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La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, fue aprobada por: El Consejo General del Poder Judicial como Reglamento. El Consejo de Ministros como Proyecto de Ley. El Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del día 22 de abril de 2002 como Proposición de Ley. El Pleno del Congreso de los Diputados el día 16 de abril de 2002 como Proposición no de Ley.

¿En qué parte se centra La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia en la necesidad de prestar una especial atención y cuidado en la relación de la Administración de Justicia con aquellos ciudadanos que se encuentran más desprotegidos?. Primera parte. Segunda parte. Tercera parte. Última parte.

¿A quién se encomienda el seguimiento y evaluación del desarrollo y cumplimiento de esta Carta?. A la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados. Al Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Al Ministerio de Justicia. A las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y al Ministerio de Justicia.

A quién corresponde canalizar la información sobre el estado, actividad y asuntos tramitados y pendientes de todos los órganos jurisdiccionales de España a la que tienen derecho los ciudadanos?. Al Ministerio de Justicia. Al Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, así como el Consejo General del Poder Judicial. Al Consejo General del Poder Judicial. A los respectivos órganos jurisdiccionales.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia?. El ciudadano tiene derecho a que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios. El ciudadano tiene derecho a que en las vistas y comparecencias se utilice por todos los intervinientes el lenguaje propio de su comunidad autónoma. El ciudadano tiene derecho a ser adecuadamente protegido solo cuando declare como testigo. El ciudadano tiene derecho a ser atendido personalmente por el Juez o por el Secretario Judicial, a cualquier hora del día.

En relación con la aportación de documentos al proceso, el ciudadano tiene derecho a: Que se le exija la aportación de documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas. Aportar todos los documentos que considere conveniente, que deberán ser admitidos. Aportar los documentos en el momento que crea más conveniente a sus derechos. Que no se le exija la aportación de documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, salvo que las leyes procesales expresamente lo requieran.

El ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a ser protegido frente a la publicidad no deseada sobre su vida privada en toda clase de actuaciones judiciales; corresponde velar por el adecuado ejercicio de este derecho. Los abogados y procuradores. Los Jueces y Magistrados, así como el Ministerio Fiscal. El Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio de Justicia.

El menor de edad que esté directamente implicado en un proceso judicial que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social, tiene derecho a: Ser oído, en todo caso. Entrevistarse reservadamente con el Ministerio Fiscal. Entrevistarse reservadamente con sus progenitores. A ser oído, si tuviere suficiente juicio.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto a la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia?: El ciudadano tiene derecho a la prestación de un servicio profesional de calidad por parte del Abogado. El ciudadano tiene derecho a denunciar ante los Colegios de Abogados o de Procuradores las conductas contrarias. a la deontología profesional y a conocer a través de una resolución suficientemente motivada el resultado de la denuncia. El ciudadano tiene derecho a conocer, a través del Colegio Profesional correspondiente, todas las sanciones disciplinarias que hayan recaído sobre un abogado o procurador, por alguna actuación profesional. El ciudadano tiene derecho a que los profesionales que le representen, asesoren o defiendan guarden riguroso secreto de cuanto les revelen o confíen en el ejercicio de estas funciones.

Según la Carta de Derechos, el Derecho a la Justicia Gratuita comprende: El derecho del ciudadano a ser asesorado y defendido gratuitamente por un Abogado suficientemente cualificado y a ser representado por un Procurador en todos los procedimientos. El derecho del ciudadano a exigir una formación de calidad al profesional designado por el turno de oficio en los supuestos de asistencia jurídica gratuita. El derecho del ciudadano a ser informado por su Abogado y por su Procurador, con carácter previo al ejercicio de cualquier pretensión ante un órgano judicial, sobre las consecuencias de ser condenado al pago de las costas del proceso y sobre su cuantía estimada. El derecho del ciudadano a obtener del Abogado y Procurador información precisa y detallada sobre el estado del procedimiento y de las resoluciones que se dicten.

