tiempo no inferior a 5 años Quedan exceptuados de la publicación en el perfil del contratante aquellos contratos menores cuyo valor estimado fuera inferior a diez mil euros Los órganos de contratación difundirán exclusivamente a través de Internet su perfil de contratante La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente. De acuerdo con la normativa básica de contratos del Sector Público, en relación con la gestión de un servicio público realizada indirectamente por parte de la administración, indique la respuesta INCORRECTA: En ningún caso podrán prestarse servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos Puede ser realizada a través de un contrato de concesión de servicios Puede ser realizada a través de un contrato de servicios Las modalidades de contratación establecidas son: Gestión interesada, concierto y sociedad de economía mixta. Según se desprende de lo regulado en el artículo 21 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, están sujetos a regulación armonizada los contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual o superior a: 140.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por el Servicio Andaluz de Salud. 215.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 215.000 euros cuando se trate de contratos adjudicados por la Comunidad Autónoma de Andalucía. 140.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Benalmádena. El artículo 79 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en su punto 1, recoge que la clasificación de las empresas se hará en función de su solvencia, valorada conforme a los criterios reglamentariamente establecidos de entre los recogidos en los artículos 87, 88 y 90, y determinará los contratos a cuya adjudicación puedan concurrir u optar por razón de su objeto y de su cuantía. A estos efectos, los contratos se dividirán en grupos generales y subgrupos, por su peculiar naturaleza, y dentro de estos por categorías, en función de su cuantía. la expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de este sea: Cuando la duración de este sea igual o inferior a seis meses, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior. Cuando la duración de este sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior. Cuando la duración de este sea igual o inferior a dos años, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior. Cuando la duración de este sea igual o inferior a cinco años, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior. Para la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, el criterio delimitador del contrato de concesión de servicios respecto del contrato de servicios es: La cuantificación del coste Quien asume el riesgo operacional La exigencia o no de la clasificación del empresario La publicación en boletín oficial. Conforme indica el artículo 119.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público, podrán ser objeto de una tramitación: Simplificada Abreviada De emergencia Urgente. Dispone el artículo 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que, en los procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada: El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a treinta y cinco días, para los contratos de obras, suministros y servicios, y a treinta días para las concesiones de obras y servicios, contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a treinta días, para los contratos de obras, suministros y servicios, y a treinta y cinco días para las concesiones de obras y servicios, contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Contrataciones de la Unión Europea. El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a veinte días, para los contratos de obras, suministros y servicios, y a treinta días para las concesiones de obras y servicios, contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Contrataciones de la Unión Europea. El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a treinta días, para los contratos de obras, suministros y servicios, y a veinte días para las concesiones de obras y servicios, contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Contrataciones de la Unión Europea. Dispone la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el concesionario vaya a recuperar las inversiones realizadas ni cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión, se considerará que el concesionario asume: El riesgo operacional. El riesgo de suministro. El riesgo de demanda. Los costes de mantenimiento. Atendiendo al artículo 3.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, dentro del sector público, y a los efectos de esta ley, tendrán la consideración de Administraciones Públicas, las siguientes entidades: Las Fundaciones públicas. Las Universidades públicas. Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Todas las respuestas anteriores son correctas. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, dispone que en el expediente de contratación se justificará adecuadamente: La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso. La clasificación que se exija a los participantes. El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen. Todas las respuestas anteriores son correctas. Podrán contratar con el sector público, según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: Las personas jurídicas cuyas prestaciones no estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. Las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. Las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, estén incursas en alguna prohibición de contratar y acrediten su solvencia. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Respecto al procedimiento abierto simplificado, establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que: El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a 10 días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación. En el caso de contratos de obras su valor total será inferior a 5.350.000 euros. No procederá la constitución de garantía provisional por parte de los licitadores. Todas las respuestas anteriores son correctas.

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