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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: PROCEDIMIENTO_ADMINISTRATIVO

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Título del Test: PROCEDIMIENTO_ADMINISTRATIVO Descripción: PREGUNTAS ANTIGUAS Autor: ANITATU OTROS TESTS DEL AUTOR Fecha de Creación: 29/10/2024 Categoría: Personal Número Preguntas: 266

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Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone que, si una lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional procederá la indemnización de los daños producidos en el plazo: a) 5 años anteriores a la fecha de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma. b) 10 años anteriores a la fecha de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma. c) 2 años anteriores a la fecha de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma. d) 1 año anterior a la fecha de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma. ¿Cuál es el plazo de prescripción de las sanciones impuestas por la comisión de faltas leves? a) 2 años. b) 3 años. c) 6 meses. d) 1 año. De conformidad con lo establecido en el procedimiento administrativo común, siguiendo el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los informes deberán ser emitidos en el plazo de: a) 5 días. b) 10 días. c) 15 días. d) 1 mes. Según el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos tendrán una validez determinada máxima, a contar desde la fecha de inscripción, de: a) 3 años. b) 5 años. c) 7 años. d) 10 años. Según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano administrativo podrá conceder un plazo para aportar o subsanar la falta o insuficiente acreditación de la representación teniendo por realizado el acto de que se trate. Dicho plazo, por regla general, es de: a) 5 días. b) 7 días. c) 10 días. d) 15 días. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el procedimiento de exigencias de responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal a su servicio las Administraciones Públicas se instruirá el correspondiente procedimiento que contendrá, para la práctica de pruebas admitidas, un plazo de: a) 15 días. b) 3 días. c) 4 meses. d) 2 meses. Según el artículo 36 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el procedimiento de exigencias de responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio las Administraciones Públicas se instruirá el correspondiente procedimiento que contendrá, para la formulación de la propuesta de resolución, un plazo de: a) 5 días a contar desde la finalización del plazo para presentar alegaciones. b) 10 días a contar desde la finalización del plazo para presentar alegaciones. c) 5 días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. d) 20 días. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que, si la solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo no reúne los requisitos necesarios para la continuidad del procedimiento, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, otorgándole un plazo de: a) 1 mes. b) 15 días. c) 10 días. d) 5 días. De conformidad con el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el procedimiento de revisión de oficio se hubiera iniciado por parte de la Administración Pública, se producirá la caducidad si desde el inicio del mismo no se ha dictado resolución en el plazo de: a) 1 año. b) 3 meses. c) 1 mes. d) 6 meses. Sin perjuicio de los demás reconocidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es un derecho de los interesados en el procedimiento: a) A ser notificado de la identidad del instructor y del titular del órgano competente para resolver, una vez iniciado el procedimiento de oficio o a instancia de los propios interesados. b) A no presentar datos y documentos exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate. c) A obtener copia de los documentos contenidos en el procedimiento. d) A aportar documentos una vez emitida la propuesta de resolución por el órgano instructor. El procedimiento de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se inicia: a) Solo de oficio. b) Solo a instancia de los particulares. c) De oficio o a instancia de los particulares. d) A instancia de os particulares, si bien se prqvén ciertos tasos de inicio de oficio. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la solicitud de inicio de un procedimiento de reclamación patrimonial, el derecho a reclamar respecto del hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo, prescribirá: a) A los tres meses. b) A los seis meses. c) Al año. d) A los cuatro años. En todo caso, el derecho a reclamar prescribe: a) Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización. b) A los dos años de manifestarse el efecto lesivo del daño. c) Si se trata de daños de carácter fisico o psíquico a las personas, a los tres años computados desde la curación o de la determinación del alcance de las secuelas. d) A los tres años de manifestarse el efecto lesivo. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 39/2015, todos los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas tienen derecho a: a) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. b) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos. c) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate. De conformidad con el artículo 3 del Decreto que regula la utilización de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, ésta debe garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios electrónicos, de acuerdo con la normativa básica estatal, a través de los siguientes canales de acceso: a) Acceso electrónico, atención presencial y atención telefónica. b) Acceso electrónico y atención presencial. c) Acceso electrónico. d) Acceso electrónico y asistencia informática. La nulidad de los actos que no sean preparatorios: a) Solo afectará a estos y sus consecuencias. b) Afecta a toda la licitación. c) Afecta a los actos de adjudicación. d) Afecta en la formalización del contrato. Podrá Interponer recurso de alzada: a) Ante el órgano que instruyó el acto que se impugna o ante el órgano que lo dictó. b) Únicamente ante el órgano que dictó el acto que se impugna. c) Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. d) Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Señalar la palabra que falta en la siguiente frase: “Según la disposición adicional 4ª de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas deberán mantener permanentemente actualizado en la correspondiente sede electrónica un ………………... geográfico que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio”: a) Mapa. b) Organigrama. c) Directorio. d) Archivo. ¿En qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas viene regulado la capacidad de obrar? a) Artículo 2. b) Artículo 3. c) Artículo 4. d) artículo 13. Una norma que imponga una nueva pena más leve para un delito: a) No se aplica retroactivamente b) Puede aplicarse retroactivamente c) Tiene que ser reglamentaria d) Atenta contra el principio de legalidad penal si se aplica retroactivamente. El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento, se conoce en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, como: a) Automatización. b) Digitalización. c) Fotocopiado. d) Autenticación. De acuerdo con el artículo 116 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿cuáles de las siguientes no es una causa válida para la inadmisión a trámite de un recurso administrativo interpuesto? a) Ser incompetente el órgano ante el que se recurra, cuando el competente pertenece a la misma Administración Pública. b) Carecer de legitimación el recurrente. c) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. d) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento. Según el artículo 67.1 de la ley Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo para ejercitar la acción de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo, es de: a) Tres meses. b) Seis meses. c) Un año. d) Cinco años. El periodo de validez de los certificados electrónicos será adecuado a las características y tecnología empleada para generar los datos de creación de firma. En el caso de los certificados reconocidos, este periodo no podrá ser superior a: a) Dos años. b) Tres años. c) Cuatro años. d) Cinco años. Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término. b) Con el representante o el interesado que de manera tácita lo hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término. c) Con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, siempre, con el que figure en último término. d) Con el representante o el interesado que mediante la correspondiente convocatoria lo hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure. En relación con el recurso potestativo de reposición: a) El plazo para interponerlo será de un mes, si el acto fuera expreso b) Todas las respuestas son ciertas c) No se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto d) Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponene de nuevo dicho recurso. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Cualquiera que sea el estado del procedimiento. b) Cuando el procedimiento esté en la fase de instrucción. c) Siempre que la Administración así lo acuerde. d) Cuando el procedimiento esté en la fase de prueba. Los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo de: a) Ocho meses. b) Seis meses. c) Diez meses. d) Cuatro meses. Cuando se produzca una responsabilidad concurrente de varias Administraciones públicas en la producción de un daño, dichas Administraciones responderán: a) Proporcionalmente según el daño producido b) De forma mancomunada c) Sólo responderá la Administración que tenga más culpa d) De forma solidaria. En los casos en que se actúe por representación en un procedimiento administrativo a) Se presumirá la representación b) Deberá asumir la representación un abogado c) La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia d) Deberá asumir la representación del interesado un abogado acompañado de procurador. Siguiendo lo establecido en el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando un informe deba ser emitido por una Administración Pública distinta a la que tramita el procedimiento administrativo, y transcurra el plazo sin que el informe hubiera sidoemitido: a) Se podrán proseguir las actuaciones. b) Deberá esperarse a la emisión del informe solicitado durante el plazo de 1 mes. c) Deberá solicitarse el parecer de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma. d) Deberá reiterarse hasta tres veces en el plazo de los dos meses siguientes. En los procedimientos iniciados de oficio, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado, en el caso que se pudiera derivar el reconocimiento, o en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados podrán entender sus pretensiones: a) Estimadas por silencio administrativo. b) Desestimadas por silencio administrativo. c) Estimadas por inacción administrativa. d) Desestimadas por caducidad. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos: a) Sí, siempre b) No, nunca c) Sí, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas d) Dos de las anteriores son ciertas. Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Pública deberán respetar en su actuación y relaciones, entre otros, los siguientes principios generales: a) Responsabilidad por la gestión pública. Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas b) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. c) Proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen d) Dos de las anteriores son ciertas. . Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberá acreditarse la representación, entre otros, para: a) Formular solicitudes. b) Desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona. c) Presentación documentación necesaria. d) Dos de las anteriores son ciertas. . De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que: a) Solo acredite su viabilidad. b) Permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento c) Solo permita acreditar la oficialidad de su solicitud d) Dos de las anteriores son correctas. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella: a) En cualquier momento. b) Nunca. c) Hasta los cinco días hábiles después de presentar la solicitud. d) Dos de las anteriores son correctas. Según el articulo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, uno de los siguientes NO es un derecho legalmente reconocido a los ciudadanos, de entre lo que han de marcar las relaciones entre estos y las Administraciones públicas y sus empleados: a) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios. b) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio. c) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a las actuaciones que se propongan realizar. d) El acceso a los registros y archivos de las Administraciones Públicas en los términos previstos reglamentariamente. Indique la respuesta correcta en relación con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán: a) Siempre con el interesado que figure en primer lugar de la relación. b) No se puede actuar con representante, por tanto, con que se señale. c) Con el interesado que la Administración Pública estime más seguro. d) El representante o el interesado que expresamente se haya señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término. Las Administraciones Públicas podrán rectificar de oficio o instancia del interesado los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos (artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas): a) Hasta seis meses después de dictarse el acto. b) Nunca. c) Hasta un año después de dictarse el acto. d) En cualquier momento. . ¿En qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se recogen los derechos del interesado en el procedimiento administrativo?: a) En el artículo 13. b) En el artículo 24. c) En el artículo 53. d) En el artículo 2. De acuerdo con el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso extraordinario de revisión se interpondrá: a) En el plazo de 3 meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, salvo que, al dictar el acto recurrido, se hubiera incurrido en error de hecho, en cuyo caso el plazo es de 4 años desde la fecha de la notificación de la resolución impugnada. b) En el plazo de 4 meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, salvo que, al dictar el acto recurrido, se hubiera incurrido en error de hecho, en cuyo caso el plazo es de 3 años desde la notificación de la resolución impugnada. c) En general, en el plazo de 3 meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, salvo que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho u otra conducta punible, en cuyo caso el plazo es de 4 años desde la fecha en que la sentencia judicial quedó firme. d) En el plazo de 4 años siguientes a la notificación de la resolución impugnada, salvo error de hecho, en cuyo caso el plazo será de 3 meses tras la declaración de nulidad del expediente administrativo. Las solicitudes de inicio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial en el supuesto de daños psíquicos, sólo podrán presentarse … a) Transcurrido un año contado a partir del día en que se produce el daño o el acto que motive la indemnización. b) Transcurridos seis meses contados a partir del día en que se produce el daño o el acto que motive la indemnización. c) No se puede exigir responsabilidad por los daños psíquicos. Sólo se puede reclamar por lesiones de carácter fisco d) En el plazo de un afio que empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Señala la respuesta falsa. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: a) En el registro electrónico de la Administración u Organisrno al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucjonal. b) En las oficinas de Correos, en la forma establecida en la Ley 39/2015 de 1 de octubre. c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. d) En las oficinas de asistencia en materia de registros. En relación a la figura de la delegación de firma, es cierto que: a) La delegación de firma altera la competencia del órgano delegante. b) Para su validez es necesaria su publicación. c) Solo puede delegarse la firma en materias que se ostenten por atribución. d) En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar la autoridad de procedencia. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación al régimen de aplicación respecto de la obligación de resolver los procedimientos iniciados a solicitud del interesado cuando se haya producido silencio administrativo: a) En los casos desestimatorios la resolución expresa posterior confirmará ese sentido del silencio. b) En los casos estimatorios la resolución expresa posterior se adoptará por la Administración sin vinculación al sentido del silencio. c) En los casos estimatorios y desestimatorios la resolución expresa posterior que se dicte siempre será estimatoria. d) En los casos desestimatorios la resolución expresa posterior se adoptará por la Administración sin vinculación al sentido del silencio. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto de la falta de resolución expresa al vencimiento de los plazos en los procedimientos iniciados de oficio: a) Producido el silencio administrativo se exime a la Administración competente del cumplimiento de la obligación de resolver. para resolver el procedimiento administrativo no ha dictado la correspondiente resolución. b) En aquellos procedimientos de los que pueda derivarse el reconocimiento, o en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados podrán entender estimadas sus pretensiones por silencio administrativo. c) En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, no se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución. d) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. Conforme al artículo 24.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el certificado acreditativo del silencio administrativo producido se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de: a) Diez días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. b) Quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. c) Treinta días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. d) En ningún caso la Administración acreditará de oficio el silencio administrativo. De forma general, las relaciones de las personas físias con las Administnciones Públicas: a) Podrán elegir si se relacionan o no a través de medios electrónicos b) Están obligadas a comunicarse a través del Punto de Acceso General Electrónico de la Administración c) Están obligadas a comunicarse a través de medios electrónicos d) Están obligadas a comunicarse a través de medios no electrónicos. En general las personas físicas en sus relaciones con las Administraciónes públicas: a) Están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos b) Están obligadas a relacionarse a través de medios no electrónicos c) Podrán elegir si se relacionan a través de medios electrónicos o no. d) Están obligadas a comunicarse a través del Punto General Electrónico de la Administración. Se define como “dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano, o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias”, según el artículo 38.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público: a) Sede electrónica. b) Administración electrónica. c) Pagina web de una Administración Pública. d) Estándar abierto. De conformidad con el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que una norma expresa indique lo contrario los informes que se soliciten para incorporar a un procedimiento administrativo, con carácter general, serán: a) Facultativos y no vinculantes. b) Obligatorios y no vinculantes. c) Preceptivos y vinculantes. d) Facultativos y vinculantes. ¿Cuáles son formas de finalización de un procedimiento administrativo? a) Todas son correctas b) Resolución del órgano administrativo c) La renuncia al procedimiento d) Imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. ¿Cuál de las siguientes opciones no se considera inicio del procedimiento “de oficio”? a) Inicio como consecuencia de orden superior b) Inicio del procedimiento por denuncia c) Inicio por petición razonada formulada por cualquier órgano administrativo d) Inicio mediante escrito de interesado presentado en el registro de entrada de una Administración Pública. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las personas que promuevan un procedimiento administrativo como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos, son denominados como: a) Afectados. b) Ciudadanos. c) Administrados. d) Interesados. ¿Cuál de las siguientes no es una forma de terminación del procedimiento administrativo? a) La resolución. b) El desistimiento. c) El allanamiento. d) La caducidad. De conformidad con el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la resolución que finalice el procedimiento contendrá: a) Sólo la decisión del órgano que haya resuelto el procedimiento. b) La decisión motivada, los recursos que procedan, el órgano ante el que interponerlo y el plazo para su interposición. c) Sólo la decisión motivada y los recursos que procedan y el plazo para su interposición. d) La decisión, los recursos que procedan y el plazo del que dispone el órgano para resolver el recurso que se presente. La ley que regula el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas es: a) La Ley 30/1992 de 26 de noviembre b) La Ley 33/2003, de 3 de noviembre c) La Ley 7/1985, de 2 de abril d) La Ley 39/2015, de 1 de octubre. En virtud de lo establecido en el artículo 84.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, pondrán fin al procedimiento administrativo: a) La resolución, el desistimiento, el recurso, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad. b) La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad, así como la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. c) La resolución, el recurso, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad, así como la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. d) La resolución, el desistimiento, y la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, así como la caducidad por causas sobrevenidas. Señale cuál de las siguientes afirmaciones, respecto de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, es falsa según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) La anulación de un acto o disposición administrativa, en vía administrativa o por el orden jurisdiccional, presupone por sí misma el derecho a la indemnización. b) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas por las lesiones que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar. c) El daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas. d) La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Según el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el sector público institucional se integra, entre otros, por: a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas; y las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas. b) Las Universidades privadas. c) Las comunidades de propietarios concertadas. d) Las empresas privadas que presten servicios a la Administración. De conformidad al artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción: a) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses, desde el día en que la infracción se hubiera cometido. b) Las infracciones muy graves y las graves prescribirán a los tres años y las leves a los seis meses, desde el día en que la infracción se hubiera cometido. c) Las infracciones muy graves no prescribirán, las graves prescribirán a los dos años y las leves a los seis meses, desde el día en que la infracción se hubiera cometido. d) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año, desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los órganos administrativos, podrán delegar competencias relativas a: a) Asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado. b) La adopción de disposiciones de carácter general. c) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso. d) Las materias que no vengan determinadas por una norma con rango de Ley. Las resoluciones de los recursos de alzada, según la regulación establecida, entre otros, en los artículos 114 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Ponen fin a la vía administrativa. b) Deben notificarse a los interesados en el plazo máximo de 1 mes, tras ser dictadas. c) Las opciones a) y b) son ciertas. d) Las opciones a y b) son falsas. Señala la respuesta correcta en relación a la representación de los interesados en el procedimiento administrativo, según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, así como para los actos y gestiones de mero trámite, deberá acreditarse la representación. b) Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación. c) Únicamente para formular solicitudes deberá acreditarse la representación. d) Las tres respuestas anteriores son falsas, puesto que los actos deben ser realizados por los propios interesados, salvo que se trate de menores de edad o de personas con discapacidad. