PROCESAL PENAL

La orden de protección del art. 544 ter LECRIM podrá solicitarse ante: El Juzgado de instrucción competente para conocer del delito cometido; el Ministerio Fiscal; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; las oficinas de atención a la víctima; y los servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las Administraciones públicas. El Juzgado de instrucción competente para conocer del delito cometido, y el Ministerio Fiscal. El Juzgado de instrucción competente para conocer del delito cometido; el Ministerio Fiscal; y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El Juzgado de instrucción competente para conocer del delito cometido.

El auto de procesamiento es la resolución judicial por la que el juez instructor: Ordena el inicio de la fase de instrucción del proceso ordinario por delitos graves. Ordena concluir la fase de instrucción del proceso ordinario por delitos graves. Declara que existen indicios racionales de que el imputado es el autor de los hechos delictivos que determinaron la apertura del proceso. Ordena abrir el juicio oral contra el imputado y remitir los autos al tribunal competente.

¿Qué finalidad principal tienen las medidas cautelares personales del proceso penal?. Una finalidad anticipatoria de la pena que queda imponer. Una finalidad de impulso de la instrucción. Evitar que el imputado frustre durante el proceso la efectividad de una eventual sentencia de condena o de los fines del proceso. Una finalidad exclusivamente preventiva de la delincuencia.

Procedimiento para la adopción de la prisión provisional. Como regla general, la prisión provisional no podrá acordarse de oficio, requerirá petición de una parte acusadora, y para ello se tendrá que celebrar una audiencia ante el juez competente. Excepcionalmente, en algunos supuestos, la prisión provisional se podrá acordar de oficio antes de que se celebre la audiencia con las partes, pero dentro de las setenta y dos horas siguientes el Juez o Tribunal deberá convocar una audiencia. Como regla general, la prisión provisional no podrá acordarse de oficio, requerirá petición de una parte acusadora, y para ello se tendrá que celebrar una audiencia ante el juez competente, Excepcionalmente, en algunos supuestos, la prisión provisional se podrá acordar de oficio antes de que se celebre la audiencia con las partes. La prisión provisional nunca podrá acordarse de oficio, requerirá siempre petición de una parte acusadora, y para ello se tendrá que celebrar una audiencia ante el juez competente. La prisión provisional puede acordarse, indistintamente, de oficio o a instancia de parte.

La acción civil ex delicto puede ejercitarla en el proceso penal: El acusador popular, en defensa de la legalidad. b. El Ministerio Fiscal, aunque el perjudicado no se haya reservado su ejercicio expresamente. c. El ofendido que se persone en el procedimiento como acusador particular o privado, o como actor civil. El Ministerio Fiscal, aunque el perjudicado haya renunciado a ella.

Pueden ser querellantes en el ordenamiento procesal penal español: Los extranjeros que obtengan visado para litigar. El cónyuge, ascendiente, descendientes o hermanos del querellado, en relación con hechos que lleven aparejada pena privativa de libertad de más de cinco años. El Ministerio Fiscal y las personas, físicas o jurídicas, que gocen de legitimación para constituirse en acusación particular o popular. Las entidades sin personalidad.

No siempre es un acto de imputación: La presentación de una denuncia o querella. La adopción de medidas cautelares. La citación para ser oído en calidad de investigado. El auto de procesamiento.

Los acusadores populares: No pueden ejercitar la acción penal por delitos semipúblicos. Pueden ser actores civiles. Todas las respuestas son correctas. No pueden ejercitar la acción penal por delitos privados.

Los órganos jurisdiccionales penales tienen jurisdicción o competencia genérica para conocer de los asuntos: Civiles, y penales que permite la ley. Únicamente civiles. Únicamente penales. Penales, y civiles que permite la ley.

¿Quién juzga de los delitos de homicidio, aborto o lesiones cometidos por un esposo contra su esposa?. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer en cualquier caso. La Audiencia Provincial en cualquier caso. El Juez de lo Penal, la Audiencia Provincial o el Tribunal del Jurado, en función de la gravedad de los hechos o del tipo delictivo. El Juez de lo Penal en cualquier caso.

La competencia funcional para instruir los procesos que enjuiciará el Tribunal del Jurado: Corresponde a un Juzgado de Instrucción. Corresponde a un Juzgado Central de Instrucción. Corresponde a un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo o de la Sala Civil y Penal de un Tribunal Superior de Justicia. Puede corresponder a un Juzgado de Instrucción, o a un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo o de la Sala Civil y Penal de un Tribunal Superior de Justicia.

Los tribunales españoles tienen competencia judicial internacional respecto de delitos cometidos por españoles en el extranjero: Todas las respuestas son incorrectas. Nunca, en virtud del principio de territorialidad. Siempre, en virtud del principio de nacionalidad. Sólo si existe convenio de extradición con el Estado en el que se cometió el delito.

No procede abrir el juicio oral, sino dictar auto de sobreseimiento provisional cuando: a. El Congreso de los Diputados o el Senado no hayan respondido a la solicitud de autorización para procesar al Diputado o Senador implicado. b. Cuando lo pidan todas las partes, salvo que proceda el sobreseimiento libre. c. No resulte debidamente justificada la perpetración de los hechos o su autoría. No resulte debidamente justificada la perpetración de los hechos o su autoría, y cuando lo pidan todas las partes, salvo que proceda el sobreseimiento libre.

En el procedimiento ordinario, ¿qué órgano jurisdiccional es el competente para acordar el sobreseimiento?. La Audiencia Provincial. El Juzgado de Instrucción. Ninguna respuesta es correcta. La Audiencia Provincial o el Juzgado de Instrucción en función de la gravedad del delito.

¿Qué son las llamadas diligencias previas?. Las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal anteriores al inicio del procedimiento abreviado. Las medidas cautelares que se adoptan antes de iniciar el proceso penal. El nombre que recibe la fase de instrucción en el procedimiento abreviado. Las comprobaciones que realiza la policía judicial antes del inicio del procedimiento abreviado.

La finalidad de la fase de intermedia del proceso penal es: Anticipar la calificación jurídico-penal de los hechos. Examinar la correcta conclusión de la instrucción y si procede acordar la apertura del juicio oral o sobreseer el procedimiento. Expurgar de la instrucción los medios de investigación que se hayan practicado ilícitamente. Todas las respuestas son correctas.