Señale la respuesta incorrecta: Según la Carta de Derechos, los inmigrantes ante la Justicia tienen derecho a.. No sufrir discriminación alguna por razón de su raza, lengua, religión o creencias. Uso de intérprete cuando el extranjero no conozca el castellano, pero no en el supuesto de que desconozca la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma. A recibir una protección adecuada de la Administración de Justicia al objeto de asegurar que comprenden el significado y trascendencia jurídica de las actuaciones procesales en las que intervengan. Cuando se trate de menores de edad, además se aplicarán los convenios internacionales ratificados por España.

Según el artículo 14 de la Ley 15/2003 en su apartado 4, el Plan de Transparencia Judicial…. Será aprobado por el Gobierno. Será aprobado por el Ministerio de Justicia. Será aprobado por el Consejo General del Poder Judicial. Será aprobado por el Gobierno y por las Comunidades autónomas con competencias en la materia.

El primer principio, que figura recogido en el Plan de Transparencia Judicial es.. La independencia judicial. La imparcialidad e independencia profesional. El relativo a la necesaria publicidad de las actuaciones judiciales. El respecto a los Derechos humanos.

Señale la respuesta incorrecta: Según el Plan de Transparencia Judicial, el conocimiento de los datos estadísticos del sistema judicial español ha de servir para la consecución de los siguientes objetivos: Implantar nuevos y modernos criterios de gestión del servicio. La creación de nuevos órganos jurisdiccionales. Mejorar el acceso a la información sobre la actividad judicial. Contribuir a la planificación, desarrollo y evaluación de políticas legislativas adecuadas.

¿Cuál de los siguientes no es un principio en el marco del Plan de Transparencia Judicial para la producción de la estadística?. Pertinencia. Publicidad estadística. Fiabilidad. Especialidad.

La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia se contiene en: Una resolución del Ministerio de Justicia. Una proposición de Ley del Congreso de los Diputados. Una proposición no de Ley del Congreso de los Diputados. Una proposición de Ley conjunta del Congreso y del Senado.

La Carta de Derechos fue aprobada con fecha de: 16 de abril de 2001. 16 de abril de 2002. 16 de abril de 2003. 16 de abril de 2004.

La Carta de Derechos fue consecuencia de: a) La voluntad política de los diputados de dotar de derechos a los ciudadanos. b) La presión ejercida por los afectados por la Justicia ante los partidos políticos. c) El seguimiento del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia. Son válidas la b) y la c).

El seguimiento y evaluación del desarrollo y cumplimiento de la Carta de Derechos deberá llevarse a cabo por: El Ministerio de Justicia. El Defensor del Pueblo, como garante de los derechos de los ciudadanos. La Comisión de Justicia e Interior del Senado. La Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados.

Para el seguimiento y evaluación del desarrollo y cumplimiento de la Carta de Derechos, será necesario que regularmente se informe al órgano encargado por parte de: El Consejo de Estado. El Defensor del Pueblo. El Ministerio Fiscal. El Gobierno.

Según la Carta de Derechos, el ciudadano tiene derecho a recibir información general y actualizada sobre el funcionamiento de los juzgados y tribunales y sobre las características y requisitos genéricos de los distintos procedimientos judiciales: Sí. No. Sí, pero si comparece con Procurador. No, salvo si es perjudicado por acción u omisión.

Según la Carta de Derechos, los ciudadanos tienen derecho a recibir información sobre el horario de atención al público. Esta información deberá situarse: En cualquier lugar de los órganos jurisdiccionales. En el espacio en que se encuentre la oficina de atención al público. En un lugar claramente visible en las sedes de los órganos jurisdiccionales. Basta con que se publique en el Boletín Oficial del Estado.

El ciudadano tiene derecho a conocer el contenido y estado de los procesos en los que tenga interés legítimo: Sí, sin ninguna limitación. Sí, a través de su Procurador. Sí, a través de su Procurador o de su Abogado. Sí, de acuerdo a lo que dispongan las leyes procesales.

