LA LEY 39/2015, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE

El artículo 103 de la Constitución Española establece los principios fundamentales que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas. Considerando la evolución del marco jurídico, ¿Cuál de los siguientes principios NO se menciona explícitamente en el artículo 103 y podría, sin embargo, ser considerado un principio subyacente en la gestión moderna de la Administración Pública, especialmente a la luz de reformas recientes como la Ley 39/2015?. La eficacia en la gestión de recursos. La transparencia como principio inherente a la actuación pública. La jerarquía dentro de las estructuras administrativas. La coordinación entre distintas entidades públicas.

A lo largo de más de dos décadas, la Ley 30/1992 estableció las bases del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Sin embargo, la necesidad de adaptarse a nuevas realidades llevó a la promulgación de la Ley 39/2015. ¿Cuál es, según el contexto de su promulgación, uno de los aspectos más significativos que distingue la Ley 39/2015 en relación con su predecesora, especialmente en cuanto a las relaciones "ad extra" y la potestad reglamentaria?. La incorporación de un enfoque más riguroso hacia la descentralización administrativa. La inclusión de nuevas disposiciones sobre el uso de medios electrónicos en la gestión pública. La sistematización de las relaciones "ad extra" de las Administraciones con los ciudadanos, incluyendo la potestad de autotutela y la reglamentaria. La redefinición del papel del ciudadano como sujeto pasivo en las actuaciones administrativas.

La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se articula como uno de los pilares fundamentales del Derecho Administrativo español. En este sentido, ¿cómo se concibe la función de esta Ley en relación con la Ley 40/2015, especialmente en lo que respecta a la complementariedad de ambas normativas en el marco de la reforma del ordenamiento jurídico público?. La Ley 39/2015 se ocupa exclusivamente de las relaciones internas de las Administraciones, mientras que la Ley 40/2015 regula las relaciones externas con los administrados. La Ley 39/2015 y la Ley 40/2015 son autónomas y no guardan relación entre sí, cada una aborda aspectos completamente independientes del Derecho Administrativo. La Ley 39/2015 regula principalmente las relaciones "ad extra" de las Administraciones con los ciudadanos, mientras que la Ley 40/2015 aborda el Régimen Jurídico del Sector Público, incluyendo aspectos "ad intra", lo que crea una complementariedad entre ambas normativas. La Ley 39/2015 se centra en el régimen sancionador de las Administraciones, complementando la Ley 40/2015 que se enfoca en la transparencia y la rendición de cuentas.

El Título Preliminar de la Ley 39/2015 introduce novedades importantes en cuanto a las disposiciones generales que rigen el Procedimiento Administrativo Común. En particular, ¿qué importancia tiene la inclusión de los principios que informan el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, y cómo se relaciona esto con el ámbito subjetivo y objetivo de la Ley?. La inclusión de estos principios refleja un esfuerzo por armonizar la normativa administrativa con la necesidad de una mayor coherencia legislativa, asegurando que todos los sujetos del Sector Público actúen bajo un marco común, aunque se respete la normativa específica de las Corporaciones de Derecho Público. La inclusión de estos principios es puramente simbólica y no tiene un impacto real en la práctica administrativa diaria, ya que las leyes sectoriales prevalecen en caso de conflicto. Estos principios solo se aplican a las Administraciones locales, dejando fuera a las Administraciones autonómicas y estatales que se rigen por su propia normativa. La importancia de estos principios radica exclusivamente en la regulación de los procedimientos sancionadores, sin afectar otros aspectos del procedimiento administrativo.

La Ley 39/2015 establece un marco normativo unificado para las relaciones "ad extra" de las Administraciones Públicas con los administrados. Considerando esta unificación normativa, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor cómo la Ley 39/2015 interactúa con otras normativas, como la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en el contexto de la actuación de las Administraciones Públicas?. La inclusión de la potestad de autotutela permite a las Administraciones Públicas intervenir directamente en el ámbito privado sin necesidad de una justificación previa, agilizando así la toma de decisiones administrativas. La potestad de autotutela se justifica como un mecanismo necesario para que las Administraciones puedan garantizar la ejecución de sus actos sin necesidad de recurrir a instancias judiciales, lo cual refuerza la autoridad administrativa, aunque también implica una mayor responsabilidad en cuanto a la protección de los derechos de los administrados. La potestad de autotutela se limita exclusivamente a las actuaciones en materia de seguridad pública, dejando fuera cualquier otra área administrativa. La potestad de autotutela se incluye como un principio teórico que, en la práctica, rara vez se aplica, debido a la preferencia por la intervención judicial en la mayoría de los casos.