¿Qué intervención tiene el Ministerio Fiscal tiene en la fase de instrucción?: Informa al perjudicado de sus derechos y de las medidas de asistencia a la víctima. Todas las respuestas son correctas. Puede proponer u oponerse a la proposición de diligencias de investigación, asistir e intervenir en su práctica, y solicitar u oponerse a medidas cautelares de naturaleza penal y civil. Fiscaliza y supervisa la instrucción en defensa de la legalidad.

Produce como efecto el ejercicio de la acción penal y la personación como parte en el proceso penal: La presentación de una denuncia. La presentación de un atestado policial. c. La presentación de una denuncia y de una querella. d. La presentación de una querella.

Procedimiento para la adopción de la libertad provisional sin fianza: La libertad provisional sin fianza no podrá acordarse de oficio, requerirá petición de una parte acusadora, y para ello se tendrá que celebrar una audiencia ante el juez competente, Excepcionalmente, en algunos supuestos, la libertad provisional se podrá acordar de oficio antes de que se celebre la audiencia con las partes, pero dentro de las setenta y dos horas siguientes el Juez o Tribunal deberá convocar una audiencia. La libertad provisional sin fianza nunca podrá acordarse de oficio, requerirá siempre petición de una parte acusadora, y para ello se tendrá que celebrar una audiencia ante el juez competente. La libertad provisional sin fianza puede acordarse, indistintamente, de oficio o a instancia de parte. Ninguna respuesta es correcta.

Están legitimados para presentar querella por un delito privado: Ninguna respuesta es correcta. El acusador popular, el acusador particular y el Ministerio Fiscal, previa denuncia de la persona ofendida por el. El Ministerio Fiscal, previa denuncia de la persona ofendida por el delito, y el acusador privado. El acusador popular, el acusador particular y el Ministerio Fiscal.

La presentación de querella tiene como efecto: La obligación del Tribunal de pronunciarse sobre la admisión o inadmisión a trámite de la querella por falta de presupuestos procesales o de fondo. La obligación para el Tribunal de admitirla a trámite y de practicar las diligencias de investigación propuestas por el querellante. La interrupción de la prescripción penal y, en su caso, civil. La obligación del Tribunal de adoptar medidas cautelares mientras resuelve admitirla o no a trámite.

Las actuaciones que componen la fase de instrucción del proceso penal por delito son: Como regla, públicas, por las exigencias del art, 120 CE, salvo que el órgano instructor acuerde motivadamente la declaración de secreto de todo o parte de las actuaciones. Como regla, secretas para todas las partes salvo para el Ministerio Fiscal, hasta diez días antes de la conclusión de la instrucción. Como regla, secretas para el público o terceros no personados en el procedimiento y, excepcionalmente, públicas, para hacer llamamientos a la colaboración ciudadana. Como regla, secretas para el público o terceros no personados en el procedimiento y, excepcionalmente, también incluso para las partes salvo para el Ministerio Fiscal, cuando el órgano instructor acuerde motivadamente la declaración de secreto de todo o parte de las actuaciones.

En la fase intermedia del proceso ordinario por delitos graves se da audiencia: Sólo al Ministerio Fiscal. Sólo al acusado. Al Ministerio Fiscal, al acusado y a los acusadores particulares y populares. Sólo a los acusadores particulares y populares.

Resulta procedente un sobreseimiento libre: Por inexistencia del hecho, por inexistencia de hecho punible, y por falta de indicios racionales de responsabilidad criminal. Por inexistencia del hecho y por inexistencia de hecho punible. Ninguna respuesta es correcta. Por inexistencia del hecho y por falta de indicios racionales de responsabilidad criminal.

Medidas cautelares que pretenden garantizar la posibilidad de ejecutar el fallo de una futura sentencia condenatoria por los daños y perjuicios derivados de la responsabilidad civil derivada del delito: La prisión provisional. Ninguna respuesta es correcta. La detención. La libertad provisional.

El Ministerio Fiscal en el proceso penal por delitos privados: No está prevista legalmente su participación. Su presencia es siempre necesaria. Intervendrá si lo solicita el acusador privado. Ninguna respuesta es correcta.

Medidas cautelares para garantizar la ejecución de una eventual sentencia condenatoria al pago de la indemnización por los daños y perjuicios derivados de la responsabilidad civil ex delicto: El embargo preventivo, la aprehensión y el depósito. La fianza y el embargo preventivo. La fianza, la aprehensión y el depósito. La fianza, el embargo preventivo, la aprehensión y el depósito.

La fase de instrucción del procedimiento abreviado recibe el nombre de: Diligencias urgentes. Sumario. Diligencias previas. Diligencias preliminares.

¿Se exige en algún caso la presentación de querella por el perjudicado u ofendido para la persecución de hechos punibles?. Sí, pero sólo en los supuestos de delitos de carácter semipúblico y privado. Sí, pero sólo en los supuestos en los que esté implicado un aforado. No, porque la aplicación de las normas penales es una cuestión de orden público. Sí, pero sólo en los supuestos de delitos privados.

Están legitimados para presentar querella por un delito privado: El acusador particular. Ninguna respuesta es correcta. El acusador popular, el acusador particular y el acusador público (Ministerio Fiscal), previa denuncia de la persona ofendida por el delito. El acusador popular, el acusador particular y el acusador público (Ministerio Fiscal).

No constituye una modalidad de prisión provisional: El arresto domiciliario, en casos de enfermedad grave. La prisión provisional incomunicada. La detención de duración superior a 72 horas. El arresto hospitalario, en casos de requerir tratamiento.

¿Qué es la fase de instrucción?: Las primeras diligencias que practican los Juzgados de Instrucción y que consisten exclusivamente en tomar declaración al perjudicado y al imputado. Todas las respuestas son correctas. La fase de los procesos penales por delito que tiene por finalidad comprobar la existencia del hecho punible, identificar sus posibles responsables y adoptar las medidas cautelares de orden civil y penal que procedan. La fase de todo proceso penal por delito que tiene por finalidad practicar las pruebas incriminatorias para desvirtuar la presunción de inocencia del imputado.

Modos de iniciación del juicio oral del proceso penal: Ninguna respuesta es correcta. Por querella, por denuncia, por atestado, por demanda, y de oficio. Por denuncia, por querella, por atestado y de oficio. Por querella, por demanda, por atestado y por denuncia.