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo público tenga la naturaleza jurídica de organismo autónomo, según la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, deberá figurar en su denominación: a) Organismo autónomo. b) Su abreviatura O.A. c) Las dos anteriores son ciertas. d) Lo que acuerde su consejo rector. El recurso extraordinario de revisión solo cabe contra ... a) los actos que ponen fin a la vía administrativa. b) los actos de trámite si estos deciden sobre el fondo del asunto. c) las resoluciones de los recursos de alzada. d) los actos firmes en vía administrativa. En relación a los conflictos de atribuciones entre órganos administrativos, no es cierto que: a) El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente . b) Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al órgano que se encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente. c) Los interesados podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de inhibición al que esté conociendo del asunto. d) Los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración relacionados jerárquicamente. Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas en un procedimiento administrativo: a) Las entidades sin personalidad jurídica. b) Los notarios. c) Las personas jurídicas. d) Los empleados de las Administraciones Públicas siempre que se relacionen con éstas para cualquier tipo de trámite. En el ámbIto autonómIco y local, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por: a. Las asambleas parlamentarias mediante concenso b) Los órganos de gobierno si se trata de casos de cuantía elevada c) Una comisión especializada creada para la ocasión d) Los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades que integra la Administración Local. Indicar la opción correcta: a) Los procedimientos sólo pueden iniciarse a solicitud del interesado b) Los procedimientos se pueden iniciar de oficio o a solicitud del interesado c) Los procedimientos sólo pueden iniciarse de oficio, por la Administración d) Los procedimientos iniciados a solicitud del interesado conllevan una tramitación diferente. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante: a) La comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. b) La comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en la partida de nacimiento literal. c) Documentación que se efectuará con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término. d) Mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en esta Ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros. De conformidad al artículo 64 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora deberá contener al menos: a) Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos. b) Los hechos que motivan la instrucción del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la finalización. c) Identificación de la persona o personas responsables de interponer la sanción. d) Medidas de carácter definitivo que se hayan acordado por el órgano competente para instruir el procedimiento sancionador. Según Reglamento del sistema de sugerencias y reclamaciones en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿las sugerencias también podrán formularse llamando al Servicio de Atención Telefónica del Gobierno de Canarias (012)?: a) Si, teniendo en cuenta el procedimiento administrativo y de las administraciones públicas. b) Si, ajustándose a las normas que, a los efectos de garantizar su autenticidad y registro, se dicten. c) Dos de las anteriores son ciertas d) Ninguna de las anteriores es cierta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: a) Solo las personas físicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a normas civiles. b) Solo los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela, incluidos los menores incapacitados. c) Solo las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles d) Ninguna de las anteriores es cierta. Si durante la instrucción de un procedimiento que no ha tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) La tramitación del procedimiento. b) Sus derechos e intereses legítimos en el procedimiento. c) La publicación del procedimiento. d) Ninguna de las anteriores es cierta. La falta o insuficiente acreditación de la representación, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas, no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate: a) Siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de veinte días naturales que deberá conceder al efecto el órgano administrativo receptor, o de un plazo inferior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. b) Siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de cinco días hábiles que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo igual o superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. c) Siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de siete días hábiles que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. d) Ninguna de las anteriores es cierta . Según el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, contra el acuerdo de avocación: a) No cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento. b) Cabrá recurso. c) Cabrá recurso, si así lo decide el interesado. d) Ninguna de las anteriores es cierta. ¿Qué norma rige la creación, modificación y supresión de organismos autónomos y entidades públicas empresariales de la Comunidad Autónoma de Canarias? a) Se rige por la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, además de la Ley 1/1983 del Gobierno de Canarias y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Decreto 212/1991 de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias b) Hasta tanto se proceda a actualizar su normativa reguladora, la creación, modificación y supresión de organismos autónomos y entidades públicas empresariales, así como su régimen jurídico en lo no previsto en la Ley 6/2006 de Patrimonio de Canarias y en la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se regirá por lo dispuesto en la normativa estatal, esto es, la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico de Sector Público. c) Todas las anteriores son ciertas. d) Ninguna de las anteriores es cierta. En la Ley 39/1995, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen derecho a comunicarse con la Administración Pública a través de: a) Obligatoriamente mediante la presencia física en las oficinas. b) Un Punto de Acceso General electrónico c) Obligatoriamente a través de burofax. d) Ninguna de las anteriores es cierta. La Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone, en relación con los procedimientos de naturaleza sancionadora que: a) El acuerdo de iniciación se publicará en el boletín oficial correspondiente, con traslado de cuantas actuaciones existan al órgano que dicte la resolución, y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado b) El acuerdo de iniciación se comunicará solo al inculpado. c) El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado. d) Ninguna de las anteriores es cierta. Los procedimientos de naturaleza sancionadora, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se iniciarán por acuerdo: a) De las partes interesadas y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. b) Del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. c) Exclusivamente, del órgano que se encargue de dictar la resolución. d) Ninguna de las anteriores es cierta. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los órganos colegiados tendrán: a) Un secretario que podrá ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente. b) Dos secretarios que podrán ser miembros del propio órgano. c) Un secretario que no podrá ser miembro del propio órgano. d) Ninguna de las anteriores es correcta. De acuerdo al artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos: a) Para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. b) Sí, siempre c) No, puede reglamentar esta obligación d) Ninguna de las anteriores es correcta. De acuerdo con el art. 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación por medios electrónicos en un procedimiento administrativo sea de carácter obligatorio: a) Se entenderá practicada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. b) Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. c)Se entenderá practicada en algunos casos cuando se haya puesto a disposición del interesado el contenido de la notificación a través de una dirección de correo electrónico facilitada por el mismo. d) Ninguna de las anteriores es correcta. Según el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en lo relativo a la caducidad: a) La caducidad producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración y los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción. b) La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración y los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción. c) La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. d) Ninguna de las anteriores es correcta. Según el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: a) El grado de culpabilidad o la inexistencia de intencionalidad. b) La no continuidad o no persistencia en la conducta infractora. c) Cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley. d) Ninguna de las anteriores es correcta. De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse .… a) En un plazo máximo de 15 días a partir del día siguiente de la notificación del correspondiente acto, salvo, que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. b) En un plazo de 20 días a partir del día siguiente de la notificación. c) En un plazo de 1 O días a partir del día siguiente de la notificación del correspondiente acto en todos los casos. d) Ninguna de las anteriores es correcta. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas: a) No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. b) Suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan. c) No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden contencioso-administrativo sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. d) Ninguna de las anteriores respuestas es verdadera. Los procedimientos de naturaleza sancionadora, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se iniciarán por acuerdo de: a) Las partes interesadas y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. b) Del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. c) Del órgano que se encargue de dictar la resolución correspondiente, y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos superiores. d) Ninguna de las anteriores son ciertas. Según el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por: a) El órgano delegante. b) El delegado del Gobierno de España en la Comunidad Autónoma. c) El órgano competencial correspondiente. d) Ninguna de las anteriores son ciertas. Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de: a) Medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados. b) Solo medios cualificados propios, que aseguren o no la interoperabilidad. c) Solo medios apropiados que aseguren la interoperabilidad. d) Ninguna de las anteriores son ciertas. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados, las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración: a) A través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen. b) A través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición la documentación necesaria en los tablones de anuncio de cada una de sus oficinas. c) A través de medios solo físicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen. d) Ninguna de las anteriores son ciertas. La Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con los procedimientos sancionadores, dispone que, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento, la citada calificación podrá realizarse en una fase posterior: a) Siempre, mediante la elaboración de un Pliego de cargos, que deberá ser notificado a los interesados. b) Excepcionalmente, mediante la elaboración de un Pliego de cargos, que deberá ser notificado a los interesados. c) Dos de las anteriores son ciertas. d) Ninguna de las anteriores son ciertas. ¿Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para los actos y gestiones de mero trámite, deberá acreditarse la representación?: a) Sí. b) No, se presume. c) Sí, pero no hace falta que sea mediante poder notarial. d) Ninguna de las anteriores. Según el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando: a) Se realice mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con posterioridad a la resolución final que se dicte. b) Circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. c) Siempre que se publique en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de éste. d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Las personas físicas no podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos. b) Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos. c) Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta. A tenor del artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondiente siempre que la lesión sea consecuencia: a) Del funcionamiento anormal de los servicios públicos en todo caso. b) Del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. c) Del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, en cualquier caso. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Según el artículo 63.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán: a) Siempre a petición de la autoridad judicial. b) Siempre a petición de parte. c) Siempre de oficio por acuerdo del órgano competente. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Salvo determinación expresa en contrario, la competencia para declarar la nulidad o la lesividad: a) No se podrá delegar. b) Se entenderá delegada conjuntamente con la competencia para contratar. c) Se podrá delegar si así se establece en los pliegos de las cláusulas administrativas particulares. d) Ninguna es correcta. Señala la respuesta falsa. Respecto de la responsabilidad patrimonial: a) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos. b) La lesión debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. c) No cabe responsabilidad patrimonial en los casos de caso fortuito. d) No cabe responsabilidad patrimonial en daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. Según el artículo 113 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra los actos firmes en vía administrativa: a) Solo procederá el recurso de alzada concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1 de dicha Ley. b) Solo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1 de dicha Ley. c) Cabrá cualquier tipo de recurso en vía administrativa. d) No cabrá recurso alguno. De acuerdo con el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra las disposiciones administrativas de carácter general: a) Cabrá recurso de alzada. b) Cabrá recurso extraordinario de revisión. c) No cabrá recurso en vía alguna. d) No cabrá recurso en vía administrativa. El acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora según el artículo 64.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberá contener al menos, entre otras: a) Identificación de la persona que denuncia. b) Identificación de la persona que va a resolver el procedimiento. c) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables. d) No es necesario identificar a nadie según el artículo 64. ¿Cuáles son las fases del procedimiento administrativo? a) Iniciación, ordenación, instrucción y finalización b) Iniciación, instrucción, fase probatoria y finalización c) Iniciación y finalización d) No hay fases diferenciadas en et procedimiento administrativo. Contra los actos firmes en vía administrativa: a) Podrá interponerse recurso de reposición. b) Podrá interponerse recurso de alzada. c) Podrá interponerse recurso de revisión. d) No podrá lnterponerse recurso administrativo alguno. De acuerdo con el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el derecho de los interesados a reclamar por responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas prescribirá … a) A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. b) Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. c) Al mes de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. d) No prescribe. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial iniciados por un interesado, de acuerdo a lo contenido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo de prescripción del derecho a reclamar es de: a) Seis meses. b) Un año. c) Dos años. d) No prescribe. Según el artículo 90 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que trata sobre las especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores, la resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando: a) No quepa contra ella ningún recurso extraordinario en vía administrativa. b) No quepa contra ella ningún recurso extraordinario en vía judicial. c) No quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa. d) No quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía judicial. Según el artículo 87 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en caso de que el órgano competente para resolver decida la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento, el plazo para resolver el procedimiento: a) Quedará suspendido durante un plazo no superior a quince días. b) Quedará suspendido durante un plazo no superior a treinta días. c) Quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias. d) No se suspenderá. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento administrativo a) Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho b) Sólo podrán acreditarse documentalmente c) Podrán acreditarse exclusivamente mediante prueba testimonial o pericial d) No será necesaria su acreditación nunca. A tenor del artículo 115.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el error o la ausencia de la calificación de un recurso administrativo por parte del recurrente: a) Abrirá un plazo de quince días para que el interesado subsane el error en la calificación. b) No será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. c) No será obstáculo para su tramitación, en ningún caso. d) No será obstáculo para su tramitación, siempre que el interesado esté debidamente identificado. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente: a) Supone una causa de inadmisión del recurso. b) Implica la suspensión del plazo. c) No será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. d) No tiene efectos. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para resolver, éste sera: a) Un mes b) Tres meses. c) Dos meses. d) Nunca superior a seis meses. Las Administraciones Públicas podrán declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo (artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas): a) Hasta dos meses después de poner fin a la vía administrativa. b) En cualquier momento. c) Hasta un año después de poner fin a la vía administrativa. d) Nunca. 2. Según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en caso de representación de otras personas ante las Administraciones Públicas, NO es necesario acreditar la representación: a) Para actos de mero trámite. b) Para formular solicitudes. c) Para interponer recursos. d) Para renunciar a derechos en nombre de otra persona. De conformidad con el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de: a) Eficacia y economía procedimental. b) Eficiencia y proximidad a los ciudadanos. c) Transparencia y publicidad. d) Planificación y responsabilidad. Siguiendo el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa la declaración de lesividad para el interés público, las Administraciones Públicas: a) Podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a los dispuesto en el artículo 48. b) Podrán impugnar ante el superior jerárquico los actos desfavorables para los interesados que sean anulables conforme a los dispuesto en el artículo 48. c) Podrán impugnar ante el orden jurisdiccional civil los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a los dispuesto en el artículo 47. d) Podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean nulos de pleno derecho conforme a los dispuesto en el artículo 47. Señale cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta siguiendo el artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando se regula que los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente: a) Por propia iniciativa. b) Como consecuencia de orden superior. c) Por renuncia. d) Por denuncia. Establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que los actos administrativos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, se producirán: a) Verbalmente. b) Por escrito a través de medios electrónicos o no electrónicos. c) Por escrito a través de medios electrónicos. d) Por escrito a través de medios no electrónicos. Según la ley 39/2015, de 1 de octubre, del ProcedImIento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el derecho a reclamar una Indemnización patrimonial, salvo en los casos de carácter físico o psíquico a las personas: a) No prescribe. b) Prescribe a los seis meses de producido el hecho o acta que motive la indemnización. c) Prescribe a los tres meses de producido el hecho o acta que motive la indemnización. d) Prescribe al año de producido el hecho o acta que motive la indemnización. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, entre los principios de la potestad sancionada, se encuentra: a) Principio de solidaridad. b) Principio de seguridad. c) Principio de tipicidad. d) Principio de ilegalidad. ¿Cuáles son los medios administrativo? a) Prueba testifical b) Todas son válidas c) Prueba documental d) Prueba pericial de prueba admitidos en la instrucción de un procedimiento. El recurso extraordinario de revisión a) Es un recurso en vía judicial b) Es un recurso que puede interponerse contra actos firmes en vía administrativa por las circunstancias previstas en el artículo 125 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre c) Son correctas b) y d) d) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, que evidencien el error de la resolución recurrida, es un motivo para interponerlo. Según el artículo 17.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos: a) que correspondan a procedimientos finalizados. b) que correspondan a procedimientos finalizados, incluyendo los documentos en soporte papel. c) que correspondan a procedimientos abiertos o finalizados. d) que correspondan a procedimientos abiertos o finalizados, incluyendo los documentos en soporte papel. Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique cual de los siguientes NO se considera interesado en el procedimiento administrativo: a) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. b) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución aunque no se hayan personado en el procedimiento. c) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. d) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, uno de los principios de acuerdo con los que actúa la Administración Pública es el de economía, suficiencia y: a) Eficiencia. b) Eficacia de los objetivos fijados. c) Adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. d) Racionalización. Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, uno de los principios de acuerdo con los que actúa la Administración Pública es el de simplicidad, claridad y: a) Economía. b) Eficacia. c) Proximidad a los ciudadanos. d) Racionalización. De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contra las resoluciones y actos de trámites, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrá interponerse por los interesados: a) Recurso de alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión. b) Recurso de alzada y extraordinario de revisión. c) Recurso extraordinario de revisión. d) Recurso de alzada y potestativo de reposición. Contra un acto firme en vía administrativa, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que al dictarlo se hubiera incurrido en un error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, podrá interponerse: a) Recurso potestativo de reposición. b) Recurso extraordinario de revisión. c) Recurso de alzada. d) Recurso de suplicación. Contra una resolución o acto que NO ponga fin a la vía administrativa, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas podrá interponerse: a) Recurso potestativo de reposición. b) Recurso de revisión. c) Recurso de alzada. d) Recurso de suplicación. Contra una resolución o acto que ponga fin a la vía administrativa, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse: a) Recurso potestativo de reposición. b) Recurso de revisión. c) Recurso de alzada. d) Recurso de suplicación. Siguiendo lo establecido en el artículo 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas requerirán a los interesados el uso obligatorio de firmas para determinados actos. Indique cuál de los siguientes no viene recogido en este artículo: a) Interponer recursos. b) Recibir notificaciones. c) Desistir de acciones. d) Renunciar a derechos. Según el artículo 64.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿el acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora a quién se comunicará y a quién se notificará? a) Se comunicará al órgano encargado de resolver el procedimiento, con traslado de la documentación generada hasta ese momento, y se notificará a los interesados, con excepción, en su caso del inculpado. b) Se comunicará al órgano encargado de resolver el procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado. c) Se comunicará al instructor del procedimiento, con traslado de la documentación generada hasta ese momento, y se notificará a los interesados, con excepción, en su caso, del inculpado. d) Se comunicará al instructor del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado. En la fase de finalización del procedimiento administrativo a) Se lleva a cabo la práctica de las pruebas b) Se dicta resolución por el órgano administrativo correspondiente c) Se propone la iniciación del procedimiento administrativo d) Se da audiencia al interesado. De acuerdo con el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas y transcurriera el plazo sin que aquel se hubiera emitido. a) Se le concederá un nuevo plazo de 15 días hábiles a contar desde la recepción de la notificación. b) Se interrumpen las actuaciones. c) Se podrán proseguir las actuaciones. d) Se le concederá un nuevo y último plazo de I O días naturales a contar desde la recepción de la notiticación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las disposiciones de creación de los registros electrónicos: a) Se publicarán en el diario oficial correspondiente. b) Se publicarán siempre en el Boletín Oficial del Estado. c) Serán objeto de publicación de forma potestativa. d) Se publicarán siempre en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. En el procedimiento de responsabilidad patrimonial: a) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, solamente si la lesión es consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos. b) La anulación en via administrativa o por el orden jurisdiccIonal contencioso administrativo de Ios actos o disposiciones administraüvas presupone por si misma derecho a la indemnización c) Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que este no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. d) Serán indemnizables los daños que se deriven de los hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente en el momento de producción de aquello. Las Asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales: a) Únicamente pueden actuar como representantes en el procedimiento administrativo común. b) En todo caso serán titulares de intereses legítimos colectivos. c) En ningún caso serán titulares de intereses legítimos colectivos. d) Serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca. . En relación a la llamada competencia de los órganos administrativos: a) La competencia es renunciable por los órganos que la tengan atribuida. b) La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos no podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquellos. c) La encomienda de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen la alteración de la titularidad de la competencia. d) Si alguna disposición atribuye competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos superiores competentes por razón de la materia y del territorio. ¿Cuál es el plazo para la interposición del recurso de alzada? a) Cuando el acto administrativo no fuera expreso, transcurrido un mes a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. b) Cuando el acto administrativo no fuera expreso, transcurridos tres meses a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su nonnativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo c) Si el acto fuera expreso, el plazo para la interposición será de tres meses. d) Si el acto fuera expreso,el plazo para la interposición será de un mes. Señale la afirmación correcta conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Los informes podrán ser emitidos por medios físicos o electrónicos, en el plazo de 20 días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos permita o exija otro plazo mayor o menor. b) Los informes serán preceptivos y no vinculantes, salvo disposición expresa en contrario. c) El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. d) Si el informe es preceptivo y no se emite en el plazo señalado, deben proseguirse las actuaciones necesariamente. Contra la resolución de un recurso de reposición, ¿puede interponerse un nuevo recurso de reposición? a) No cabe. b) Sí cabe. c) Sí, siempre que siga existiendo plazo. d) Sí, cuando el órgano encargado de resolver, motivadamente, lo estime procedente. ¿Cabe exigencia de responsabilidad de las autoridades y funcionarios? a) No, las Administraciones públicas responden ante los lesionados en nombre de autoridades y funcionarios. b) Sí, la Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento c) Solo a funcionarios. d) Sí, la Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido solo en los casos de negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento. Según el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados solo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando: a) Haya prescrito su derecho a reclamar. b) No haya prescrito su derecho a reclamar. c) Nunca. d) Siempre, bajo cualquier condición. Según el artículo 25.1 apartado b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados de oficio en que la Administración ejercite potestades sancionadoras, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa tendrá efectos de: a) Caducidad del procedimiento. b) Prescripción del derecho. c) Silencio administrativo estimativo. d) Silencio administrativo desestimativo. Según el artículo 14 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los conflictos de atribuciones: a) Podrán suscitarse entre órganos de distintas Administraciones. b) Podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración y entre órganos de distintas Administraciones. c) Podrán suscitarse respecto a asuntos sobre los que haya finalizado el procedimiento administrativo. d) Sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente. ¿Cómo se puede acreditar la representación en un procedimiento administrativo? a) Por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna b) La representación siempre se presumirá, no es necesario acreditarla c) Mediante apoderamiento apud acta, efectuado por comparecencia personal o electrónica d) Son correctas a) y c). Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de: a) La consulta a otros registros administrativos similares, al registro mercantil, de la propiedad, y a los protocolos notariales. b) Las solicitudes de inscripción del poder, de revocación, de prórroga o de denuncia del mismo podrán dirigirse a cualquier registro, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en el registro de la Administración u Organismo ante la que tenga efectos el poder y surtiendo efectos desde la fecha en la que se produzca dicha inscripción. c) Su titulación, según corresponda, que consten en el documento acreditativo correspondiente. d) Su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente . El recurso extraordinario de revisión: a) Se interpone ante el órgano que dictó el acto objeto de recurso. b) Se interpone en el plazo de un mes. c) Se interpone contra disposiciones administrativas de carácter general. d) Supone la suspensión del acto recurrido de manera automática. Según el Capítulo IV del Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿en qué fase del procedimiento administrativo se encuadra la práctica de pruebas? a) Iniciación. b) Ordenación. c) Instrucción. d) Terminación. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las entidades que integran el sector público institucional están sometidas en su actuación, entre otros, a los principios de: a) Legalidad b) Eficiencia c) Estabilidad presupuestaria d) Todas las anteriores . Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se aplica al sector público que comprende: a) La Administración General del Estado. b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. c) Las Entidades que integran la Administración Local. El sector público institucional. d) Todas las anteriores son ciertas . Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando así lo hagan conveniente circunstancias: a) De índole técnica. b) Económica, social. c) Jurídica o territorial. d) Todas las anteriores son ciertas . Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tendrán capacidad de obrar: a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. d) Todas las anteriores son ciertas . La Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece, en relación con los procedimientos de naturaleza sancionadora que: a) En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento. b) La presentación de una denuncia deberá hacerse mediante escritura pública. c) Será necesario que el denunciante cese en la participación de la infracción y no haya destruido elementos de prueba relacionados con el objeto de la denuncia. d) Todas las anteriores son ciertas. El acuerdo de iniciación en los procedimientos sancionadores, deberá contener al menos, entre otros, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio, así como indicación de que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, este podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada. b) Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción. c) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables. d) Todas las anteriores son ciertas. . Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con los procedimientos sancionadores, el órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias: a) La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción; cuando los hechos no resulten acreditados. b) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa; cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o bien aparezcan exentos de responsabilidad. c) Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción. d) Todas las anteriores son ciertas. . Según la Ley 39/2015 del PAC, ¿quienes están obligados a relacionarse con las Administraciones a través de medios electrónicos? a) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma que se determine reglamentariamente por cada administración. b) Quienes representen a un interesado en el procedimiento. c) Las personas jurídicas que por razón de su capacidad económica, técnica, ámbito profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. d) Todas las anteriores son correctas. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: a) Las personas jurídicas. b) Las entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. d) Todas las anteriores son correctas. Según el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas, en el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán inicialmente válidos a efectos de firma: a) Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica. b) Sistemas de firma biométrica. c) Sistemas de claves concertadas. d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. Según el artículo 13 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué derechos tienen reconocidas las personas en sus relaciones con la Administración Pública? a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas y con entidades jurídicas privadas. c) A la financiación, obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley. d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. La indemnización de las lesiones producidas al particular se calculará: a) Con arreglo a lo establecido en la legislación de expropiación forzosa y demás normas aplicables. b) Ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. c) Con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal. d) Todas las respuestas son correctas. . En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen derecho: a) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. b) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley. c) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. d) Todas las respuestas son correctas. . De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas, entre otros, a través de los sistemas siguientes: a) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema, que las Administraciones consideren válido en los términos y condiciones que se establezca. d) Todas son correctas. ¿Quiénes son interesados en el procedimiento administrativo? a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos b) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva c) Los que sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte d) Todas son correctas. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas por razón de: a) Su capacidad económica b) Su capacidad técnica c) Dedicación profesional d) Todas son correctas. . La ejecución forzosa comprende: a) Apremio sobre el patrimonio b) Compulsión sobre las personas. c) Ejecución subsidiaria. d) Todas son correctas. El procedimiento de responsabilidad patrimonial podrá solicitarse por los interesados: a) En cualquier momento incluso si ha prescrito el derecho a reclamar. b) En cualquier momento posterior a un año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. c) En cualquier momento siempre y cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. d) Todas son incorrectas. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tienen condición de interesados en el procedimiento administrativo: a) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. b) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. c) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. d) Todos los anteriores tienen la condición de interesado. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, ¿qué días tienen la consideración de inhábiles? a) Los domingos y los declarados festivos. b) Solo los festivos. c) Los sábados, domingos y los declarados festivos. d) Todos los días son hábiles ya que se puede hacer uso de la Administración electrónica. Según el artículo 91 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es una especialidad de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial que: a) Transcurridos tres meses desde que finalizó el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es favorable a la indemnización del particular. b) Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es favorable a la indemnización del particular. c) Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. d) Transcurridos tres meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. ¿Cuál es el plazo del que dispone la Administración Pública desde que se inició el procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial para dictar resolución expresa y notificación, o formalizar el acuerdo? a) Tres meses. b) Seis meses. c) Un año. d) Tres años. De acuerdo con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el plazo para interponer el recurso potestativo de reposición frente a un acto no expreso será: a) Diez días. b) Un mes. c) En cualquier momento. d) Tres meses. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada será de: a) Quince días. b) Un mes. c) Seis meses. d) Tres meses. ¿Cuál es el plazo señalado en el articulo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre para subsanar una solicitud presentada? a) 10 días b) 15 dias c) Una semana d) Un mes. No estará obligado a relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas: a) Un funcionario en los trámites y actuaciones que realiza con las Administraciones Públicas por su condición de empleado público. b) Un empleado público que presenta alegaciones en un procedimiento sancionador que se le ha incoado por una infracción de tráfico. c) Una entidad sin personalidad jurídica. d) Un notario. En relación con la instrucción del procedimiento administrativo, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados: a) Podrán alegar defectos de tramitación en todo momento. b) Solo podrán alegar defectos de tramitación tras dictar la administración resolución expresa. c) Únicamente podrán alegar defectos de tramitación durante el trámite de audiencia. d) Únicamente podrán alegar defectos de tramitación a antes del trámite de audiencia. Cuando un acto administrativo de trámite produce un perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, los interesados podrán interponer: a) Únicamente recurso de alzada ante el órgano que dictó el acto. b) Recurso de alzada y potestativo de revisión. c) Recurso de alzada y potestativo de reposición. d) Únicamente recurso potestativo de reposición. Siguiendo el artículo 72 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas, acordar en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo, lo denomina: a) Concentración de trámites. b) Acumulación de trámites. c) Concatenación de trámites. d) Unión de trámites. Según el artículo 3 del Decreto 161/2002, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del sistema de sugerencias y reclamaciones en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias las sugerencias podrán ser formuladas ante la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias por: a) Solo se podrá acceder presencialmente. b) Se podrá acceder a través del servicio de atención telefónica 112. c) Se podrá acceder a través del Portal de Transparencia. d) Verbalmente, personándose en las Oficinas Centrales de Información, Iniciativas y Reclamaciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias formulándola ante un funcionario público, que la deberá recoger fielmente en el modelo normalizado, que será suscrito por el interesado, una vez cumplimentado a su satisfacción. Los procedimientos de naturaleza sancionadora, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se iniciarán: a) A instancia de parte. b) Siempre de oficio. c) Mediante el correspondiente procedimiento. d) Verbalmente. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido: a. 7 días naturales. b. 10 días naturales. c. 7 días hábiles. d. 10 días hábiles. Respecto al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, el plazo para realizar alegaciones será de: a. audiencia durante un plazo 5 días b. audiencia durante un plazo 10 días c. audiencia durante un plazo 15 días d. audiencia durante un plazo 20 días. A los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, no tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas a. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. b. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. c. Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. d. Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. El instructor de un procedimiento administrativo podrá decidir la apertura de un periodo extraordinario de prueba: a. Cuando no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados, por un plazo no superior a quince días. b. Cuando lo considere necesario, por un plazo no superior a quince días. c. Cuando lo considere necesario, a petición de los interesados, por un plazo no superior a diez días d. Cuando lo considere necesario, a petición de los interesados, por un plazo no superior a quince días. ¿Qué es la sede electrónica? a. El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una administración pública, organismo público o entidad de derecho público que permite el acceso a través de internet a la información publicada. b. La dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde exclusivamente a una administración pública. c. La dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad puede corresponder a una administración pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de derecho público en el ejercicio de sus competencias. d. El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda exclusivamente a una Administración Pública, que permite el acceso a través de internet a la información publicada. Según lo dispuesto en el artículo 117.5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en a. El el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la capital de provincia en la que se dictó. b. El periódico oficial en que aquél se insertó. c. En dos periódicos de mayor circulación de la provincia en la que se dictó. d. En el Boletín Oficial de Estado, exclusivamente. Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, los informes serán a .facultativos y no vinculantes siempre. b. preceptivos y vinculantes salvo disposición expresa en contrario. c. facultativos y no vinculantes salvo disposición expresa en contrario. d. facultativos y vinculantes salvo disposición expresa en contrario. Se entenderá por sede de las Consejerías: a. La ciudad en la que se fije la oficina principal de despacho del Consejero. b. La ciudad en la que resida el Consejero. c. La ciudad que fije el Consejero. d. La ciudad que fije el Parlamento de Canarias. Pondrán fin al procedimiento según el artículo 84 la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas: a. La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud cuando no esté prohibida por el ordenamiento jurídico y la declaración de caducidad. b. La resolución, el desistimiento , la renuncia al derecho en que se funde la solicitud cuando no esté prohibida por el ordenamiento jurídico y los recursos. c . La resolución, el desistimiento, la declaración de caducidad y los recursos. d. La resolución, el desistimiento, la renuncia, la declaración de caducidad y los recursos. Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo salvo a. La abstención b. La recusación c La instrucción d. Ninguna cuestión incidental suspende la tramitación de un procedimiento. Según el artículo 113 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1 a. Recurso potestativo de reposición b. Recurso de alzada c. Recurso extraordinario de revisión d. No cabe ningún recurso. Según lo dispuesto en el artículo 82.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en un plazo a. No inferior a diez días ni superior a quince b. No inferior a cinco días ni superior a quince c. No inferior a diez días ni superior a veinte d. No interior a quince días ni superior a treinta. La ley 39/2015 establece que los interesados solo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito el derecho a reclamar. Esta prescripción se produce a. A los seis meses de producido el hecho. b. A los dos años de producido el hecho. c. Al año de producido el hecho. d. No prescribe. ¿En qué principio se basa la posibilidad de acordar en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo? a. Principio de celeridad. b. Principio de simplificación administrativa. c. Principio de eficiencia. d. Principio de proporcionalidad. Contra los actos que no agoten la vía administrativa dictados por los consejeros titulares de áreas o departamentos insulares, los coordinadores técnicos y los directores insulares, cabe interponer ante el presidente del cabildo insular a. Recurso potestativo de reposición b. Recurso de alzada c. Recurso extraordinario de revisión d. Recurso contencioso administrativo. Contra las disposiciones administrativas de carácter general podrá interponerse por los interesados: a. Recurso de alzada. b. Recurso potestativo de reposición. c. No cabe recurso en vía administrativa. d. Recurso extraordinario de revisión. Según el artículo 115.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente a. Supone la inadmisión del recurso por parte del órgano competente b. No supondrá obstáculo para su tramitación c. No será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter d. Todas las anteriores son incorrectas. Son órganos directivos de la Administración Central, de acuerdo con el artículo 55.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) Los Secretarios de Estado. b) Los Subdirectores Generales. c) Los Ministros. Cuando los particulares sufren una lesión como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, concurriendo fuerza mayor, ¿tienen derecho a ser indemnizados por la Administración? a) Sí, en cualquier caso. b) Sí, una indemnización económica en función de lo que resulte acreditado. c) No. ¿Cuáles de los siguientes elementos se debe contener en el acuerdo de iniciación de un procedimiento sancionador? a) Identificar el instructor y el órgano competente para resolver el procedimiento. b) Medidas de carácter provisional acordadas por el órgano competente para resolver. c) El derecho a formular alegaciones, sólo en los casos que la infracción cometida tenga carácter muy grave. Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes de un convenio administrativo podrán ser superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio: a) No, nunca pueden ser superiores. b) Sí pueden ser superiores. c) Pueden ser superiores si se incluye una memoria justificándolo. Para que un órgano pueda ejercer la potestad sancionadora, ¿cuál de las siguientes condiciones debe cumplirse? a) Es inherente a la condición de órgano administrativo. b) Sólo puede ejercerse si está recogida en la Ley. c) Estar atribuida por norma de rango legal o reglamentario. Los convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes resultará eficaces una vez inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal: a) En el plazo de 3 días hábiles desde su formalización. b) En el plazo de 5 días hábiles desde su formalización. c) En el plazo de 10 días hábiles desde su formalización. Respecto al Registro General Electrónico de Convenios, ¿en qué sección se deberán registrar los convenios de las comunidades autónomas? a) Sección primera. b) Sección segunda. c) Sección tercera. De conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, una vez que el órgano jurisdiccional requiere a la Administración para que le remita el expediente administrativo, ¿en qué plazo deberá ser remitido?: a) En el plazo de 30 días, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano requerido. b) En el plazo prorrogable de 15 día naturales, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general o auxiliar del órgano requerido. c) En el plazo improrrogable de 20 días, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano requerido. En los litigios entre Administraciones Públicas, según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa: a) No cabe interponer recurso en vía administrativa. b) No cabe interponer recurso contencioso-administrativo. c) Sólo cabe el recurso de lesividad. Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo contra los actos administrativos presuntos se computará: a) Desde el día siguiente al de la solicitud. b) Desde el mismo día de la petición. c) Desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido. Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa, en el proceso contencioso-administrativo, las alegaciones previas serán formuladas: a) En la contestación a la demanda. b) En la celebración de la vista. c) Dentro de los primeros cinco días del plazo para contestar la demanda. Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa, recibido el expediente administrativo en el juzgado o tribunal, se acordará que se entregue al demandante para que deduzca la demanda en el plazo de: a) Cinco días. b) Veinte días. c) Diez días. Señale la opción correcta con respecto a la función de la jurisdicción contencioso- administrativa, regulada en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa: a) Respetando la tradición y de conformidad con el artículo 107.1 de la Constitución, se le asigna el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa sujeta a Derecho Administrativo. b) Respetando la tradición y de conformidad con el artículo 106.1 de la Constitución, se le asigna el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa sujeta a Derecho Administrativo. c) De forma actualizada y de conformidad con el artículo 106.1 de la Constitución, se le asigna el control de la potestad legislativa y reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa sujeta a Derecho Administrativo. Respecto a la representación y defensa de las partes en sus actuaciones ante los órganos colegiados del orden jurisdiccional administrativo: a) Las partes deberán conferir su representación a un Procurador y ser asistidas por Abogados. b) La representación por Procurador es obligatoria y la defensa por Abogado, facultativa. c) Necesariamente comparecerán representadas por Procurador. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con el recurso potestativo de reposición no es correcta, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas? a) No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta. b) Se interpone contra actos firmes en vía administrativa. c) Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. ¿Cuál de las siguientes formas no es un modo de terminación del procedimiento administrativo común, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas? a) Caducidad. b) Allanamiento. c) Renuncia. ¿Cuál de las siguientes no es una forma de inicio de oficio de un procedimiento administrativo? a) Por solicitud de un interesado. b) Por petición razonada de otro órgano. c) Como consecuencia de una orden superior. ¿Cuál de los siguientes no es un derecho de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas? a) El acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. b) A obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica que figuran en la Ley 39/2015. c) A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de cualquier Administración. ¿Cuál es el plazo de emisión de un informe establecido por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor? a) Treinta días. b) Quince días. c) Diez días. ¿Qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas establece los casos en los que debe motivarse un acto administrativo? a) El artículo 53. b) El artículo 35. c) El artículo 55. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto a las Corporaciones de Derecho Público, les será de aplicación el procedimiento administrativo común: a) Nunca. b) Siempre. c) Con carácter supletorio. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas, en relación a que los interesados puedan relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos: a) Deberá ser garantizado por las Administraciones Públicas. b) Podrá ser garantizado por las Administraciones Públicas. c) Es potestativo para cada Administración Pública. De acuerdo con el artículo 64.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿con qué nombre se denomina al interesado del procedimiento sancionador? a) Investigado. b) Inculpado. c) Procesado. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la nulidad o anulabilidad de un acto administrativo: a) Va a implicar la nulidad o anulabilidad de los sucesivos en el procedimiento, en todos los casos que el interesado así lo solicite. b) No implicará la nulidad o anulabilidad de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. c) Implicará la de los sucesivos en el procedimiento, sean o no independientes del primero, siempre que se trate de actos desfavorables o de gravamen. De las siguientes opciones indique cuál de ellas no es correcta, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto de los derechos de los interesados: a) A conocer en cualquier momento los actos de trámite dictados. b) Derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos. c) Derecho a formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento. El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, que es objeto de regulación por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿incluye el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas? a) No, el procedimiento de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas se regula en el Real decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. b) Sí, el procedimiento de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas se incluye en el procedimiento administrativo común, aunque la Ley 39/2015, de 1 de octubre, deriva su regulación al Real decreto 429/ 1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba et Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. c) Sí. En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, ¿qué plazo se fija como supletorio de duración máxima de los procedimientos, cuando las normas reguladoras de los mismos no lo fijen? a) 3 meses. b) 6 meses. c) 3 meses, sin que puedan excederse los 6 meses. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo: a) La Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. b) La Administración e advertirá que, transcurridos seis meses, se producirá la caducidad del mismo. c) La Administración le advertirá que continuará el procedimiento sin su audiencia. Indique cuál de las alternativas propuestas no está contemplada en el artículo 119 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas, respecto de la resolución de un recurso administrativo: a) Deberá estimar el recurso en su totalidad. b) Deberá desestimar las pretensiones formuladas. c) Deberá declarar su inadmisión. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se aplica al sector público, que no incluye: a) Las Entidades que integran la Administración Local. b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. c) Las Corporaciones de Derecho Público. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, incluye en la regulación del procedimiento administrativo común: a) El sancionador y de reclamación de responsabilidad patrimonial. b) El expropiatorio y sancionador. c) Sólo incluye el de reclamación de responsabilidad patrimonial. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, ¿a qué se refiere el concepto de validez de un acto administrativo? a) La validez de un acto administrativo se refiere a la capacidad de este para generar efectos ante terceros. b) La validez de un acto administrativo se refiere exclusivamente a que la notificación del mismo se haya practicado de forma satisfactoria. c) La validez de un acto administrativo se refiere a la adecuación a derecho de todos sus elementos. La Ley 39/2105, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que contra la resolución del recurso de reposición: a) No podrá interponerse nuevamente dicho recurso. b) No podrá ya interponerse recurso contencioso-administrativo. c) No cabrá recurso alguno. Respecto al inicio del procedimiento a solicitud del interesado, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, no es correcto: a) Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, los cuales podrán no ser admitidos por el órgano al que se dirijan. b) Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos serán de uso obligatorio por los interesados. c) Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas de presentación masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, ¿cuáles de los siguientes actos no requieren ser motivados? a) Los que se separen del dictamen no vinculante de órganos consultivos. b) Los acuerdos de suspensión de actos, en todo caso. c) Los actos que no limiten intereses legítimos. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, ¿cuándo es posible la revocación de oficio de los actos de gravamen o desfavorables?: a) Cuando no sea contraria al ordenamiento jurídico, al principio de igualdad y al interés público. b) Siempre. c) Siempre que sea solicitada también por los interesados. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, ¿cuándo puede negarse un ciudadano a presentar documentos ante la Administración actuante? a) En ningún caso. b) Cuando ya los hubiere aportado anteriormente a la Administración. c) Cuando la Administración le solicite un documento original. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, ¿qué implica la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas? a) La nulidad de pleno derecho. b) La nulidad del acto cuando así lo disponga la naturaleza del término o plazo. c) La anulabilidad del acto cuando así lo disponga la naturaleza del término o plazo. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando éste no acceda a su contenido, desde la puesta a disposición de la notificación, en el plazo de: a) Diez días hábiles. b) Diez días naturales. c) Quince días hábiles. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, cuándo se entenderá por cumplida la obligación de notificar, dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos? a) Será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado y los recursos que procedan. b) Será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado. c) Será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, los recursos que procedan, así como el intento de notificación debidamente acreditado. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el error en la calificación del recurso administrativo por parte del recurrente: a) Impedirá su tramitación en todo caso. b) Provocará su subsanación o requerimiento de la Administración. c) No será obstáculo para su tramitación si se deduce su verdadero carácter. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, el plazo para la interposición del recurso de reposición si el acto fuera expreso será: a) Un mes. b) En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo co n su normativa específica, se produzca el acto presunto. c) Tres meses. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, la publicación de los actos administrativos se requiere cuando: a) Se separan del dictamen de órganos consultivos. b) Limitan derechos subjetivos. c) Existe una pluralidad indeterminada de destinatarios. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, para declarar la nulidad de un acto administrativo en el procedimiento de revisión de oficio: a) La Administración no necesita ningún requisito. b) La Administración necesita el dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. c) La Administración necesita la previa declaración de lesividad del acto. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si un acto administrativo nulo ha derivado en firme, por no haber sido recurrido en tiempo y forma: a) Solamente cabe contra el mismo el recurso administrativo de reposición. b) Solamente cabe contra el mismo la revisión de oficio en el plazo de 4 años. c) Cabe contra el mismo la revisión de oficio, sin límite de tiempo. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común, de la actividad de las Administraciones Públicas, el derecho de los ciudadanos a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas se circunscribe a las autoridades y personal: a) Bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos, de conformidad con el artículo 53.1. b) Que deban tramitar los actos que pongan fin a la vía administrativa, de conformidad con el artículo 53.1. c) Que deban resolver los recursos administrativos que presenten, de conformidad con el artículo 54.2. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, de la actividad de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso: a) Podrá suponer la suspensión del acto impugnado. b) Supondrá la renuncia a la vía jurisdiccional, sin perjuicio de lo que dicte el Consejo Consultivo. c) Nunca suspenderá la eficacia del acto impugnado. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común, las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos, expresos o presuntos: a) De gravamen o desfavorables. b) Dictados por órganos manifiestamente incompetentes. c) Ninguna de las respuestas es correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es una causa de anulabilidad: a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. b) Los que tengan un contenido imposible. c) Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas, ¿qué actos de trámite no son susceptibles de recurso de alzada o potestativo de reposición? a) Los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto. b) Los que produzcan indefensión. c) Los que pueden alterar la continuidad del procedimiento. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas, contra las disposiciones administrativas de carácter general: a) No cabrá recurso en vía administrativa. b) Caben todos los recursos administrativos, menos el de revisión. c) Sólo cabe el llamado recurso administrativo de súplica. Según la Ley 39/2015, las notificaciones se practicarán: a) Siempre por medios electrónicos. b) Siempre en papel. c) Preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. Según ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, en relación a los plazos del procedimiento administrativo: a) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. b) No cabrá señalar los plazos por días naturales en ningún caso. c) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto. Señale la respuesta incorrecta de lo regulado por la ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común, en relación con la actividad de las Administraciones Públicas, respecto de la estimación y desestimación por silencio administrativo: a) El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos que una norma de Derecho internacional aplicable en España así lo establezca. b) El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución. c) El sentido del silencio será estimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. Si el procedimiento sancionador no establece nada al respecto, el plazo de prescripción para las infracciones muy graves, prescribirán a los: a) Tres años. b) Cinco años. c) Al año. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, determina que: a) La convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea inferior jerárquico del que dictó el acto viciado. b) La convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerár- quico del que dictó el acto viciado. c) No podrá realizarse la convalidación. Si un acto es impugnado basándose en una causa del art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas: a) Será declarado nulo automáticamente. b) Podrá suspenderse su ejecución. c) No podrá suspenderse su ejecución. Siguiendo el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas, si la condición de interesado derivase de una relación jurídica transmisible, ¿quién sucederá en la condición de interesado? a) El heredero. b) El derecho-habiente. c) El sucesor. Siguiendo el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas, para actos de gestión y mero trámite: a) Se presumirá la representación. b) Se deberá acreditar la representación. c) No se puede actuar con representante. Siguiendo el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas, contra el acuerdo de acumulación de procedimientos, cabrá: a) Recurso extraordinario de revisión. b) Recurso potestativo de reposición. c) No cabrá recurso alguno. Siguiendo el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas, el procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de: a) Economía y simplificación. b) Transparencia y publicidad. c) Eficacia y eficiencia. Siguiendo el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se dará al interesado, el denominado: a) Trámite de alegaciones. b) Trámite de audiencia. c) Trámite de conocimiento. Siguiendo el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas, iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver: a) Debe continuarse el procedimiento hasta el final. b) Se puede resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. c) Se resuelve el expediente sin imponer sanción alguna. Una de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el recurso de alzada, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Sólo puede interponerse ante el superior jerárquico del que dictó el acto impugnado. b) Si se interpone ante el órgano que dictó el acto impugnado, dicho órgano deberá comunicarlo al órgano superior jerárquico a los efectos que procedan. c) Puede interponerse ante el órgano que dictó el acto impugnado o ante el competente para resolverlo. Uno de los objetos que regula la Ley 39/2015, de 1 de octubre, es el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas. ¿Cuál es la justificación jurídica de esta reserva material? a) El Preámbulo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. b) La Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de julio de 1957. c) El artículo 149.1.18 de la Constitución española de 1978. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse éste presente en el momento de entregarse la notificación, y si nadie se hiciera cargo de la misma: a) Se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, dando por efectuado el trámite. b) Se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez, y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. c) Se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez, y en una hora distinta dentro de los dos días siguientes. En relación al Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, señale la opción correcta: a) El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, que se configura como un registro público administrativo que garantiza la información pública y la ordenación de todas las entidades integrantes del sector público institucional con categoría de administración pública. b) La creación y extinción de cualquier entidad integrante del sector público institucional, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, será inscrita en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local. La transformación o fusión serán opcionales. c) Su funcionamiento se regula en el Real Decreto 749/2019, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.

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