¿Qué aborda el Título Preliminar de la Ley 39/2015?. Derechos de los ciudadanos. Disposiciones generales y ámbito de la Ley. Procedimientos sancionadores. Funciones del poder legislativo.

La Ley 39/2015 agrupa en un cuerpo legislativo único la regulación de las relaciones "ad extra" de las Administraciones Públicas. Dentro de este contexto, ¿qué rol juega la potestad reglamentaria, y cómo se articula con la iniciativa legislativa en la conformación de la normativa administrativa?. La potestad reglamentaria es secundaria y solo se aplica cuando la iniciativa legislativa no cubre ciertos aspectos específicos, permitiendo a las Administraciones actuar en vacíos legales. La potestad reglamentaria permite a las Administraciones desarrollar y concretar los principios establecidos por la iniciativa legislativa, asegurando que la normativa administrativa sea aplicable en la práctica diaria, lo cual refuerza la coherencia normativa en el ámbito de las relaciones "ad extra". La iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria son conceptos opuestos, y su articulación en la Ley 39/2015 busca evitar la superposición de normativas contradictorias. La potestad reglamentaria solo se aplica en situaciones de emergencia, donde la iniciativa legislativa no tiene tiempo de actuar.

Uno de los elementos destacados en la Ley 39/2015 es la aplicación de sus disposiciones a todos los sujetos comprendidos en el concepto de Sector Público. Sin embargo, se establece un tratamiento diferenciado para ciertas entidades. ¿Cómo se justifica esta diferenciación en el caso de las Corporaciones de Derecho Público, y qué implicaciones tiene para el ejercicio de sus funciones públicas?. Las Corporaciones de Derecho Público se rigen por su normativa específica debido a la naturaleza particular de sus funciones, que a menudo requieren un tratamiento normativo diferenciado para garantizar su autonomía y eficacia en la gestión de intereses sectoriales, aunque la Ley 39/2015 se aplique supletoriamente en casos donde su normativa no cubra ciertos aspectos. La diferenciación no tiene justificación práctica y se mantiene solo por razones históricas, sin que afecte significativamente el ejercicio de sus funciones. Las Corporaciones de Derecho Público no están sujetas a la Ley 39/2015 en ningún caso, ya que operan completamente al margen del resto de las Administraciones Públicas. La diferenciación se justifica por la necesidad de preservar la independencia de estas corporaciones frente a la intervención estatal, limitando la aplicación supletoria de la Ley 39/2015 solo a aspectos meramente procedimentales.

En el marco de la Ley 39/2015, el Título Preliminar establece el ámbito objetivo y subjetivo de la Ley, incluyendo principios de carácter básico que informan el ejercicio de la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa. Considerando este enfoque, ¿cómo se articula el ámbito de aplicación de la Ley con respecto a las entidades del Sector Público que tienen normativa específica, y qué papel juega la supletoriedad en este contexto?. La Ley 39/2015 se aplica exclusivamente a las Administraciones Públicas estatales, sin afectar a las entidades con normativa específica, las cuales operan de manera independiente. La Ley 39/2015 se aplica a todas las entidades del Sector Público, pero permite que aquellas con normativa específica sigan su propio régimen en el ejercicio de sus funciones, actuando de manera supletoria cuando dicha normativa no cubra todos los aspectos necesarios, lo que asegura una coherencia normativa sin sacrificar la autonomía de las entidades especializadas. La supletoriedad no es un concepto relevante en la Ley 39/2015, ya que esta Ley prevalece sobre cualquier normativa específica de las entidades del Sector Público. El ámbito de aplicación de la Ley 39/2015 se restringe a las entidades públicas de ámbito local, dejando fuera a las de ámbito autonómico y estatal.