La intervención de abogado y procurador: Es necesaria para interponer una denuncia y para interponer una querella. Es necesaria para interponer una querella. Es necesaria para interponer una denuncia. Ninguna respuesta es correcta.

¿Cuál es, de ordinario, el tiempo de duración máxima de la detención?: 24 horas en la detención policial, con el máximo de 72 horas. 48 horas. Lo imprescindible para la práctica de la diligencia que proceda y hasta 72 horas. 72 horas.

¿Qué días son hábiles para practicar actos procesales durante la fase de instrucción?: Todos los días del año, salvo los días festivos. Todos los días del año, salvo el mes de agosto, los sábados y festivos, y los días 24 y 31 de diciembre. Todos los días del año, salvo el mes de agosto y los días festivos. Todos los días del año.

Tienen la condición de imputado: Todas las respuestas son correctas. Cualquier persona cuya participación en la comisión del delito sea considerada verosímil o probable por el Juez de Instrucción. Las personas contra las que se haya producido imputación formal. Cualquier persona que haya sido detenida.

La fase de instrucción del procedimiento para el enjuiciamiento rápido recibe el nombre de: Diligencias previas. Diligencias preliminares. Diligencias urgentes. Sumario.

Resoluciones y/o actuaciones judiciales sobre la conclusión del sumario que están previstas en la regulación del proceso ordinario: Auto de conclusión del sumario, que dicta el Juez de Instrucción, y actuaciones relativas a la aprobación del auto de conclusión, que corresponden al Juzgado de lo Penal. Actuaciones relativas a la aprobación del auto de conclusión, que corresponden al Juzgado de lo Penal. Auto de conclusión del sumario, que dicta el Juez de Instrucción, y actuaciones relativas a la aprobación del auto de conclusión, que corresponden a la Audiencia Provincial. Auto de conclusión del sumario, que dicta el Juez de Instrucción.

Puede ser acusador particular: El ofendido por un delito público, semipúblico o privado. El perjudicado por un delito público o semipúblico. El ofendido por un delito público o semipúblico. Todas las respuestas son incorrectas.

El ejercicio de la acusación particular: No es un derecho, pues el ius puniendi pertenece sólo al Estado. Forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva. Forma parte del derecho de los ciudadanos a intervenir en la administración de justicia. Forma parte del derecho a no sufrir indefensión.

La competencia objetiva, según la gravedad del delito, para el conocimiento y fallo de los delitos castigados con pena privativa de libertad de duración no superior a 5 años, corresponde a: Los Juzgados de Instrucción. Las Audiencias Provinciales. Los Juzgados de lo Penal. Los Tribunales del Jurado.

Un acto de imputación propio del proceso ordinario: Es el auto de procesamiento. Es la audiencia para la concreción de la imputación. Es la citación para ser oído. Es el auto de transformación del procedimiento penal o de conclusión de las diligencias previas.

¿Puede conocer un tribunal español de los delitos cometidos en el extranjero por españoles?: Sí, si el hecho es punible en España; el agraviado o el Ministerio Fiscal denuncian o interponen querella ante los tribunales españoles; y el delincuente no ha sido absuelto, indultado o penado en el extranjero o, en este último caso, no ha cumplido la condena. No, nunca. Sí, siempre. Sí, si el hecho es punible en el lugar de ejecución; el agraviado o el Ministerio Fiscal denuncian o interponen querella ante los tribunales españoles; y el delincuente no ha sido absuelto, indultado o penado en el extranjero o, en este último caso, no ha cumplido la condena.

¿Qué valor tienen normalmente las diligencias de investigación de la fase de instrucción?: Gozan de presunción de autenticidad por haber sido realizadas por funcionarios conforme a la LECrim. Carecen de valor probatorio de ordinario, porque sólo se dirigen a averiguar y comprobar del hecho punible y su autoría para decidir si el proceso penal avanza a la fase de juicio oral. Acreditan la existencia del hecho punible y su autoría con valor probatorio. Sirven para destruir la presunción de inocencia del imputado.

La conclusión de las diligencias previas: No es competencia única y exclusiva del Juez instructor, pues existe actuación del órgano competente para el enjuiciamiento (Audiencia Provincial o Juzgado de lo Penal). Es competencia única y exclusiva del Juez instructor, No existe actuación del órgano competente para el enjuiciamiento (Audiencia Provincial o Juzgado de lo Penal). Es competencia única y exclusiva del Juez de lo Penal, No existe actuación del órgano competente para el enjuiciamiento (Audiencia Provincial). No es competencia única y exclusiva del Juez instructor, pues existe actuación del órgano competente para el enjuiciamiento (Juzgado de lo Penal).

El derecho a la asistencia y defensa de letrado del sujeto pasivo del proceso penal: Nace con la condición de imputado o investigado. Nace si se decretan prisión provisional o libertad bajo fianza. Nace con la condición de procesado. Nace con la condición de acusado.

¿A qué obedece el inicio del proceso penal?: Obedece al ejercicio de la acción penal mediante denuncia. Obedece a la iniciativa del Ministerio Fiscal y de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Obedece a la prudente valoración del Tribunal instructor, en función de la gravedad de los hechos y de la carga de trabajo de la Administración de justicia. Obedece a que se ponga en conocimiento del Tribunal la existencia de unos hechos de apariencia delictiva.

¿Qué acto procesal determina o marca el inicio del proceso penal?. El auto de incoación del proceso penal. El atestado, firmado por dos agentes pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La denuncia formulada directamente ante los tribunales penales. La querella, presentada por Procurador con poder especial.

La competencia funcional para instruir los procesos relativos a delitos, cometidos por aforados, en los que competencia objetiva para juzgar corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo corresponde a: A los Juzgados Centrales de Instrucción. A un magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que después no podrá integrar dicha Sala para conocer del juicio oral. A los Juzgados de Instrucción. A los Juzgados Nacionales de Instrucción.

El acusador particular se constituye en parte del proceso penal: Mediante denuncia, querella o personación. Mediante denuncia o querella. Mediante querella o personación. Mediante denuncia.

