O JUDICIAL

La ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia es la ley. 18/2011 de 5 de julio. 18/2012 de 15 de julio. 18/2011 de 15 de julio. 18/1012 de 5 de julio.

El art. 4 de dicha ley recoge los derechos de los ciudadanos en relación con la utilización de medios electrónicos en la actividad judicial. Unos de los siguientes es falso y no aparece en dicho artículo. Elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren disponibles, el canal a través del cual relacionarse por medios electrónicos con la Administración de Justicia. igualdad en el acceso electrónico a los servicios de la Administración de Justicia. conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los que no sean parte procesal legítima, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en las leyes procesales. obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los que tengan la condición de parte o acrediten interés legítimo, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en las leyes procesales.

Siguiendo con el art. 4, dicho artículo recoge sólo uno de los siguientes derechos. A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los que no se tenga la condición de parte o acredite interés legítimo, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en las leyes procesales. A la conservación en formato electrónico por la Administración de Justicia de los documentos electrónicos que formen parte de un expediente conforme a la normativa vigente en materia de archivos judiciales. A no utilizar los sistemas de identificación y firma electrónica del documento nacional de identidad o cualquier otro reconocido para cualquier trámite electrónico con la Administración de Justicia en los términos establecidos por las leyes procesales. A la capacidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos.

La dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a cada una de las Administraciones competentes en materia de justicia se denomina: (art. 9). Red judicial electrónica. Sede judicial electrónica. Expediente judicial electrónico. Administración judicial electrónica.

Los ciudadanos y profesionales del ámbito de la Justicia podrán utilizar los siguientes sistemas de firma electrónica para relacionarse con la Administración de Justicia: (art. 14). Los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, para personas físicas. Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico reconocido, admitidos por las Administraciones públicas. Otros sistemas de firma electrónica, como la utilización de claves concertadas en un registro previo como usuario, la aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que en cada caso se determinen. Todas son ciertas.

El conjunto de datos, documentos, trámites y actuaciones electrónicas, así como de grabaciones audiovisuales correspondientes a un procedimiento judicial, cualquiera que sea el tipo de información que contenga y el formato en el que se hayan generado se denomina: (art. 26). Red judicial electrónica. Sede judicial electrónica. Expediente judicial electrónico. Administración judicial electrónica.

Para que un documento electrónico tanga la consideración de documento público se requiere: (art. 27). Que incluya la fecha. Que incluya la fecha electrónica. Que incorpore la firma del Letrado de la Admón. de Justicia. Ninguna es cierta.

Una de las siguientes afirmaciones es falsa (art. 28): Las copias realizadas por las oficinas judiciales, utilizando medios electrónicos, de documentos emitidos originalmente por ellas en soporte papel tendrán la consideración de copias simples. A los documentos emitidos originalmente en soporte papel de los que se hayan efectuado copias electrónicas de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, se les dará el destino previsto en la normativa vigente en materia de archivos judiciales. Las copias realizadas en soporte papel de documentos judiciales electrónicos y firmados electrónicamente por el LAJ tendrán la consideración de copias auténticas, siempre que incluyan la impresión de un código seguro de verificación que permita contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la oficina judicial emisora. Las oficinas judiciales podrán obtener imágenes electrónicas de los documentos privados aportados por los ciudadanos, con su misma validez y eficacia, a través de procesos de digitalización que garanticen su autenticidad, integridad y la conservación del documento imagen, de lo que se dejará constancia. Esta obtención podrá hacerse de forma automatizada, mediante el correspondiente sello electrónico.

La Ley Reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia consta del siguiente número de títulos (Ley 18/11): Cuatro. Cinco. Siete. Seis.

El art. 4 de dicha Ley recoge los derechos de los ciudadanos en relación con la utilización de medios electrónicos en la actividad judicial. Uno de los siguientes es falso y no aparece en dicho artículo: Obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los que tengan la condición de parte o acrediten interés legítimo, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en las leyes procesales. Igualdad en el acceso electrónico a los servicios de la Administración de Justicia. Elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren disponibles, el canal a través del cual relacionarse por medios electrónicos con la Administración de Justicia. Conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los que no sean parte procesal legítima, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en las leyes procesales.

Los sistemas informáticos puestos al servicio de la Administración de Justicia serán de uso (art. 8 Ley 18/11): Potestativo. Obligatorio. Discrecional. Obligatorio o potestativo, según los casos.

La dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a cada una de las Administraciones competentes en materia de justicia se denomina (art. 9 Ley 18/11): Administración judicial electrónica. Expediente judicial electrónico. Red judicial electrónica. Sede judicial electrónica.

Las sedes judiciales electrónicas tendrán, al menos, uno de los siguientes contenidos (art. 9.2 Ley 18/11): Identificación de la dirección electrónica de referencia de la sede, sin que incluya el nombre del dominio que le otorgue la Administración competente. Identificación de su titular. Identificación de los canales de acceso a los servicios disponibles en la sede, sin necesidad de expresión de los teléfonos y oficinas a través de los cuales también puede accederse a los mismos. Ninguna es cierta.