La Ley 39/2015 se complementa con otras normativas clave en la regulación del procedimiento administrativo común y las relaciones "ad extra" de las Administraciones Públicas. En particular, ¿cómo se integran las disposiciones de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera dentro del marco normativo establecido por la Ley 39/2015, y qué importancia tiene esta integración para la actuación administrativa. La Ley Orgánica 2/2012 solo se aplica en casos de emergencia financiera, mientras que la Ley 39/2015 regula todos los demás aspectos del procedimiento administrativo. La importancia de la Ley Orgánica 2/2012 radica exclusivamente en su aplicación a las Administraciones locales, sin que tenga relevancia para la actuación de las Administraciones autonómicas y estatales. Las disposiciones de la Ley Orgánica 2/2012 son independientes de las establecidas en la Ley 39/2015 y no tienen ninguna influencia directa sobre la actuación administrativa diaria. La integración de la Ley Orgánica 2/2012 en el marco de la Ley 39/2015 es fundamental para garantizar que las actuaciones administrativas no solo sean legalmente correctas, sino también financieramente sostenibles, lo que refuerza el compromiso de las Administraciones Públicas con la estabilidad presupuestaria a largo plazo.

La Ley 39/2015, en su esfuerzo por sistematizar las relaciones "ad extra" de las Administraciones Públicas, introduce importantes novedades en la gestión administrativa. En este contexto, ¿cómo se justifica la necesidad de contar con un marco normativo único para las relaciones entre las Administraciones y los ciudadanos, y qué implicaciones tiene esto en la eficiencia y transparencia de los actos administrativos?. La unificación normativa es innecesaria, ya que cada Administración tiene sus propios procedimientos que responden mejor a sus particularidades. La Ley 39/2015 solo unifica la normativa en lo que respecta a los procedimientos sancionadores, sin afectar otros aspectos de la gestión administrativa. Un marco normativo único facilita la homogeneidad en la aplicación de los principios administrativos, reduciendo la dispersión normativa y mejorando tanto la eficiencia como la transparencia en los actos administrativos, lo que se traduce en una mayor confianza por parte de los ciudadanos. La creación de un marco normativo único se justifica únicamente por razones de simplificación burocrática, sin un impacto significativo en la transparencia.

En el contexto de la Ley 39/2015, el principio de sometimiento pleno a la Ley y al Derecho cobra especial relevancia. Considerando los principios constitucionales que rigen la actuación de las Administraciones Públicas, ¿de qué manera la Ley 39/2015 refuerza este principio, y cómo afecta la capacidad de las Administraciones para actuar de manera discrecional?. La Ley 39/2015 limita significativamente la discrecionalidad administrativa, obligando a las Administraciones a actuar exclusivamente dentro de los estrictos márgenes establecidos por la normativa. El principio de sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, reforzado por la Ley 39/2015, establece que toda actuación administrativa debe estar fundamentada en la normativa vigente, lo que permite una discrecionalidad condicionada al cumplimiento estricto de los principios legales, evitando abusos de poder. La Ley 39/2015 no afecta la discrecionalidad administrativa, que sigue siendo un poder amplio y autónomo de las Administraciones. El principio de sometimiento a la Ley es meramente declarativo y no tiene un impacto real en las decisiones discrecionales de las Administraciones.

La Ley 39/2015 incorpora el concepto de autotutela administrativa, un principio que permite a las Administraciones Públicas ejecutar sus propios actos sin necesidad de intervención judicial previa. ¿Cómo se equilibra en la Ley 39/2015 el ejercicio de la autotutela con la protección de los derechos de los administrados, y qué mecanismos se prevén para evitar posibles abusos?. La Ley 39/2015 establece un equilibrio mediante la posibilidad de impugnar los actos administrativos ante los tribunales, permitiendo a los ciudadanos defender sus derechos frente a posibles abusos, a la vez que garantiza que las Administraciones puedan actuar con eficacia cuando sea necesario. El ejercicio de la autotutela se regula exclusivamente en situaciones de urgencia, dejando fuera de su aplicación general los actos administrativos ordinarios. La protección de los derechos de los administrados se deja a discreción de las propias Administraciones, sin necesidad de establecer mecanismos adicionales en la Ley. La Ley 39/2015 evita el uso de la autotutela en actos que puedan afectar derechos fundamentales, relegando su aplicación a cuestiones de menor importancia.

¿Qué tipo de relaciones regula la Ley 39/2015?. Relaciones laborales. Relaciones comerciales. Relaciones "ad extra". Relaciones internacionales.