En el procedimiento abreviado, la necesaria imputación judicial se lleva cabo: No se lleva a cabo de ninguna manera, porque en el procedimiento abreviado no es necesario practicar la imputación judicial para tramitar el proceso. Mediante la "providencia de acusación", prevista durante la fase de instrucción. Mediante la información que el juez proporcione al imputado en su primera comparecencia y mediante el auto que ordena pasar a la fase intermedia del procedimiento (conocido en la práctica como "auto de transformación"). Mediante "auto de procesamiento", de contenido equivalente al previsto en la regulación del proceso ordinario por delitos graves.

¿Cuál es el efecto principal de la denuncia?: La primera comprobación de los hechos, salvo que los hechos no revistan apariencia delictiva o la denuncia sea manifiestamente falsa, y la incoación del proceso penal. La adquisición del denunciante de la condición de acusador. El embargo de los bienes del denunciado. La interrupción de la prescripción penal y, eventualmente, civil.

¿Qué forma oral o escrita deben revestir los actos judiciales de la fase de instrucción?: Siempre en forma escrita. En la forma oral o escrita que tenga por conveniente elegir el Tribunal encargado de la instrucción. Siempre en forma oral. En la forma oral o escrita que exija la propia naturaleza del acto, si bien se documenta todo ello por escrito o se registra en soportes de reproducción del sonido y la imagen.

¿Qué intervención tiene el imputado en la fase de instrucción?: Ninguna, es el sujeto pasivo de la investigación y no se le permite intervenir hasta que la instrucción haya concluido. Interviene exclusivamente para prestar declaración con asistencia letrada y asistir a las diligencias de reconstrucción de los hechos y de careo con testigos y otros implicados. Interviene exclusivamente para reconocer los hechos y someterse a intervenciones corporales. Puede tomar conocimiento de las actuaciones judiciales, proponer u oponerse a la proposición de diligencias de investigación, asistir e intervenir en su práctica, y oponerse a medidas cautelares de naturaleza penal y civil.

Sirven para proveer el fundamento necesario para que se dicten resoluciones de absolución o condena: Los actos de investigación. Los actos de prueba. Los actos de prueba y los actos de investigación. Ninguna respuesta es correcta.

Sirven para proveer el fundamento necesario para que se dicten resoluciones de imputación, resoluciones sobre medidas cautelares y asimiladas, y para las peticiones y resolución respecto al sobreseimiento o apertura del juicio oral: Los actos de prueba. Ninguna respuesta es correcta. Los actos de investigación y los actos de prueba. Los actos de investigación.

Presupuestos de la prisión provisional. Para que se den los indicios racionales de criminalidad que justifican su adopción han de concurrir los siguientes requisitos: Atribución subjetiva de los hechos; que se trate de un hecho tipificado como delito; y que la pena más grave prevista para el delito cometido sea inferior a 2 años de prisión, o superior pero no concurran el resto de presupuestos para la adopción de la libertad provisional. Ninguna respuesta es correcta. Atribución subjetiva de los hechos; que se trate de un hecho tipificado como delito; y que la pena más grave prevista para el delito cometido sea inferior a 2 años de prisión. Que se trate de un hecho tipificado como delito; la atribución subjetiva de los hechos; y que la pena más grave prevista para el delito cometido sea igual o inferior a 3 años de prisión.

No produce como efecto el ejercicio de la acción penal y la constitución como parte acusadora en el proceso penal: La presentación de una denuncia. La personación como acusador. La presentación de una querella. Ninguna respuesta es correcta.

Los Juzgados y Tribunales Civiles tienen competencia para conocer: De la acción penal y de la acción civil derivada del delito en cualquier caso. Únicamente de la acción civil derivada del delito, siempre que el ofendido o los perjudicados por el delito se hayan reservado la acción civil para ejercerla posteriormente en un proceso civil. De la acción penal y de la acción civil derivada del delito, siempre que el ofendido o los perjudicados por el delito no hayan renunciado a la acción penal o se la hayan reservado para ejercerla posteriormente en un proceso penal. Únicamente de la acción penal.

La fase de instrucción del proceso ordinario por delitos graves recibe el nombre de: Sumario. Diligencias preliminares. Diligencias previas. Diligencias urgentes.

En el procedimiento abreviado, ¿qué órgano jurisdiccional es el competente para acordar el sobreseimiento?: El Juzgado de Instrucción. La Audiencia Provincial. La Audiencia Provincial o el Juzgado de Instrucción en función de la gravedad del delito. La Audiencia Provincial o el Juzgado de lo Penal en función de la gravedad del delito.

ELS JUTGES PENALS SÓN COMPETENTS: Per jutjar les causes per delicte a què la llei assenyale una pena privativa de llibertat no superior a 5 anys. Per instruir i jutjar les causes per delicte a què la llei assenyale una pena privativa de llibertat no superior a 5 anys. Per jutjar les causes per delicte a què la llei assenyale una pena de multa la quantia no excedeixi de 120.000 euros. Per jutjar les causes per delicte a què la llei assenyale una pena privativa de llibertat no superior a 9 anys.

QUIN DELS SEGÜENTS FURS SUBSIDIARIS ÉS PREFERENT D'ACORD AMB L'ART. 15 LECRIM: El del terme municipal, partit o circumscripció en què el presumpte reu haja estat capturat. Qualsevol que haja tingut notícia del delicte. El de la residència del presumpte reu. El del terme municipal, partit o circumscripció en què s'hagen descobert proves materials de l'delicte.

A QUI CORRESPON LA DELIMITACIÓ DEL FET PUNIBLE AL JUDICI ORAL: A les parts acusadores. A les parts acusades. Al tribunal sentenciador. A cap de les parts.

QUINA DE LES SEGÜENTS PARTS PROCESSALS NO POT EXERCIR EN EL PROCÉS PENAL L'ACCIÓ CIVIL DERIVADA DEL DELICTE: L'acusador particular. L'acusador popular. El Ministeri Fiscal. L'acusador privat.

EL PRINCIPI DEL JUTGE IMPARCIAL SIGNIFICA: Que el jutge que instrueix no pot després jutjar. Que no pot entrar a jutjar un assumpte un jutge incompetent per raó del territori. Que el jutge que jutja no pot executar la sentència. Que no pot instruir una causa un jutge que ja haja instruït altra causa anterior contra el mateix investigat.