De los que se mencionan a continuación, tan sólo uno es un derecho reconocido en la Carta de Derechos: El ciudadano tiene derecho a que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje que, no respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte comprensible para los ciudadanos que no sean especialistas en derecho. El ciudadano tiene derecho a que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte comprensible para los ciudadanos que sean especialistas en derecho. El ciudadano tiene derecho a que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje que, no respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte comprensible para los ciudadanos que sean especialistas en derecho. El ciudadano tiene derecho a que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte comprensible para los ciudadanos que no sean especialistas en derecho.

El ciudadano tiene derecho a que las sentencias y demás resoluciones judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico: Siempre y en todo caso. Nunca, pues las resoluciones judiciales se redactan conforme a lo indicado en las leyes procesales. Se tendrá este derecho dependiendo del tipo de procedimiento. Se deberá facilitar especialmente el ejercicio de este derecho en aquellos procedimientos en los que no sea obligatoria la intervención de Abogado y Procurador.

El ciudadano tiene derecho a disponer de los formularios necesarios para el ejercicio de sus derechos ante los tribunales cuando no sea preceptiva la intervención de Abogado y Procurador: Gratuitamente. A un precio que variará según sus posibilidades económicas. Los formularios serán gratuitos si goza del derecho de asistencia jurídica gratuita. No se tiene derecho a disponer de tales formularios.

El ciudadano tiene derecho a ser atendido de forma respetuosa y adaptada a sus circunstancias: Psicológicas. Sociales. Culturales. Psicológicas, sociales y culturales.

El ciudadano tiene derecho a exigir que las actuaciones judiciales en las que resulte preceptiva su comparecencia se celebren: Cuando lo permitan las circunstancias. Con la máxima puntualidad. Cuando el tribunal esté preparado para su celebración. Las actuaciones judiciales se celebrarán por el orden de entrada de los asuntos.

La comparecencia de los ciudadanos ante los órganos jurisdiccionales: a) Solamente podrá ser exigida cuando sea estrictamente indispensable conforme a la Ley. b) Podrá ser exigida por el tribunal cuando lo estime necesario. c) No es necesaria la comparecencia personal de los ciudadanos si comparecen por medio de Procurador. Son válidas la a) y la c).

Según la Carta de Derechos, el ciudadano que declare como testigo: Tiene derecho a una indemnización económica. Tiene derecho a no declarar si se siente intimidado. Tiene derecho a ser adecuadamente protegido. La declaración como testigo es un deber, no un derecho.

El ciudadano tiene derecho a conocer la identidad y categoría de la autoridad o funcionario que le atienda: En todo caso. Siempre que así le sea ordenado. Nunca. Salvo cuando esté justificado por razones de seguridad en causas criminales.

El ciudadano tiene derecho a formular reclamaciones, quejas y sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia, así como a recibir respuesta a las mismas con la mayor celeridad y, en todo caso: Dentro del plazo de un mes. Dentro del plazo de dos meses. Dentro del plazo de quince días. Dentro del plazo de un mes, prorrogable por otro.

El ciudadano tiene derecho a comunicarse con la Administración de Justicia a través del correo electrónico, videoconferencia y otros medios telemáticos: Siempre. Con arreglo a lo dispuesto en las leyes procesales. Nunca. Con arreglo a lo que disponga la futura ley de comunicaciones telemáticas.

El ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a ser informado sobre su intervención en el proceso penal, las posibilidades de obtener la reparación del daño sufrido, así como sobre el curso del proceso: Con prontitud. Con eficacia. Con claridad. Todas las respuestas son correctas.

El ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a que su comparecencia personal ante un Juzgado o Tribunal tenga lugar: De forma adecuada a su dignidad y preservando su intimidad. De forma que no se perjudique su trabajo. De forma preferente frente a las demás personas que deban comparecer. De forma análoga a los testigos.