Los ciudadanos y profesionales del ámbito de la Justicia podrán utilizar los siguientes sistemas de firma electrónica para relacionarse con la Administración de Justicia (art. 14): Los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, para personas físicas. Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico reconocido, admitidos por las Administraciones Públicas. Otros sistemas de firma electrónica, como la utilización de claves concertadas en un registro previo como usuario, la aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que en cada caso se determinen. Todas son ciertas.

Para que un documento electrónico tenga la consideración de documento público se requiere (art. 27): Que incluya la fecha. Que incluya la fecha electrónica. Que incorpore la firma del Letrado de la Administración de Justicia. Ninguna es cierta.

El incumplimiento del deber de uso de las tecnologías, en los términos establecidos en la Ley 18-11 de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, por un profesional de la justicia en su primera comunicación con un órgano judicial podrá ser subsanado. A estos efectos, el órgano judicial que realice el apercibimiento le concederá un plazo máximo de (273 LEC): Quince días. Diez días. Cinco días. Tres días.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, ¿cuál de los siguientes servicios no forma parte del contenido que, al menos, ha de disponer una sede judicial electrónica a disposición de los usuarios?: La carta de derechos y deberes de los profesionales ante la justicia. La carta de servicios y la carta de servicios electrónicos. Un enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos competentes. La carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia.

El punto de acceso general de la Administración de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia es creado: De forma conjunta por el Ministerio y las Comunidades Autónomas a través de un órgano colegiado. La Consejería de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia. El Ministerio de Justicia. El Consejo General del Poder Judicial para asegurar la coordinación.

Conforme al artículo 32 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación de un escrito en un registro electrónico, en un día inhábil a efectos procesales conforma a la Ley, se entenderá realizada: En la primera hora del día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. En el día de la presentación, pues el registro funciona los 365 días del año. En la primera hora del día hábil siguiente en todo caso. . En el día de la presentación, excepto que se trate de un festivo de carácter nacional.

En relación al uso de la firma electrónica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, señala la respuesta correcta: No excluye la obligación de incluir en el documento o comunicación electrónica los datos de identificación que sean necesarios de acuerdo con la legislación aplicable. Excluye la obligación de incluir en el documento o documentación electrónica los datos de identificación necesarios de acuerdo con la legislación aplicable tanto en el caso de personas físicas como de personas jurídicas, siempre que actúen como profesionales del derecho en representación de sus clientes. Excluye la obligación de incluir en el documento o comunicación electrónica los datos de identificación necesarios de acuerdo con la legislación aplicable únicamente en el caso de personas físicas. Excluye la obligación de incluir en el documento o documentación electrónica los datos de identificación necesarios de acuerdo con la legislación aplicable únicamente en el caso de personas jurídicas.

Conforme al artículo 28.5 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, para que las copias realizadas en soporte papel de documentos judiciales electrónicos, firmados electrónicamente por el Letrado de la Administración de Justicia, tengan la consideración de copias auténticas es preciso que además: Siempre incluyan su código de seguro de verificación. Vayan firmadas y selladas electrónicamente por el Magistrado de la oficina judicial emisora. Vayan firmadas electrónicamente por el sello de órgano emisor y el documento conserve su formato original. Vayan firmadas manualmente por el Letrado de la Administración de Justicia de la oficina judicial emisora.

A tenor de lo previsto en el artículo 1 de la Ley 18/11, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: La presente Ley regula la utilización de las tecnologías de la información por parte de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de Justicia. La presente Ley regula la utilización de las tecnologías de la información por parte de los profesionales en sus relaciones con la Administración de Justicia. La presente Ley regula la utilización de las tecnologías de la información en las relaciones de la Administración de Justicia con el resto de Administraciones y organismos públicos, en los términos recogidos en la LOPJ. Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

En relación a los derechos de los ciudadanos sobre la utilización de medios electrónicos en la actividad judicial, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es uno de dichos derechos, según lo previsto en el artículo 4 de la Ley 18-11?: A utilizar los sistemas de identificación y firma electrónica del documento nacional de identidad o cualquier otro reconocido para cualquier trámite electrónico con la Administración de Justicia en los términos establecidos por las leyes procesales. A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de la Administración de Justicia en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en las leyes procesales. A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos. Todas las afirmaciones anteriores son ciertas.

Indica cuál de los siguientes derechos no es uno de los reconocidos a los ciudadanos en el artículo 4 de la Ley 18-11: A elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentran disponibles, el canal a través del cual relacionarse por medios electrónicos con la administración de justicia b. A la no conservación en formato electrónico por la Administración de Justicia de los documentos electrónicos que formen parte de un expediente conforme a la normativa vigente en materia de archivos judiciales. A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de la Administración de Justicia. A elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con la Administración de Justicia siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos y, en todo caso, siempre que sean compatibles con los que dispongan los juzgados y tribunales y se respeten las garantías y requisitos previstos en el procedimiento que se trate.