• La Ley 39/2015 establece una regulación integral de las relaciones "ad extra" de las Administraciones Públicas, incluyendo aspectos relacionados con la potestad reglamentaria. Considerando el impacto de la potestad reglamentaria en el desarrollo de la normativa administrativa, ¿cómo se garantiza en la Ley 39/2015 que dicha potestad no se utilice para vulnerar derechos fundamentales o principios constitucionales?. La Ley 39/2015 subordina la potestad reglamentaria a la aprobación del Parlamento, lo que actúa como un control suficiente para evitar vulneraciones. La potestad reglamentaria se limita exclusivamente a cuestiones técnicas y no puede afectar en ningún caso derechos fundamentales. La Ley 39/2015 incluye mecanismos de control, como la revisión judicial y la participación ciudadana en la elaboración de reglamentos, que aseguran que la potestad reglamentaria se ejerza dentro de los límites constitucionales y sin vulnerar derechos fundamentales. No se establecen controles específicos en la Ley 39/2015, confiándose en la autorregulación de las Administraciones para evitar abusos.

¿Qué regula la Ley 39/2015?. Relaciones "ad extra" entre Administraciones y administrados. Relaciones internas de las Administraciones. El régimen jurídico del sector público. La sostenibilidad financiera de las Administraciones.

En la Ley 39/2015, se hace referencia a la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, como un complemento normativo relevante. ¿Cómo se articula la relación entre ambas leyes en el contexto de la actuación administrativa, y qué consecuencias tiene para la planificación y ejecución de las políticas públicas?. La Ley 39/2015 establece que cualquier actuación administrativa debe ajustarse a los límites presupuestarios definidos por la Ley Orgánica 2/2012, lo que podría restringir la capacidad de las Administraciones para implementar políticas públicas ambiciosas. La relación entre ambas leyes se articula de manera que la planificación y ejecución de políticas públicas deben considerar no solo la legalidad administrativa sino también la sostenibilidad financiera, lo que obliga a las Administraciones a coordinarse estrechamente para evitar desequilibrios económicos. La Ley 39/2015 se aplica de manera independiente a la Ley Orgánica 2/2012, sin necesidad de coordinación entre ambas normativas. La Ley Orgánica 2/2012 solo se aplica a nivel estatal, sin que sus disposiciones influyan en la ejecución de políticas públicas a nivel autonómico o local.

La Ley 39/2015 introduce una serie de principios que informan el ejercicio de la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa en las Administraciones Públicas. Considerando la diversidad de sujetos comprendidos en el Sector Público, ¿de qué manera la Ley asegura que estos principios sean aplicados de manera coherente y uniforme en todas las Administraciones, sin importar su ámbito o nivel?. La Ley 39/2015 permite que cada Administración adapte los principios a sus necesidades específicas, lo que puede llevar a una aplicación diversa y no uniforme en el territorio. Los principios solo son aplicables a las Administraciones del Estado, dejando a las autonómicas y locales la libertad de decidir cómo los implementan. La Ley 39/2015 establece un marco normativo básico que todas las Administraciones deben respetar, asegurando así una aplicación coherente y uniforme de los principios en todo el Sector Público, aunque se permite cierta flexibilidad en aspectos secundarios. La coherencia en la aplicación de los principios se deja a la supervisión del Tribunal Constitucional, que interviene solo en casos de conflicto entre Administraciones.

El Título Preliminar de la Ley 39/2015 aborda el ámbito objetivo y subjetivo de la Ley, incluyendo a todos los sujetos comprendidos en el Sector Público. Sin embargo, ¿cuáles son las principales limitaciones que enfrentan las Corporaciones de Derecho Público en la aplicación de esta Ley, y cómo se resuelven las posibles incongruencias con su normativa específica?. La Ley 39/2015 no se aplica a las Corporaciones de Derecho Público, ya que estas operan bajo un régimen jurídico completamente autónomo. Las Corporaciones de Derecho Público tienen plena libertad para decidir si aplican o no la Ley 39/2015, lo que puede generar disparidades en su funcionamiento. Las incongruencias entre la Ley 39/2015 y la normativa específica de las Corporaciones de Derecho Público se resuelven mediante acuerdos interadministrativos. Las Corporaciones de Derecho Público deben aplicar la Ley 39/2015 de manera supletoria cuando su normativa específica no cubra ciertos aspectos, lo que permite resolver incongruencias y asegurar una mínima armonización con el resto del Sector Público.