L'EXISTÈNCIA D'UN ÚNIC PROCEDIMENT PENAL AMB UNA PLURALITAT DE DELICTES, COMPORTARÀ: Que haja de dictar-se una única sentència amb tants pronunciaments com a fets punibles sigan objecte d'acusació, llevat que aquests sigan connexos, ja que en aquest cas el pronunciament serà únic. Que haja de dictar-se una única sentència amb un únic pronunciament. Que s'hagen de dictar tantes sentències com a delictes existeixen. Que haja de dictar-se una única sentència amb tants pronunciaments com a fets punibles sigan objecte d'acusació.

EN EL PROCÉS PENAL, TÉ LA CONSIDERACIÓ D'ACTOR CIVIL: Qualsevol ciutadà que no sent ofès pel delicte exercita l'acció civil. El ofès pel delicte sempre que exerciti l'acció penal juntament amb la civil. Cap resposta és correcta. Aquella part que, sent perjudicada pel fet punible, no exercite l'acció penal i només exercite l'acció civil.

A QUIN DELS SEGÜENTS DELICTES NO INTERVINDRÀ EL MINISTERI FISCAL: Calúmnia i injúria contra particulars. Calúmnia i injúria contra funcionaris per fets concernents a l'exercici dels seus càrrecs. Abandonament de família per impagament de pensions. Abús sexual i assetjament sexual.

DESDE EL PUNT DE VISTA OBJECTIU, L'OBJECTE DEL PROCÉS PENAL EL CONSTITUEIX: La petició d'imposició d'una pena. El fet punible. La fonamentació o causa de demanar. La persona de l'acusat.

L'ACUSACIÓ PARTICULAR ES POT FORMULAR: Només davant de delictes privats i semiprivats. Només davant de delictes públics. Davant de tot tipus de delictes. Només davant de delictes públics i semiprivats.

QUIN ÉS L'ÒRGAN COMPETENT AMB CARÀCTER PREFERENT PER A CONÈIXER DE LES CAUSES PER DELICTES CONEXOS SI AQUESTS S'HAGUESSEN COMÈS EN DIFERENTS PARTITS JUDICIALS: El del territori en què s'haja comès el primer delicte. El que primer comence la causa. El que el superior immediat comú designe. El del territori en què s'haja comès el delicte a què estiga assenyalada una pena major.

L'ASSUMPCIÓ PER L'ESTAT DEL IUS PUNIENDI EN RÈGIM DE EXCLUSIVITAT SIGNIFICA: La prohibició de l'autotutela, tipificant fins i tot com a delicte actuacions en legítima defensa. La prohibició de l'autotutela, tipificant fins i tot com a delicte la realització arbitrària del propi dret. La prohibició de l'autotutela, llevat dels supòsits d'admissió de la realització arbitrària del propi dret. La possibilitat dels particulars de decidir sobre la imposició de penes.

ELS ÚNICS ÒRGANS QUE LA SEUA COMPETÈNCIA VE ATRIBUÏDA PER RAÓ DE LA MATÈRIA SÓN: L'Audiència Nacional i els Jutjats Penals. El Tribunal de Jurat i els Jutjats de Menors. L'Audiència Nacional i el Tribunal del Jurat. Els Jutjats Penals i els Jutjars de Menors.

EL PRINCIPI DEL SECRET DE LES ACTUACIONS, COM EXCEPCIÓ AL PRINCIPI DE PUBLICITAT, REGIX COM REGLA GENERAL EN EL PROCÉS PENAL: En la fase d'execució. En la fase d'instrucció. En la fase de judici oral. En cap fase, per estar prohibit per l'art. 120.1 CE.

L'EXERCICI DE L'ACCIÓ POPULAR PRECISA: De denúncia o de querella. Necessàriament de querella, llevat que el procediment ja haja començat. De personació a la seu judicial. Necessàriament de querella, tot i que el procediment ja haja començat.

QUAN ES TRACTE DE DELICTES COMPETÈNCIA DEL JUTGE DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA, LA COMPETÈNCIA TERRITORIAL ES DETERMINA: Pel lloc de residència de l'imputat. Pel lloc del domicili de la víctima. Pel lloc de comissió de delicte. Pel lloc del domicili comú de víctima i agressor.

L'ESTATUT DE LA VÍCTIMA, REGULAT PER LA LLEI 4/15, DE 27 D'ABRIL, NO SERÁ D'APLICACIÓ: Als tercers que hagen patit perjudicis derivats del delicte. Als fills del cònjuge no separat legalment o de fet, en els casos de mort o desaparició d'una persona causada directament per un delicte, si en el moment de la mort o desaparició de la víctima convisqués amb ells. A les persones que es trobessen baix l'acolliment familiar de la víctima, en els casos de mort o desaparició d'aquesta causada directament per un delicte. A tota persona física que haja patit un dany o perjudici sobre la seva pròpia persona o patrimoni, directament causats per la comissió d'un delicte.

LA PRESÓ PROVISIONAL PER DELICTE QUE TINGA ASSENYALADA PENA DE PRESÓ SUPERIOR A TRES ANYS TINDRÀ UNA DURADA MÀXIMA: D'un any. D'un any, prorrogable per sis mesos. De dos anys, prorrogable per altres dos. De dos anys.

LA DENÚNCIA, PERQUÈ TINGA EFECTES, HAURÀ DE PRESENTAR-SE: Davant de qualsevol jutjat, membre del Ministeri Fiscal o membre de les Forces i Cossos de Seguretat. Davant del jutjat d'instrucció competent per raó del territori. Davant de qualsevol jutjat d'instrucció, encara que no siga el competent per raó del territori. Davant els agents de l'autoritat.

LA FASE INTERMÈDIA DE PROCEDIMENT TÉ PER OBJECTE SOTMETRE A LA CONSIDERACIÓ DE LES PARTS I A LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL: Si la instrucció sumarial s'ha conclòs correctament , i si concorren els pressupostos necessaris per a acordar l'obertura d'el judici oral o, disposar, en un altre cas, el sobreseïment. Si s'admeten les proves proposades. Si la instrucció sumarial s'ha conclòs correctament. Si concorren els pressupostos necessaris per a acordar l'obertura del judici oral o, disposar, en un altre cas, el sobreseïment.

