Test Ley 29/1998 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso

1. Según la LJCA, en un procedimiento contencioso-administrativo contra un acto administrativo, los Jueces o Tribunales podrán denegar las medidas cautelares solicitadas por los interesados: 130. a) Cuando no hayan sido solicitadas en la demanda o el escrito de interposición. b) Cuando se oponga el Ministerio Fiscal a la adopción de tales medidas. c) Cuando de la medida solicitada pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada. d) Cuando la medida solicitada impida la ejecutoriedad del acto.

2. Señale la respuesta correcta, de conformidad con el artículo 74 de la LJCA, en relación con el desistimiento: 74. a) Para que el desistimiento del representante en juicio produzca efectos será necesario que lo ratifique la parte demandada. b) El recurrente podrá desistir del recurso en cualquier momento anterior a la sentencia. c) Si fueren varios los recurrentes, el desistimiento de uno de ellos supondrá la finalización del procedimiento para la totalidad. d) Implica la condena en costas del recurrente que desiste.

3. Según la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ¿quién conocerá de los recursos interpuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en defensa de la unidad de mercado?: 11. a) La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. b) Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. c) La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. d) Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.

4. A efectos de la interposición del recurso de casación, se presume la existencia de interés casacional objetivo:88. a) Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los organismos reguladores o de supervisión o agencias estatales cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. b) Cuando la sentencia recurrida declare anulable una disposición de carácter general, salvo que esta, con toda evidencia, carezca de trascendencia suficiente. c) Cuando dicha resolución se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente al considerarla errónea. d) Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los Ayuntamientos.

5. Si un órgano del orden contencioso-administrativo se declara incompetente para conocer de un asunto, según la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, esa declaración adoptará la forma de: 7. a) Auto. b) Sentencia. c) Resolución motivada. d) Diligencia.

6. De los recursos que se deduzcan en relación con las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos conocerán: 10. a) Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. b) Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. c) La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. d) La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

7. La Administración Pública recurrida se entiende emplazada en el procedimiento contencioso-administrativo cuando:7 50. a) Envíe al Juzgado o Tribunal el expediente que le haya reclamado. b) El recurrente le comunica la interposición del recurso. c) El recurso se notifica a la Abogacía del Estado o servicio jurídico correspondiente de la Administración Pública recurrida. d) El Juzgado o Tribunal le reclama el expediente.

8. De los recursos que se deduzcan en relación con los actos de los Ministros y de los Secretarios de Estado en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera, conoce: 11. a) Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. b) La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. c) La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia competente por razón del domicilio del demandante. d) La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

9. El recurso de casación en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa puede interponerse:86. a) Contra sentencias dictadas en primera instancia por el Tribunal Supremo. b) Contra las sentencias dictadas en primera instancia por la Audiencia Nacional. c) Únicamente contra sentencias dictadas en recurso de apelación. d) Contra sentencias dictadas en única instancia por la Audiencia Nacional.

10. La impugnación de los actos de aplicación de las disposiciones de carácter general ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: 26. a) No es admisible en ningún caso. b) Es admisible incluso cuando se haya desestimado previamente un recurso interpuesto frente a esa misma disposición de carácter general. c) Es admisible excepto cuando se haya desestimado previamente un recurso interpuesto frente a esa misma disposición de carácter general. d) No es admisible cuando la disposición de carácter general sea conforme a derecho.

11. La impugnación por un particular de un acto fundado en la ilegalidad de un reglamento que ampara ese acto, procede mediante: a) Recurso extraordinario de revisión. b) Recurso directo. c) Recurso indirecto. d) Cuestión de ilegalidad.

12. Cuando el Estado o las Comunidades Autónomas dicten actos o disposiciones sin fuerza de ley que puedan lesionar la autonomía local, las Entidades Locales podrán acudir para su defensa: 19. a) Al Tribunal Constitucional, a través del Conflicto positivo de competencia. b) Al Tribunal Constitucional, a través del Conflicto en defensa de la autonomía local. c) A los Tribunales Contencioso-Administrativos. d) Al Tribunal de Cuentas.

13. Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los órganos judiciales competentes para aprobar la entrada domiciliaria sin autorización del particular serán: 8. a) Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. b) Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. c) Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. d) La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

14. De acuerdo con la LJCA, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con: 2. a) La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas. b) Las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social, que se encuentren relacionadas con la actividad de la Administración Pública. c) Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración Pública. d) Los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.

15. Indique el plazo transcurrido el cual, las partes implicadas podrán instar el procedimiento de ejecución forzosa de una sentencia en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:104. a) Dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en esta para el cumplimiento del fallo. b) Tres meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en esta para el cumplimiento del fallo. c) Un mes a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en esta para el cumplimiento del fallo. c) Un mes a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en esta para el cumplimiento del fallo.

16. Quedan excluidos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:3. a) La responsabilidad patrimonial de la Administración. b) Las cuestiones prejudiciales relacionadas con un recurso contencioso-administrativo. c) El recurso contencioso-disciplinario militar. d) Los contratos administrativos.

17. De acuerdo con lo establecido en el artículo 73 la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general:73. a) Afectarán por sí mismas y en todo caso a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales. b) Afectarán por sí mismas y necesariamente a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente. c) No afectarán en ningún caso por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales. d) No afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente.

18. Según el art. 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de los recursos que se deduzcan en materia de personal, cuando se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera, conocerá: a) En única instancia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. b) En única instancia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. c) En primera instancia, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. d) En segunda instancia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

19. Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ¿a qué órgano le corresponde conocer en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones de carácter general del Consejo de Ministros?:12. a) A la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. b) A los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. c) A los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. d) A la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

20. Conforme a la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra la resolución del Jurado de Expropiación Forzosa procederá:19. a) Recurso de alzada cuando sea impugnada por un particular. b) Directamente recurso contencioso administrativo, cuando sea impugnada por la Administración General del Estado. c) Recurso de amparo si se impugna por un particular ante el Tribunal Constitucional. d) Declaración de lesividad previa cuando sea impugnada por la Administración General del Estado ante la jurisdicción contencioso-administrativa.