El menor de edad tiene derecho a que su comparecencia ante los órganos judiciales tenga lugar: De forma adecuada a su dignidad y preservando su intimidad. De forma que no se perjudique su trabajo. De forma preferente frente a las demás personas que deban comparecer. De forma adecuada a su situación y desarrollo evolutivo.

El ciudadano afectado por cualquier tipo de discapacidad sensorial, física o psíquica: No podrá ejercitar con plenitud los derechos reconocidos en la Carta de Derechos y en las leyes procesales. Podrá ejercitar con plenitud los derechos reconocidos en la Carta de Derechos y en las leyes procesales. No podrá ejercitar con plenitud los derechos reconocidos en la Carta de Derechos y en las leyes procesales, si no ha sido expresamente autorizado por el Organismo Público competente. Podrá ejercitar con plenitud los derechos reconocidos en la Carta de Derechos y en las leyes procesales, pero asistido por el Ministerio Fiscal.

En su relación con los profesionales que defienden o representan al ciudadano: a) El ciudadano tiene derecho a la prestación de un servicio profesional de calidad por parte del Abogado en el cumplimiento de la misión de defensa que le encomiende, así como por el Procurador en la representación de sus intereses ante los órganos jurisdiccionales. El ciudadano tiene derecho a denunciar ante los b) Colegios de Abogados o de Procuradores las conductas contrarias a la deontología profesional y a conocer a través de una resolución suficientemente motivada el resultado de la denuncia. c) El ciudadano no tiene derecho a conocer, a través del Colegio Profesional correspondiente, si un Abogado o Procurador ha sido objeto de alguna sanción disciplinaria, no cancelada, por alguna actuación profesional. Son ciertas la a) y la b).

El ciudadano tiene derecho a conocer anticipadamente el coste aproximado de la intervención del profesional elegido y la forma de pago: Sí. No. Sí, si así lo ha convenido previamente con el profesional. No, si el profesional ha sido elegido libremente por el ciudadano.

Cuál de las siguientes respuestas no es correcta: El ciudadano tiene derecho a obtener del Abogado y Procurador información precisa y detallada sobre el estado del procedimiento y de las resoluciones que se dicten. El profesional podrá entregar a su cliente copia de todos los escritos que presente y de todas las resoluciones judiciales relevantes que le sean notificadas. El ciudadano podrá consultar con su Abogado las consecuencias de toda actuación ante un órgano jurisdiccional. Se potenciarán los Servicios de Orientación Jurídica, dependientes de los Colegios de Abogados, que ampliarán sus funciones para informar al ciudadano sobre sus derechos en la relación de confianza con su Abogado.

El ciudadano tiene derecho a ser informado por su Abogado y por su Procurador, con carácter previo al ejercicio de cualquier pretensión ante un órgano judicial, sobre las consecuencias de ser condenado al pago de las costas del proceso y sobre su cuantía estimada: No, nunca. A veces. Siempre. Este derecho no existe en la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la justicia.

El ciudadano tiene derecho a ser asesorado y defendido gratuitamente por un Abogado suficientemente cualificado y a ser representado por un Procurador: Cuando tenga legalmente derecho a la asistencia jurídica gratuita. Siempre. Cuando sea la víctima del delito. Nunca, pues siempre deberá pagar las costas en proporción a sus ingresos.

El ciudadano tiene derecho a exigir una formación de calidad al profesional designado por el turno de oficio en los supuestos de asistencia jurídica gratuita: No, debiéndose conformar tal cual con el profesional que le sea asignado. Sí. Sólo puede exigirlo respecto al Abogado, no respecto al Procurador. Sólo puede exigirlo respecto al Procurador, no respecto al Abogado.

El extranjero tiene derecho a ser atendido por todos los que prestan sus servicios en la Administración de Justicia de acuerdo con: Lo establecido en la Carta de Derechos. Lo establecido en los convenios internacionales. Lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo establecido en la Carta de Derechos y conforme a lo dispuesto por los convenios internacionales ratificados por España.