QUIN DELS SEGÜENTS ELEMENTS NO CONSTITUEIX UN REQUISIT FORMAL DE LA QUERELLA: La identificació del querellat o la indicació de les dades que permetan la seua identificació. La qualificació jurídica de fet i la pena concreta a imposar. Les diligències que s'hajan de practicar per a la comprovació de fet. La relació circumstanciada el fet.

A LA FASE INTERMÈDIA DE EL PROCÉS PER DELICTES GREUS: Només intervenen les parts acusadores. Només intervé el Ministeri Fiscal. S'ha de donar trasllat de la causa per instrucció també a el processat, i pot sol·licitar la pràctica noves diligències o demanar el sobreseïment. S'ha de donar trasllat de la causa per instrucció també a l'processat, però sense que puga fer cap petició relativa a la sol·licitud de noves diligències ni relativa a l'sobreseïment.

EL PROCEDIMENT QUE TÉ PER OBJECTE LA IMMEDIATA POSADA A DISPOSICIÓ JUDICIAL D'UNA PERSONA QUE ES SUPOSA DETINGUDA IL·LEGALMENT A FI DE CONTROLAR LA REGULARITAT I LEGALITAT DE LA DETENCIÓ S'ANOMENA: Enjudiciament ràpid de determinats delictes. Habeas Corpus. Sumaríssim. Procés especial de cognició limitada.

LA IMPUTACIÓ JUDICIAL FORMAL NOMÉS ESTÀ PREVISTA DE MANERA EXPRESSO A LA LECRIM: En el procediment ordinari per delictes greus. En el procediment abreujat. En el procediment davant el tribunal de Jurat. En el procediment ordinari per delictes greus i en el procediment abreujat.

LA QUERELLA, PERQUÈ TINGA EFECTES, HAURÀ DE PRESENTAR-SE: Davant de qualsevol jutjat d'instrucció, encara que no siga el competent per raó del territori. Davant els agents de l'autoritat. Davant de qualsevol Jutjat, membre de l'ministeri fiscal o membre de les Forces i Cossos de Seguretat. Davant el jutjat d'instrucció competent per raó del territori.

LA PRESÓ PROVISIONAL PODRÀ FUNDAR-SE: Totes les respostes són correctes. En el risc que l'imputat cometa altres fets delictius. E la possibilitat que l'imputat actuE contra béns jurídics de la víctima. EN la possible ocultació, alteració o destrucció de les fonts de prova.

QUAN LA PRESÓ PROVISIONAL HAJA ESTAT ACORDADA PER A EVITAR LA OCULTACIÓ, ALTERACIÓ O DESTRUCCIÓ DE LES FONTS DE PROVA, LA SEUA DURADA NO PODRÀ EXCEDIR: D'un any. De dos anys, prorrogable per altres dos. D'un any, prorrogable per sis mesos. De sis mesos.

¿ que valor procesal tienen los atestados policiales?. diligencia de investigación procesal. Diligencia de investigación preprocesal. Denuncia. Prueba preconstituida.

Presupuestos de la prisión provisional. Para que se dé la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) han de concurrir los siguientes requisitos: que se trate de un hecho tipificado como delito: la atribución subjetiva de los hechos; y que la pena más grave prevista para el delito cometido sea igual o superior a 3 años de prisión, aunque excepcionalmente podrá acordarse por debajo de este último límite en atención a los antecedentes penales del imputado/acusado, por la no comparecencia del imputado tras dos llamamientos, o cuando se trate de proteger a la víctima del delito. que se trate de un hecho tipificado como delito; la atribución subjetiva de los hechos; y que la pena más grave prevista para el delito cometido sea igual o superior a 3 años de prisión. que se trate de un hecho tipificado como delito; la atribución subjetiva de los hechos; y que la pena más grave prevista para el delito cometido sea igual o superior a 2 años de prisión, aunque excepcionalmente podrá acordarse por debajo de este último límite en atención a los antecedentes penales del imputado/acusado, por la no comparecencia del imputado tras dos llamamientos, o cuando se trate de proteger a la víctima del delito. que se trate de un hecho tipificado como delito; la atribución subjetiva de los hechos; y que la pena más grave prevista para el delito cometido sea igual o superior a 2 años de prisión.

En qué procedimiento coincide la solicitud de apertura del juicio oral con la presentación del escrito de acusación: en los juicios de faltas. en el procedimiento ordinario por delitos graves. en el procedimiento abreviado. en el procedimiento abreviado y en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos.

Requisitos generales para la afectación de los derechos fundamentales por una diligencia de registro, inspección o intervención corporal, según la STC 207/1996 (Sala 1a), de 16 de diciembre: fin constitucionalmente legítimo, principio de legalidad, jurisdiccionalidad, principio de reciprocidad, motivación de la resolución judicial, y principio de proporcionalidad. principio de legalidad, jurisdiccionalidad, motivación de la resolución judicial, y principio de proporcionalidad. fin constitucionalmente legítimo, principio de legalidad, jurisdiccionalidad, motivación de la resolución judicial, y principio de proporcionalidad. fin constitucionalmente legítimo, jurisdiccionalidad, motivación de la resolución judicial, y principio de proporcionalidad.

En los supuestos en los que la instrucción finaliza con dudas sobre existencia del hecho investigado o con falta de motivos suficientes para acusar a una determinada persona: procede dictar un auto de sobreseimiento libre. procede dictar una sentencia absolutoria. ninguna respuesta es correcta. procede la apertura de juicio oral.

La competencia funcional para instruir los asuntos cuya competencia objetiva para juzgar corresponde a un Tribunal del Jurado incardinado en una Audiencia Provincial, corresponde a: los Juzgados de Instrucción. a un magistrado de la Audiencia Provincial, que después no podrá formar parte de la Sección de la Audiencia Provincial que conozca del juicio oral. los Juzgados Centrales de lo Penal. los Juzgados Centrales de Instrucción.

En el procedimiento ordinario, qué órgano jurisdiccional es el competente para acordar el sobreseimiento: la Audiencia Provincial. El Juzgado de Instrucción. ninguna respuesta es correcta. la Audiencia Provincial o el Juzgado de Instrucción en función de la gravedad del delito.

En el proceso penal de menores juzga: el Juzgado de Menores. el Ministerio Fiscal. el Juzgado de lo Penal. el Juzgado Central de lo Penal.