En el marco de la Ley 39/2015, ¿cómo se concilia la aplicación de sus disposiciones con la necesidad de respetar la autonomía normativa de las Administraciones Públicas locales, y qué mecanismos se prevén para garantizar un equilibrio entre la autonomía local y la coherencia normativa a nivel estatal?. La Ley 39/2015 establece que, aunque las Administraciones locales gozan de autonomía normativa, deben aplicar sus disposiciones como mínimo común denominador, permitiendo ajustes específicos pero garantizando la coherencia normativa a nivel estatal a través de mecanismos de coordinación y supletoriedad. La Ley 39/2015 no afecta la autonomía normativa de las Administraciones locales, que pueden ignorar sus disposiciones si así lo deciden. La coherencia normativa se asegura mediante la centralización de la normativa administrativa, limitando drásticamente la autonomía de las Administraciones locales. La Ley 39/2015 solo se aplica a nivel estatal y autonómico, dejando fuera a las Administraciones locales para que mantengan su plena autonomía.

La Ley 39/2015, al establecer una regulación exhaustiva de las relaciones "ad extra" de las Administraciones Públicas, también aborda la potestad reglamentaria. ¿Qué criterios establece la Ley para el ejercicio de la potestad reglamentaria, y cómo se asegura que estos criterios no entren en conflicto con la normativa superior o con los derechos de los administrados?. La Ley 39/2015 otorga total libertad a las Administraciones para definir sus propios criterios en el ejercicio de la potestad reglamentaria, sin necesidad de ajustarse a ninguna normativa superior. La Ley 39/2015 establece criterios claros y vinculantes para el ejercicio de la potestad reglamentaria, asegurando que estos respeten siempre la normativa superior y los derechos de los administrados, con mecanismos de control y revisión judicial para evitar conflictos. Los criterios para el ejercicio de la potestad reglamentaria son definidos por cada Administración según sus necesidades, lo que puede llevar a variaciones significativas entre diferentes niveles administrativos. La Ley 39/2015 no establece criterios específicos para la potestad reglamentaria, dejando a las Administraciones la responsabilidad de evitar conflictos mediante la autorregulación.

En la Ley 39/2015, el principio de eficacia es uno de los que guía la actuación de las Administraciones Públicas. Teniendo en cuenta la amplia diversidad de situaciones y necesidades en el ámbito de las Administraciones Públicas, ¿cómo se implementa este principio en la Ley 39/2015 para garantizar una actuación administrativa eficiente, y qué papel juega la jerarquía en este contexto?. La eficacia se garantiza permitiendo a cada Administración actuar de manera autónoma, sin necesidad de respetar una jerarquía que podría ralentizar los procesos. La Ley 39/2015 delega completamente la implementación del principio de eficacia a cada Administración, sin establecer directrices comunes. La jerarquía es un principio independiente que no influye en la aplicación del principio de eficacia en la Ley 39/2015. El principio de eficacia se implementa en la Ley 39/2015 mediante la racionalización de procedimientos y la centralización de decisiones en niveles jerárquicos superiores, lo que permite una mayor agilidad y coherencia en la actuación administrativa.

La descentralización es uno de los principios rectores en la Ley 39/2015, pero también lo es la coordinación entre Administraciones Públicas. ¿De qué manera la Ley 39/2015 equilibra la necesidad de descentralización con la obligación de mantener una coordinación efectiva, y qué mecanismos se establecen para evitar la fragmentación del sistema administrativo?. La Ley 39/2015 prioriza la descentralización sobre la coordinación, lo que puede llevar a una mayor fragmentación administrativa. La Ley 39/2015 promueve la descentralización otorgando competencias específicas a las Administraciones autonómicas y locales, pero establece mecanismos de coordinación obligatorios, como conferencias sectoriales y órganos colegiados, para evitar la fragmentación y garantizar la coherencia del sistema administrativo. La coordinación entre Administraciones es voluntaria bajo la Ley 39/2015, sin mecanismos establecidos para asegurarla. La Ley 39/2015 se centra únicamente en la coordinación a nivel estatal, dejando la descentralización a discreción de las comunidades autónomas.

