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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Ley 39/2015 de procedimiento administrativo

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Título del Test: Ley 39/2015 de procedimiento administrativo Descripción: TEMA 1. art. 1 a 33 - C1-01 administrativo OPE 2022 conv. 8/22 GVA Autor: beli267 OTROS TESTS DEL AUTOR Fecha de Creación: 11/12/2022 Categoría: Oposiciones Número Preguntas: 27

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Temario:

1. ¿Cuál es el objeto de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas? Regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades. Regular el régimen económico-financiero del sector público de la Generalitat, el cual se ordena en torno a las siguientes materias: hacienda pública, presupuesto, contabilidad, tesorería y endeudamiento, y control financiero. Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, excluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad parlamentaria. 2. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto de acuerdo con el art. 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas? Reglamentariamente, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley. Solo mediante ley podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley. Reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar. 3. ¿Cuál de los organismos relacionados a continuación no es sector público según el art. 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas? Las Entidades que integran la Administración Local. Las Universidades públicas. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas. Las fundaciones con personalidad jurídica propia. 4. De los organismos relacionados a continuación, ¿Cuál no es administración pública según el art. 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas? Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. Las Entidades que integran la Administración Local. Las universidades públicas. Las administraciones de las Comunidades Autónomas. 5. A los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿Quiénes de los siguientes no tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas? Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. 6. Según el art. 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se consideran interesados en el procedimiento administrativo: Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses ilegítimos individuales o colectivos. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan intereses que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Las asociaciones y fundaciones representativas de intereses sociales. 7. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto en referencia a la representación, según el art. 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas? El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio que deje constancia fidedigna de su existencia. Las personas físicas y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas. Los interesados podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. 8. ¿Para cuál de las siguientes actuaciones no deberá acreditarse la representación, de acuerdo con el art. 5.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas? Para interponer recursos. Para desistir de acciones. Para renunciar a derechos. Para actos y gestiones de mero trámite. 9. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto, de acuerdo con el art. 5.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas? La falta o insuficiente acreditación de la representación impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, aunque se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de quince días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo inferior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. 10. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es correcto, de acuerdo con el art. 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas? Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables entre sí, de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos. Los registros generales de apoderamientos no impedirán la existencia de registros particulares en cada Organismo donde se inscriban los poderes otorgados para la realización de trámites específicos en el mismo. Cada Organismo podrá disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos. El apoderamiento «apud acta» se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de identificación electrónica previstos en esta Ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros. Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos permitirán comprobar válidamente la representación de quienes actúen ante las Administraciones Públicas en nombre de un tercero, mediante la consulta a otros registros administrativos similares, al registro mercantil, de la propiedad, y a los protocolos notariales. 11. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es correcto, de acuerdo con el art. 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas? Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. Las solicitudes de inscripción del poder, de revocación, de prórroga o de denuncia del mismo podrán dirigirse al registro de la Administración u Organismo ante la que tenga efectos el poder, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en cualquier registro y surtiendo efectos desde la fecha en la que se produzca dicha inscripción. 12. Según el art. 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso de firma para: (señala la incorrecta) Desistir de derechos. Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. Formular solicitudes. Interponer recursos. 13. De acuerdo con el art. 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas de ciertos derechos. ¿Cuál de los siguientes se encuentra entre ellos? A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en la Constitución y las leyes. A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos. A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando consideren vulnerados sus derechos. 14. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto, de acuerdo con el art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas? Las personas físicas podrán elegir al inicio de cada procedimiento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas no podrá ser modificado por aquella una vez iniciado el procedimiento. Las entidades sin personalidad jurídica estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. 15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta, de acuerdo con el art. 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas? En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente. La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. Si los documentos debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción. 16. En referencia a los registros, según el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto? Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. También se deberán anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, e indicarán la hora del día en que se produzcan. Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas. Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el diario oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como hábiles. 17. De acuerdo con el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: (señala la incorrecta) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1. En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. En las representaciones diplomáticas y embajadas de España en el extranjero. En las oficinas de asistencia en materia de registros. 18. Sobre la colaboración de las personas, recogida en el art. 18 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante. Cuando las inspecciones requieran la entrada en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran autorización de la autoridad, se estará a lo dispuesto en el artículo 100. Las personas colaborarán con la Administración y facilitarán a la Administración los informes, inspecciones y otros actos de investigación que requieran para el ejercicio de sus competencias, salvo que la revelación de la información solicitada por la Administración atentara contra el honor, la intimidad personal o familiar Los interesados en el procedimiento están exentos de la obligación de comunicar datos a la Administración si la información solicitada se refiere al blanqueo de capitales y financiación de actividades terroristas. 19. Según el art. 19 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿En cuál de los siguientes casos será obligatoria la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos? Cuando así esté previsto en una norma con rango de Ley. Siempre que lo solicite una Administración Pública. Solo en los casos que se establezca reglamentariamente. En ningún caso es obligatoria la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas. 20. ¿En cuál de los siguientes casos, según el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la Administración queda exceptuada de dictar resolución expresa y notificarla? Caducidad del procedimiento. Renuncia del derecho. Terminación del procedimiento por pacto o convenio. Desistimiento de la solicitud. 21. ¿Cuál será el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa, según el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas? 3 meses desde la fecha de resolución. 2 meses desde la fecha de iniciación del procedimiento. 1 mes desde la fecha de resolución. El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. . 22. Según el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. ¿De cuánto no podrá exceder este plazo? De seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. De seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno menor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. De tres meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. Del plazo que marque la norma reguladora del correspondiente procedimiento. 23. Según el art. 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será ¿De cuánto tiempo? De 1 año. De 9 meses. De 3 meses. De 6 meses. 24. De acuerdo con el art. 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, ¿Desde cuándo se contará el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa? Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. Desde la fecha en que el interesado haya realizado el registro, ya sea electrónico o presencial. Desde el día siguiente a la fecha en que el interesado haya realizado el registro, ya sea electrónico o presencial. Desde el día siguiente a la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. 25. ¿En cuál de los siguientes casos se podrá suspender el plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución, según con el art. 22.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas? Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el artículo 87, desde el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminación. Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente. Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado. Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que es ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias. 26. ¿En cuál de los siguientes supuestos se suspenderá el plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución, de acuerdo con el art. 22.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas? Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la Administración tenga constancia del mismo, lo que también deberá serles comunicado. Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos previstos en el artículo 86 de esta Ley, desde la declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones, que se constatará mediante declaración formulada por la Administración o los interesados. Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada. Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el artículo 87, desde el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminación. 27. ¿Qué recurso podrá interponerse contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, según el art. 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas? No cabrá recurso alguno. Un recurso de alzada. Un recurso de reposición. Un recurso contencioso-administrativo.

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