Fueros subsidiarios para determinar la competencia territorial: el lugar de comisión del delito y el lugar de detención del imputado. el lugar de descubrimiento de las pruebas materiales y el lugar del domicilio de la víctima en cualquier caso. el lugar de comisión del delito ye l lugar de residencia del imputado. el lugar de descubrimiento de las pruebas materiales y el lugar de detención del imputado.

El procedimiento adecuado para el enjuiciamiento de los delitos de omisión del deber de socorro y de allanamiento de morada, es: el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. el procedimiento abreviado o el procedimiento ordinario, en función de la pena correspondiente a dichos delitos. el procedimiento ordinario. el procedimiento para las causas ante el Tribunal del Jurado.

Para garantizar la imparcialidad objetiva la Constitución y el Tribunal Constitucional exigen: la distinción entre los acusadores que participan en la instrucción y los acusadores que participan en el juicio oral. la distinción entre el juez instructor y el Juez o Tribunal que conoce del juicio oral, y la distinción entre el Fiscal que participa en la instrucción y el Fiscal que participa en el juicio oral. la distinción entre el Fiscal que participa en el juicio oral. la distinción entre el Juez instructor y el Juez o Tribunal que conoce del juicio oral.

Efectos del sobreseimiento libre: terminación del proceso penal con eficacia de cosa juzgada. terminación del proceso penal sin eficacia de cosa juzgada. suspensión temporalmente indefinida del proceso penal. archivo del proceso penal sin eficacia de cosa juzgada.

La competencia funcional para instruir los procesos relativos a delitos, cometidos por menores de edad, en los que competencia objetiva para juzgar corresponde a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o a los Juzgados Centrales de lo Penal, corresponde: a los Juzgados Centrales de Instrucción. al Ministerio Fiscal. a los Juzgados de Instrucción. a los Juzgados Nacionales de Instrucción.

Sirven para proveer el fundamento necesario para que se dicten resoluciones de imputación, resoluciones sobre medidas cautelares y asimiladas, y para las peticiones y resolución respecto al sobreseimiento o apertura del juicio oral: los actos de investigación y los actos de prueba. ninguna de las respuestas es correcta. los actos de investigación. los actos de prueba.

Están legitimados para presentar querella por un delito semipúblico o semiprivado: el acusador particular. el acusador público (Ma Fiscal), previa denuncia de la persona ofendida por el delito, y el acusador privado. el acusador popular, el acusador particular y el acusador público (Ma Fiscal). el acusador popular, el acusador particular y el acusador público (Ma Fiscal), previa denuncia de la persona ofendida por el delito.

La reforma efectuada por Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, en la Ley Orgánica 5/2000, de Responsabilidad Penal de los Menores: introduce la acusación particular en el proceso penal de menores. introduce las acusaciones particular y popular en el proceso penal de menores. introduce la acusación popular en el proceso penal de menores. elimina la acusación particular en el proceso penal de menores.

Un acto de imputación propio del procedimiento ante el Tribunal del Jurado: es el auto de transformación del procedimiento penal o de conclusión de las diligencias b) es la citación para ser oído X c) es la audiencia para la concreción de la imputación X d) es el auto del procesamiento. es la citación para ser oído. es la audiencia para la concreción de la imputación. es la audiencia para la concreción de la imputación y el auto del procesamiento.

La competencia objetiva para el conocimiento y fallo de los delitos castigados con pena privativa de libertad de duración no superior a 5 años, cometidos por un Juez de Instrucción corresponde a: la sala de lo civil y penal del tribunal superior de justicia. el tribunal del jurado. la audiencia provincial. los juzgados de lo penal.

La solicitud del Habeas Corpus podrá formularse ante una de estas situaciones: cuando se haya realizado una detención sin concurrir los supuestos legalmente previstos para ello, y cuando la detención se haya practicado sin respetar las formalidades exigidas. cuando la duración de la detención se esté prolongando más allá de los límites temporales fijados en la Ley. cuando se haya realizado una detención sin concurrir los supuestos legalmente previstos para ello; cuando la detención se haya practicado sin respetar las formalidades exigidas; y cuando la duración de la detención se esté prolongando más allá de los límites temporales fijados en la Ley. cuando la detención se haya practicado sin respetar las formalidades exigidas, y cuando la duración de la detención se esté prolongando más allá de los límites temporales fijados.

El procedimiento adecuado para el enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a los 9 años o con cualesquiera otras penas distintas a la privativa de libertad, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, y cualquiera que sea su cuantía o duración, es: el procedimiento ordinario. el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. el procedimiento para las causas ante el tribunal del jurado. el procedimiento abreviado.

La intervención de las comunicaciones practicada: (tema 11). Únicamente puede haber sido autorizada mediante auto motivado, dictado por el órgano jurisdiccional competente. Puede haber sido autorizada mediante auto motivado, dictado por el órgano jurisdiccional competente, pero también puede autorizarse por el Fiscal si concurren razones de urgencia y necesidad. Además de los supuestos de la letra b), también puede practicarla la Policía Judicial, sin autorización judicial, en casos de delito flagrante relacionado con organizaciones terroristas. todas son correctas.

El auto motivado que autoriza una intervención de comunicaciones telefónicas y telemáticas, debe contener, entre otras circunstancias (tema 11): a) La descripción del hecho punible investigado, la identidad de los afectados por la medida, la unidad de la Policía judicial que practicará materialmente la intervención, pero no la duración inicial de la medida, ya que viene fijada por la Ley. Es suficiente con que haga remisión a los motivos y circunstancias detalladas en la solicitud de la medida presentada por el Fiscal o por la Policía Judicial. La descripción del hecho punible investigado, la identidad de los afectados por la medida, la unidad de la Policía judicial que practicará materialmente la intervención, y la duración inicial de la medida. todas son incorrectas.

¿Qué ocurriría con la información “casual” obtenida (nuevos delitos y autores...)?. Se podía continuar con la medida de investigación sin necesidad de dictar ninguna resolución judicial. La continuación de esta medida para la investigación del delito casualmente descubierto requiere autorización del juez competente. Se comunicaría al Fiscal para que éste autorice la continuación de la medida. todas son correctas.