En el ámbito de la Ley 39/2015, el principio de desconcentración juega un papel crucial en la organización administrativa. Considerando las distintas formas en que este principio puede aplicarse, ¿cómo define la Ley 39/2015 la desconcentración, y cuáles son las principales ventajas de su aplicación en comparación con la centralización administrativa?. La desconcentración se refiere a la transferencia de competencias entre diferentes Administraciones, facilitando una gestión más integrada. La desconcentración según la Ley 39/2015 implica la eliminación de niveles jerárquicos, lo que permite una toma de decisiones más directa y sin intermediarios. La Ley 39/2015 define la desconcentración como la delegación de competencias dentro de una misma Administración, permitiendo una mayor flexibilidad y rapidez en la toma de decisiones al acercar la gestión a los niveles operativos, lo que contrasta con la centralización, que tiende a generar mayores rigideces y lentitud en la respuesta administrativa. La Ley 39/2015 favorece la centralización sobre la desconcentración, ya que considera que una administración más centralizada es más eficaz.

Dentro del Título Preliminar de la Ley 39/2015 se aborda el ámbito subjetivo de la Ley. ¿Cómo afecta la inclusión de todos los sujetos comprendidos en el Sector Público bajo la Ley 39/2015 a la armonización de los procedimientos administrativos, y qué excepciones se contemplan para respetar la autonomía de ciertos entes?. La inclusión de todos los sujetos del Sector Público bajo la Ley 39/2015 permite una armonización de los procedimientos administrativos, aunque se contemplan excepciones para las Corporaciones de Derecho Público, que pueden seguir su normativa específica en determinadas funciones, aplicando la Ley de manera supletoria. La Ley 39/2015 no afecta a la armonización de procedimientos administrativos, ya que cada sujeto del Sector Público mantiene su propio marco normativo. La armonización es total y no se contemplan excepciones bajo la Ley 39/2015, lo que puede limitar la autonomía de ciertos entes públicos. La Ley 39/2015 solo se aplica a los sujetos del Sector Público que no tienen normativa propia, dejando fuera a los que sí la tienen.

La Ley 39/2015, al referirse al ejercicio de la potestad de autotutela, menciona su impacto en la esfera jurídica de los interesados. Considerando este aspecto, ¿qué garantías establece la Ley para proteger los derechos de los administrados frente a posibles excesos en el ejercicio de la autotutela por parte de las Administraciones Públicas?. La Ley 39/2015 establece garantías como el derecho a recurrir ante los tribunales y la obligación de motivar los actos administrativos que afecten a derechos de los administrados, lo que previene posibles excesos en el ejercicio de la autotutela por parte de las Administraciones. La Ley 39/2015 confía en la autorregulación de las Administraciones Públicas, sin establecer garantías adicionales para los administrados. Las garantías se limitan a la revisión interna dentro de la propia Administración, sin acceso a recursos externos. La Ley 39/2015 evita la autotutela en casos que puedan afectar a derechos fundamentales, lo que elimina la necesidad de garantías adicionales.

En la Ley 39/2015, se subraya la importancia de la normativa presupuestaria en las actuaciones de las Administraciones Públicas. ¿Cómo se relaciona esta normativa presupuestaria con las disposiciones de la Ley 39/2015, y qué papel desempeña en la planificación y ejecución de los actos administrativos?. La Ley 39/2015 no tiene relación directa con la normativa presupuestaria, que opera de manera completamente independiente. La normativa presupuestaria se integra de manera esencial en las disposiciones de la Ley 39/2015, asegurando que toda planificación y ejecución de actos administrativos se realice dentro de los límites financieros establecidos, lo que refuerza la sostenibilidad y responsabilidad en la gestión pública. La normativa presupuestaria solo se aplica en la fase de ejecución de los actos administrativos, sin influir en la planificación según la Ley 39/2015. La Ley 39/2015 permite a las Administraciones Públicas superar los límites presupuestarios en casos de emergencia o necesidad pública, relegando la normativa presupuestaria a un segundo plano.

¿Qué elemento no es un principio que debe seguir la Administración Pública según el Art. 103 de la Constitución?. Eficacia. Centralización. Descentralización. Jerarquía.

¿Qué artículo de la Constitución dispone sobre la actuación de la Administración Pública?. Art. 104. Art. 100. Art.103. Art. 110.