En la utilización de las tecnologías de la información por la Administración de Justicia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 18/11, señala cuál de los siguientes elementos deberá asegurarse: El acceso y la autenticidad de los datos, informaciones y servicios que gestione en el ejercicio de sus funciones. La confidencialidad e integridad, de los datos, informaciones y servicios que gestione en el ejercicio de sus funciones. La disponibilidad, trazabilidad, conservación e interoperabilidad de los datos, informaciones y servicios que gestione en el ejercicio de sus funciones. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Conforme al artículo 16 del Real Decreto 1065-15 de 27 de noviembre que regula LEXNET, una vez que través de este sistema se deposita una comunicación en el buzón virtual de un usuario, dicha comunicación se encuentra accesible por un periodo de: Diez días. 20 días. 30 días. 60 días.

Conforme el artículo 18 del RD 1065/2015, por el que se regula el sistema LEXNET, cuando por exceso del volumen de los archivos adjuntos, el sistema LEXNET no permite su inclusión e impide su envío conjunto con el escrito principal, se deberá remitir en todo caso a través del sistema electrónico: El escrito principal junto con el formulario normalizado previsto. En estos casos electrónicamente no se debe presentar nada, todos los documentos se deben presentar en formato papel y enviarlos por correo postal a la oficina judicial centralizada, creada en exclusiva para la recepción de este tipo de documentación. En todo caso el escrito principal junto con el formulario normalizado y el acuse de recibo de dicho envío. El escrito principal.

¿Cómo se denomina es el conjunto de datos, documentos, trámites y actuaciones electrónicas, así como de grabaciones audiovisuales correspondientes a un procedimiento judicial, cualquiera que sea el tipo de información que contenga y el formato en el que se hayan generado? (26 ley 18/11): El expediente judicial electrónico. La red judicial electrónica. Sede judicial electrónica. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Según el artículo 30 de la Ley 18/11, señala cual será el objeto de las oficinas judiciales con funciones de registro de los medios electrónicos: La recepción y registro de escritos y documentos. Traslado de copias. Realización de actos de comunicación y expedición de resguardos electrónicos a través de medios de transmisión seguros, entre los que se incluirán los sistemas de firma y sellado de tiempo electrónicos reconocidos. Todas las respuestas anteriores son correctas.

¿Qué requisitos deberá contener el recibo consistente en un copia autenticada del escrito emitido automáticamente por los registros electrónicos? (31 18/11): Exclusivamente la fecha de presentación. Únicamente la fecha y la hora de presentación. La fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro. Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.

De conformidad a lo previsto en el artículo 32 de la Ley 18/11, los registros electrónicos permitirán la presentación de escritos, documentos y comunicaciones: Todos los días del año durante las veinticuatro horas. Todos los días hábiles del año durante las horas de atención al público. De lunes a viernes durante las veinticuatro horas. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Seleccione la afirmación correcta de entre las siguientes (26): Al ser el expediente electrónico, no es preciso que el interesado incorpore ningún índice electrónico, los documentos se ordenan por su fecha de creación. El foliado de los expedientes judiciales electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico firmado por la oficina judicial actuante, según proceda. El foliado de los expedientes judiciales electrónicos se llevará a cabo insertando la paginación electrónica secuencial de los documentos que lo componen por la oficina judicial actuante. El foliado de los expedientes judiciales electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico que no es preciso se firme al integrarse en el expediente como un documento más.

En relación al expediente judicial electrónico, señala cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta (26): Se asignará un número de identificación general a aquellos documentos que puedan generar un nuevo procedimiento, que será único e inalterable a lo largo de todo el proceso, permitiendo su identificación unívoca por cualquier órgano del ámbito judicial en un entorno de intercambio de datos. La remisión de expedientes no se sustituirá a todos los efectos legales por la puesta a disposición del expediente judicial electrónico, teniendo derecho a obtener copia electrónica del mismo todos aquellos que lo tengan conforme a lo dispuesto en las normas procesales. Tratándose de un expediente electrónico, no es preciso que el interesado incorpore ningún índice electrónico, los documentos se ordenan por su fecha de creación d.- todas las afirmaciones anteriores son correctas. Todas las respuestas anteriores son correctas.

¿Cuál es el Real Decreto que regula las comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET?: 1065/2015, de 27 de noviembre. 1065/2011 de 13 de diciembre. 2065/ 2014 de 27 de octubre. 18/11 de 23 de octubre.

el Real Decreto que regula las comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET, sus disposiciones serán de aplicación: A todos los integrantes de los órganos y oficinas judiciales y fiscales. A todos los profesionales que actúan en el ámbito de la Administración de Justicia. A las relaciones entre los órganos y oficinas judiciales y fiscales y los órganos técnicos que les auxilian y el resto de Administraciones y organismos públicos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Todas las respuestas anteriores son correctas.