Con carácter general, la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas: Puede practicarse para la investigación de todo tipo de delitos, siempre y cuando sean dolosos. Y por un periodo máximo de 3 meses, prorrogable por periodos iguales hasta una duración máxima de 18 meses. Puede practicarse para la investigación de delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de, al menos, 3 años de prisión. Y por un periodo máximo de 3 meses, prorrogable por periodos iguales hasta una duración máxima de 18 meses. Puede practicarse para la investigación de delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de, al menos, 3 años de prisión. Y por un periodo máximo de 1 mes, prorrogable por periodos iguales hasta una duración máxima de 6 meses. todas son incorrectas.

En el supuesto de que el órgano jurisdiccional instructor considere que los hechos no son constitutivos de delito alguno: Dictará Auto de sobreseimiento libre, frente al que se podrá interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Dictará Auto de sobreseimiento provisional, que es irrecurrible. Dictará Auto de sobreseimiento libre parcial, frente al que se podrá interponer recurso de apelación ante los Juzgados de lo Penal. Dictará Auto de sobreseimiento provisional total, frente al que se podrá interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

Podrá acordarse prisión provisional por riesgo de fuga: Cuando el hecho delictivo lleve aparejada pena cuyo máximo sea igual o superior a 2 años de prisión. Cuando el hecho delictivo lleve aparejada pena cuyo máximo sea igual o superior a 2 años de prisión y cuando la pena sea inferior pero el encausado tenga antecedentes penales no cancelados por delito doloso. Cuando el hecho delictivo lleve aparejada pena cuyo máximo sea igual o superior a 2 años de prisión, cuando la pena sea inferior pero el encausado tenga antecedentes penales no cancelados por delito doloso, y cuando la pena sea inferior pero en los 2 años anteriores se hayan dictado al menos dos requisitorias contra el encausado. todas son correctas.

Respecto a la duración de la prisión provisional: Cuando la prisión provisional se haya adoptado por concurrir riesgo de fuga, de reiteración delictiva o de agresión contra los bienes jurídicos de la víctima, y el hecho delictivo lleve aparejada una pena de prisión igual o inferior a tres años, su duración no podrá exceder de dos años. Cuando la prisión provisional se haya adoptado por concurrir riesgo de ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba, su duración no podrá exceder de seis meses. Ambas respuestas son correctas. ninguna es correcta.

Acordada por auto motivado la prisión provisional incomunicada: El preso tendrá derecho a ser asistido por abogado de su confianza, aunque no podrá entrevistarse reservadamente con él. Siendo la duración máxima de la incomunicación de 5 días, prorrogables por otros 5 días en casos de delitos cometidos concertadamente y de forma organizada por dos o más personas. El preso tendrá derecho a ser asistido por abogado designado de oficio, aunque no podrá entrevistarse reservadamente con él. Siendo la duración máxima de la incomunicación de 5 días, prorrogables por otros 5 días en casos de delitos cometidos concertadamente y de forma organizada por dos o más personas. El preso tendrá derecho a ser asistido por abogado designado de oficio, aunque no podrá entrevistarse reservadamente con él. Siendo la duración máxima de la incomunicación de 5 días, prorrogables por otros 5 días únicamente en casos de delitos relacionados con el terrorismo.

Las obligaciones que en el derecho español pueden comportar el régimen de la libertad provisional son: La prestación de fianza, la obligación de comparecencia periódica ante la Secretaría del Juzgado, la retención de pasaporte, la privación provisional de usar el permiso de conducir, y la prohibición de residencia, acercamiento o comunicación con determinadas personas. La prestación de fianza, la obligación de comparecencia periódica ante la Secretaría del Juzgado, la retención de pasaporte, la privación provisional de usar el permiso de conducir, la anotación preventiva de embargo de bienes del responsable civil del delito, y la prohibición de residencia, acercamiento o comunicación con determinadas personas. c) Ninguna de las dos respuestas es correcta.

Señala la respuesta correcta: (duda). Para poder dictar auto acordando la imposición de prisión provisional o libertad provisional, es necesaria petición de algún acusador. En casos de violencia de género, no es necesaria la motivación del auto que acuerde la imposición de prisión provisional o libertad provisional. El órgano jurisdiccional competente para acordar la imposición de prisión provisional o libertad provisional, es en todo caso el órgano competente para conocer del juicio oral. esta la he puesto por descarte.

Suponiendo que los delitos investigados son; - El de desobediencia grave a la autoridad del art. 556.1 del CP, que lleva aparejada la pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses y - el de prevaricación administrativa del art. 404 del CP, que lleva aparejada la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y sufragio pasivo de 9 a 15 años. ¿Qué juzgado o tribunal será el competente para la instrucción del asunto?: El Juzgado de Instrucción de Barcelona al que se le haya atribuido el asunto. El Juzgado Central de Instrucción al que se le haya atribuido el asunto. Un Magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por tratarse de un aforado. Un Magistrado del Tribunal Constitucional, por tratarse de un aforado.

Suponiendo que los delitos investigados son; - El de desobediencia grave a la autoridad del art. 556.1 del CP, que lleva aparejada la pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses y - el de prevaricación administrativa del art. 404 del CP, que lleva aparejada la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y sufragio pasivo de 9 a 15 años. ¿Qué tipo de procedimiento se seguirá?: El procedimiento ordinario por delitos graves. El procedimiento abreviado. El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos.

Suponiendo que los delitos investigados son; - El de desobediencia grave a la autoridad del art. 556.1 del CP, que lleva aparejada la pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses y - el de prevaricación administrativa del art. 404 del CP, que lleva aparejada la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y sufragio pasivo de 9 a 15 años. ¿Qué juzgado o tribunal será el competente para dictar la sentencia?: La Audiencia Nacional. El Juzgado de lo Penal de Barcelona al que corresponda el asunto. La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Suponiendo que los delitos investigados son; - El de desobediencia grave a la autoridad del art. 556.1 del CP, que lleva aparejada la pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses y - el de prevaricación administrativa del art. 404 del CP, que lleva aparejada la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y sufragio pasivo de 9 a 15 años. Si el instructor cita a declarar a Artur Mas en calidad de investigado (imputado): Deberá acudir a la sede del órgano jurisdiccional a los efectos de practicar la diligencia y no se le exigirá juramento ni promesa de decir verdad. Por razón de su cargo, no tiene obligación de concurrir, por lo que podrá declarar en su despacho oficial, y no se le exigirá juramento ni promesa de decir verdad. Por razón de su cargo, no tiene obligación ni de concurrir ni de declarar.